Izquierda Unida recibirá el próximo lunes, día 19 de octubre, a las 16:30 horas, en la Plaza del Infantado de Guadalajara, a los participantes en la Marcha por la Igualdad de Derechos, contra la reforma de la Ley de Extranjería. Momento en el cual será leído un Manifiesto en contra de la modificación de la Ley de Extranjería. Marcha que comenzó el pasado 23 de septiembre en Barcelona y que llegará a nuestra provincia, en Alcolea del Pinar el sábado; Torija el domingo; y Guadalajara el lunes.

"La reforma de esta Ley contempla a las personas emigradas únicamente como medio de producción, no como seres humanos con plenos derechos", ha asegurado el Coordinador Provincial de IU, José Luis Maximiliano Romo, "dificulta la reagrupación familiar; criminaliza al colectivo inmigrante aumentando los tiempos de detención en los centros de internamiento aplicando, de esta manera, la denominada directiva de la vergüenza (Directiva Europea de Retorno); penaliza a los que permitan el empadronamiento de inmigrantes, lo que dificulta el acceso a la educación y la sanidad, castigando así el principio de solidaridad sin medir sus consecuencias en el incremento de la xenofobia y el racismo". En este sentido, el senador de Izquierda Unida, Joan Josep Nuet, junto con senadores de ICV, ERC y Grupo Mixto, votaban a principio de este mes en contra de la Ley de Asilo. Nuet afirmaba en su intervención ante la cámara que "el Gobierno está abanderando una verdadera involución democrática con las iniciativas que a tomado en derecho de asilo, justicia universal y extranjería que vulneran los tratados internacionales suscritos como la Convención de Ginebra, la Declaración de DD.HH y el Convenio Internacional sobre el Estatuto de los Refugiados".

"El nuevo proyecto que ha recibido el respaldo del PSOE y el PP, restringe a los ciudadanos europeos entre sí el derecho a asilo, aumenta las exclusiones para pedir asilo, dificulta los trámites, diversifica los procedimientos administrativos y los espacios de petición, amplia los plazos de detención en frontera, y en general presenta un sesgo restrictivo y conservador", ha finalizado el Coordinador Provincial de IU, José Luis Maximiliano Romo.

Izquierda Unida de Torrejón del Rey ha denunciado, en su Boletín Informativo de este trimestre, la incapacidad del Equipo de Gobierno Municipal del Partido Popular en dicha localidad. "En el Pleno municipal celebrado el pasado 8 de julio, la Concejala de Hacienda aseguró que existía falta de liquidez en el Ayuntamiento y que era necesario pedir un crédito", ha informado el Coordinador Local de IU, Francisco Riaño, "después de habernos pasado a cobro el último recibo del IBI, que en los últimos dos años se ha incrementado brutalmente, no podemos dejar de preguntarnos cómo es posible que no haya liquidez". "La respuesta parece estar detrás de los 8.000 recibos de impuestos y tasas que el Ayuntamiento se muestra incapaz de cobrar a vecinos y empresas desde hace años.

Nada menos que unos 950.000 euros aproximadamente nos cuesta a los vecinos de Torrejón del Rey la inoperancia en este tema por parte del PP. Algunos de esos ocho mil recibos no se podrán cobrar, ya que debido a los años de dejadez en este asunto o han prescrito o están muy cercanos a prescribir, y muchos otros será necesario llevarlos por la vía del contencioso administrativa, con lo que el proceso de cobro se alargará en el tiempo y, si no se está atento como parece que ha ocurrido hasta ahora, podrían dejar de cobrarse", ha denunciado el también Responsable de Organización y Finanzas de Izquierda Unida.

"Así pues, el Equipo de Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Torrejón del Rey parece que practica la "economía virtual". Un Equipo de Gobierno que hace, año tras año, las cuentas de la lechera y presenta en sus Presupuestos anuales (cuadrados al céntimo en ingresos y gastos) unos supuestos ingresos que luego se muestran incapaces de cobrar. Una pésima gestión que el pueblo paga doble. Por una parte lo que no se cobra y por otra lo que el municipio se endeuda al contar con un dinero que nunca llega. El problema es que esta "economía virtual", que le gusta practicar al PP, genera problemas nada virtuales, sino muy reales, como es la necesidad de solicitar un préstamo ante la alarmante falta de liquidez y todo esto tras la brutal subida del IBI que los vecinos de Torrejón del Rey hemos sufrido en los dos últimos años y tras casi una década de bonanza económica, donde el ladrillazo imperante aportó, o debería haber aportado, a las arcas municipales unos sustanciosos ingresos".

Para IU, el PP no sólo es maestro de lo virtual en lo económico. "En las pasadas Elecciones Municipales, y en plena campaña, los miembros de Izquierda Unida de Torrejón del Rey nos quedamos con la boca abierta al comprobar el despliegue de medios que el PP hizo para montar su "mesa informativa", más propia de una inmobiliaria que de un partido político. Una mesa informativa con pantalla plana de grandes dimensiones. (Y, ante la ausencia de un generador y situados junto a la base de una farola municipal, adivinen ustedes de donde pudieron "tomar prestada" la luz). Una mesa informativa llena de planos e imágenes virtuales de las maravillosas dotaciones que el pueblo iba a tener en caso de que el PP ganara las elecciones. Y ganaron. Pero al final todo esa colección de edificios virtuales se quedó en eso, en virtual. Suponemos que para las próximas elecciones harán lo mismo puesto que parecen ser maestros de lo virtual", ha finalizado Francisco Riaño, Coordinador Local de IU de Torrejón del Rey.

Izquierda Unida llevará de nuevo la Financiación Local al Pleno de la Diputación Provincial de mañana jueves para solicitar del Gobierno Central que, con carácter inmediato, añada a los Fondos Especiales de Inversión previstos un Fondo General de 3.000 millones de euros destinado a financiar el creciente gasto corriente al que deben hacer frente los ayuntamientos. También llevarán al Pleno una Moción de Condena de la violencia en la localidad de Galápagos.

"Desde hace más de treinta años, los ayuntamientos español han venido reclamando una solución justa en materia de financiación, medida que lejos de alcanzarse se ha ido demorando de un modo inexplicable en el tiempo", ha asegurado el Diputado Provincial de IU, Jesús Recuero, "lejos de avanzar en la mejora de la financiación, en estos años, se han producido decisiones y hechos que han ido agravando la situación hasta límites insostenibles. Hemos visto como se incumplía el compromiso de abordar la financiación local de los ayuntamientos, al mismo tiempo que se define el nuevo modelo de financiación autonómica y cómo los ayuntamientos han sido relegados a un segundo plano en la redistribución de los recursos públicos. Los ayuntamientos, ante la dejadez de otras administraciones, han ido asumiendo competencias impropias que se están financiando con recursos municipales que deberían ser financiadas por otras administraciones. Si a ello unimos una financiación insuficiente e injusta, un modelo desigual, confuso y parcial o, por ejemplo, decisiones como la retirada del Impuesto de Actividades Económicas sin la compensación oportuna por parte del Estado y la creciente demanda social de servicios, podemos concluir que se ha llegado a una situación inadmisible. Ya no caben demoras, demagogias, ni disculpas. Todos sabemos que en épocas de crisis es imprescindible que existan recursos suficientes para paliar las necesidades de las clases populares que son victimas del paro, las hipotecas, el aumento de los precios de los productos básicos, etc. Todos sabemos que estos ciudadanos al primer lugar al que acuden con su angustia y sus necesidades son a los ayuntamientos. En este sentido, puede afirmarse que los problemas financieros de los Ayuntamientos son problemas sociales para la ciudadanía".

Condena de la violencia El municipio de Galápagos ocupó el primer plano de la actualidad informativa a finales del pasado mes de agosto tras los hechos acaecidos con motivo del encierro por el campo que se celebró el día 21 y que estaba incluido en el programa de fiestas. En el transcurso de este festejo taurino, se produjo un altercado en el que se vieron involucrados dos miembros del Partido Antitaurino Contra el Maltrato Animal (PACMA) y un equipo del canal de televisión Telecinco, que se desplazaron a la localidad para realizar un reportaje sobre el evento. Una vez concluidas las fiestas, la organización Ecologistas en Acción denunciaba ante los medios de comunicación la quema de un vehículo propiedad de la familia de un vecino del municipio, que es miembro de dicha organización. En el comunicado se asegura que el incendio fue provocado por un grupo de vecinos de Galápagos que, de ese modo, señalaron al propietario del mismo como causante del supuesto aviso a la prensa sobre las situaciones que se producen en los encierros por el campo que se celebran en el municipio.

"Solicitamos que la Diputación Guadalajara manifieste su enérgica repulsa hacia cualquier acción que atente contra las libertades de expresión, pensamiento, opinión e información, manifestadas libremente por ciudadanos, medios de comunicación, y asociaciones y colectivos independientes, derechos que están reconocidos y amparados por la Constitución Española; condene de forma unánime y sin paliativos las expresiones de violencia que han sufrido personas y propiedades, y cuya finalidad última es la diferencia de ideas, todas ellas legítimas, entre las víctimas y sus agresores; y realice un llamamiento a los vecinos para que sigan construyendo juntos una sociedad que garantice la paz y la libertad de todos", ha finalizado el Diputado de IU, Jesús Recuero.

Izquierda Unida de Guadalajara quiere hacer un llamamiento a la participación en la Jornada Mundial "Por el trabajo decente", convocada por CC.OO y UGT para mañana miércoles, día 7 de octubre, a las 19:00 horas, en la Plaza de Santo Domingo.

