Más de 500 personas, fundamentalmente empleados del grupo avícola alcarreño "Avicu", familiares, y sindicalistas, han participado hoy en la concentración de apoyo a la lucha de los trabajadores, quienes salieron a la calle a denunciar la situación de impagos que viven en la empresa, y la falta de información por parte de la dirección, que a día de hoy sigue sin ofrecer soluciones a la crisis por la que atraviesan las empresas del grupo.

La concentración pronto centró sus ataques en el máximo accionista de la compañía, el empresario Jesús María Saboya, a quien los trabajadores culpan de un modo muy directo de no haber abonado sus salarios de septiembre y octubre (algunos tienen también pendiente la extra de verano), y sobre todo, de haber «desaparecido», y no ofrecer ninguna información sobre el futuro de los puestos de trabajo o la viabilidad del grupo.

Decenas de carteles, con lemas como «Saboya, queremos tener Reyes Magos», «Saboya, paga a mi madre», «Saboya no paga», junto a los gritos contra el empresario, jalonaron una protesta en la que estuvieron presentes representantes políticos de los tres grupos con presencia en el Ayuntamiento: PP, PSOE e IU.

En un momento de la concentración, esta se convirtió en una manifestación improvisada que subió por la calle del Amparo, hasta la vivienda donde al parecer reside Saboya, donde arreciaron los pitos y gritos de los congregados. Finalmente, la protesta regresó a Santo Domingo, tras paralizar el tráfico durante unos minutos. En la plaza, Laura Sedano, presidenta del Comité de Empresa por CCOO, leyó un comunicado en el que denunció la «situación crítica» que atraviesa la plantilla. «Vemos que la empresa cada día tiene más dificultades con los proveedores, nos faltan materias primas, la incubadora no produce y las granjas apenas están activas», dijo.

Los trabajadores mostraron su preocupción y denunciaron que, pese a las semanas de protesta, la Dirección de la empresa sigue incumpliendo la Ley, al no facilitar a sus representantes los datos sobre los balances económicos y la situación de viabilidad que les han requerido. Sedano aseguró a los medios que Saboya «está desaparecido desde el pasado 8 de octubre». De hecho, en la protesta se repartieron octavillas con el rostro del empresario y un expresivo «Se busca» sobre la imagen.

A esta situación se suma la ausencia de cualquier interlocución válida, dado que el pasado 27 de octubre fue despedido el director gerente del grupo. «Y la responsable de Recursos Humanos pidió la baja voluntaria el mismo día. Ahora, sólo hablamos de vez en cuando con un director de ventas, pero no puede aportar soluciones, porque él es otro trabajador», dijo a los medios la presidenta del Comité.

Representantes de UGT, CCOO y el propio Comité de Empresa se reunirán hoy con responsables de la Delegación de Trabajo, y esperan hacerlo a lo largo de esta semana con la Dirección General de Trabajo de la Junta, para tratar de llegar a una solución. Los próximos paros parciales de dos horas en la empresa se producirán el 13 y el 14 de noviembre, previos a una huelga de jornada completa, o incluso una huelga indefinida.

www.eldecano.es

No todo el dinero que el Estado de EEUU ha destinado para rescatar las entidades bancarias con dificultades financieras del país irá para financiar nuevos préstamos a las familias y empresas estadounidenses.

arte de esos millones de dólares tendrán como cometido pagar los dividendos a los accionistas, según informa en un reportaje 'The Washington Post'.

El rotativo americano ha informado en sus páginas que de los más de 163.000 millones de dólares (125.814 millones de euros) que los bancos ya han recibido por parte del Tesoro de EEUU servirán para pagar sus dividendos en los próximos tres años, siempre y cuando el Gobierno de su visto bueno.

El periódico añade que "suspender el pago del dividendo trimestral habría disuadido a los bancos de participar en el programa voluntario" de rescate elaborado por el organismo que dirige Henry Paulson. Con lo cual, el contribuyente estadounidense estará abonando parte de los dividendos que recibirán los accionistas de los bancos con problemas financieros a raíz de la crisis crediticia y "no para conceder más préstamos, como dijo el Gobierno".

El plan de rescate del sistema financiero estadounidense no está pasando por un camino de rosas para su plena ejecución, ya que los críticos contra esta medida son muchos en el país norteamericano y los problemas con los que se encuentra no desaparecen.

Además, este tipo de noticias no ayudan a contentar la visión de un contribuyente que se considera ajeno a los problemas que sufren los bancos con su salud financiera y no cree que tenga que ser el responsable del pago de sus excesos con la concesión de créditos subprime, que tantos beneficios les reportó en el pasado.

Los críticos, que incluyen a economistas y miembros del Congreso de EEUU, se preguntan por qué los bancos acuden a los fondos del Gobierno si ya tenían dinero suficiente para pagar dividendos, o por otro lado, por qué los bancos que necesitan las ayudas del Gobierno siguen gastando tanto dinero en dividendos.

De momento, el senador Charles E Schumer ya ha pedido al gobierno estadounidense que suspenda el pago de dividendos, puesto que "el propósito del programa es aumentar los préstamos e hipotecas e inyectar dinero en la economía real". El político ha manifestado que "si el dinero se usa para dividendos, se destruye el propósito del programa".

Los 33 bancos que firmaron el plan tienen la intención de usar unos 7.000 millones de dólares para pagar a sus accionistas este trimestre. Las entidades generalmente tratan de pagar buenos dividendos y, al paso actual, estos dividendos consumirán el 52% de la inversión del Tesoro durante los próximos tres años.

Como ejemplo, 'The Washington Post' señala el caso del 'Bank of New York Mellon', que "pagará un dividendo de 275 millones de dólares este trimestre, y tiene proyectado gastar 3.300 millones de dólares en dividendos durante los próximos tres años". La entidad pidió al Tesoro 3.000 millones de dólares.

Expansion

El crecimiento económico de los últimos 15 años no ha reducido las desigualdades sociales

Los redactores del último Informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social, apadrinado por Cáritas, expresan su escepticismo sobre el crecimiento económico como vía para resolver los problemas sociales. Es lógica su decepción. Choca con la idea del Estado de bienestar que en épocas de expansión y fuerte creación de empleo no se reduzcan las desigualdades, e incluso crezcan las bolsas de pobreza y de exclusión social.

El proceso de reducción de las desigualdades en el periodo 1982-1993 se frenó a partir de esa última fecha pese a la fuerte expansión de estos años. Ese crecimiento acercó a España a la media europea en diversos aspectos, pero, aunque no aumentó la desigualdad, tampoco contribuyó a reducirla. Sigue habiendo 8,5 millones de personas (el 19,7% de la población, el mismo porcentaje que hace 10 años) en situación de pobreza relativa (con ingresos inferiores al 60% de la media, es decir, por debajo de 574 euros al mes). Otro millón y medio de españoles vive en "pobreza severa" (con menos de 280 euros al mes) o en situaciones de "exclusión social".

La pobreza relativa mide la percepción de carencias en relación con el entorno social. Por ejemplo, no poder ir de vacaciones al menos una semana al año, adquirir una vivienda, tener acceso al ocio, etcétera.

Las conclusiones del estudio coinciden básicamente con las de los informes realizados en los últimos años por el Instituto Nacional de Estadística. El crecimiento es condición necesaria para la superación de la precariedad social, pero no la garantiza. Hacen falta políticas específicas de redistribución como las previstas en el Programa para la Protección e Inclusión Social aprobado por el Gobierno en 2006, y cuyos resultados se desconocen.

Todos los estudios constatan la fuerte vinculación de la pobreza relativa o severa con dos factores: la precariedad laboral y la insuficiencia, en comparación con otros países, de las ayudas públicas a la familia. En 1993 el Estado destinaba el 24,4% del PIB a gasto social; 12 años más tarde no llega al 21%: siete puntos por debajo de la media de la UE. En 1996 la diferencia era de cuatro puntos. Mayores de 65 años y menores de 16, los excluidos del mercado laboral, son los segmentos sociales con mayor porcentaje de pobres. Y la fragmentación territorial del Estado de bienestar no ha contribuido a mejorar su eficacia, como demuestran las dificultades de aplicación de la Ley de Dependencia.

El Pais

Las desigualdades repuntan y 8,5 millones de personas viven aún en la escasez

Los índices de desigualdad y de pobreza se mantienen constantes en España, "a espaldas del proceso de extraordinaria generación de riqueza" de los últimos 10 años. Ésta es una de las constataciones del Informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social en España 2008, presentado ayer.

Los índices de desigualdad y de pobreza se mantienen constantes en España, "a espaldas del proceso de extraordinaria generación de riqueza" de los últimos 10 años. Ésta es una de las constataciones del Informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social en España 2008, presentado ayer. El estudio, el séptimo de Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada (FOESSA) desde 1965, ha sido elaborado por 70 expertos vinculados a diferentes universidades y grupos de investigación, convocados por Cáritas.

En la estructura social española permanece enquistado un segmento de "pobreza extrema", que afecta a entre un 2,6% y un 4% de la población. En cifras absolutas, hay 8,5 millones de pobres, con ingresos por debajo de 574 euros al mes (19,7% de la población). Es el mismo porcentaje que hace 10 años. Otro millón y medio de españoles vive en "pobreza severa" (con menos de 280 euros al mes), y 500.000 hogares sufren, además, situaciones de "exclusión social".

"Después de varias décadas de reducción continuada de la desigualdad en la distribución de la renta, el proceso se frena desde el primer tercio de los años noventa. La experiencia española parece desdecir el estereotipo de que la mejor forma de favorecer el bienestar es conseguir altas tasas de crecimiento y elevados niveles de creación de empleo", dice FOESSA. Otro elemento diferenciador del comportamiento de la desigualdad "es el distanciamiento de los indicadores medios de la UE".

El umbral de pobreza manejado por FOESSA es el mismo de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística. Su cuantía está fijada en 6.895 euros anuales, es decir, el 60% de los ingresos medios netos por persona y año. Se considera pobre a la persona cuyos ingresos están por debajo de esa cantidad.
Reparto territorial

FOESSA también analiza las desigualdades entre territorios. Entre las regiones con niveles de desigualdad considerablemente inferiores al conjunto nacional destacan Navarra, País Vasco, Murcia y Castilla-La Mancha. Por el contrario, el proceso distributivo interno con mayores niveles de desigualdad se acentúa en Andalucía, Canarias, Cantabria y Madrid.

