Por la Dignidad, Solidaridad y Compromiso a los Derechos Fundamentales de las personas con VIH/Sida

Volvemos a conmemorar el Día Mundial del Sida, son más de 26 años de historia de una pandemia que afecta a cerca de 40 millones de personas y ha terminado con la vida de más de 25 millones, transformando de manera particular la realidad social y demográfica en los países en vías de desarrollo.

Los avances en los tratamientos son un hito en la sociedad occidental; prueba de ello es una mayor longevidad y calidad de vida y retraso en el desarrollo de la enfermedad donde existe una asistencia y acceso sanitario adecuado. Paradójicamente, la falta de acceso a estos mismos tratamientos aumenta la diferencia existente entre las sociedades del primer y tercer mundo. El Sida afecta la esperanza de vida de países del África subsahariana, donde cerca de 20% de la población está infectada. 7 de cada 10 fallecimientos por Sida se producen en esta área donde sólo reciben tratamiento una de cada 5 personas que lo necesitan.

Si bien es cierto que ha disminuido la mortalidad gracias a los tratamientos, en nuestro país se calcula que se producen 3.500 nuevas infecciones al año mientras aumenta el número de infecciones de transmisión sexual, un indicador preocupante sobre la práctica de sexo más seguro. Anualmente fallecen unas 1.500 personas con VIH, siendo el fallo hepático la principal causa. Esto es debido a la alta tasa de infección del virus de la hepatitis C en este colectivo y a la peor evolución de las hepatitis.

A la actual situación se suman recientes estudios que muestran con estupor que el

rechazo y la discriminación continúan. Si hay un aspecto a destacar de esta enfermedad es el prejuicio y estigma que conlleva, derivando en una discriminación sistemática entre hombres y mujeres, niños y niñas. Esto origina ocultación, la cual revierte negativamente en el estado de salud de las personas. El prejuicio y el miedo pueden influir de manera determinante en el retraso del diagnóstico y propicia la propagación de la infección. La lección no es nueva, tiene siglos, pero parece que no aprendemos de nuestro pasado. En general, la experiencia de las personas que se han hecho visibles ha sido positiva, fomentando con ello el cambio social requerido digno de mucha valentía.

Lamentablemente, ser portador o portadora del VIH continúa siendo un serio problema para acceder al trabajo, a la libre circulación, a una vivienda digna, e incluso, a recursos públicos, situación que se agrava cuando se trata de personas con mayor vulnerabilidad, bien sea por razón de etnia, procedencia, sexo o forma de vida. La población migrante, homosexual, transexual, la privada de libertad o que ejerce la prostitución; usuarios y usuarias de drogas, personas bajo el umbral de la pobreza todavía viven situaciones de estas características.

Las situaciones de discriminación se agravan aún más en el caso de las mujeres; ser mujer portadora del VIH puede llegar a suscitar auténticas situaciones de estigmatización, exclusión y discriminación específicas.

La contribución económica de las Administraciones Públicas en materia de VIH/Sida se ha visto incrementada notablemente en los últimos años, lo cual ha permitido dar continuidad o emprender acciones precisas; sin embargo se hace necesario crear o revisar los mecanismos oportunos para que las políticas en este sentido se dirijan de manera más específica y eficaz a la normalización de la enfermedad ante la sociedad, por un trato sin diferencias de las personas con VIH, contribuyendo de manera determinante al cambio social deseado y necesario en términos de justicia social.

Esta situación nos exige lanzar un mensaje a la sociedad y a sus responsables políticos, en el que reivindicamos:

1. La Educación para la Salud y Afectivo-sexual como prioridad para la Prevención en el ámbito escolar. La educación es una de las herramientas básicas

para el cambio así como una oportunidad para deconstruir prejuicios.

2. El derecho a una asistencia sanitaria sin diferencias, y que para ello la Ley de Cohesión del Sistema Sanitario sea efectiva, adaptada a las necesidades de cada hombre y mujer, independientemente del lugar donde resida, haciendo hincapié en las especificidades de las mujeres y su derecho a recibir atención especializada en igualdad de condiciones; velando para que la población VIH o coinfectada con el virus de la hepatitis y con necesidad de trasplantes de órganos sólidos puedan acceder a ello como cualquier ciudadano o ciudadana, cumpliéndose los protocolos establecidos; apoyando la reproducción asistida y el derecho a la maternidad y paternidad de las personas con VIH; procurando y articulando los mecanismos necesarios para que la cirugía reparadora en casos de lipodistrofia o lipoatrofia llegue a los afectados y afectadas con equidad.

3. La igualad de condiciones para las personas con VIH privadas de libertad a la hora de recibir asistencia específica: no gozar del libre movimiento no puede ir en

detrimento de la igualdad de acceso al Sistema Sanitario, así como debe respetarse su derecho a recibir las prestaciones por Pensión No Contributiva o las Rentas Mínimas de Inserción si su situación social o de salud así lo requiere.