    "Vamos a centrar nuestras reivindicaciones en la defensa del empleo y la protección social, así como en la necesidad de que la patronal desbloquee de forma urgente la negociación colectiva manteniendo el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras", asegura el Secretario de Organización de IU de Castilla-La Mancha, José Damián García-Moreno, "así mismo, reivindicamos un acuerdo de negociación colectiva que limite la temporalidad y garantice la estabilidad en el empleo, que incluya medidas para mejorar la formación de los trabajadores, medidas de igualdad y  medidas concretas en materia de seguridad y salud laboral. Por todo ello, este 7 de octubre tenemos que salir a la calle y levantar nuestra voz, lanzando un mensaje concreto a la patronal y al Gobierno de que así no podemos seguir y de que tenemos alternativas".

    Para el Coordinador Provincial de IU, "la crisis en España, que tiene particularidades que otras economías mundiales no sufren, entre ellas la sobredimensión del sector de la construcción y un nivel de temporalidad en el empleo cercana al 30%. Ambas situaciones y algún otro factor han situado el paro en España en más de un 18%. Guadalajara lejos de librarse de esa losa, resulta que con 511 nuevos parados se sitúa como la provincia donde más ha aumentado el paro en toda Castilla- La Mancha".

    "Nuestra provincia en particular, y España en general, necesita medidas urgentes que reactiven la economía y reorienten nuestro modelo productivo, fortalezcan nuestro sistema público de empleo, refuercen las políticas sociales, y garanticen la protección a los colectivos más desfavorecidos. Estas necesidades chocan frontalmente con las medidas fiscales del gobierno que, lejos de tener una orientación social y animar al consumo, gravan a las clases medias y trabajadoras a través de los impuestos indirectos, mientras los poderosos dueños del capital se frotan las manos al comprobar como ganan más dinero que el año pasado", denuncia el Secretario de Organización de IU de Guadalajara, Francisco Riaño, "mientras tanto, la CEOE vuelve a poner sobre la mesa las viejas recetas de "abaratar el despido" camuflándolas en el eufemismo de la "flexibilización laboral" y bloquea las mesas de diálogo social con pretensiones que nos resultan indecentes en estos tiempos".

    Para Izquierda Unida es hora de que los trabajadores digamos basta. Es hora de movilizarse, trabajadores y trabajadoras de Guadalajara. ¡¡¡Es hora de movilizarse por un trabajo decente!!! 

Francisco Riaño: “Intentaré ser útil en estos tiempos de crisis capitalista”

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El concepto de desarrollo sostenible se popularizó a partir del año 1987 con la publicación de “Nuestro Futuro Común”, más conocido como Informe Brundtland.

En él se dibuja el mundo como un sistema global, en el que la búsqueda de progreso económico debe considerar aspectos como la calidad de vida, la preservación del medio ambiente o el compromiso ético con las generaciones venideras. Aunque la concreción real de la idea por parte de las opciones políticas y sociales no ha estado exenta de contradicciones, hoy existe consenso a la hora de cuestionar el crecimiento desmesurado y se piensa en un equilibrio entre la sostenibilidad económica, la ecológica y la social. La primera está inserta en el concepto de renta de Hicks, que afirma que a las ganancias de capital y los valores añadidos hay que sumar los beneficios y males ambientales; se debe regular la cantidad máxima de consumo en un período para no agotarlo en el futuro, algo que algunos países ya han asumido.

El presidente Zapatero presentó en el estado de la nación unas ideas sobre la economía sostenible en las que cuesta reconocer rasgos claros de los anteriores postulados. Se esperaba con expectación la concreción del plan pero aún hoy el Gobierno dice que éste se encuentra “en una fase muy preliminar e incipiente”. Dado que el tiempo pasa y los modelos vigentes de crecimiento económico se han colapsado, cabe pedir una acción urgente liderada por el gabinete y con la participación de los colectivos sociales. Uno y otros, a tenor de las declaraciones, parten de posiciones ancladas en inercias pasadas, proponen medidas como proporcionar incentivos a las empresas para que produzcan más y esto provoque un aumento del consumo por parte de los ciudadanos, lo cual vulnera el principio de sostenibilidad. Los que no somos economistas acudimos a la página del Observatorio de la Sostenibilidad español (OSE) para conocer los indicadores ambientales que miden la fortaleza social y la evolución que presentan. Hay motivos suficientes para sentirse preocupados.

El plan del Gobierno requiere algo más que cifras, si bien éstas son necesarias para concretar cómo se financia. El mercado actual libre ha marginado posiciones comerciales que abogaban por la remuneración equitativa (uno de los Derechos Humanos universales desde1948 según la ONU), la corresponsabilidad social y el comercio justo, para asegurar escenarios de futuro para todas las personas. Como apuntaba Habermas, quizá sea necesario mantener el mercado sometido a un cierto control del Estado, que permita la domesticación social y ecológica de la economía, y neutralice así los efectos no deseados del mercado capitalista.

Son muchos los ámbitos en los que proponer ideas de sostenibilidad: energía, transporte, gestión del medio natural, residuos, modelo de ciudad, salud colectiva, participación social, etc. Aunque para cada uno caben acciones concretas, vale para todos como principio rector el compromiso moral de asegurar estímulos de vida a las generaciones venideras. Para no quedarse en la palabrería de siempre, es imprescindible acometer con valentía un proceso de cambio estructural. Entre otras acciones, la explotación de los recursos ha de permitir su regeneración; hay que promover una mudanza en los valores humanos que evite el declive de la estabilidad social y que conduzca a los individuos a preservar el capital natural. En consecuencia, convendría primar actividades productivas que lleven el sello de sostenibilidad tanto en los procesos como en los productos que generan.

A pesar de la crisis actual, el Gobierno y los agentes sociales deben ponerse de acuerdo a la hora de proponer escenarios para el cambio de modelo, que convenzan a los ciudadanos de sus actuaciones. Algunos las entenderán, otros las cuestionarán; a todos hay que hacer ver que el interés personal es lícito pero se ha de compaginar con el beneficio social. Todavía no tenemos muy claro cómo resolver los problemas planteados por las crisis financieras, los riesgos ecológicos, la sostenibilidad de las prestaciones sociales o el futuro de Europa. Por eso hay que escuchar a aquéllos que, como el profesor Innenarity, postulan que para lograrlo es necesario un enorme esfuerzo de imaginación colectiva apoyado en la fuerza transformadora de los estilos de vida.

Ecología y Desarrollo

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Cayo Lara también planteó la congelación para las clases medias y que los parados reciban 700 euros mensuales por trabajar 25 horas a la semana y recibir 10 horas de formación.

El coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, propuso este sábado reducir en un 25% la cuota del IRPF para todos las personas con ingresos inferiores a 21.000 euros, lo que afectaría a 12,5 millones de contribuyentes, el 65% del total.

Es el tercer año consecutivo en que Bustares celebra actos de carácter republicano.

La Asociación Cultural ICARIA, la Asamblea Republicana de Bustares e IU han celebrado este sábado en la localidad un acto de homenaje a dos de sus maestros represaliados por el franquismo, Antonio Sobrino Sobrino y Cipriano Valderrama Fonseca. El homenaje que se ha desarrollado a lo largo de toda la jornada, se iniciaba a las 15.00 horas con una comida en la sede de la Asociación Cultura ICARIA y continuaba a las 19.00 horas con el descubrimiento de una placa que en recuerdo de estos maestros se ha colocado en el antiguo colegio de la localidad.

El secretario provincial de IU, José Antonio López-Palacios, explicó en un comunicado que es el tercer año consecutivo que Bustares se convierte en la capital del republicanismo en la provincia y que las tres organizaciones convocantes continuarán en años sucesivos organizando encuentros para reivindicar los valores de la República.

Asimismo, aseguró que "uno de los pilares fundamentales de la República fue su importante labor educativa y por ello en todos aquellos homenajes que se realizan para ensalzar esta labor estará Izquierda Unida".

"Hoy recordamos a dos hombres, dos maestros que educaron a una generación de bustareños y cuyo legado esta a día de hoy presente en el corazón de muchos de ellos que continúan con la labor de mantener y difundir los ideales y valores republicanos", concluyó el secretario de Organización de IU, que asistió el sábado a Bustares en representación de su formación política.

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Izquierda Unida ha pedido hoy a la Fiscalía Anticorrupción que "depure todas las responsabilidades que pueda haber en el caso Seseña" a la vista de los nuevos datos aparecidos sobre la presunta conexión de este asunto con la operación Malaya y que lo haga "con celeridad".

En una rueda de prensa celebrada en Toledo para valorar dichos datos, el coordinador regional de IU, Daniel Martínez, ha asegurado que "si ya teníamos en Castilla-La Mancha la mayor operación especulativa de vivienda del país", ha dicho en alusión a las 13.500 viviendas promovidas por Francisco Hernando "El Pocero" en Seseña (Toledo), "sólo nos faltaba la conexión con la operación Malaya".

El diario El Mundo publicó la semana pasada que el ex alcalde de Seseña que adjudicó a Francisco Hernando la construcción de dichas viviendas "se hizo rico" al recibir 700.000 euros de Gianni Montaldo, un italiano que fue procesado en el caso Malaya y que está relacionado con la mafia de Calabria (Italia).