Los datos de la investigación revelan, además, que existen grupos de población considerablemente más vulnerables que al principio de los noventa. Se trata de "viejas formas de pobreza que se consideraban superadas y que vuelven con notable crudeza", en referencia a las personas mayores, cuyas tasas de pobreza están muy por encima de la media.

JUAN G. BEDOYA
El Pais

En el Pleno celebrado el pasado miércoles, 15 de octubre, en el Ayuntamiento de Torrejón del Rey,  ninguno de los grupos elevó a Pleno la Moción que Izquierda Unida había presentado para la rebaja del IBI. No obstante, el propio Partido Popular presentaba una Moción similar para rebajar hasta el 0,51% en tipo impositivo. "Algo extremadamente sorprendente, puesto que son ellos quienes establecieron el de este año en el 0,54 %. Hecho que produjo un gran malestar entre los vecinos", ha comunicado Francisco Riaño, Coordinador Local de IU de Torrejón del Rey.
 
    "El valor catastral no lo decide el ayuntamiento, pero el tipo impositivo si, y 2009 es el último año en el que por ley puede situarse por debajo del 0,40%. Por ello, Izquierda Unida de Torrejón del Rey, haciéndose eco del sentir mayoritario de la ciudadanía, presentaba el 25 de septiembre una Moción al Ayuntamiento para que se elevara a Pleno la posibilidad de rebajar el Tipo de Gravamen del IBI. para 2009 y años posteriores".
 
    Francisco Riaño ha asegurado que "Izquierda Unida se congratula al comprobar que el PP toma en cuenta nuestras recomendaciones y hace suyas algunas de las medidas que proponíamos en nuestra moción. No obstante, creemos que esto no es sino una operación de maquillaje que se queda muy corta. No es sino un intento de aplacar los ánimos de una ciudadanía cada vez más descontenta con la política municipal".
 
    "Así mismo, esperamos que la ciudadanía tome buena nota para las próximas elecciones municipales y comprenda que Izquierda Unida debe tener representación en el ayuntamiento, para que propuestas tan importantes como las que incluimos en nuestras mociones puedan llegar a Pleno y ser defendidas allí, y no se queden en agua de borrajas con este tipo de operaciones de maquillaje del equipo de gobierno del Partido Popular", ha puntualizado Riaño.
 
    Izquierda Unida defiende que para obtener los servicios necesarios es imprescindible el pago de los impuestos pero consideramos injusto que, debido a la dejadez de los distintos gobiernos municipales de los últimos años, todos ellos del PP, los vecinos de Torrejón del Rey tengan que pagar ahora las consecuencias.
 
    "El Gobierno del Partido Popular del Ayuntamiento de Torrejón del Rey basó su modelo de crecimiento en el ladrillo y en los pingües beneficios que reportaba, Aún así, no tenemos muy claro que ha hecho el Ayuntamiento con la ingente cantidad de dinero que ingresó a través de estas vías. La mejora de los servicios en los últimos 10 años, desde luego, no parecen acordes con dichos beneficios", ha asegurado el Coordinador Local de IU, Francisco Riaño.
 
    "El declive de la construcción residencial está desinflado las arcas municipales a la misma velocidad con que las inflaron los años de bonanza, así que ahora se acuerdan que una de las vías de recaudación natural de los Ayuntamientos es el IBI y, tras más de diez años sin preocuparse lo más mínimo de solicitar la actualización del valor catastral de las viviendas a pesar de que muchas han pasado de Rústica a Urbana y otras se han revalorizado prácticamente en un 200%, trasladan la presión de la crisis precisamente a quienes más la sufren. Es más, en 2007 y 2008 podían, por que la ley así se lo facilita, haber rebajado el tipo de gravamen hasta al 0,10%, pero han preferido mantenerlo en el 0,54%".

Diario Digital del Henares

Para el sindicato, la reducción de la inflación interanual, aunque importante y positiva, no debe de hacernos perder de vista la situación de los precios en sectores básicos, el descenso del consumo y la pérdida de poder adquisitivo de amplias capas de la población

Los precios han vuelto a dar un respiro a la situación económica regional, produciéndose una bajada de 0.4 décimas y situando la tasa interanual en el 4,4 %, una décima por debajo de la media nacional. Esto se ha debido en parte a la bajada de los carburantes y alimentos; si bien, para CCOO, estas bajadas no deben de hacernos perder de vista lo elevado de las tasas interanuales de aquellos grupos que más directamente inciden en las economías familiares: Alimentación, vivienda, trasporte y enseñanza por citar algunos.

El sindicato observa con preocupación como se está produciendo una importante reducción del consumo como consecuencia de la crisis económica. En este sentido, se han comprobado reducciones de hasta el 80% en los ingresos familiares, sobre todo en aquellos casos en los que el trabajador o trabajadora ha pasado a situación de paro. Para CCOO esto se debe a la práctica de haber venido pagando una parte elevada del salario en dinero negro.

Para CCOO, en la actual situación de crisis y de pérdida de renta es una necesidad urgente el que existan mecanismos exhaustivos de control de precios, la reducción del número de intermediarios y el control sobre los márgenes de beneficios empresariales.

El sindicato opina que es necesario potenciar, a través de las Administraciones públicas, una relación más directa entre productores, pequeños comerciantes y usuarios finales.

CCOO recuerda, además, que estamos 1,5 puntos por encima de los pactado en convenios, por lo que la pérdida de poder adquisitivo es notoria, haciendo que esta situación coloque a los trabajadores y trabajadoras como ‘paganos’ de la crisis, algo que el sindicato no va a consentir. Los salarios no repercuten en el IPC, por lo tanto, desde CCOO, vamos a seguir exigiendo la inclusión de cláusulas de revisión salarial que tengan en cuenta el IPC real y no el estipulado.
CC OO Murcia

CC.OO. pidió hoy que las entidades financieras que se beneficien de las medidas anunciadas por el Ejecutivo asuman algunas contrapartidas, como la rebaja del tipo de interés de referencia de los créditos hipotecarios en el plazo de un mes para que sea igual al tipo de intervención del Banco Central Europeo (BCE).

"En el caso de utilizar el sistema de avales para generar liquidez, proponemos que el Estado obligue, con la concesión de la ayuda a las entidades, a que en el plazo de un mes garanticen que el tipo de interés de referencia de los créditos hipotecarios en vigor aplicados a todos sus clientes sea igual al tipo de intervención del Banco Central Europeo", subraya el sindicato en un comunicado.

Para la organización dirigida por José María Fidalgo, "no es justo" que las familias españolas sufran los efectos negativos de una "mala gestión" bancaria asumiendo los pagos de sus hipotecas con el Euríbor, cuando está más de un punto por encima del tipo decidido por la autoridad europea.

Además, CC.OO. consideró "conveniente" establecer criterios de gestión "más eficientes" para participar en estas ayudas del Estado, que limiten dividendos, salarios desmesurados y, en el caso de las cajas de ahorro, aquellos proyectos que claramente no puedan identificarse como beneficiosos para toda la población.

Por último, apostó por ofrecer una mayor explicación de la necesidad de comprar activos "sanos" a las entidades financieras cuando éste tipo de activos se pueden utilizar como contrapartidas "colaterales" para obtener la financiación en la ventanilla del BCE, que además, ha eliminado la restricción en la cantidad de dinero puesto a subasta.

Según el sindicato liderado por Fidalgo, las medidas de intervención pública en el sistema financiero aprobadas ayer, en línea de las acordadas por la UE, deben ser "lo menos injustas posibles" para la población, ya que la crisis económica es "profunda" y será larga, motivo por el que los esfuerzos se deben distribuir "de forma equilibrada".

EUROPA PRESS

El sindicato quiere que las entidades que reciban ayudas garanticen que, en el plazo de un mes, el tipo de interés de referencia de los créditos hipotecarios en vigor aplicados a todos sus clientes sea igual al tipo de intervención del Banco Central Europeo

Las medidas de intervención pública en el sistema financiero español aprobadas por el Gobierno están en la línea de las acordadas por la Unión Europea y, en este sentido, están obligadas por la gravedad de la situación, pero además, hay que intentar que sean lo menos injustas posibles para la población. La crisis es profunda y será larga y, por tanto, los esfuerzos se deben distribuir de forma equilibrada entre la población.

A la hora de elegir, CCOO considera más idóneo utilizar la fórmula de inyectar capital en las entidades con problemas para, en el intercambio, quedarse el Estado con la parte del capital que corresponda a la cuantía de la intervención. De esta manera, se capitaliza la entidad, se garantiza una gestión adecuada a los objetivos, es decir, mayor liquidez en el sistema financiero, y se penaliza a los propietarios que gestionaron mal la entidad (se evita el riesgo moral).

En el caso de utilizar, el sistema de avales para generar liquidez, CC.OO. propone que el Estado obligue, con la concesión de la ayuda a las entidades, a que en el plazo de un mes garanticen que el tipo de interés de referencia de los créditos hipotecarios en vigor aplicados a todos sus clientes sea igual al tipo de intervención del Banco Central Europeo. No es justo que las familias españolas sufran los efectos negativos de una mala gestión bancaria asumiendo los pagos de sus hipotecas con el Euribor, cuando éste índice está más de un punto por encima del tipo decidido por la autoridad monetaria europea debido a la mala gestión del sistema financiero (costes adicionales superiores a 10.000 millones de euros anuales).

En paralelo, sería conveniente que para participar en las ayudas del Estado que pagan todos los españoles, se establezcan criterios de gestión más eficientes que limiten dividendos, salarios desmesurados y, en el caso de las Cajas de Ahorro, aquellos proyectos que claramente no puedan identificarse como beneficiosos para toda la población.

Por último, es conveniente una mayor explicación de por qué es necesario comprar activos “sanos” a las entidades financieras cuando éste tipo de activos se pueden utilizar como contrapartidas “colaterales” para obtener la financiación en la ventanilla del Banco Central Europeo, que además, ha eliminado la restricción en la cantidad de dinero puesto a subasta.

