IU consigue el apoyo unánime de la comisión de desarrollo rural de la FEMP a su propuesta de derogación de la ley 27/2013 con la que el PP reformó la administración local reduciendo sus competencias

Esta misma iniciativa será trasladada por el grupo de Ahora Guadalajara  al Pleno de la Diputación que se celebrará el viernes en la institución provincial

Francisco Riaño (Portavoz de Ahora Guadalajara):En diciembre finaliza el plazo de 5 años que esta ley fijó para que las Comunidades Autónomas asumiesen la gestión de los servicios sustraídos a los ayuntamientos o su financiación, ninguno de estos objetivos se ha cumplido”.

Julián  Atienza (Alcalde de la Toba y miembro de la Comisión de Desarrollo Rural de la FEMP): “Los pueblos para crecer necesitamos recursos, competencias y autonomía para gestionarlos, exactamente lo contrario de lo que sucede ahora”.

Julian Atienza, Coordinador Provincial de IU GuadalajaraJulián Atienza, Alcalde del municipio de La Toba, en la Sierra Norte de Guadalajara, y miembro en representación de Izquierda Unida en la Comisión de Desarrollo Rural de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias), puso sobre la mesa, en la reunión celebrada por esta Comisión en el día de ayer, los graves problemas para gestionar con los que los ayuntamientos se enfrentan cada día, consecuencia de una legislación injusta que bloquea su capacidad de gasto  y  les ha arrebatado competencias, obligándoles ahora a tener que pedir permiso a la Comunidad Autónoma para poder continuar prestando los servicios que hacían “dilatando procesos y generando burocracias innecesarias”.

Atienza, con su intervención en la Comisión de desarrollo rural de la FEMP, ha conseguido que esta Comisión asuma sus demandas, entendiendo que no puede haber desarrollo rural adecuado sin un acceso a los servicios públicos básicos y sin unas infraestructuras mínimas que conecten a los habitantes y para conseguirlo es necesario un marco competencias y un modelo de financiación que refuerce el papel  fundamental que tienen los municipios en la mejora de la vida de las personas.

La Comisión de Desarrollo Rural en la que había junto con IU,  cargos públicos de otras fuerzas políticas como el PP y el PSOE, aprobaron de forma unánime la propuesta defendida por Atienza y su elevación a la Junta de  Gobierno de la FEMP, para pedir la derogación de la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, adecuar la legislación en materia de régimen local a la realidad de los pequeños municipios, aprobar un nuevo marco de competencias  y un modelo de financiación local suficiente que garantice la prestación de los servicios necesarios.

AHORA Guadalajara también llevará esta iniciativa para su aprobación al pleno de la diputación provincial que se celebrará mañana viernes.

Francisco Riaño, Portavoz de Ahora Guadalajara en la Diputación Provincial, explicaba que “han pasados casi cinco años desde su puesta en vigor –de la ley 27/2013- y está a punto de expirar el último plazo impuesto a las Comunidades Autónomas para asumir la gestión de las  competencias sustraídas a los ayuntamientos o en caso contrario transferir el 100% de la  financiación cuando la prestación del servicio siga en manos de los municipios, sin embargo nada de esto ha ocurrido”.

Durante el periodo de aprobación de esta ley,  desde las filas de la oposición se puso en duda su viabilidad y se denunció que el verdadero objetivo era reducir las competencias a los ayuntamientos y mermar su autonomía, reforzando su tutela desde el Estado y las  CCAA” ha recordado Riaño

Finalmente el Partido Popular forzó la aprobación de esta ley a pesar del enorme rechazo social que generó y cinco años después se confirman las dudas que motivaron el voto en contra en su momento” sentencia.

Ahora Guadalajara expone en su moción que la LRSAL, en su Disposición Adicional Decimoquinta (Educación), en la Disposición Transitoria Primera (gestión de la atención primaria de la Salud) y en la Disposición Transitoria Segunda (competencias relativas a Servicios Sociales), establece los plazos temporales y condiciones en las que estas competencias pasarían a ser exclusivas de las Comunidades Autónomas. Pasado el tiempo que marcaba para algunas competencias y a punto de expirar para otras, se ha demostrado que estas Disposiciones son papel mojado y no se ha llevado a cabo porque no hay acuerdo -entre el Estado y las Comunidades Autónomas- para su financiación. Es decir, los ayuntamientos continúan prestando los mismos servicios que prestaban antes de la aprobación de esta ley, aunque ahora no son de su competencia y tienen que pedir permiso a la Comunidad Autónoma para llevarlos a cabo, y siguen también sufragando el gasto, exactamente igual que antes de esta reforma legislativa.

Por ello hemos decidió presentar esta propuesta para poner sobre la mesa el fracaso del modelo de administración local impuesto por el Partido Popular y la necesidad de un nuevo modelo de competencias y financiación que permita a las entidades local a afrontar con garantías la prestación de los servicios en condiciones de igualdad” finaliza.

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