Estas noticias "no son un buen ejemplo para Castilla-La Mancha", ha aseverado el dirigente regional de IU, quien ha agregado que "no entendemos que la Fiscalía Anticorrupción no haya llamado a declarar a Francisco Hernando ni se hayan investigado las obras que su empresa Onde 2000 hizo en la "Hípica Almenara", propiedad de José Bono".

"Hay que saber quién pagó esas facturas", ha aseverado Martínez, para quien la Fiscalía Anticorrupción debería investigar la coincidencia de la aprobación de la tramitación del PAU de "El Quiñón" y de las obras en la hípica de Bono a cargo de una empresa de Francisco Hernando.

A este respecto, el responsable regional de Organización de IU, José Damián García, en alusión velada al caso de los trajes del presidente valenciano Francisco Camps, ha manifestado que aquí se puede hablar, en lugar de trajes de lino, "de trajes de ladrillo".

Martínez ha asegurado que el PAU del Quiñón fue una recalificación de dos millones de metros cuadrados para construir 13.500 viviendas en un pueblo que apenas superaba las 2.000, para hacer "un negocio de extraordinarias dimensiones", injustificable desde el punto de vista económico y social.

El dirigente regional de IU ha recordado que "el culebrón de irregularidades y actuaciones ilícitas" para aprobar dicho PAU comenzó en noviembre de 2002, siendo alcalde de Seseña el socialista José Luis Martín, hoy imputado por la Fiscalía Anticorrupción.

Ha recordado también "las prisas" que caracterizaron la aprobación de este proyecto los días 6, 7 y 8 de mayo de 2003, previos al inicio de la campaña electoral de los comicios autonómicos y municipales del citado año, que supusieron la salida del gobierno municipal de Martín y la entrada de Manuel Fuentes, de IU.

Así, ha recordado que el 6 de mayo la Comisión Provincial de Urbanismo aprobó un expediente vinculante sobre el PAU "El Quiñón", que llegó al Ayuntamiento de Seseña tan solo dos días después, el 8, fecha en que el pleno municipal aprobó dicho proyecto, al contar también con la declaración de impacto ambiental "elaborada ese mismo día en una reunión a la que asistió el alcalde de Seseña, el consejero de Urbanismo, algún director general y 'El Pocero', y que, por tanto, no tenía registro de entrada y salida del Ayuntamiento".

Segun Martínez, durante la celebración de ese pleno, al ser preguntado Martín por "esa gran irregularidad", el entonces regidor municipal contestó que "la Junta le había dado el o.k.", lo que, según Izquierda Unida, demuestra que "el alcalde no estaba solo" y que "sin el apoyo del Gobierno regional, no habría Quiñón".

Refiriéndose al PP, Martínez se pregunta por qué sus dirigentes "piden ahora tantas explicaciones", cuando sus concejales dieron su voto favorable a la aprobación definitiva de la tramitación de este programa de actuación urbanizadora en octubre de 2003, "en conjunción de intereses con el PSOE", por lo que el proyecto salió adelante por ocho votos a favor -4 del PSOE y 4 del PP- frente a los 5 de Izquierda Unida.

Por su parte, la coordinadora provincial de IU ha denunciado el "acoso" ejercido por "El Pocero" contra el alcalde de IU de Seseña y contra el trabajo de otros compañeros de esta coalición, contra la que hay presentadas quince querellas, por el hecho de haber denunciado las presuntas irregularidades cometidas en la tramitación de "El Quiñón".

A preguntas de los periodistas sobre la actual situación de los vecinos de "El Quiñón", el coordinador regional de IU ha resaltado que "más de 2.000 familias tienen una carencia de servicios evidente, con problemas para el abastecimiento con agua potable, problemas de comunicación con la autovía, el alcantarillado y la terminación de la urbanización", a lo que se une el impago de impuestos por parte de "El Pocero", que se traduce en "un colapso económico" del consistorio que afecta a todos los vecinos de Seseña.

EFE mmc

El coordinador regional de IU, Daniel Martínez, ha reivindicado la necesidad de crear un Fondo Regional de Mantenimiento Forestal para los municipios de Castilla-La Mancha durante una visita a una de las zonas afectadas por los incendios de la pasada semana en la Serranía conquense.

Según ha explicado Martínez en nota de prensa, "con esta propuesta pretendemos que el Gobierno regional dote a los ayuntamientos de un fondo adicional para la poda, limpieza y mantenimiento general de la masa forestal, con el objeto de actuar de forma intensiva y eficaz durante los meses de invierno para prevenir posibles incendios forestales en época estival en cada uno de los municipios de la región".

Según IU, este Fondo ayudaría a interconectar y a implicar de forma aún más directa a los vecinos con su entorno natural y posibilitaría la creación de un buen número de puestos de trabajo y el desarrollo económico de muchas localidades, en definitiva supondría una apuesta por la sostenibilidad y por la creación de empleo local con un alto valor añadido, añadió Daniel Martínez.

Por su parte, la concejal de la formación en el Ayuntamiento de Cuenca, Ana Cruz, ha señalado que “estaremos atentos a que cada euro que se destine a la zona, declarada catastrófica próximamente en pleno extraordinario, se invierta con criterios racionales desde la sostenibilidad ecológica, económica y humana, con calma, dejando que la propia naturaleza reaccione, pero sin pausa porque el tiempo es importante para todos los vecinos. Hemos constatado como los trabajadores y trabajadoras que la semana pasada exigían las negociaciones sobre su convenio tenían sobradas razones en cuanto a los medios con los que trabajan, las horas, las infraestructuras y las categorías laborales. No fueron atendidos por la administración regional y sin embargo se les ha dicho que son héroes. En Castilla La Mancha no queremos héroes sino personas bien formadas, responsables, satisfechas, dentro de lo razonable, en sus condiciones de trabajo con medios actuales y suficientes para realizarlo”, añadió.

A la visita han acudido simpatizantes y concejales de IU que se han acercado con sus propias experiencias desde Buenache de la Sierra hasta Valdemeca intercambiando impresiones con la Coordinadora regional Ana Sánchez, la Coordinadora local Nuria Gallarte y miembros de la asamblea de IU Cuenca quienes, junto a Daniel Martínez, han visitado la zona quemada de Poyatos y alrededores, comprobando las dimensiones de la tragedia ecológica, económica y humana que ha supuesto el enorme incendio que ha afectado a más de 3000 hectáreas en la Serranía conquense.

“Queremos destacar es el gran trabajo realizado por los retenes forestales que durante varios días, casi una semana entera, han luchado contra el fuego en una condiciones muy difíciles no sólo climáticas sino orográficas. En este recorrido hemos podido comprobar in situ las dimensiones de esta tragedia y los vecinos nos han informado de las consecuencias ecológicas, económicas y humanas que resultan de este incendio”, ha dicho el coordinador regional de IU. 

El entonces alcalde socialista de Seseña, José Luis Martín, recibió el dinero de Gianni Montaldo, coincidiendo con el permiso para las 13.000 viviendas de Hernando - Montaldo, vinculado a la mafia calabresa, está procesado en la 'Operación Malaya' por dar dinero a su amigo Roca para favorecer sus intereses en Marbella - El ex alcalde, un taxista con un sueldo de 1.800 euros, había justificado sus elevados gastos presentando a la Fiscalía cinco cupones premiados de la ONCE.

Hay un camino que va de Marbella a Seseña. Dos empresas controladas por Gianni Montaldo, amigo de Juan Antonio Roca, pagaron más de 700.000 euros a José Luis Martín, el ex alcalde socialista que adjudicó al constructor Francisco Hernando, El Pocero, una urbanización de 13.000 viviendas. Montaldo está procesado por sobornos en el caso Malaya y, según el juez Miguel Ángel Torres, vinculado a la mafia de Calabria.

EL MUNDO ha tenido acceso a las facturas que demuestran esos pagos por una «intermediación» inmobiliaria, que se produjeron justo en las fechas en que se tramitaba el plan y que han sido incorporadas por la Fiscalía Anticorrupción a las diligencias que se siguen en un juzgado de Illescas (Toledo) contra José Luis Martín -de momento, el único imputado- por los presuntos delitos de prevaricación y cohecho en la adjudicación de la urbanización.

Viene de primera página

José Luis Martín no tiene estudios y, hasta que en 1987 accedió a la Alcaldía de Seseña, era el taxista del pueblo. Conducía un R-12. Cuando declaró ante la fiscal Belén Suárez a principios de 2008, Martín -que cobraba menos de 1.800 euros al mes como edil- intentó justificar el origen de su fortuna en un golpe de suerte: aseguró que le había tocado el cupón y presentó una fotocopia de cinco billetes de la ONCE premiados.

Lo que no dijo a la fiscal es que, a través de una empresa llamada Servicios y Desarrollos Culturales Norte, había facturado 702.342,20 euros entre diciembre de 2002 y octubre de 2003 a las sociedades Inverespaña Sema y Sur Inversiones Sema, domiciliadas en la lujosa urbanización Las Lomas de Arroyo Judío, en Estepona, y apoderadas por Gianni Montaldo y su esposa, Tatiana Annetta Eugenia Triacca. Por ahora, un representante de Inverespaña Sema tendrá que declarar ante la juez.

El administrador único de Servicios y Desarrollos Culturales Norte es Óscar Martín, el hijo del ex alcalde que trabajó como camionero para El Pocero. José Luis Martín y su mujer, Aquilina Pardo, aparecen como apoderados.