CC OO

    Izquierda Unida de Torrejón del Rey, ha presentado una Moción al Ayuntamiento de Torrejón del Rey, para que se eleve a Pleno la posibilidad de rebajar el Tipo de Gravamen del IBI para 2009 y años posteriores, "lo que dará un poco de aire a las familias del municipio, al menos mientras dure la actual crisis económica, ya que el valor catastral no lo decide el ayuntamiento, pero el tipo impositivo si, y 2009 es el último año en el que por ley puede situar éste por debajo del 0,40 %", ha informado Francisco Riaño Campos, Coordinador Local de IU de Torrejón del Rey.

    "El Gobierno del Partido Popular del Ayuntamiento de Torrejón del Rey basó su modelo de crecimiento en el ladrillo y en los pingües beneficios que reportaba, fundamentalmente por dos vías de recaudación. La primera, la de las tasas de construcción y los impuestos relativos al cambio de la titularidad de las propiedades; y la segunda, la de la equivalencia en capital de los terrenos que debían ceder los promotores a la autoridad urbanizadora (el Consistorio) para dotaciones públicas. Aún así, no está claro qué ha hecho el Ayuntamiento con la ingente cantidad de dinero que ingresó a través de estas vías", ha denunciado Riaño.

    Para el Coordinador Local de IU de Torrejón del Rey, "el declive de la construcción residencial está desinflado las arcas municipales a la misma velocidad con que las inflaron los años de bonanza, así que ahora se acuerdan que una de las vías de recaudación natural de los Ayuntamientos es el IBI, y tras más de diez años sin preocuparse lo más mínimo de actualizar el valor catastral de unas viviendas que se han revalorizado prácticamente en un 200%, pretenden trasladar la presión de la crisis, precisamente, a quienes más la sufren, sin hacer el más mínimo esfuerzo por rebajar el tipo impositivo y paliar mínimamente el impacto negativo en las economías domésticas de los ciudadanos de Torrejón el Rey que esta actualización supone. Es más, en 2007 y 2008 podían, porque la ley así se lo facilita, haber rebajado el tipo de gravamen hasta al 0,10 %, pero han preferido mantenerlo en el 0,54%".

    "Queremos dejar claro que Izquierda Unida defiende que para obtener los servicios necesarios es imprescindible el pago de los impuestos, pero consideramos injusto que debido a la dejadez de los distintos Gobiernos Municipales, todos ellos del Partido Popular, los vecinos y vecinas de Torrejón del rey tengan que pagar ahora las consecuencias", ha denunciado Francisco Riaño, Coordinador Local de IU de Torrejón del Rey.

Una cosa es hacer apostasía del libre mercado y otra muy diferente entorpecer la propiedad privada

O, al menos, es lo que se deduce de la acción del gobierno de Bush para salvar de la quiebra a los accionistas de los grandes bancos de inversión. Decía Marx que la función del Estado era servir los intereses económicos de las clases dominantes. A falta de conocer los detalles del plan Paulson, en esto podría acabar la aplicación de 700.000 millones de dólares de los contribuyentes a la compra de activos tóxicos de las empresas que reinaron en Wall Street y cuyos gestores y accionistas han gozado de enormes beneficios. Nótese que no se trata de bancos comerciales que canalizen el ahorro (escaso en EE. UU.) y los créditos del depositante medio. Éstos están mucho menos expuestos a los problemas de la banca de inversión. Además, la banca comercial de EE. UU. cuenta con una garantía de depósitos de hasta 100.000 dólares (muy superior a los 20.000 euros habituales en Europa). Por eso nadie percibe allí el riesgo de una corrida bancaria a la argentina.

En muy pocos días reputados economistas han comenzado a formular objeciones serias a lo que se entrevé del plan Paulson. Al fin y al cabo, se quiere dar liquidez a las empresas rescatadas comprando los activos que no pueden vender en el mercado. Pero para que esto tenga sentido habrá que aceptar un precio de compra muy superior al valor real de esos activos, transfiriendo por tanto muchos recursos públicos a los accionistas de las empresas de inversión. Aunque, como han propuesto economistas como Paul Krugman, si el problema es proporcionar capital público a las empresas financieras, entonces ese capital debe conllevar lo que el capital comporta: propiedad (pública). Así, si el plan sale bien, los beneficios no se quedan sólo para los que originaron el lío a causa de su codicia. Pero una cosa es hacer apostasía del libre mercado y otra muy diferente entorpecer la propiedad privada.

En España este escenario se vive con unos ingredientes locales. El objeto del deseo es el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la alianza de pedigüeños podría tener su manifiesto en lo relatado con gran claridad por el presidente de la CEOE en una entrevista reciente. Tras pedir que el ICO avale la tesorería de las empresas, precisaba que este paréntesis en la economía de libre mercado sólo debía durar hasta 2009..., si no era necesario alargarlo. Aún más clara era su visión sobre la causa de los problemas: "Si eres un emprendedor y el dinero te lo ponen fácil, lo coges" (sic). ¡Tanto tiempo creyendo que ser emprendedor implicaba asumir riesgos y tener ideas algo más innovadoras que comprar duros a cuatro pesetas! El episodio actual será fundamental en su visión de la economía para toda una generación de futuros líderes empresariales y políticos. ¿De verdad queremos transmitirles que, en el fondo, no hay problema si asumen riesgos irresponsables, pues alguien pagará?

Germà Bel
La Vanguardia

La burocracia impide extender el uso de fuentes renovables en el hogar

La compleja tramitación burocrática y la falta de incentivos fiscales para los ciudadanos están imposibilitando un uso más extenso de la producción de electricidad limpia en el ámbito doméstico. En España se han desarrollado las energías renovables (sobre todo, la eólica y ahora la solar fotovoltaica), pero el despegue se ha hecho gracias exclusivamente a las inversiones empresariales en grandes plantas e instalaciones. El ciudadano ha quedado excluido de este exitoso desarrollo.

El impulso conseguido por la electricidad limpia o de origen renovable (sobre todo, eólico) se debe a que la legislación española obliga a que toda la energía limpia producida (solar fotovoltaica, biomasa...) sea comprada por las compañías eléctricas, de forma que los productores de energía limpia ven remunerado el kilovatio hora producido con una prima por el sistema eléctrico. Así, se han creado los parques eólicos y se han configurado las denominadas huertas solares (grandes instalaciones fotovoltaicas que producen electricidad).

Este sistema, sin embargo, ha mostrado todas sus carencias en el caso de la implantación doméstica. Los usuarios particulares que quieran instalar un pequeño molino de viento en su finca o en su jardín, o que deseen montar placas solares fotovoltaicas, tienen que superar una carrera de obstáculos para conseguirlo. El procedimiento no está pensado para ellos. Si usted quisiera materializar, por ejemplo, algunos de estos proyectos (de producción de energía limpia para su conexión a la red: no hablamos de autoabastecimiento en casas aisladas), pasaría un calvario. En primer lugar, debería darse de alta como empresario, pagar el impuesto de actividades económicas y declarar el IVA, pues, al tener que vender la energía a la red, obtendrá ingresos económicos que debe declarar. Y, en segundo lugar, naturalmente tendrá que hacer constar todo esto en la declaración del IRPF.

Pero no acabará aquí su vía crucis. También tendrá que lograr el punto de conexión con la eléctrica a la que entregará la electricidad (no siempre fácil); darse de alta en un registro especial de productor en la Administración autonómica; y precisará los permisos municipales, la calificación urbanística y demás.

"Los usuarios domésticos han quedado excluidos de la producción de energía. Se debería permitir un desarrollo más descentralizado de la energía; pero el sistema que se ha montado ha frenado esta posibilidad", se lamenta Marta Pahissa, una joven de Cornellà que se ha quedado con la miel en los labios. Quería instalar unas placas fotovoltaicas en su casa para producir electricidad, pero esta idea parece una gesta tan imposible como la de Sísifo, eternamente condenado a empujar una enorme piedra en una empinada ladera por la que siempre resbala.

Pahissa tiene en su casa luces de bajo consumo, una cocina solar y electrodomésticos eficientes (clase A+); y quería completar su plan con unas placas fotovoltaicas. Sin embargo, la complejidad de los trámites le hicieron desistir. "Estaba dispuesta a asumir la inversión económica y creo que los problemas que podrían presentarse con los vecinos de la comunidad eran superables. Pero los trámites son demasiado complejos para una trabajadora como yo. El problema es que se tienen que generar facturas, darte de alta del IVA y en el régimen de instalaciones de productores especiales. Un engorro", señala.

La consecuencia de tantos obstáculos es que los molinos de viento y las instalaciones fotovoltaicas están siendo promovidos sólo por empresas y el sector industrial y financiero, que han buscado y obtenido aquí las primas fijadas. De hecho, España es la segunda potencia eólica mundial; sus empresas instalan molinos en 25 países el mundo. Igualmente, el desarrollo solar fotovoltaico ha sido espectacular, pues ya se ha superado lo planificado por la

Administración. Pero todo no lo podemos ver en nuestra casa.

"Si un ciudadano quiere ser ejemplar y usar la energías renovables, no tiene más remedio que hacer de empresario; y, por otro lado, la tramitación encarece la inversión. La actual tramitación puede suponer un año y medio para lograr los permisos", dice Javier García Breva, director general de la empresa Solynova Energía, dedicada a la energía solar.

En esta misma línea se expresa Josep Puig, profesor de Energía de la UAB y vicepresidente de la Asociación Europea por las Energías Renovables, quien reclama simplificar la tramitación. "¿Por qué cuando compras un radiador eléctrico para conectar a la red no te exigen darte de alta en un registro especial y sí se exige si intentas conectar una placa fotovoltaica a la red, pese a que a veces tiene menos potencia?", se pregunta Puig, quien propone lanzar una campaña de desobediencia cívica para conectar a la red miles de pequeñas instalaciones solares fotovoltaicas sin pasar por el registro.

Javier García Breva explica que la introducción de las energías renovables y, en general, la aplicación de criterios de eficiencia energética es cara en un primer momento de la inversión, por lo cual el ciudadano debe hacer un complejo análisis coste-beneficio hasta llegar a la conclusión de que la inversión es rentable a largo plazo. Por eso, "hay que enseñar al consumidor a hacer este tipo de análisis, ya que no es fácil de apreciar las ventajas a la primera". Donde sí resultan evidentes estos ahorros en las nuevas casas hechas de forma más racional. "Si se compra una casa eficiente energéticamente, el consumo se puede reducir un 70% con energías renovables y criterios de eficiencia. Es cierto que una casa de este tipo puede suponer un sobrecoste del 5%, pero se ha de pensar que podemos ahorrar consumos en los próximos 35 años, con lo cual a largo plazo sales ganando", señala.