4. El acceso al trabajo de las personas con VIH y a una capacitación digna, acorde a sus necesidades e intereses, sin ser estigmatizadas y discriminadas por su

condición. Para ello solicitamos cambiar la calificación de la infección por VIH, considerada “infecto contagiosa”, por “infecto transmisible”. El uso que le damos a las palabras y al lenguaje no es banal y la utilización de palabras como “infecto contagiosa” todavía implica la negación del acceso a recursos socio- asistenciales, vulnerando de forma flagrante y reiterada derechos fundamentales.

5. La revisión y mejora de las políticas dirigidas a la población migrante, colectivo

al cual se considera de difícil acceso, en materia de prevención y asistencia de VIH, intentando conocer más sus necesidades y prioridades, haciéndoles partícipes desde un principio de las acciones de las cuales son protagonistas.

6. El impulso de campañas publicitarias de sensibilización y prevención, contundentes y periódicas como en otros problemas de salud que afectan masivamente a la sociedad, contando con las entidades que trabajamos en este ámbito. Creemos que sería una acción más que importante para tratar de erradicar el rechazo social detectado.

7. En un día como hoy no olvidamos los lugares menos favorecidos y, por tanto, los más afectados, donde la pandemia hace estragos y el acceso a los servicios sanitarios y a los tratamientos sigue siendo, en algunos casos, una quimera. Apoyamos la labor de las Administraciones Públicas a favor de estos países e instamos a que no caigan en el olvido.

8. Señalamos la importancia de fomentar el diagnóstico precoz de la infección por VIH, como medio para facilitar el acceso a los tratamientos y herramienta que permita desarrollar estrategias de prevención individuales eficaces. De igual forma, destacamos la importancia de posibilitar el acceso al diagnóstico precoz del virus del papiloma humano, tanto para hombres como para mujeres.

9. Reclamamos a todos los partidos políticos, responsables de la Administración Pública Estatal, Autonómicas y Locales, que unan sus esfuerzos por encima de las diferencias ideológicas, que contemplen dentro de sus planes de trabajo estrategias concretas para trabajar en pro de la erradicación del estigma y la discriminación, y por el trato adecuado de las personas con VIH/sida, en ámbitos como el sanitario o laboral, donde se refleja más este tipo de actitud.

Terminamos este manifiesto reivindicando el liderazgo del movimiento asociativo en la prevención y en la defensa de los derechos fundamentales de las personas con VIH, como establece ONUSIDA en la campaña de 2007. Las entidades que trabajamos en el ámbito del VIH/Sida estamos dispuestas a dar continuidad a nuestra labor por conseguir cambios que favorezcan a las personas con VIH, proclamando más Dignidad, más Solidaridad y más Compromiso.

“Una de las grandes enseñanzas que hemos adquirido de la epidemia de VIH es que no podemos esperar que las personas, aunque conozcan los modos de transmisión del VIH, cambien su comportamiento más íntimo para protegerse a sí mismas y proteger a los demás del VIH; de la misma forma que tampoco podemos esperar que las personas que viven con el VIH sean tratadas con dignidad, compasión o respeto. Ahora sabemos que, más bien a la inversa, lo que debemos hacer es capacitar y apoyar a las personas para que, en el contexto de la epidemia, puedan protegerse a sí mismas y proteger a los demás ya sea de la infección por el virus o del estigma y la discriminación asociados al mismo, y de las graves consecuencias de padecer una enfermedad relacionada con el SIDA”.

Dr. Peter Piot, Director Ejecutivo de ONUSIDA, Julio de 2006.     

El siglo XXI avanza al mismo ritmo que las cotas de violencia contra las mujeres. Nuestras reivindicaciones y propuestas no se ven reflejadas en las políticas que el gobierno adopta. A pesar del fracaso evidente de la mal llamada “Ley Integral” y de la escasa trascendencia social de la Ley de Igualdad, el Gobierno del PSOE no está dispuesto a rectificar ni una coma. Las mujeres les “importamos” tan poco, que a estas alturas y, a pesar de los balances y estadísticas, siguen dirigiéndonos discursos vacíos de contenido y con nula plasmación presupuestaria.

Es nuestra obligación revisar los asuntos pendientes de este gobierno con las mujeres, porque nuestros derechos más elementales siguen siendo una aspiración.

- Los salarios de las mujeres en trabajos de igual valor siguen siendo mucho más bajos que los de los hombres.

- Persisten los despidos por razón de sexo.

- Los empleos siguen segregados por sexos.

- Prosigue la explotación sexual de las mujeres.

- Nuestra imagen sigue siendo utilizada como señuelo comercial.

- Los materiales educativos mantienen la reproducción de estereotipos sexistas.

- El aborto aún no es libre y gratuito.

- La Humanidad sigue con parte de la Historia oculta porque no se refleja nuestra contribución.

 

Por eso, desde Izquierda Unida seguiremos demandando y trabajando por:

- Un Pacto de Estado contra la violencia contra las mujeres.

- Que se actúe contra la violencia de manera transversal y coordinada en todas sus manifestaciones, enfocándola como expresión de la discriminación, de la situación de desigualdad y de las relaciones de poder que los hombres ejercen sobre las mujeres.