El 2 de diciembre de 2002, Servicios y Desarrollos Culturales Norte facturó 120.202,42 euros, más 19.232,38 de IVA, a Inverespaña Sema. El concepto de la factura, que firma el propio ex alcalde de Seseña, es: «Comisión por la intervención en la venta de aprovechamiento urbanístico correspondiente a: 2.806 metros cuadrados en la unidad de ejecución UEP-R21 Los Pinillos II. Escritura Pública ante notario de Estepona, de 2 de agosto de 2002».

Ese año es, precisamente, el primero del que consta en el Registro Mercantil un balance de Servicios y Desarrollos Culturales Norte, creada en 1996 y domiciliada en el edificio Gorch-Fock de Vélez-Málaga. Y ésa fue la única factura que declaró en 2002. Además, su objeto social no se corresponde con la prestación de servicios inmobiliarios. Según el Registro Mercantil, es la «elaboración y gestión de todo tipo de informes, estudios y dictámenes basados en cualquier aspecto relativo a la sanidad, asistencia y servicios sociales para niños, jóvenes, disminuidos físicos o psíquicos y ancianos».

El 15 de marzo de 2003, la empresa de los Martín facturó 112.593,08 euros, IVA incluido, a Sur Inversiones Sema, por el concepto: «Anticipo a cuenta de honorarios: Intermediación según contrato de fecha 1 de septiembre de 2002».

Firma, de nuevo, el padre de familia, que suscribe también las ocho facturas sucesivas que se emiten por el mismo concepto a la misma sociedad: el 25 de marzo de 2003, por 56.816,80 euros; el 20 de abril, por 58.116; el 15 de mayo y el 15 de junio, por 50.072,56 cada una; el 15 de julio, por 55.680; el 25 de agosto y el 25 de septiembre, por 59.160 cada una, y, finalmente, el 25 de octubre de 2003 por 61.236,40 euros. La suma de esas cantidades, detraído el IVA, coincide exactamente, céntimos incluidos, con la facturación que declaró ese año la firma de Martín.

Es decir, que antes de 2002 no consta que Servicios y Desarrollos Culturales Norte facturase a nadie ni que José Luis Martín se dedicase a la «intermediación» inmobiliaria, y en 2002 y 2003 sólo facturó, por cientos de miles de euros, a las empresas de Montaldo. En 2004, la facturación cayó hasta los 6.000 euros.

En esas fechas, José Luis Martín realizó los gastos que la fiscal consideró injustificados y que motivaron una denuncia, tras dos años de investigación, ante la juez de Illescas Carmen Martín: tres fondos de inversión por 446.000 euros en total y un depósito en efectivo por 77.208. Además, obtuvo un préstamo hipotecario para comprar, por 250.000 euros, dos chalés a El Pocero. En una conversación con EL MUNDO, Martín aseguró que no conoce a Montaldo y que no hay nada ilícito en su actuación, y se quejó de la lentitud con la que avanza el proceso en el que él sigue siendo el único imputado. El constructor Francisco Hernando ni siquiera ha sido llamado a declarar, ni en los dos años en que la Fiscalía Anticorrupción dirigió la investigación, ni desde que las diligencias están judicializadas. En ningún momento el procedimiento se ha dirigido directamente contra él.

El Residencial Francisco Hernando se registró en el Ayuntamiento de Seseña en noviembre de 2002 -un mes antes de la primera factura-, la administración autonómica que presidía José Bono lo tramitó con una celeridad insólita y, finalmente, el Consistorio lo aprobó el 8 de mayo de 2003, todavía sin dos documentos indispensables: la declaración de impacto ambiental y el informe de la Comisión Provincial de Urbanismo que debía valorar las necesidades de agua de la nueva ciudad, en la que podían llegar a vivir más de 40.000 personas. El 8 de mayo era, precisamente, el último día hábil que tenía el Ayuntamiento para reunirse en Pleno antes de las elecciones municipales, que acabó perdiendo José Luis Martín en favor de Manuel Fuentes (IU), que denunció la adjudicación en julio de 2006. Hace ya más de tres años.

Este periódico publicó en enero que El Pocero había decidido abandonar Seseña -donde sólo ha construido 5.096 viviendas, de las que más de 2.000 tuvo que endosárselas a los bancos- para centrarse en sus planes empresariales en Guinea. El Gobierno del país africano desmintió después en El Economista que tuviese permiso para construir allí.

Actor destacado en 'Malaya'

Giovanni (Gianni) Piero Montaldo aparece como actor destacado en el sumario del 'caso Malaya'. En el auto de procesamiento se asegura que, «según informes policiales, se le relaciona con la mafia calabresa llamada 'Ndraghetta'». La Policía lo investigó a principios de esta década por su supuesta relación con una red de blanqueo vinculada al tráfico de cocaína que lideraría el capo Gianni Meninno.

El juez Torres le procesó por sobornos al haber entregado 540.000 euros a Roca para favorecer los intereses inmobiliarios de la treintena de empresas que maneja. Uno de los pagos se destinó a conseguir licencia para 154 viviendas que construiría Sur Inversiones Sema, una de las sociedades que contrató al ex alcalde de Seseña.

En todo el auto de procesamiento sólo aparece en una ocasión la palabra 'amigo': precisamente para referirse a la relación entre Montaldo y el cerebro de 'Malaya'. Según el juez, «aparece de forma continua entre los listados de llamadas de personas que tratan de hablar con Roca». Se encuentra en libertad bajo fianza de 150.000 euros, y tuvo que desembolsar otros 750.000 para hacer frente a sus posibles responsabilidades.

El vínculo con Marbella

Aparentemente, el único vínculo conocido entre el constructor Francisco Hernando, 'Paco el Pocero', y Marbella tiene un nombre propio: el del abogado José Luis Sanz Arribas, con despacho en la capital de la Costa del Sol y tan relacionado con la alta sociedad marbellí que presidió hasta hace poco el lujoso club de golf Las Brisas.

La relación entre ambos es mucho más que profesional. Aparecen juntos en todas las comparecencias públicas del constructor y han manifestado reiteradamente que son como hermanos. El hijo de Sanz Arribas, José Luis Sanz Cid, participa en alguna de las sociedades de 'El Pocero' y tiene una estrechísima amistad con sus hijos.

Sanz Arribas alcanzó gran fama por su hábil estrategia de defensa de los golpistas del 23-F Enrique Bobis y José Cid Fortea, y después representó con éxito al capo de la mafia Giovannello Greco y al traficante de armas afincado en Marbella Monzer al Kassar. También ha prestado servicios para Corporación Nueva Marbella, una de las sociedades del multimillonario magnate del juego Judah Binstock.

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Hoy, 5 de agosto de 2009, se cumplen 70 años del asesinato de Estado de Ana López Gallego, Victoria Muñoz García, Martina Barroso García, Virtudes González García, Luisa Rodríguez de la Fuente, Elena Gil Olaya, Dionisia Manzanero Sala, Joaquina López Laffite, Carmen Barrero Aguado, Pilar Bueno Ibáñez, Blanca Brisac Vázquez, Adelina García Casillas y Julia Conesa Conesa, conocidas como las 13 rosas, varias de ellas menores de edad, y de otros 43 miembros más de las Juventudes Socialistas Unificadas.
 
            Como las trece rosas otras más de 190.000 personas fueron sistemáticamente asesinadas por el franquismo tras juicios farsa o murieron en circunstancias no esclarecidas en prisión como parte de la persecución de los defensores de la República española. Y al igual que en el caso de los más de 150.000 desaparecidos de las fosas y los miles de niños perdidos, tanto ellos como sus familias continúan privados hoy, tras treinta años de Estado constitucional, de sus derechos de “verdad, justicia y reparación” por parte de nuestro Estado.
 
            Por todo ello instamos al Gobierno de España
 
            a) A que impulse la apertura de los procedimientos penales contra estos crímenes contra la humanidad no prescritos en cumplimiento de su deber de emprender una “investigación oficial efectiva e independiente” dirigida al esclarecimiento de la verdad y la depuración de las responsabilidades penales, civiles, administrativas o de cualquier otra índole a que se pudiera dar lugar.
 
            b) Otorgue a estas víctimas y muy especialmente a sus familias el pleno reconocimiento debido como “víctimas de violaciones manifiestas de los derechos humanos”, de conformidad con la Resolución 60/147 de la Asamblea General de Naciones Unidas, dando cumplimiento a las cinco formas de reparación por parte del Estado previstas en la misma – restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición –, y en particular, a las siguientes obligaciones especialmente urgentes.
 
1)      La nulidad de todas las sentencias como forma de reestablecimiento de la dignidad, la reputación y los derechos de las victimas y de sus familiares. Las ejecuciones fueron crímenes de lesa humanidad y no pueden ser consideradas derecho legítimo
2)      Una disculpa pública por parte del Estado español que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de las responsabilidades.
3)      La proclamación parlamentaria de un día nacional de homenaje y recuerdo a los ejecutados del franquismo y a sus familias, y la denominación, en sus respectivos lugares de residencia, de calles y edificios públicos con sus nombres como forma de permanente homenaje y siguiendo los precedentes en la materia de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
4)      La inclusión de una exposición precisa de las violaciones ocurridas en la enseñanza de las normas internacionales de derechos humanos y en el material didáctico a todos los niveles.
5)      La derogación de la inaceptable convalidación jurídica de todas estas muertes operada por la ley de la memoria, que otorga el rango de resolución jurídica con defectos de forma y fondo a lo que fueron meros asesinatos.