Otro elemento que lastra la introducción de estas fuentes limpias es la insuficiente calidad de las instalaciones. La Administración debería vigilar esta cuestión a través de la regulación de la formación de los instaladores y la homologación de los equipos. Suele ser habitual que se coloquen placas fotovoltaicas deterioradas o que, si se produce una avería, falten profesionales de mantenimiento.

ANTONIO CERRILLO
La Vanguardia

El PP tiene tanto trabajo asesorando a los líderes del planeta con sus soluciones a la crisis económica global, con todo FAES meditando paridas a tiempo completo, que no quiere que le distraigan con minucias de derechos civiles.

Por eso ayer fue el único partido (“todos los partidos excepto el Partido Popular…” ¿recordáis la cantilena de la pasada legislatura?) que se opuso a la creación en el Congreso de una Subcomisión para reformar la actual ley del aborto porque, atención al dato, el Gobierno “ha tomado ya una decisión” para presentar una nueva Ley sin “importarle en absoluto el consenso”. Sincronicemos nuestras neuronas: según los populares el gobierno solicita consenso para, entre todos, pensar una nueva ley, pero el PP se opone porque al gobierno no le importa “en absoluto el consenso”. Debe ser tan fino el conceto, como diría José Blanco, que no lo pillo.

El caso es que mientras estábamos en ello, Mariano Rajoy, el líder de la oposición que, en su doble papel de patriota y estadista, recuerda diariamente a los mercados internacionales que España no es una plaza de fiar para sus inversiones, se reunía con la patronal de los empresarios españoles para explicarles por qué sus empresas pasan dificultades. ¿Saben por qué? Pues porque el gobierno está perdiendo “la carrera de la confianza” y de la “credibilidad” necesarias para conseguir en los mercados internacionales la liquidez que necesitan. Este conceto tampoco lo pillo.

Pero al fin nos desveló parte del bálsamo milagroso de los ultraliberales, el programa oculto del PP: “flexibilizar el mercado de trabajo”, que en versión subtitulada significa la extensión de otro conceto (este sí lo pillo): el despido libre.

Veamos. El último bestseller de Génova 13 Rúe del Percebe está siendo que Zapatero ocultó al país la crisis económica por motivos electorales. Es una forma de deslegitimar al gobierno, como lo intentaron en la pasada legislatura con el 11-M y la teoría de la conspiración.

Meditación para hoy: Y ahora es cuando hay que preguntarse: ¿habrá ocultado el PP su receta “brutal” del despido libre por razones electorales? ¿Habrá un obrero tan tonto como para votar a quienes le prometen despedirlo alegremente?

Manolo Saco

El actual Consejo General del Poder Judicial ha vuelto a demostrar hoy que antepone sus prejuicios a la ley y el amiguismo a la justicia

La Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales quiere hacer pública vergüenza e indignación por la aceptación del recurso que levanta la sanción a la juez del Registro Civil de Denia, en Alicante. Laura Alabau que quiso justificar su falta de profesionalidad y objetividad al no querer inscribir una boda homosexual con prejuicios e insultos al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Esta decisión del Consejo General del Poder Judicial se une a una trayectoria que muestra claramente cómo la homofobia y lo que es peor, los criterios moralistas y prejuiciosos, se anteponen a la jurisprudencia. No hemos de olvidar que fue el Parlamento, órgano elegido democráticamente que representa a toda la ciudadanía, el que aprobó los matrimonios entre parejas del mismo sexo.

El CGPJ está siguiendo la misma línea de actuación que ha mantenido desde el principio con un informe negativo sobre el matrimonio entre dos hombres o entre dos mujeres, al que comparaba con el casamiento entre una persona y un animal.

Antonio Poveda, presidente de la FELGTB, ha declarado que “esperamos que el próximo Consejo trabaje siguiendo criterios jurídicos y no desde el amiguismo hacia jueces que comulguen con sus posturas claramente ultraconservadoras y ultracatólicas que además atentan contra la ley”.

Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales

El comisario europeo para Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia, aseguró hoy que el mercado laboral español "es muy flexible", pero que necesita "reformas" para combinarlo con una mayor "seguridad".

Concretamente, el comisario europeo señaló que "habría que eliminar flexibilidad por el lado de la precarización y añadirla por otros lados", y que "habría que aumentar seguridad en términos de mayor eficacia de las políticas activas de empleo o de posibilidad de desplazar mano obra a sectores con mayor demanda de empleo".

En el transcurso de su intervención en el 'Foro de la Nueva Economía', Almunia sentenció que "es evidente que si hubiésemos sido capaces de organizar mejor el mercado de trabajo hoy estaríamos en condiciones de hacer frente algo mejor a las condiciones actuales en términos de empleo, de movilidad, de capacidad de adaptación de la fuerza de trabajo".

Sin embargo, Almunia recalcó que es necesario "analizar" cómo ha cambiado el mercado de trabajo por la llegada de millones de inmigrantes a España. "Es la primer vez que afrontamos unas 'vacas flacas' con este grado de heterogeneidad en el mercado de trabajo", dijo para añadir a continuación que "no se sabe cómo va a funcionar" y que "es algo extraordinariamente importante a tener en cuenta".

Directiva de tiempo de trabajo

En cuanto a la Directiva de Tiempo de Trabajo, que establece la posibilidad de ampliar las horas de trabajo a las 65 horas semanales, Almunia avanzó que, en estos momentos hay una posición contraria en el Parlamento europeo, frente a la posición favorable que se expresó en el Consejo de Ministros de la UE. De mantenerse esta discrepancia, esta disposición quedaría bloqueada.

Por otro lado, el comisario europeo reconoció que la ampliación de las horas de trabajo le "preocupa", ya que sería un "retroceso", si bien dijo sentirse aún más preocupado por que se utilice este tipo de cuestiones para atacar a la UE dejando de lado el resto de elementos positivos que aporta a los países miembro.

En cualquier caso, Almunia recordó que, de convertirse esta disposición en una "regla", no tendría por qué modificar el modelo de negociación colectiva imperante en España.

Europa Press

El Tribunal Constitucional ha inadmitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada con buen criterio y sentido común por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que deberá pronunciarse ahora, y que consideró las razones de IU en su recurso al decreto de convocatoria de las pasadas elecciones autonómicas por posible vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos de Guadalajara, provincia que a pesar de contar con más habitantes que otras se le asignaba un escaño menos.

    Con la noticia ha debido encenderse la bombilla a algún cerebro del PSOE para urgir un debate en las Cortes, no se sabe muy bien para que, salvo que sea para sacar triste pecho de hojalata con ésta noticia y desagraviar a Barreda que ha sido el único Presidente de España que ha conseguido invertir la proporcionalidad, asignando menos escaños a provincias con más habitantes y consiguiendo que el Fiscal General del Estado le dé la razón, por una corrección de la Ley a toro pasado sin eficacia real, y el TC obvie entrar al fondo del asunto y diga que “la desproporción ocasionada no resultaba especialmente intensa”.

    Que acatemos la decisión no significa que la compartamos. La verdad es que a Guadalajara y a Toledo se les ha hurtado un escaño en las Cortes en ésta legislatura y eso es una vulneración de derechos.

    El debate oportunista que plantean no sirve para nada, aunque podían aprovecharlo para explicarnos las “razones profundas” por las que en 1.998 Bono pactó con el PP y los tránsfugas de Nueva Izquierda suprimir el procedimiento matemático de asignación de escaños del Artículo 16 de la Ley Electoral, que, además de vulnerar lo establecido en el artículo 10 del Estatuto de Autonomía, es el origen de la chapuza electoral en que han situado a la Región, todo para que IU no entrara en las Cortes y consolidar el bipartidismo PSOE-PP. Conviene saber que aplicando el procedimiento suprimido al crecimiento demográfico las elecciones de 1.999 se deberían haber convocado con 51 escaños.  

    En el debate se debería conocer si las prisas que le entraron a Barreda para aprobar con urgencia y en solitario el 8 Noviembre de 2007 incrementar un escaño a Guadalajara y otro a Toledo se debía a que conocían que el TC solicitaría, solo dos meses después, informe al Fiscal General del Estado, y éste, casualmente, basaría su informe denegatorio a la cuestión planteada por el TSJ en esa modificación apresurada de la Ley.

    En el debate se debería explicar el nuevo concepto de la proporcionalidad acuñado por el Fiscal General del Estado cuando afirma que “la proporcionalidad no puede ser entendida de forma matemática” y de lo que se desprende que Guadalajara con más habitantes que Cuenca es legítimo que tenga elegido un diputado menos para toda la legislatura. ¿De verdad se va a explicar en las Universidades a partir de ahora que esa es la proporcionalidad que dice el artículo 152.1 de la Constitución Española?

    El debate debe aclarar que el método, no escrito en la Ley, que se sacó de la manga el PSOE regional para cuadrar los 49 escaños, y que explicó solemnemente Santiago Moreno, consistente en  asignar 8 escaños a los primeros 200.000 habitantes de cada provincia y un escaño más por cada 100.000 habitantes o fracción de 75.000, es tan absurdo que tienen que volver a modificarlo cuando el INE publique el nuevo censo a 1 de enero de 2009. Toledo habrá superado los 675.000 habitantes y al corresponderle un escaño más y llegar al número par de 50, desaconsejado por la ley, tendrán que asignar otro escaño a otra provincia y eso no encaja en el método.

    Y lo que ocurre es que tiene razón Izquierda Unida, y tiene razón el TSJ de Castilla-La Mancha que la Ley al haberle suprimido el procedimiento de asignación de escaños y no adaptar los mismos automáticamente a los movimientos demográficos conlleva a que se puedan vulnerar los derechos fundamentales de los ciudadanos como defiende IU o que se pueda provocar una inconstitucionalidad sobrevenida como apunta el TSJ.

