La Coordinadora Local de IU de Guadalajara, Elena Loaisa, ha valorado el boicot que el PP, a través de alguna de las comunidades autónomas donde gobierna, pretende llevar a cabo contra la nueva legislación sobre la interrupción voluntaria del embarazo y ha recalcado que esta ley fue aprobada por la mayoría del Parlamento y tiene plena efectividad desde el momento de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, por lo que "cualquier voluntad en contrario de incumplirla estaría situando a esa comunidad o a esa administración en la ilegalidad".
Loaisa espera que el Gobierno haga cumplir la nueva legislación que entró en vigor el lunes, al tiempo que señaló que la Justicia debería tener en cuenta la "llamada a la rebeldía" del PP en el caso de que comunidades como la de Murcia persistan en una actitud que las deja "en manifiesta ilegalidad". "No vale eso de que ya esperaremos a lo que diga el Tribunal Constitucional. Eso sería paralizar la eficacia de una ley durante cerca de cuatro años y es inaceptable".
Para la Coordinadora Local de IU, la actitud de comunidades como Murcia y Navarra (esta última gobernada por UPN) para no cumplir la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo supone "menospreciar la voluntad popular de una mayoría parlamentaria, por lo que tanto la Administración como la Administración de Justicia deben tenerlo en cuenta".
En relación al mismo tema, Loaisa ha reprochado que "algunos colectivos conservadores de profesionales de la medicina están intentando interpretar de forma abusiva el contenido de la ley en lo que se refiere a la objeción de conciencia, por lo que advirtió de que no se puede confundir objeción individual con boicot colectivo. La objeción de conciencia es individual, específica y por escrito, y conlleva la obligación de dar la prestación a la mujer. Lo que es un derecho es la prestación, que prevalece sobre cualesquiera otras consideraciones o cualesquiera otros derechos".