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El coordinador regional de Izquierda Unida, Daniel Martínez, ha dicho este lunes que su partido no firmará el Pacto por Castilla-La Mancha porque el documento final "está lejos de la política de izquierdas" aunque "introduce mejoras en planes, acuerdos y actuaciones anteriores".

El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, presidirá este martes, en el Archivo Regional, la firma del Pacto con los representantes de los agentes sociales.

En rueda de prensa, Daniel Martínez ha explicado que IU tomó la decisión de no rubricar el Pacto por unanimidad en el Consejo Político Regional de Izquierda Unida el pasado jueves, el mismo día en el que se conoció que había un principio de acuerdo entre las organizaciones políticas y económicas implicadas.

En este sentido, ha señalado que su decisión no la han comunicado por escrito pero ha afirmado que sí la conoce la vicepresidenta de Castilla-La Mancha, María Luisa Araújo, con quien mantuvo una conversación en la que ésta "se mostró muy cordial y respetuosa".

A pesar de que IU no firmará el Pacto, Martínez ha elogiado la iniciativa de Barreda de convocar a las organizaciones sindicales, empresarios, administraciones y partidos políticos a un Pacto social por Castilla-La Mancha para salir de la crisis, pero ha señalado que "el resultado final no ha cubierto las expectativas iniciales".

Además, ha criticado la posición del Partido Popular por no participar en el Pacto y ha señalado que el PP "no está en la onda" sino que "está más preocupado en hacer daño político".

Daniel Martínez ha dicho que el documento final, que recoge 86 medidas para combatir la crisis y reorientar el modelo productivo, no incluye "ninguna reflexión y valoración de políticas anteriores" por lo que "si piensan que nada ha fallado, las soluciones pasarán por la mismas recetas que provocaron la crisis".

Además, ha señalado que las medidas son "muy genéricas y carecen de dotación económica" por lo que ha explicado que su aplicación dependerá de los presupuestos generales que el Gobierno regional elabore para 2010.

Barreda ha asegurado, según un comunicado de la Junta, que la mayoría de las 80 propuestas del Pacto llevan aparejado su correspondiente partida presupuestaria, algo que quedará reflejado en los Presupuestos Regionales de 2010.

El coordinador de IU, además, ha enumerado una serie de motivos específicos por los cuales su partido no rubricará mañana el Pacto por Castilla-La Mancha.

Así, ha dicho que el documento final del Pacto no incluye rectificaciones en políticas concretas de urbanismo y vivienda de los últimos años.

En este sentido, ha afirmado que el documento recoge un Pacto por la vivienda en el que "IU no ha participado y ni siquiera conoce" porque fue acordado antes de que empezaran las negociaciones por el Pacto.

Además, ha señalado que IU tampoco ha participado en el Pacto por el cambio climático que también se incluye en el documento pero que fue negociado con anterioridad.

Por otro lado, Daniel Martínez ha explicado que el Plan de Choque, que se contempla en el documento, tampoco fue consensuado por IU, y ha dicho que es "escaso en dotación económica y objetivos básicos" debido al gran número de desempleados en la región.

Otro de los motivos por los que IU no firmará el Pacto, según ha dicho, es la ausencia en el documento de la política fiscal, ya que no se ha considerado la recuperación del impuesto de sucesiones ni se ha recogido la progresividad fiscal en la contribución a las arcas públicas.

Según Martínez, el documento tampoco contempla un avance en el modelo de transporte y comunicaciones en la región y ni siquiera invierte "un solo euro" en una red ferroviaria para vertebrar la región.

Por otro lado, ha señalado que el documento no recoge una adecuada dotación presupuestaria en protección social.

Además, ha explicado que no existe una apuesta clara y decidida por el I+D+i, ya que sólo se destinan dieciséis millones de euros en tres años.

Otro de los motivos que ha señalado, es que no se considera la posibilidad de crear una Entidad Pública de Crédito y Ahorro para "ayudar al tejido económico y social de Castilla-La Mancha".

Por último, ha dicho que IU desearía llevar estas propuestas a las Cortes de Castilla-La Mancha pero ha afirmado que para eso el PSOE "debe modificar una ley electoral que sigue condenando a IU a no estar en las Cortes a pesar de contar con los votos suficientes".

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De paso, el dirigente de IU critica que la Casa Real es "una especie de paraíso fiscal opaco" y reclama "transparencia plena".

El coordinador general de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, reconoció este domingo que recibió regalos siendo alcalde de Argamasilla de Alba (Ciudad Real), su localidad natal, entre 1987 y 1999, pero que los rechazó

En una entrevista con Europa Press, Lara dijo que probablemente "todos los políticos" los han recibido, pero expuso que el problema es "si algunos los aceptan o no", y señaló como aceptable "que alguien te regale una caja de puros o te regale un queso en el pueblo, porque esto son cosas entre amigos que forman parte de la vida cotidiana".

"Pero cuando un señor como Juan Abelló --que compró una finca en Argamasilla de Alba-- manda una caja de navidad a un alcalde que no conoce de nada, y que tiene un valor aproximadamente de 50.000 pesetas de las de 1997 o 1998, hay dos maneras de situarse: aceptarlo y tener unas buenas navidades en tu casa con buen champán y buen jamón de jabugo, o devolverlo", explicó.

Añadió a este respecto que le devolvió el regalo con una nota de agradecimiento y comentándole que no lo aceptaba porque no era uno de sus amigos, y además le pidió que se "porte mejor con los trabajadores que tiene en la finca en las relaciones contractuales". Lara indicó que esta devolución "sentó muy mal en la parte enviadora" y tuvieron un encuentro "de más de una hora", después del cual "ya nunca más" volvieron a hablar.

TRAMA GÜRTEL

Lara hizo estas reflexiones en referencia a la 'trama Gürtel', sobre la que afirmó que está "escandalizando permanentemente a la opinión pública" y recalcó que estas actitudes de los políticos son las que llevan a la gente a la abstención, "algo que no es bueno para la democracia".

Asimismo, planteó que lo que se pone en cuestión en este caso es la "supuesta financiación oculta de los partidos políticos", esto es, "si se están buscando vías extrañas, anormales, indecorosas, para llevar una suficiente financiación". Según puntualizó, él no sabe "si hay cajas b o no", pero desde el primer momento pensó "que se estaba hablando de algo así, aún defendiendo la presunción de inocencia, sin duda".

Por ello, esperó que los jueces resuelvan el 'caso Gürtel' "cuanto antes, porque estos temas no es bueno que estén dando vueltas tanto tiempo, y la justicia debe ser ágil". "Si tiene que ser ágil en todos los casos, en estos concretamente debe ser lo más inmediata posible para que haya sentencias concretas y se pueda ir separando el grano de la paja, la gente que está en política para defender los intereses de los ciudadanos o individuales", aseveró.

Para el líder de IU, lo que está saliendo ahora a la luz, "que no es todo", forma parte de una situación "indebida, irregular, que no se debería dar, de falta de ética absoluta, y que provoca que luego tengas que hacer ciertas concesiones en determinados contratos, por ejemplo, y que violan las relaciones de normalidad democrática y el nivel de independencia de los cargos públicos respecto a los poderes económicos".

A su juicio, es "posible" mantener esa independencia, y hay que "tener principios y acordarse todos los días de que la tentación puede estar". "El regalo te lo hacen en función del poder político que tienes, porque si no, no habría regalo. Una cosa que puede ser normal entre empresas privadas, no es normal entre empresas y la administración pública. Los casos que se conocen tienen sueldo suficiente para no necesitar regalos ni de bolsos, ni de trajes, puesto que se paga con bastante holgura a los cargos públicos".

CASA REAL: PARAÍSO FISCAL

En otro orden de cosas, Cayo Lara denunció que la Casa Real ha sido durante los últimos años una "especie de paraíso fiscal opaco", y criticó que en torno a ella haya una "ausencia de transparencia absoluta", algo que es "negativo" en tiempos de crisis económica como el actual.

valoró positivamente la reciente sentencia del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que considera que acciones como pitar al Rey -como ocurrió en la última final de la Copa del Rey de fútbol en Valencia- están amparadas por la libertad de expresión.

Para Lara, la Audiencia Nacional tuvo "un día de mucha lucidez" al llegar a esa conclusión y se preguntó "cómo se puede considerar delincuentes a una gente que en un partido de fútbol decide abuchear a una persona que no está elegida por el pueblo, que no ha sido elegido por ningún sistema democrático desde el punto de vista de que la gente haya ido a una urna a elegir al Jefe del Estado".

En esta línea, el líder de IU aprovechó para recordar el "oscurantismo que ha rodeado a la parte económica y a muchas cosas más de la Casa Real, donde hay un silencio muy elocuente desde hace muchísimos años".

"Si hubiera habido transparencia plena en la vida de la Casa Real, al margen ya de la elección del Jefe del Estado y del sistema República o Monarquía, en los bienes, en los recursos económicos y todo eso de lo que se habla mucho por lo bajo pero no aparece en los medios de comunicación, y no hubiera sido una especie de paraíso fiscal opaco, seguramente hoy habría una opinión pública distinta a la que se puede tener en este momento", planteó.

Lara puntualizó que la opinión de los españoles no se refiere tanto a la monarquía en general como al 'juancarlismo' en particular, ya que, según estimó, la sociedad española es "más juancarlista que monárquica". Además, indicó que "todo esto ha estado muy bien aderezado por unos medios de comunicación y por un sistema que al Rey le da impunidad absoluta".