    Con todo, y aunque el TC se ha guiado por el informe más político que jurídico del Fiscal General del Estado, y ha decidido no entrar al fondo de la cuestión, deseamos que el TSJ pueda aconsejar al Gobierno que Guadalajara y Toledo deben tener una escaño de hecho más en las Cortes ya, y, en todo caso, confiamos que el TSJ exija al Gobierno que restituya el procedimiento de asignación de escaños a la Ley para evitar que situaciones como la de la pasada convocatoria electoral vuelvan a reproducirse y los escaños se asignen con un procedimiento estable, jurídicamente defendible y matemáticamente proporcional según establece la Constitución Española y enseñan los educadores en los colegios y universidades españolas.

Cayo Lara Moya

Coordinador Regional de IU

Quienes hablan de reabrir heridas olvidan que miles de familias no han podido cicatrizarlas jamás

En el último canto de la Ilíada, el rey Príamo de Troya, aconsejado por los dioses del Olimpo, decide ir al campamento enemigo para suplicar a Aquiles que le permita llevarse el cadáver de su hijo y enterrarlo como es debido. Aquiles mató a Héctor para vengar la muerte de Patroclo y arrastró su cuerpo por el campo de batalla hasta el túmulo de su amigo/amante. A pesar de su inmenso dolor, Aquiles es un ser piadoso y muestra su empatía por el desconsuelo del anciano Príamo accediendo a entregarle el cadáver para que pueda celebrar las honras fúnebres y, de este modo, poder descansar en paz (el muerto y los vivos).

Francisco Franco nunca tuvo piedad ni compasión por sus enemigos (con frecuencia, tampoco por sus amigos), vivos o muertos. Al enemigo, ni agua, ni sepultura. Tuvieron que pasar dos años desde el fin de la batalla del Ebro y un sinfín de ruegos de las autoridades locales --incó- modas por la aparición de extremidades humanas abandonadas por las alimañas en sus términos municipales-- para que fuera enviado un batallón de trabajadores forzosos con la tarea de dar sepultura a los cadáveres esparcidos por las sierras de Pàndols y de Cavalls. Cerca de un año estuvieron apilando cuerpos descompuestos en fosas comunes sin individualizar.

VEINTE AÑOS después de su victoria, Franco se dio el capricho de remover fosas comunes y trajinar decenas de miles de cadáveres (sin importarle la opinión o los sentimientos de los familiares) al Valle de los Caídos, donde solo quedaría individualizada su sepultura. El resto era solo atrezo.

La dura y amplia represión ejercida por los militares rebeldes desde el primer día del fallido golpe de Estado supuso no solo la muerte de miles de personas, sino también la desaparición de sus cadáveres o, en el mejor de los casos, su sepultura en fosas comunes abiertas en los cementerios municipales. Por desgracia, ni el invicto Caudillo era Aquiles, ni nuestra Iglesia ca- tólica, apostólica y romana hacía gala de la piedad de los dioses del Olimpo. Manuel Azaña sí que podría asemejarse al rey Príamo pidiendo: paz, piedad y perdón. Pero Franco no sucumbió a semejantes cantos de sirena y mantuvo taponados sus oídos con una espesa capa de cera durante toda su vida. El franquismo mantuvo intacta la división entre los vencedores y los vencidos. Mientras que "los caídos por Dios y por España" tuvieron su reconocimiento público y sus familiares fueron recompensados, los otros tuvieron que llorar en silencio y muchos, además, sin saber dónde depositar las flores.

Las fuerzas democráticas, gracias al excelente resultado de las primeras elecciones del 15 de junio de 1977, pudieron imponer la amnistía --principal reivindicación de la oposición antifranquista--, pero no consiguieron cerrar las heridas de la guerra y la larga posguerra. Los diferentes gobiernos democráticos no emprendieron tampoco las justas y necesarias políticas públicas de reparación moral de las víctimas y, muy especialmente, aquellas encaminadas a paliar el dolor de las familias ayudándolas a localizar los restos de sus seres queridos.
Hace unos años, la iniciativa privada, principalmente en manos de los nietos de los desaparecidos o condenados al anonimato, consiguió colocar en la agenda política la necesidad de solucionar esta ignominia. El talante del nuevo presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, y la presión del Grupo Parlamentario de IU-ICV posibilitaron la aprobación, en noviembre del 2007, de la "ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura". La ley, mal llamada de la memoria histórica, establece en diferentes artículos la colaboración de las administraciones públicas con los particulares para la localización e identificación de víctimas.
A diferencia de Catalunya, donde se viene trabajando desde hace años y donde pronto se presentará una ley sensata y reparadora de esta materia, el Gobierno central y muchos autonómicos o locales no han hecho los deberes. Bien al contrario, el Ayuntamiento de Valencia manifestó una indiferencia sangrante ante la destrucción de las fosas comunes del cementerio municipal donde se enterró, ni más ni menos, que a 26.000 personas.

LA INICIATIVA del juez Baltasar Garzón ha tenido la virtud de colocar de nuevo en el primer plano de la atención mediática y de la actualidad política el tema de la reparación moral de las víctimas, aunque el método sea el del clásico elefante entrando en la cacharrería. Los familiares de las víctimas y las asociaciones de expresos y represaliados nunca han exigido la persecución de los culpables, a lo sumo se hubiera agradecido que alguien pidiera perdón. Pero allá cada uno con su conciencia (Iglesia, incluida).

No se trata, como dicen enfáticamente algunos voceros de la sinrazón y (con perdón) de la sinvergüenza, de reabrir las heridas de la guerra, olvidando que miles de familias españolas nunca pudieron cicatrizarlas, sino precisamente de cerrarlas de una vez por todas. Debemos dejar de arrojarnos los muertos a la cabeza y ayudar a enterrarlos con toda dignidad para que descansen, definitivamente, en paz. La empatía por el dolor ajeno es el único camino para la verdadera reconciliación y la superación del espíritu guerracivilista.

Andreu Mayayo: Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Barcelona
El Periodico

Mariano Rajoy ha recuperado su discurso más duro contra la inmigración. El mismo del que, según las encuestas, tanta rentabilidad obtuvo durante la pasada campaña electoral.

Y lo ha hecho enfrentando dos componentes que suelen provocar una reacción explosiva: el paro de los inmigrantes y el paro de los españoles.

Ayer, al término de la primera junta directiva que su partido celebró tras el verano, el líder del PP declaró: "Hay que reformar ya la política de inmigración. Ya empezamos a ver algunas cosas que no son buenas en algunos lugares de España. Hay 180.000 extranjeros cobrando el seguro de desempleo y ya volvemos a tiempos pasados: ya hay 20.000 andaluces que han pedido trabajo en la vendimia francesa".

Las palabras de Rajoy han provocado indignación entre los inmigrantes. No sólo porque les señalan implícitamente como responsables de la crisis económica. También, porque el líder del PP utiliza "de forma torticera" una prestación a la que todos los trabajadores (españoles y extranjeros) que han cotizado tienen derecho, puesto que lo que reciben no es más que una parte del dinero que antes entregaron al Estado.

Además, los sindicatos desmienten las cifras proporcionadas por Rajoy sobre los andaluces que han solicitado vendimiar en Francia. CC OO y UGT estiman que son entre 8.000 y 9.000 (menos de la mitad de los que afirma el líder del PP), y que el total de peticionarios en toda España no supera en ningún caso los 15.000.

Esas cantidades suponen un repunte respecto a 2007, cuando, según los sindicatos, acudieron a Francia unos 10.000 españoles. Pero están muy lejos de los tiempos a los que se refirió ayer Rajoy con las siguientes palabras: "Eso no sucedía desde hace muchos, muchos años". En los años 70 acudían a recoger las uvas en el país vecino 100.000 personas.

Las declaraciones del líder del PP se han producido un día antes de que el Congreso de los Diputados debata una moción, presentada por CiU pero avalada por el PSOE, que insta al Gobierno a presentar "lo antes posible" la reforma de la Ley de Extranjería.

Esa reforma es imprescindible para adecuar la norma a las últimas directivas europeas y a las sentencias del Tribunal Constitucional que echaron por tierra varios artículos introducidos en su día por el PP. Además, el Ejecutivo pretende aprovecharla para introducir otras modificaciones que endurecerán el texto. Entre ellas, la ampliación del plazo de retención de los sin papeles desde los 40 días actuales hasta un mínimo de 60 y la exclusión de los padres y suegros de los inmigrantes de la reagrupación familiar en España.

La reforma legal es complicada, porque implica directamente al menos a tres ministerios: Trabajo, Interior y Asuntos Exteriores. Sin embargo, el Ejecutivo parece no tener prisa en llevarla a cabo. Fuentes gubernamentales confirmaron ayer que todavía no se ha celebrado una sola reunión interministerial para estudiar los cambios. "Aún no hemos decidido cuándo abordaremos la reforma", declaró ayer un portavoz del ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho. "La urgencia no es una premisa. Lo prioritario es el consenso", añadió.
"Posición xenófoba"

El secretario de Política Local del PSOE, Antonio Hernando, se preguntó ayer si lo que el líder del PP, Mariano Rajoy, pretende decir es que los extranjeros que trabajan legalmente en España y cotizan a la Seguridad Social no tengan derecho a cobrar el paro. Si eso es así, aseguró Hernando, "la posición de Rajoy es muy xenófoba". Hernando manifestó que espera que el líder del PP "aclare cuanto antes" qué quiso decir y que les diga a los ciudadanos "si él está de acuerdo o no en que es preferible que los extranjeros que conviven y trabajan entre nosotros lo hagan legalmente, cobrando el desempleo como cualquier otro trabajador".

TOMÁS BÁRBULO
El Pais

El Senador de IU, Joan Josep Nuet, interpelará el proximo martes 16 en el Senado al Vicepresidente Económico del Gobierno, Pedro Solbes sobre las medidas anunciada por el Presidente del Gobierno el 10 de septiembre.

PREGUNTA ORAL DEL SENADOR JOAN JOSEP NUET

La economía española entrará en recesión en la segunda mitad de este año, según la Comisión Europea (CE), que prevé una caída del PIB trimestral del 0,1% entre julio y septiembre, y del 0,3%, entre octubre y diciembre. Para el conjunto del ejercicio, Bruselas vaticina un crecimiento en España del 1,4%, ocho décimas menos que en su anterior cálculo, de abril pasado, y 1,3 puntos menos que la tasa registrada en 2007.