- Que los medios de comunicación públicos y privados estén obligados a transmitir una imagen de las mujeres libre de estereotipos sexistas.

- Que se desarrollen programas integrales de actuación dirigidos a mujeres en situación de marginación, exclusión social.

- Que no se discrimine a las mujeres inmigrantes en situación irregular, víctimas de la violencia o de las redes de trata de seres humanos, cuya denuncia supone la apertura simultánea de un expediente de expulsión.

- Que se reconozca institucionalmente la aportación de las mujeres a lo largo de la Historia en el desarrollo sociocultural, académico, investigador y político.

- Que se cree y dote presupuestariamente el Fondo de Pensiones Impagadas.

- Que se garantice la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo dentro de la red sanitaria pública y a cargo de la Seguridad Social.

- Que se adopten campañas permanentes de concienciación social y de sensibilización ciudadana.

- Que se reglamenten medidas de inspección laboral que garanticen la igualdad salarial y en el empleo.

No es posible atajar la violencia de género sin actuar contra la causa fundamental de su existencia: sociedades en que las mujeres seguimos siendo ciudadanas de segunda categoría.

Trabajar por la plena igualdad es la única herramienta eficaz para acabar con la violencia contra las mujeres.

¡Plena Igualdad = Violencia Cero!  

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El 28 de junio se celebra en muchos países del mundo el Día Internacional por los Derechos de Gays, Lesbianas y Transexuales. Es una fecha de celebración y de reivindicación, según los países y situaciones.

En España salimos a las calles de muchas ciudades para ambas cosas, celebrar lo que hemos conseguido hasta la fecha, y reivindicar lo que aun nos falta. La igualdad formal la hemos conseguido tras años de lucha gracias a unas reformas legislativas que dejan de discriminar a las parejas del mismo sexo, por un lado, y permiten la adecuación de nombre y sexo a las personas transexuales, por otro.

Ambas conquistas se han logrado gracias a la lucha de muchos años de los colectivos de gays, lesbianas y transexuales, y al apoyo de algunos partidos y sindicatos, y a pesar de las trabas y obstáculos que las mentalidades conservadoras de siempre han puesto, primero a la aprobación y después a la ejecución de estas reformas.

En el terreno de lo negativo tenemos que señalar y denunciar que se han defraudado una vez más las expectativas creadas por numerosas promesas hechas desde el Gobierno a los colectivo de expresos sociales, que han visto cómo se echa para atrás la aprobación de la norma que permitía indemnizar y reparar económicamente la injusticia cometida con muchas personas que fueron privadas de libertad y sometidas a tratos degradantes por la mera sospecha, muchas veces, de homosexualidad, en aplicación de las leyes franquistas de vagos y maleantes y de peligrosidad social, en vigor hasta bien entrada la democracia.

Tenemos que denunciar, asimismo, que dentro de las fronteras de la Unión Europea se sigue practicando la homofobia, la lesbofobia y la transfobia de forma abierta y grosera, sin que las autoridades europeas hagan nada o casi nada para impedirlo y sancionarlo. Nos habían hecho creer que la discriminación por razón de orientación sexual estaba prohibida en los países de la Unión, pero la realidad, sin embargo, es otra, especialmente en algunos de los países recientemente incorporados, como Polonia, donde se están produciendo atentados gravísimos contra los derechos humanos de gays y de lesbianas, promovidos desde los propios poderes públicos, sin que intervengan las instituciones europeas.

Y si nos vamos al Tercer Mundo o a países de otras órbitas culturales (la mayoría), nos encontramos con realidades auténticamente demoledoras: criminalización de las relaciones homosexuales, persecuciones y un total ocultamiento para poder sobrevivir en medio de la homofobia más hostil. Incluso sigue existiendo la pena de muerte para los homosexuales en nueve países.

Se puede decir que aquí, en nuestro entorno más cercano, la principal forma de homofobia es la que podemos denominar “ocultamiento forzoso”, un ocultamiento que tiene su razón de ser en la percepción que tienen gays y lesbianas de que la realidad que les rodea sigue siendo hostil para ellos y ellas, indicio claro y suficiente de que las cosas han cambiado pero no lo suficiente. Y aun está pendiente la inclusión de los procesos completos de reasignación de sexo entre las prestaciones gratuitas de los sistemas públicos de salud para las personas transexuales, el colectivo que padece un mayor riesgo de exclusión social.

Hay que seguir, por tanto, trabajando, para consolidar los logros obtenidos, y para hacer frente a la discriminación social, que persiste y tardará en desaparecer, dado su arraigo profundo en la mentalidad colectiva después de siglos de homofobia y transfobia. Por eso tiene pleno sentido seguir celebrando y reivindicando con ocasión del 28 de Junio, el Día Internacional por los Derechos de Gays, Lesbianas y Transexuales. Hasta que consigamos una sociedad de personas plenamente libres e iguales.

Txema Gonzalo

Coordinador Federal del Area por la Libertad de Expresión Afectivo-Sexual de Izquierda Unida

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