"Si ha habido algún cohecho pasivo impropio en la Casa Real, no se sabe porque no se puede ni juzgar ni probar, de modo que queda sólo en palabras y retóricas. De lo que no cabe ninguna duda es que hay una ausencia de transparencia absoluta que es negativa en este tiempo en el que estamos. Si esto se investigara, se pudiera llevar a un tribunal y no hubiera impunidad, seguramente habría jueces que juzgarían con imparcialidad la situación y se podría demostrar", aseguró.

Por eso, insistió en que coincide "plenamente" con esa decisión de la Audiencia Nacional de que "se pueda abuchear" al Rey, porque no tiene "por qué ser ningún tipo de delito". Y agregó que si algún día España tuviera un presidente de la República y fuera abucheado en un campo de fútbol, "tampoco tendría que estar tipificado como delito en el Código Penal".

El responsable federal de Sostenibilidad, Energía y Transporte, Adolfo Barrena, explica que esta medida “significa una respuesta efectiva y sostenible en el tiempo para hacer frente a la falta de prevención que desemboca en ‘veranos negros’ como el actual  .

(Madrid, 31 de julio 2009).- Izquierda Unida ha registrado una proposición no de ley en el Congreso –que ha denominado como ‘el 1% forestal’, en analogía al ya existente ‘1% cultural’- por la que insta al Gobierno a que, en el marco de sus competencias, establezca que “un importe equivalente al 1% de la inversión pública anual en infraestructuras de transporte y comunicación sea destinado a la mejora, cuidado, mantenimiento e incremento de los bosques y masas forestales públicas del país, de manera territorializada”.

Esta iniciativa ha sido elaborada por la Secretaría de Sostenibilidad, Energía y Transporte de IU Federal cuyo responsable, Adolfo Barrena, considera que “puede servir como respuesta efectiva y sostenible en el tiempo a una situación que en las últimas semanas estamos viendo con toda su crudeza, como es la falta de prevención suficiente en las masas forestales de buena parte del Estado y las carencias de medios económicos para evitar con antelación ‘veranos negros’ con profusión de incendios como el que estamos atravesando”.

Barrena explica que “lo que proponemos es, sencillamente, que un porcentaje de lo que se dedica a la construcción de infraestructuras de transporte (carreteras, ferrocarril, puertos y aeropuertos) se destine a financiar trabajos de limpieza, mantenimiento, mejora y ampliación de nuestra masa forestal”.

“Es un mecanismo análogo –detalla- al que ya funciona para la conservación y mejora de nuestro patrimonio arquitectónico (el llamado ‘1% cultural’). De esta forma, pretendemos que las infraestructuras para el transporte conlleven estos costes ambientales y contribuyan así al mantenimiento, recuperación y mejora de nuestros bosques por los indudables efectos beneficiosos que tienen sobre el medio ambiente y la actividad socioeconómica de las zonas afectadas”. 

La iniciativa, que ha sido registrada ya en el Congreso por el portavoz parlamentario de IU, Gaspar Llamazares, trata de paliar también, según explica Adolfo Barrena, “las demostradas limitaciones actualmente existente en la política forestal que desarrollan buena parte de las comunidades autónomas y el Estado, centradas únicamente en financiar las actuaciones de prevención y de extinción de incendios, con especial hincapié en éstas últimas”.

El responsable de Sostenibilidad, Energía y Transporte de IU reclama un cambio de mentalidad en las administraciones competentes para abordar este grave problema. Afirma que “hasta ahora existe una limitación de los esfuerzos en materia forestal porque una tarea tan ingente como es la limpieza y mantenimiento de los bosques y masas forestales se financia exclusivamente por la vía de la subvención. No hay administración que pueda resistirse a recortar precisamente de ahí sus presupuestos, mucho más que los efectos del dinero dedicado a ello se ve a largo plazo y muy lejos de cualquier horizonte electoral”.

Barrena pone un ejemplo de lo que puede suponer esta medida planteada por IU recordando que “el PEIT contempla una inversión de casi 250.000 millones de euros en 20 años; con un porcentaje del 1% estaríamos hablando de 2.500 millones de euros, es decir, una media de 125 millones de euros anuales, casi 21.000 millones de las antiguas pesetas”.

“Hablamos de cantidades que pueden tener ya un efecto significativo sobre la calidad de nuestros montes, y eso quiere decir sobre la calidad de vida, sobre el equilibrio territorial del Estado y, especialmente, sobre nuestras zonas rurales. Además, supone una apuesta clara por la creación de empleo en el medio rural y contribuye a generar dinamismo económico sobre lugares que tienen en su territorio y en sus recursos naturales una clara alternativa de salida a la crisis económica que vive nuestro país”.

A CONTINUACIÓN SE INCLUYE EL TEXTO COMPLETO DE LA INICATIVA DE LA INICIATIVA
 A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados,  el Grupo Parlamentario ER-IU-ICV, presenta la siguiente PROPOSICION NO DE LEY, sobre el 1% Forestal destinado a la limpieza, mantenimiento, ampliación y vigilancia de los bosques, para su debate en el Pleno.

Los incendios forestales constituyen una de las mayores lacras de los países mediterráneos, con graves consecuencias ambientales, económicas y sociales.  Representa además la culminación de un proceso de abandono y degradación del medio rural, una nefasta ordenación del territorio y, sobre todo un doble proceso: una pérdida de los valores económicos del bosque que justificaban antaño su mantenimiento, y una inadecuada percepción de los efectos positivos del bosque sobre nuestra calidad de vida.

Efectivamente, el bosque y las masas forestales  juegan un papel esencial a la hora de fijar carbono y por tanto reducir el efecto invernadero, pero también juegan un papel esencial a la hora de controlar la erosión, de prevenir inundaciones y de favorecer la recarga de acuíferos contribuyendo así a una mejor gestión del ciclo del agua.  Todo ello sin contar otros efectos positivos, que pueden calcularse monetariamente, pero que no repercuten en el bosque, como es la construcción de una imagen atractiva que es objeto de explotación turística sostenible. 
En líneas generales, sin embargo, vemos cómo la política forestal de todas las comunidades autónomas y del Estado se basa en financiar las actuaciones de prevención y de extinción de incendios, con especial hincapié en éstas últimas, y siempre con unos resultados muy limitados.  Las consecuencias de esa limitación pueden percibirse todos los veranos, adquiriendo tintes dramáticos en los años en los que la sequía ha sido un factor de gravedad añadido, tal y como sucedió en años anteriores. También, en años como este, en los que ha habido un régimen de lluvias más normalizado, el aumento de hierba y maleza es un factor decisivo para completar un año catastrófico y también trágico.

Se puede comprender la limitación de los esfuerzos en materia forestal, por varios motivos: la tarea es tal, tan ingente, que la limpieza y mantenimiento de los bosques y masas forestales puede convertirse en un “pozo sin fondo” si debe ser financiado exclusivamente por la vía de la subvención.  Porque lo que se está haciendo ahora es ignorar los efectos positivos del bosque para que le sean devueltos por la vía de la fiscalidad ecológica, y en esos términos, siendo realistas, la única vía que queda es la subvención y no hay Administración que pueda resistir el esfuerzo que supondría una verdadera política de mantenimiento y mejora de nuestras masas forestales, ni gestor político que esté dispuesto a invertir enormes sumas de dinero cuyo efecto es además a largo plazo y muy lejos de cualquier horizonte electoral.

Se impone, pues, una revisión profunda de los mecanismos fiscales, para empezar a devolver al bosque lo que es suyo, para empezar a pagarle los favores que nos hace.  Y para ello, además de los posibles recursos obtenidos por la vía de la fiscalidad ecológica, hay un primer mecanismo desarrollando una normativa que implante la obligatoriedad de destinar a la limpieza, mantenimiento, cuidado y vigilancia lo que hemos dado en llamar “el 1% forestal”.

Todos sabemos que el transporte es uno de los principales causantes del efecto invernadero, muy especialmente el transporte por carretera, que no deja de crecer y que no va a dejar de hacerlo en los próximos años.  Sin embargo, no se han establecido de momento medidas que permitan controlarlo de manera análoga a como ha hecho el protocolo de Kyoto con una serie de actividades industriales.  Por otra parte, la construcción de infraestructuras de transporte, además de un coste elevado para las arcas públicas, implica graves heridas para el territorio, con importantes efectos de erosión, destrucción de paisajes, movimientos de tierras, compartimentación de ecosistemas (efecto barrera), etc…  Hoy por hoy, nuestro sistema de transporte no paga por ninguno de estos dos enormes y negativos efectos globales. 

Lo que proponemos es, sencillamente, que un porcentaje de lo que se dedica a la construcción de infraestructuras de transporte (carreteras, ferrocarril, puertos y aeropuertos) se destine a financiar trabajos de limpieza, mantenimiento, mejora y ampliación de nuestra masa forestal.  Es un mecanismo análogo al que ya funciona para la conservación y mejora de nuestro patrimonio arquitectónico (el llamado “1% cultural”), y por eso hemos establecido ese porcentaje.  De esta forma, pretendemos que las infraestructuras para el transporte internalicen estos costes ambientales (evitando así las “externalidades negativas”) y que contribuyan al mantenimiento, recuperación y mejora de bosques y masas forestales por los indudables efectos beneficiosos que tienen sobre el medio ambiente y la actividad socioeconómico de la zona. 