El Presidente del Gobierno en su comparecencia en el Congreso de los diputados para hablar de las iniciativas del ejecutivo ante la crisis se ha limitado básicamente a exponer un plan para favorecer la financiación y las exenciones fiscales a las constructoras. El Presidente del Gobierno ha anunciado en el Congreso como únicas medidas novedosas una línea de créditos que amplíe los plazos a constructores de cara a que se destinen las viviendas al alquiler, y la creación de dos sociedades cotizadas de inversión en el sector inmobiliario.

Seria muy interesante pensar en la reinversión de esas mismas constructoras de alguna parte de los beneficios exorbitados que durante los últimos años se han repartido en el sector, especulando con un bien básico como es la vivienda, al igual que encontrar una colaboración desinteresada por parte de las entidades financieras que han hecho del negocio hipotecario una de sus mayores fuentes de beneficios mientras una buena parte de la población española ha tenido que soportar ante la mirada indiferente de gobiernos del PP y del PSOE, el endeudamiento perpetuo y ahora la imposibilidad de pagar y llegar a fin de mes.

Hay que evitar por parte del Gobierno que las medidas contra la crisis perjudiquen aún más a los sectores más vulnerables a ella, como los pensionistas, jóvenes sin trabajo estable y en general a trabajadores y trabajadoras, como consecuencia de congelaciones salariales, recortes en políticas sociales, recortes en la financiación de los ayuntamientos, etc. Y se espera una actitud exigente del ejecutivo ante los planes de recorte de plantillas y deslocalizaciones que algunas multinacionales han anunciado no ante la aparición de perdidas sino ante la disminución en la obtención de beneficios, así como el mantenimiento de todas las prestaciones de desempleo.
Seria interesante aplicar políticas de IVA reducido a servicios básicos que se han encarecido (energía, agua y transporte) y que afectan a familias con dificultades económicas.

Al mismo tiempo se observa con preocupación que la insistencia en un modelo productivo basado en una construcción desaforada, bajos salarios, altos consumos de energía y petróleo y falta de inversión pública en la enseñanza, la universidad, la investigación y el desarrollo, ha tocado fondo, y la economía española se esta mostrando mas vulnerable que la de otros países de la Unión Europea.

¿Qué medidas va a tomar el Gobierno para frenar la crisis económica y que esta afecte en menor medida a los sectores sociales más vulnerables? ¿ Qué políticas a largo plazo se van a desarrollar para cambiar el modelo productivo de nuestro país.?

Con una tasa que llega al 19,9%, supera la media de la Unión Europea de los Quince (16%), junto a Italia (20%), Grecia (21%) y Reino Unido (19%).

En su informe de 2007, el Banco Mundial estimaba que 3.000 millones de personas en el mundo disponen de un dólar al día para vivir. Ese es el criterio que utiliza para hablar de pobreza. El estudio añade que un niño muere cada cinco segundos de hambre o por motivos relacionados con la falta de alimentos.

Con este punto de partida podemos abordar la pobreza en Europa, donde se habla de pobreza relativa, algo que se mide de acuerdo con los ingresos medios del conjunto de la población. En España, tras hacer las cuentas, salen nueve millones de pobres, o lo que es lo mismo, el 19,9% de los españoles vive con menos de 6.860 euros anuales, cantidad establecida para fijar el umbral de pobreza (ingresos anuales para un hogar unipersonal, ver tabla de la derecha).

Según el Informe de la Inclusión Social en España de la Obra Social de Caixa Catalunya, hay dos grupos de población en los que la escasez de recursos es más preocupante: las personas mayores de 65 años (31%), y los niños menores de 16 (24%). El tercer grupo en riesgo de "sufrir pobreza" es la población inmigrante no comunitaria, hasta el punto de que uno de cada dos niños de origen inmigrante no europeo se encuentra en situación de pobreza.

El informe diferencia tres estadios de pobreza: moderada (6.860 euros anuales), alta (4.573 euros anuales) y severa (3.219 euros anuales). Según el director científico del estudio, Pau Marí-Klose, profesor de la Universidad de Barcelona, el dato más llamativo de esta radiografía de la "exclusión económica" es el aumento de pobreza entre la infancia. "Examinando la pobreza severa, las personas que presentan un riesgo más alto de exlusión son los menores de 16 años (5,4%), en el caso de la pobreza alta, el grupo de edad con un mayor riesgo continúa siendo la infancia (10,3%)".

Factores de riesgo
El informe concluye que la vinculación del hogar con el mercado de trabajo y la composición del hogar son dos de los principales factores que explican los riesgos de pobreza infantil. "El riesgo de pobreza moderada de los menores es mucho más elevado en los hogares en que sólo trabaja uno de sus progenitores (34%) que en los hogares en que trabajan los dos (8,6). Los datos también corroboran la delicada situación económica de los hogares monoparentales, especialmente si la madre no trabaja. El 52% de los niños que viven en un hogar monoparental donde la madre no trabaja son pobres".

La investigación desglosa los niveles de pobreza por comunidades autónomas, de manera que el análisis se ajusta a la capacidad financiera real de la familias según el contexto económico en el que viven. "De este análisis, según el profesor Marí-Klose, se desprende que en 2006, por encima de la media nacional se encuentran Murcia (21,2%), Castilla y León (21,1%), La Rioja (20,4%) y Canarias (20,3%) (ver gráfico).

España supera la media de pobreza de la UE-15 (16%) junto con Grecia (21%), Italia (20%), Reino Unido (19%), Irlanda (18%) y Portugal (18%).

 Rafael Cobo

La Gaceta

Ahora hay que plantearse la regulación de riesgos en todos los mercados y para todos los productos financieros, antiguos, nuevos y por inventar. Esta crisis tiene que acabar con el chantaje de la autorregulación financiera.

Cómo es posible que dos instituciones financieras, Freddie Mac y Fannie Mae, que juntas copan el 40 % de todas las hipotecas de Estados Unidos, hayan llegado a una situación en la cual su quiebra hubiera podido arruinar al entero sistema financiero del país más rico del mundo? ¿Cómo ha sido posible?

¿Qué dejadez, irresponsabilidad, incompetencia o pura avaricia por parte de los directivos de las empresas la ha podido causar? ¿Qué fanatismo económico, parcialidad redistributiva y falta de ética -con un toque de mala suerte- de las autoridades financieras son responsables de una situación, que entraña, en palabras del presidente Bush, 'un riego inaceptable'?

Todo esta debacle se debe al exceso de libertad de la cual los mercados financieros vienen disfrutando en Estados Unidos durante los últimos años, la edad de oro del neoliberalismo financiero. Esta libertad se ha defendido y practicado sobre el supuesto -probado falso una y otra vez- de que los mercados financieros, dejados a sí mismos, se regulan automáticamente. Eso es una estupidez teórica y una negación de la evidencia, acumulada desde la crisis financiera de 1907 hasta nuestros días.

Es éste un supuesto que tiende ciegamente a excluir la intervención de las autoridades en los negocios de los particulares. Pero, los mercados financieros no se autorregulan, sobre todo en la acumulación de riesgos sobre el sistema, porque ningún agente individual tiene alicientes ni capacidades para controlar los riesgos sistémicos. Sólo las autoridades, y normalmente el Estado, tiene alicientes y capacidades para vigilar la generación y expansión de riesgos en el sistema e impedir que crezcan hasta el punto de crear un riesgo inaceptable para la sociedad. La autorregulación de los mercados financieros ha brillado una vez más por su ausencia. Los interesados, sin embargo, la seguirían defendiendo y promocionando. Los gobernantes tienen que renunciar de una vez a la fábula, tragicomedia y, en definitiva, mentira de la autorregulación.

Llegados a este punto, el Gobierno de Estados Unidos no tiene más remedio que intervenir y ejecutar la garantía implícita de no dejar hundirse el sistema financiero del país. Garantía nunca confesada, pero existente, porque todos los interesados cuentan con ella. Los directivos de estas dos empresas la tenían en el ápice de sus mentes cuando llevaban las empresas a ellos confiadas a terrenos peligrosos. 'Son tan grandes que no pueden quebrar.' Es lo que en la terminología de los seguros se llama moral hazard, riesgo moral o riesgo sistémico. Siempre es un mal asunto para las compañías aseguradoras, las cuales tratan de evitarlo al máximo.

Ahora cerca de 200.000 millones de dólares se van a invertir en la operación de salvamento, con dinero público, es decir, dinero del público, de los contribuyentes, y de la deuda pública. Es un costo desmesurado para una economía ya muy endeudada, un negocio muy caro, tanto en términos monetarios como en términos del costo de oportunidad. ¡La de empleo que se podría crear con una inversión productiva de esa magnitud!

La reacción de las Bolsas del todo el mundo ha sido fulminante y optimista. La intervención del Gobierno norteamericano cierra un agujero negro que amenazaba con engullir bancos e instituciones financieras del país y de otros países. En medio de tantas malas noticias económicas como hay estos días, la intervención es un respiro, que bien puede representar un punto de inflexión y marcar el inicio de una remontada de la crisis financiera. Es algo positivo en un momento en que bajan los precios del petróleo y de los alimentos. Pero la cosa no puede quedar aquí. 'Nos hemos salvado de ésta, vamos a por otra', dirán los más osados -y socialmente irresponsables- en el mundo de la ingeniería financiera.

Ahora hay que plantearse la regulación de riesgos en todos los mercados y para todos los productos financieros, antiguos, nuevos y por inventar. Esta crisis tiene que acabar con el chantaje de la autorregulación financiera. Es necesario dejar en manos de gobernantes informados y responsables una cosa tan importante como es la maquinaria para producir y extender riesgos por las economías del mundo. En este terreno no puede haber libertad, por la razón ya mencionada: ningún individuo o empresa particular tiene -y nunca tendrá- incentivos y capacidades para controlar los riesgos financieros del sistema.

Luis de Sebastián. Catedrático de Economía de Esade
Cinco Dias

España cuenta con 1,7 millones de niños en situación de pobreza y sin ayudas sociales

Ya no afecta básicamente a la mujeres mayores de 65 años que viven solas con prestaciones insuficientes. La pobreza atenaza ahora a la población infantil, y en especial, a aquella de origen extracomunitario. En España, uno de cada cuatro niños vive en un hogar pobre - uno de cada dos, si los padres son inmigrantes-, lo que supone la tasa más elevada de la Europa de los 15. El Estado de bienestar no parece tener efecto sobre esta realidad, ya que sólo un 11% de hogares con menores de 16 años perciben prestaciones familiares y ayudas a hijos. Y lo que es peor: sólo un 6% de esos 1,7 millones de menores en riesgo de pobreza logra salir de ella gracias a las transferencias sociales de las administraciones públicas.

