Izquierda Unida ha mostrado su apoyo a la huelga general que se lleva a cabo hoy en Correos, “una jornada de lucha y reivindicación con la que los trabajadores y trabajadoras de Correos defienden el servicio público frente al riesgo de privatización y defienden el empleo público. Y nos oponemos frontalmente a la liberalización del servicio público de Correos y a la reconversión encubierta que significa el anteproyecto de Ley Postal que está promoviendo el Gobierno”, ha informado el Coordinador Provincial de IU, José Luis Maximiliano Romo, quien junto a la Coordinadora Local de IU, Elena Loaisa, han participado en la concentración de estos trabajadores frente a la Subdelegación de Gobierno En Guadalajara.
El anteproyecto de la nueva Ley Postal deberá recoger la transposición de la tercera directiva postal que el Parlamento Europeo aprobó en enero de 2008. En la misma se fija el mes de enero de 2011 como fecha para abrir completamente a la competencia y al mercado los servicios postales. “Hacemos por ello un llamamiento a la ciudadanía para que apoye a sus trabajadores y trabajadoras y se sume a la defensa de un servicio público frente a los intentos privatizadores del Gobierno de Rodríguez Zapatero”.
“No queremos un nuevo proceso de liberalización en el servicio público de Correos”, han señalado Maximiliano y Loaisa, “ Izquierda Unida reclama un Plan Estratégico para Correos que tenga presupuesto, asegure financiación para las inversiones necesarias y garantice el mantenimiento del empleo público. Y denunciamos la agenda oculta que el Gobierno tiene para Correos. Ésta queda demostrada por el recorte de plantilla justificado sólo en la necesidad de reducir déficit, por el desplome de las inversiones necesarias y fundamentales para que el operador público pueda competir en el mercado liberalizado del sector y como se ve también cuando se analiza el proyecto de Ley Postal que prepara Fomento”.
Maximiliano denuncia que “el proyecto que ultima el ministro José Blanco, con el consentimiento de Rodríguez Zapatero, es la certificación de la desaparición del servicio público de Correos. Es claramente liberalizador, reduce el servicio postal público, hace que la financiación del servicio caiga sobre el usuario y, siguiendo la directiva Bolkenstein , entrega otro servicio público más a los mercados”.
Loaisa considera que “estamos ante un intento de privatizar un nuevo servicio público y aplicar, también en Correos, la política de recortes sociales que el Gobierno está imponiendo. Todo esto responde a la política anunciada por Fomento para el sector y las empresas públicas, y supone un claro perjuicio para la ciudadanía, que va a sufrir un nuevo recorte en un derecho social, como es el servicio público de Correos”.
“De seguir adelante este intento liberalizador, este servicio se centrará en las grandes áreas urbanas que lo harán rentable, pero poniendo en graves dificultades al medio rural. Las decisiones ya tomadas, el recorte de plantilla ya efectuado y el cierre de oficinas planificado hace que el medio rural no tenga garantizado el servicio postal”.