A título de ejemplo, el PEIT contempla una inversión de casi 250.000 millones de euros en 20 años; con un porcentaje del 1% estaríamos hablando de 2.500 millones de euros, es decir, una media de 125 millones de euros anuales (casi 21.000 millones de las antiguas pesetas, al año).  Es decir, hablamos de cantidades que pueden tener ya un efecto significativo sobre la calidad de nuestros montes, y eso quiere decir sobre la calidad de vida, sobre el equilibrio territorial del Estado, y especialmente sobre nuestras zonas rurales.

Es evidente, también, que esta propuesta supone una apuesta clara por la creación de empleo en el medio rural y contribuye a generar dinamismo económico sobre lugares que tienen en su territorio y en sus recursos endógenos una clara alternativa de salida en positivo de la crisis económica que vive nuestro país.

Nuestra propuesta, por otra parte, es claramente complementaria y adicional, y en ningún caso sustitutiva de los limitados fondos públicos dedicados en este momento a la gestión forestal, ni tampoco sustitutiva de otras vías de fiscalidad ecológica que deben ser igualmente analizadas y puestas en práctica, así como otras fórmulas de potenciación económica de los recursos del bosque.

Por todo ello, se presenta la siguiente  PROPOSICIÓN NO DE LEY
“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el marco de sus competencias,  a establecer que un importe equivalente al 1 % de la inversión pública anual en infraestructuras de transporte y comunicación sea destinado a la mejora, cuidado, mantenimiento e incremento de los bosques y masas forestales públicas del país, de manera territorializada”.

Palacio del Congreso de los Diputados
Madrid, a 30 de julio de 2009

Los empresarios que forman esa peculiar ONG que se llama CEOE se han ido de vacaciones: ¡¡Todos al monte!!, a ser felices y a comer perdices. Estuvieron reunidos con el Gobierno y los sindicatos dándole vueltas a dos ideas que, aunque nos puedan parecer mentira a los incautos espectadores de las atribuladas reuniones mantenidas, traslucen un trasfondo político de muy hondo calado. Y además tienen, a la pobre perdiz, no sólo mareada, sino enganchada a un montón de fármacos contra la depresión y la ansiedad.

    La perdiz en este caso es el denominado “despido libre”, que por otro lado no figura como tal en ningún texto legal, pero que forma parte sin duda del ideario oculto de todos los actores que han participado en las “negociaciones” ahora suspendidas.

    Con el ánimo de aclarar un poco las cosas (que ya me gustaría) traté de saber las diferentes “modalidades” de despido que existen en España, y me encontré con un galimatías para iniciados que, a la postre, me dejó la hipótesis de la que partía mucho más confusa que cuando no sabía nada.

    En España se puede despedir a un trabajador por tantas cosas que lo que parecen querer los empresarios no es que el despido sea “libre”, que ya lo es, sino que sea “gratis”. Vamos  que no les cueste ni un solo euro y sea rápido y sin tanta “burocracia”.

    Hoy, las modalidades para despedir a los trabajadores completan un escenario en el que cabe casi todo: causas de fuerza mayor, despido colectivo, despido disciplinario, despido por causas objetivas, dimisión del trabajador, incumplimientos contractuales del empresario, el mutuo acuerdo, las causas establecidas en el contrato, la terminación de la duración pactada o la realización de la obra o servicio objeto del contrato, la muerte o gran invalidez, incapacidad permanente o absoluta del trabajador..... o del empresario. En todos estos casos, el empresario tiene la “libertad” de despedir a quien se le antoje, incluso caprichosamente si así lo desea de veras, pero en determinados supuestos no le saldrá “gratis”, y pudiera ser que  además le  saliera “caro”. Incluso “muy” caro. Y ese es, a mi juicio, el  “quiz” de la cuestión. Lo que los empresarios quieren, en este asunto, es poder despedir “gratis”, y por los motivos que sea, a quien se les antoje en cualquier momento.

    No tengo ninguna duda sobre la obligación que tienen los empresarios de ganar dinero, (incluso “mucho” dinero) aunque quizás deberíamos empezar a pensar en fijar un “salario máximo interempresarial” que se opusiera al “salario mínimo interprofesional”. Pero ello no puede ser (o no debería poder ser) a costa de reducir costes laborales. Y si es cierto que sin empresarios un país no puede avanzar en estos tiempos que corren, o avanzará más lentamente, no es menos cierto que sin trabajadores tampoco.

    Dicen que los comedores sociales de ciertas ONGs están desbordados en estos tiempos de crisis, y debe ser verdad pues ni siquiera el Gobierno lo niega. Pero por otro lado no es menos cierto que la flota de aviones privados que poseen los “mandamases” de las grandes empresas españolas no se ha visto reducida con la crisis. Y no es menos  cierto que hoy, que se siguen cerrando empresas, incluso aunque den beneficios, como AVICU, estos empresarios no hacen cola en las filas de parados que buscan un plato caliente que les permita seguir haciendo cola en las oficinas del INEM.

    Así pues, deberíamos ser capaces de llamar a las cosas por su nombre. Porque cuando los empresarios dicen que ellos no quieren que el despido sea “libre”, tienen razón. ¡¡Ya es libre!!. Lo que quieren es que sea gratis o, en el peor de los casos, que lo pague el Estado. Ese es el debate ideológico que ahora está enmascarado. El Gobierno tiene la obligación de desenmascararlo, porque el desenmascarador que lo desenmascare, buen desenmascarador será.

José Antonio López-Palacios Villaverde
Secretario de Organización de Izquierda Unida                       

Cayo Lara considera que sólo con propuestas progresistas de este tipo se podrá evitar que “las sucesivas medidas bancarias tomadas por el Gobierno y pagadas con dinero público acaben teniendo que pasar por la ventanilla de los bancos privados”.

Izquierda Unida trabaja ya para presentar antes de que acabe 2009 su propuesta de modelo de Banca Pública, que pasa por convertir al Instituto de Crédito Oficial (ICO) en el germen del banco público necesario para impulsar el crédito, ahora ahogado por las crisis, para las familias y las pequeñas y medianas empresas (pymes). Esta propuesta será llevada al Parlamento para buscar el apoyo de otras formaciones.

En este trabajo se enmarcan la I Jornada sobre Banca Pública celebrada este fin de semana en la sede federal de IU, con presencia de representantes sindicales, sociales, de las pequeñas empresas y de la banca social.

Entre las propuestas concretas, IU ve necesario que el ICO tenga infraestructura en todas las capitales de provincia, así como “antenas” en las 22 sucursales con las que cuenta en la actualidad el Banco de España. Esta propuesta es radicalmente distinta al plan de reestructuración que planea el Gobierno para este organismo que cuenta hoy con 289 trabajadores.

El coordinador general de IU, Cayo Lara, lo pone como ejemplo para evitar que “las sucesivas medidas bancarias tomadas por el Gobierno y pagadas con dinero público acaben teniendo que pasar siempre por la ventanilla de los bancos privados. Esto acaba siendo un impuesto reaccionario”.

Para Lara, “no está llegando el dinero a las pymes porque los bancos están sirviendo de cuello de botella”, incluso para las líneas de financiación ya dispuestas por el ICO. Entiende que “este grave problema de liquidez no está aún resuelto para las empresas” y nos encontramos “ante un modelo abocado a la reestructuración financiera que se corresponde con los intereses de grandes sectores financieros, avalados por el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Y todo ello con un gran uso de recursos públicos”.

Frente a la negativa del Gobierno para crear una Banca Pública, Cayo Lara defiende la propuesta de IU como forma para que “se permitirá la inversión en la economía productiva, se impedirán los ‘corralitos’, se garantizará el empleo de los trabajadores del sector bancario y no se pondrán en riesgo los intereses de los ciudadanos”.

El secretario federal de Economía y Trabajo de IU, José Antonio García Rubio, considera que la banca española demuestra “día a día que no es funcional y no está jugando su papel de intermediario financiero”. Puso como ejemplo que mientras “niega la gestión de créditos que arrancan del ICO ofrece a las Pymes otros privados aplicando elevados tipos de interés, que pueden llegar hasta el 13%”.

Señala que ahí radica una de las principales necesidades de la iniciativa que plantea IU para impulsar el ICO -que actualmente cuenta con sólo 289 trabajadores y cuyo máximo responsable ha sido recientemente relevado por el Gobierno-, que dispone de “pocas competencias para asumir las tareas encargadas”.

Otras de las propuestas de Izquierda Unida pasan por desarrollar las agencias financieras y de crédito de las comunidades autónomas, que actualmente se limitan a seis, para ayudar a facilitar dinero a la economía real.

IU apuesta también por defender la actual naturaleza jurídica de las cajas de ahorros y evitar cualquier atisbo de privatización. García Rubio explica que sería necesaria “la permanencia del Estado en el capital de estas entidades cuando entre en él a través de las cuotas participativas”, instrumento recogido en el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Esta propuesta encaminada a fomentar la concesión de créditos se completaría con el aprovechamiento de las oficinas excedentarias de las fusiones entre cajas para impulsar esa nueva red de Banca Pública y evitar despidos.

En el modelo que baraja IU está también estudiar la posibilidad de que vuelva a titularidad pública Bancorreos –la antigua Caja Postal, reformada a partir de un acuerdo entre el Deutsche Bank y Correos-, y con presencia en numerosas oficinas postales. Ello se completaría con la recuperación de las fichas bancarias de las antiguas entidades públicas como el Banco Hipotecario, el Banco de Crédito Local y el Banco de Crédito Agrario, para actuar como banca comercial del Estado.