Ese es el escenario que dibuja el último Informe de la inclusió social realizado por la Obra Social de la Caixa Catalunya. Un estudio que este 2008 aborda el aspecto económico y laboral, pero que prevé, en los próximos dos años, analizar otros ejes generadores de vulnerabilidad y exclusión social en las sociedad postindustriales: el acceso a la sanidad, a la formación, a la vivienda, a la participación ciudadana... La pobreza no se enmarca ya en determinados colectivos marginales, sino que afecta de manera cambiante en función de la exposición a dinámicas de marginación. Y esas dinámicas hoy guardan íntima relación con la precariedad del mercado laboral.

"Hemos incorporado la variable de la edad, pues el ciclo vital es importante en sociedades complejas, en las que en ciertos momentos de la vida se acentúan los riesgos de exclusión social", afirmó ayer Carmen Gómez-Granell, directora del Institut d´Infància y Món Urbà y coordinadora del estudio. "Cada vez es más común hallar personas que han quedado excluidas, han perdido estatus al emanciparse, al divorciarse...".

En Catalunya, estas personas son ya el 19% de la población: 1,3 millones, muchas de ellas, con hijos. En España, un 19,9% (nueve millones) y en la UE, el 16%. Hablamos de personas en riesgo de pobreza moderada, esto es, la de quienes, siendo un único adulto la unidad de consumo, perciben menos de 6.860 euros anuales (si la unidad la forman dos adultos, se fija en 10.229, y si además hay un menor, en 12.348). Así pues, la pobreza no se ha reducido.

Teniendo en cuenta este umbral, el colectivo de mayor riesgo sigue siendo el de la gente mayor (el 31%), seguido del de los niños (24%). Sin embargo, en los casos de pobreza alta y severa - véase gráfico-, son los pequeños los más afectados, con una grave brecha abierta entre los niños autóctonos y los de padres inmigrantes.

Mientras el riesgo de pobreza alta entre autóctonos es del 8,4%, el de extranjeros se sitúa en el 32%; y en pobreza severa la diferencia es aún más acusada: 4% y 28% respectivamente.

"Esto puede ocasionar graves fracturas que segmenten la sociedad entre inmigrados y autóctonos en segundas generaciones", advirtió el sociólogo Pau Marí-Klose en la presentación ayer del estudio. "Los problemas individuales de los niños son problemas sociales del futuro a los que hay que dar respuesta, y si bien la tasa de pobreza entre las personas mayores superaría el 80% si no recibieran transferencias sociales, no existen medidas de protección social para la infancia".

La propia composición del hogar y la situación laboral de los padres (véase gráfico) son los factores que más influyen en la situación de riesgo de los pequeños, aunque la precariedad laboral y los salarios bajos provocan que la pobreza no se asocie sólo a la inactividad sino que afecte cada vez más a la población trabajadora. El trabajo ha perdido su función de garante de la seguridad y bienestar material, y tampoco garantiza la emancipación de los jóvenes y su inclusión social.

El 20% de los hogares en los que sólo trabaja una persona son pobres, y si esta persona tiene contrato temporal, la tasa se eleva al 30%. De hecho, el 34% de
subsidiando y dando ayudas suplementarias a través de deducciones fiscales y complementos".

La pobreza infantil deja heridas, advirtió el sociólogo. Si España sigue sin considerar la pobreza infantil una prioridad de las políticas públicas, no se harán esperar las consecuencias en el fracaso escolar, los riesgos sanitarios, los de exclusión social o la violencia. "Son problemas que se arrastran a lo largo de la vida adulta, que se traducen en paro, adicciones, criminalidad... Urge una respuesta de los gobiernos", afirman los autores del informe. Queda claro que España no ha aprovechado los años de bonanza económica. Por cierto, la pobreza alta afecta a un 7,2% de la población en Catalunya y al 8,8% en España. En la UE, al 5%. los menores que viven en hogares donde sólo trabaja uno de los padres no tienen recursos. El porcentaje se dispara hasta el 62% si en una familia monoparental, el sustentador - generalmente sustentadora- no trabaja.

En este sentido, el modelo de bienestar español, en comparación con otros países, tiene una baja intensidad protectora para personas mayores y muy baja para menores de edad. "Hemos empeorado en los últimos años, España es el único país que ha empeorado su capacidad de reducir la pobreza infantil", explicó ayer Marí-Klose a La Vanguardia."Otros como Francia han mejorado en ambos aspectos, mientras que Reino Unido se comprometió explícitamente a combatir la pobreza infantil y, de hecho, ha mejorado mucho. Blair hizo una apuesta por incentivar el trabajo de las parejas jóvenes con hijos, subsidiando y dando ayudas suplementarias a través de deducciones fiscales y complementos”.

La pobreza infantil deja heridas, advirtió el sociólogo. Si España sigue sin considerar la pobreza
infantil una prioridad de las políticas públicas, no se harán esperar las consecuencias en el fracaso escolar, los riesgos sanitarios, los de exclusión social o la violencia. “Son problemas que se arrastran a lo largo de la vida adulta, que se traducen en paro,
adicciones, criminalidad... Urge una respuesta de los gobiernos”, afirman los autores del informe.

Queda claro que España no ha aprovechado los años de bonanza económica. Por cierto, la pobreza alta afecta a un 7,2% de la población en Catalunya y al 8,8% en España. En la UE, al 5%.

MARICEL CHAVARRÍA
La Vanguardia

Hay asuntos que, según Mariano Rajoy, sirven de coartada al gobierno para distraernos de lo único importante, la crisis económica. Como el de la memoria (justicia) histórica o la reforma y actualización de la Ley del Aborto.

Si no fuera porque todos sabemos que lo quiere Mariano es que el argumento de la crisis económica nos distraiga de todos los problemas pendientes en la gobernación de este país, sería como para temer seriamente que cuando él gobierne será incapaz de llevar en la cabeza más de un asunto. Como el viejo chiste sobre el presidente americano que no podía caminar y mascar chicle al mismo tiempo.

La ampliación de la Ley del aborto, con una ley de plazos en los que se podrá abortar libremente, incomoda particularmente a la llamada derecha moral, la que tiene repartido su corazón entre sus cuentas corrientes y los confesionarios, a partes iguales, la que durante años financió sus abortos en viajes de fin de semana a clínicas de Gran Bretaña.

El gobierno retoma la cuestión, pendiente ya de su estudio desde la anterior legislatura, consciente de que la Iglesia católica exige participar en el debate como interlocutor decisivo.

Aparentemente, nada que objetar. Sólo aparentemente, porque sentar a una mesa de debate a una organización que anuncia de antemano que no admite el debate sobre el asunto a tratar es por lo menos estúpido. Recuerda el caso de José María Aznar cuando se sentó a negociar con la banda terrorista ETA para, según él, no negociar. ¿En qué quedamos?

La vicepresidenta De la Vega aventura una “negociación” de varios meses para que la norma final sea fruto del mayor consenso posible. Pero, ¿consenso con quién? El Vaticano no ha perdido ni un minuto en apuntarse. Por boca del cardenal Levada, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, la vieja Inquisición, el Vaticano pide que el gobierno español establezca un diálogo con la Iglesia.

Muy oportuna la petición. El heredero de la Inquisición, el organismo que condenó a muerte y tortura a miles de adultos por delitos inexistentes, se preocupa por el destino de los nonatos, vengan sanos o con una condena a vivir torturados (ellos y sus familiares) por discapacidades físicas o mentales.

Como ya hemos recordado alguna vez, el problema es el almita. Con un dios de guardia esperando a que terminemos de echar el polvo para colocar un almita indestructible e intocable al cigoto recién creado es imposible dialogar. Porque no se trata de sentar a la mesa a los católicos. Es el Vaticano, con ese espíritu dual de Estado microscópico y universal, que utiliza según convenga a la ocasión (mensajero de paz y de guerra al mismo tiempo), quien se siente legitimado para inmiscuirse en las decisiones de un país soberano. ¿Qué se puede discutir, y en qué términos, con el señor inquisidor? ¿Cuándo un feto es un ser humano? ¿A qué edad puede sufrir con el aborto? ¿Cómo se va a discutir con el señor inquisidor sobre cuestiones fisiológicas si lo único que le importa es el almita?

Manolo Saco

El Gobierno de coalición de Nepal liderado por ex rebeldes maoístas ha derogado el sistema Haliya, una condición similar a la esclavitud, para liberar a unas 20.000 personas de escasos recursos de las manos de prestamistas y terratenientes, dijo el domingo un ministro.

Bajo el sistema, que prevaleció durante décadas en nueve distritos del oeste de Nepal, los prestamistas obligaron a aldeanos pobres a trabajar en sus tierras hasta que paguen su deuda.

A los campesinos se les ofrecían salarios bajos que nunca eran suficientes para alimentar a sus familias y que sólo les permitían pagar sus deudas, quedando atrapados en un círculo vicioso en el que pedían más dinero prestado.

"El Gobierno abolió el sistema el sábado," dijo el ministro de Paz y Reconstrucción Janardan Sharma, un ex comandante rebelde maoísta.

"Cualquiera que practique este sistema será castigado," sostuvo Sharma, sin detallar la pena.

El funcionario declaró que el Gobierno estableció un panel para considerar la rehablitación de las personas que vivieron afectadas por el sistema y de sus familias.

Los maoístas llevaron adelante una guerra civil de una década contra la monarquía hasta la firma de un acuerdo de paz en el 2006.

A inicios de este año, lograron una sorpresiva victoria en las elecciones legislativas y ahora encabezan un Gobierno de coalición.

Durante la insurgencia, en la que murieron más de 13.000 personas, los maoístas aseguraban que estaban luchando por los derechos de las personas sin privilegios y los marginados, en uno de los países más pobres del mundo.

El Gobierno ha anunciado que llevará adelante revolucionarias reformas, en un país donde más del 80 por ciento de una población de 26,4 millones de habitantes subsiste gracias a la actividad agrícola.

