IU CLM Exige explicaciones a la Consejería de Educación sobre criterios de evaluación y revisión de pruebas en las Oposiciones a profesorado de la Educación Secundaria

Izquierda Unida de Castilla – La Mancha exige las explicaciones pertinentes a la Consejería de Educación en las Cortes Regionales, y ante la comunidad educativa, sobre los criterios de evaluación y revisión de pruebas en las oposiciones a profesorado de Enseñanza Secundaria, que han generado resultados escandalosos

El Área Regional de Educación de Izquierda Unida-Castilla La Mancha denuncia que la gravedad de lo ocurrido ha derivado, incluso, en la insólita situación de que queden plazas ofertadas sin cubrir, a pesar de la gran cantidad de interinos que optan a las mismas tras muchos años de ejercicio efectivo de la docencia.

Izquierda Unida demanda las explicaciones necesarias a la Consejería de Educación, tanto en las Cortes regionales como a la comunidad educativa, ante las múltiples denuncias realizadas por las opositoras y opositores, así como por las organizaciones del profesorado, por los escandalosos resultados de las oposiciones docentes en curso.

Esta formación, a través de su Área Regional de Educación, exige que se aclaren los criterios de evaluación que se han utilizado en el actual sistema de acceso a la función pública docente de Enseñanza Secundaria y que han supuesto un elevadísimo número de suspensos en nuestra región.

Izquierda Unida considera sorprendente que, por primera vez, se hayan producido tal cantidad de suspensos en determinadas especialidades de Secundaria que ni siquiera va a permitir cubrir todas las plazas convocadas tras la primera prueba del concurso-oposición, y que ha supuesto una criba espectacular. La gravedad de lo ocurrido ha derivado en la insólita situación de que queden decenas de plazas ofertadas sin cubrir para el próximo curso escolar de las 6.068 convocadas, debido a que el número de opositores y opositoras aprobados en la primera fase es menor al de plazas ofertadas, a pesar de la gran cantidad de interinas e interinos que optan a las mismas tras muchos años de ejercicio efectivo de la docencia.

Las especialidades que se verán afectadas por esta situación, y hasta el momento, serían: Física y Química, Matemáticas; en FP: Procesos de Imagen Personal, Peluquería, Organización y Gestión Comercial, Procesos Comerciales, Instalaciones Electrotécnicas, Procesos de Diagnósticos Clínicos, Pastelería.

Esta situación tan anómala ha disparado las denuncias de ‘oscurantismo’ sobre unas pruebas en las que no se conocen realmente los criterios con los que se corrigen y puntúan los exámenes, ni tampoco los empleados para revisarlos posteriormente, y que pueden conllevar que se suba la nota o no, pero sin ningún tipo de explicación ni claridad en todo el proceso.

Es cierto que los graves recortes impuestos por el Partido Popular supusieron una drástica reducción de las plazas docentes públicas y ahora, cuando se convoca un mayor número de plazas, conlleva una saturación de los tribunales, que en muchos casos se han visto desbordados y, a veces, sin tiempo suficiente para corregir y valorar adecuadamente los exámenes.

Estos recortes, concretados en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, reducen la inversión en educación pública un 21,6% del PIB, lo que supone una caída de la misma al 3,8% del mismo, medida que nos retrotrae a la inversión de los años 1982-1983. Si nos fijamos en los Presupuestos Regionales para 2018, nos encontramos con más de lo mismo, es decir, reducción en la inversión de la educación pública de un 3%, cuando la tendencia debería habar sido la contraria para recuperar dicha inversión al 6% del PIB, tal y como recogía la Ley de Educación de Castilla La Mancha anteriormente a los recortes. A lo que hay que añadir la problemática de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha en cuanto a su falta de liquidez.

Pero estas políticas y estos datos no pueden amparar la falta de transparencia que vienen denunciando desde hace años las organizaciones representativas del profesorado en unas pruebas públicas que deben velar por las garantías de igualdad, mérito y capacidad establecidas en nuestro ordenamiento jurídico.

Por todo ello, Izquierda Unida prepara diversas iniciativas para aclarar la situación producida. Además, exige un nuevo sistema de acceso a la función pública docente que asegure la transparencia en cuanto a criterios de evaluación, de corrección y de revisión, para garantizar la equidad y la justicia en todo el proceso.

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