José Antonio García Rubio valora que frente a las ayudas sin condiciones que el Gobierno concede a la banca nos encontramos ante “una oportunidad única para configurar una banca mixta con capital público-privado a partir de las intervenciones públicas que se lleven a cabo durante la reordenación bancaria”.

Cayo Lara entiende que esta nueva estructura bancaria puede hacerse “aprovechando buena parte de las estructuras existentes” y sería la mejor manera de que “se pueda aportar liquidez de cara a un verdadero cambio del modelo productivo que vaya más allá de la construcción y del sector inmobiliario”.

    D. Antonio Román Jasanada, Alcalde de la ciudad de Guadalajara ha descubierto, de sopetón, las ventajas que tiene la democracia participativa para solucionar determinados problemas que afectan a la ciudadanía. Y se ha puesto a ello. Ha decidido “consultar a las bases” (los vecinos que viven en unas cuantas calles de nuestra ciudad) enviándoles una carta (en la que no explica nada) para ver si “les gusta” el nombre  de la calle donde residen y reciben su correspondencia (y las multas de tráfico cuando infringen la ley), o por el contrario, quieren que se les cambie por otro que, además de no tener  reminiscencias franquistas, les guste más.

    La ocurrencia del Alcalde tiene su gracia, pues lo que está en juego no es el nombre de unas cuantas calles, sino si se cumple, o no se cumple, una Ley aprobada en el Parlamento español y sancionada por el mismísimo rey de España.

    D. Mariano Rajoy hubiera calificado de majadería monumental la ocurrencia del Alcalde, pero es que a  D. Mariano eso de “consultar a las bases” puntualmente, además de parecerle desproporcionado, le queda grande. Sin embargo, como  nuestro Alcalde es un demócrata empedernido, la iniciativa abre un melón que a Izquierda Unida no le es ajeno. Vayamos pues  a comer melón.

    Nos gustaría que se organizara un referéndum, o en su defecto una consulta popular, para ver si los vecinos quieren que se privatice el servicio de suministro de agua, o si los vecinos quieren un aparcamiento bajo los restos arqueológicos de la Plaza Mayor, o si los vecinos quieren que el Casco Histórico esté como está, o si los vecinos quieren que se amplíe la ciudad y se construya una parte de la misma por los montes cercanos a Valdeluz, o si los vecinos quieren que Guadalajara tenga una Empresa Municipal de Suelo y Vivienda y otra de Servicios que gestionase directamente todos los que son competencia el Ayuntamiento, o si los vecinos quieren un Campus Cultural en los terrenos del Fuerte de San Francisco, o si los vecinos quieren pagar los impuestos municipales que él mismo, como cabeza de lista del  PP prometió bajar, o si los vecinos quieren, de una vez por todas, y antes de tirarnos todos al monte, que no se cumplan las leyes. Sobre todo aquellas  Leyes que pudieran no gustarle a quien ostente la Alcaldía en un  determinado momento de nuestro devenir cotidiano.

    Y es que la Ley 52/2007 de 26 de diciembre, conocida popularmente como “Ley de Memoria Histórica”, deja poco margen para las dudas, las interpretaciones subjetivas y los desvelos de quienes tienen la responsabilidad puntual de gestionar los asuntos públicos. Y así, el apartado 1º del artículo 15 de la citada Ley dice textualmente: “Las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura....”. Así pues lo que está en juego con la iniciativa perpetrada por el PP capitalino no es el cambio de nombre de unas cuantas calles . Lo que está en juego es si el Alcalde está dispuesto a cumplir las Leyes, o por el contrario pretende buscar excusas “democráticas” para enmascarar sus decisiones con la coartada de que los vecinos han dicho “blanco o han dicho negro”.

    Pudiera ser que, también de sopetón, nos hubiéramos enterado que un nuevo fantasma recorre Guadalajara: El fantasma de la Democracia Participativa. Ese fantasma que Izquierda Unida viene persiguiendo desde su fundación y que ahora, gracias al Alcalde de Guadalajara, vamos a poder visualizar sin la sábana blanca que cubría sus vergüenzas.

José Antonio López-Palacios Villaverde

Presentación de la web de turismo La Diputación ha reformado, ampliado y actualizado su web www.turismoenguadalajara.org dedicada al turismo, según ha presentado en rueda de prensa el vicepresidente 2º y diputado-delegado del Área de Recursos Sostenibles, Jesús Recuero. Recuero. Recuero (Izquierda Unida) , ha conectado en línea con está página que ha calificado de intuitiva y dinámica, ha detallado que desde ella se invita a los potenciales turistas a conocer la provincia, un territorio lleno de riqueza cultural, paisajística, monumental y natural, lleno de rincones por descubrir, desde la consideración del turismo como uno de los motores de desarrollo. Igualmente ha detallado tanto los contenidos (en ella se puede contempla una oferta completa y variada, lugares con encanto, una amplia oferta de ocio, artesanía o fiestas populares) como la estructura. El responsable del Área de Recursos Sostenibles de la Diputación ha destacado que esta página es un paso delante de la versión anterior surgida meses atrás entorno a la Guía de los alojamientos de la provincia, y ha sido realizada con el trabajo conjunto del personal del CLIPE, de Servicio de Turismo de la Diputación y de la empresa RGA. Por el momento, tiene carácter informativo y divulgativo, de momento se contemplan actualizaciones trimestrales sin descartar en ningún momento tanto en la renovación de contenidos o secciones, o incluso la funcionalidad.

www.guadaque.com

    "La situación actual de la provincia de Guadalajara, en lo que tiene que ver con la extinción de incendios forestales que puedan producirse en la provincia, ha mejorado en los tres últimos años, como consecuencia directa de la catástrofe ocurrida al pie de la Cueva de los Casares en Riba de Saelices. Sin embargo, y según denuncian la mayor parte de los sindicatos con representación en el sector forestal, la realidad parece contradecir los anuncios propagandísticos que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha realiza puntualmente", ha asegurado el Responsable de Medio Ambiente de Izquierda Unida de Guadalajara, José Antonio López-Palacios.

    "Los sindicatos denuncian bloqueo en la mesa de negociación así como el incumplimiento de acuerdos pactados, la creación de mini-retenes para reducir personal y costes, peligro por falta de personal a la hora de atacar el fuego, supresión encubierta de medios terrestres, jornada laboral de diez horas continuadas, condiciones precarias en las bases que utilizan los retenes..." ha denunciado López-Palacios, "situación especial es la que afecta a los vigilantes móviles de los cuatro puestos estratégicos existentes en la provincia (Ocentejo, Buenafuente del Sistal, Tejera Negra y Sonsaz). Estos trabajadores realizan una función extraordinaria vigilando parajes y barrancos que no pueden ser observados por los vigilantes de las torretas porque se encuentran situados en zonas de muy difícil localización y permanecen inaccesibles a la mayor parte  de la población que transita por allí.  Esa plantilla debería  estar compuesta por ocho trabajadores (dos por puesto), pero sólo hay seis (falta uno en Ocentejo y otro en Tejera Negra) y no parece que la Administración esté dispuesta a cubrir estas plazas, seguramente porque estamos en crisis y los famosos brotes verdes sólo han salido en los automóviles, en los Bancos, en los Ronaldos y en los ladrillos".

"Ante la información aparecida en prensa, en la que los vocales de los partidos de la oposición UCI y PP quieren relacionar la falta de presupuesto para financiar el apartado dedicado a las Fiestas patronales, con la construcción de una instalación de fútbol de hierba artificial, desde esta Concejalía queremos hacer partícipes a nuestros ciudadanos de los costes que suponen para las arcas municipales la referida infraestructura", ha comunicado el Concejal de Deportes por IU en el Ayuntamiento de El Casar, Fernando Duarte.

    "En primer lugar hay que destacar la importancia de disponer durante todo el año de una instalación que permite realizar las actividades necesarias de las Escuelas Deportivas Municipales. En cuanto al aspecto financiero, recordar que el campo de fútbol de hierba artificial está subvencionado, en un 50% por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, lo que permite disponer a nuestro municipio, de esta instalación a mitad de precio. Del otro 50%, para evitar que la financiación se añadiera a los gastos comunes del Ayuntamiento, se ha financiado con un préstamo extraordinario de 244.693, 20 euros, que se formalizó el 10 de septiembre de 2008, por un período de amortización de 20 años y una carencia de un año. El importe de la cuota mensual es de 1.224,79 euros, lo que supone un importe total de 14.697,48 euros al año, que se empezará a pagar a partir del próximo 10 de octubre de 2009".

    Para Duarte "si tenemos en cuenta que durante los meses de octubre a diciembre de 2008 se han obtenido mas de 6.000 euros en concepto de alquiler del campo de fútbol de hierba artificial, estamos en condiciones de pensar que, tal y como ya se informó a la oposición durante del Pleno Municipal en el que se aprobó la solicitud del préstamo, la infraestructura deportiva se financie con los ingresos generados por sí misma y que en poco tiempo, incluso aporte beneficios a las arcas municipales".

    "Si a esto añadimos la importante rentabilidad social por el servicio que presta, fundamentalmente a las Escuelas Deportivas Municipales, al C.D. El Casar, tanto juvenil como aficionado, y a los 20 equipos que participan en el Campeonato Local de Fútbol Siete. Solamente la incapacidad de ver una buena gestión, tanto financiera como social, por parte de la oposición puede llevar a realizar tales manifestaciones y sobre todo hacerlas públicas en los medios de comunicación sin contrastarlas antes con los responsables políticos del Ayuntamiento de El Casar", ha finalizado el edil de Izquierda Unida.