Gopal Sharma
Reuters

Los millonarios capean las turbulencias y aumentan un 5% sus fortunas por sexto año consecutivo

El viejo refrán sigue siendo verdad: dinero llama dinero. A pesar de la crisis económica que azota los mercados desde finales del año pasado, las riquezas personales de los millonarios del mundo han subido un 5% hasta alcanzar los 109,5 billones de dólares (76,6 billones de euros), según un informe publicado por el grupo estadounidense Boston Consulting.

Es el sexto año consecutivo en que crecen las mayores riquezas del mundo. Además, según los datos del informe, el crecimiento es mayor en los países en desarrollo, como China, y entre familias que llevan tiempo teniendo tanto dinero.

El 1% de todas las familias poseían el año pasado el 35% de las riquezas del mundo, y el 0,001 por ciento, los más ricos entre los ricos, que poseen al menos 5 millones de dólares (3,5 millones de euros) en activos, contaban con 21 billones de dólares (14,7 billones de euros), un quinto de la riqueza mundial total.

Además, siguen apareciendo nuevos millonarios cada año, aunque sobretodo en los países emergentes de Asia y América Latina. El número de familias millonarias en 2007 creció un 11% hasta los 10,7 millones. BCG resalta también que, mientas los ricos siguen siendo ricos, han realizado varios ajustes como resultado de la crisis financiera.

Durante este año, los activos se están invirtiendo en elementos más conservadores y el dinero se está quedando en los mercados nacionales, además de un descenso de la inversión. El crecimiento de la riqueza personal norteamericana se redujo un 3,8% el año pasado, comparado con el 9% de 2006, lo que refleja la crisis de hipotecas y crediticia.

El crecimiento fue impulsado por las manufacturas en Asia y las materias primas en Latinoamérica y Medio Oriente, así como por una mayor estabilidad política y del tipo de cambio.

BCG señala en este punto que los bancos y entidades financieras no tienen más opción que expandir su presencia a esas regiones de rápido crecimiento. Dubai y Singapur, según sus estimaciones, se están transformando en centros de banca privada regionales que ofrecen una gran competencia a refugios tradicionales como Suiza.

Reuters

El PP propone más participación empresarial en sanidad, educación pública y asistencia a mayores en una ponencia que presentará en el congreso regional

El PP quiere dar un paso más en la privatización de los servicios públicos, en lo que ha bautizado como "la tercera ola de modernización". Primero, dice, fueron los servicios de alumbrado, saneamiento y transporte prestados por los ayuntamientos.

Luego los grandes monopolios como el aéreo y ahora, asegura, es el turno de la educación, la sanidad y la asistencia a mayores, donde las empresas privadas van a tener las puertas aún más abiertas.

Aunque la idea no es nueva. En realidad, lleva aplicándose en Madrid las dos últimas legislaturas, en las que el Gobierno de Esperanza Aguirre ha construido siete hospitales de gestión mixta y ha incrementado la educación privada y concertada, hasta alcanzar el 45% de la enseñanza no universitaria este curso.

La ponencia Servicios públicos de calidad recoge la nueva propuesta que se presentará en el próximo congreso del Partido Popular madrileño, los próximos 19 y 20 de septiembre. El promotor de la iniciativa, el consejero de Sanidad, Juan José Güemes -junto al alcalde de Arganda, Ginés López, y la alcaldesa de Pinto, Miriam Rabaneda-, presentó ayer el documento a los medios de comunicación.

"¿Quieres pagar más impuestos para poder disfrutar de tal servicio o prefieres quedarte el dinero en el bolsillo y decidir tú mismo?", preguntan los dirigentes. Y se responden: mejor quédate tú con el dinero, que nosotros, favoreciendo "la entrada de capital privado en la gestión pública", recortaremos el gasto.Ginés López dibujó las líneas maestras de la ponencia. Y propuso que sean las empresas privadas las que gestionen adecuadamente los sectores de la educación, la sanidad y la asistencia a mayores. En la actual situación, dice la ponencia, las administraciones ejercen un "monopolio" de los servicios públicos, lo que "restringe la libertad de los usuarios". Para acabar con él propone que el Gobierno sólo financie y supervise. "Reforzando el control" a las empresas, indicó Güemes. Aunque ni en la ponencia, ni a preguntas de EL PAÍS, especificó de qué manera.

En educación, los populares proponen extender el modelo cheque-guardería (dinero que reciben los padres de la Comunidad en función de su renta) también a la formación profesional y a la educación superior "mediante cheques-formación y becas universitarias". Es lo Güemes tildó como "financiación al usuario y no al centro público". En Sanidad, la medida se concreta en que "el dinero siga al paciente", según la ponencia, lo que significa que aquellos "servicios más demandados tendrán más financiación", explicó el consejero. Los pacientes podrán "elegir el médico y el centro sanitario" al que desean asistir. Ahora, cada madrileño tiene un área sanitaria a la que debe acudir, dependiendo del lugar donde vive.

La asistencia a los mayores ocupa un lugar secundario en la ponencia. Las medidas se resumen en seguir con la línea de concierto existente, donde la administración financia, y la empresa privada es la propietaria.

Güemes admitió ayer que hay ciertos servicios de titularidad pública que escapan a su propuesta de privatización masiva, como la justicia. "Si pudiéramos elegir qué juez queremos que nos juzgue, se pondría en entredicho su imparcialidad", dijo. Para estos casos, el consejero propone un sistema de incentivos en función de los resultados. "¿No funcionaría que parte de la retribución estuviera vinculada a la rapidez y a la calidad?", lanzó.

Además, la ponencia recoge toda una serie de medidas para incentivar la creación de empresas privadas, como la reducción de normas que regulen las actividades comerciales o el derecho que pretende arrogarse la región de aplicar la norma de cualquier otra comunidad autónoma que proporcione "las condiciones menos gravosas y más rápidas del territorio nacional". Eso, unido a la "eliminación de controles previos" para iniciar una actividad, de forma que "las personas puedan actuar libremente en el mercado sin necesidad alguna de exhaustivas autorizaciones previas".

Es la primera vez que el PP madrileño dedica una ponencia exclusivamente a los servicios públicos. Según Güemes, se basa, además de en "experiencias internacionales", en la propia política que el Gobierno popular de la Comunidad ha puesto en marcha desde su llegada, en 1995.

"A medida que avancen hacia esa ola de privatización vamos a ir oponiéndonos", aseguró ayer el portavoz de Comisiones Obreras, Francisco Naranjo. Y anunció movilizaciones. "Estamos radicalmente en contra de lo que están haciendo", añadió. IU calificó de "sarcasmo" que el PP llame "servicios públicos de calidad para todos" a una ponencia que aboga por la privatización.

REBECA CARRANCO
El Pais

Nunca hubo paz para los vencidos. Hubo dolor en los dos bandos, pero sólo uno fue el vencedor. Y los vencedores escribieron la historia y ajustaron cuentas. Ahora, los que defendieron la legalidad frente a los golpistas reclaman justicia.

La iniciativa de Garzón pidiendo datos a cuatro ministerios, a otros tantos ayuntamientos y a la Conferencia Episcopal sobre desaparecidos y fosas comunes de la época de la Guerra Civil y de la posguerra ha originado un gran revuelo. Y eso que todavía todo está en una fase muy preliminar, en la que, por medio de dos providencias, el juez trata de obtener información antes de pronunciarse sobre si es competente o no para investigar la denuncia presentada por 13 asociaciones para la recuperación de la memoria histórica por crímenes contra la Humanidad atribuidos al régimen del general Franco.

El PP, con Rajoy a la cabeza, reprocha a Garzón que quiera "reabrir las heridas del pasado", mientras las asociaciones judiciales le critican por considerar que la localización de víctimas y la apertura de fosas es una tarea que corresponde al Ejecutivo y que debe ser gestionada por la vía administrativa. Las invectivas se extienden a que la Audiencia Nacional no tiene competencias para investigar genocidios o crímenes contra la Humanidad, salvo que se hayan cometido en el extranjero, y a que, como alegó el fiscal en el escrito en el que se oponía a la apertura del proceso, los posibles delitos cometidos están prescritos o amparados por la ley de Amnistía aprobada por las Cortes en 1977.

Varias de estas críticas tienen buena parte de razón, aunque, por el momento, Garzón está haciendo sus deberes.

Resulta que, por aplicación de la jurisdicción universal, con la bendición del Tribunal Supremo y el Constitucional, en la Audiencia Nacional existen procesos abiertos por genocidio o crímenes contra la Humanidad, terrorismo y torturas por hechos ocurridos en lugares tan dispares como Guatemala, China, Tíbet (dos causas), Palestina, Sáhara Occidental y Ruanda (a pesar de que hay un tribunal internacional para juzgar el genocidio en ese país). También se persigue a cuatro nazis por su participación en las matanzas en los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, y ya se han cerrado causas por las atrocidades cometidas en las dictaduras argentina y chilena.

Precisamente desde que, con la detención del dictador chileno Augusto Pinochet en Londres, la justicia española se convirtió en el perseguidor de los genocidios en todo el mundo, los países implicados han criticado que no hiciera en casa lo que con tanto entusiasmo hace fuera.

La crítica no es del todo justa, porque lo cierto es que la Audiencia investigó y castigó los crímenes de Estado de los GAL de 1982 a 1986, pero otros atentados anteriores, como el asesinato del dirigente etarra José Miguel Beñarán, Argala -uno de los ideólogos de ETA, que murió en Anglet (Francia) en diciembre de 1978 por la explosión de una bomba en su vehículo cinco años después de que él hubiera activado el artefacto explosivo que hizo volar por los aires el coche en el que viajaba el entonces presidente del Gobierno, Luis Carrero Blanco-, nunca se persiguieron en España. Tampoco lo había sido la represión del régimen franquista. Hasta ahora.

Los juristas habrán advertido que Garzón reclama especialmente datos sobre desaparecidos. Es lógico, porque la legislación internacional sobre Derechos Humanos reconoce que las desapariciones forzosas constituyen un delito permanente mientras las víctimas continúen en paradero desconocido. Ésa es la base por la que actualmente el juez Fernando Andreu, de la Audiencia Nacional, investiga la desaparición del dirigente de ETA Eduardo Moreno Bergareche, Pertur