El trasvase aprobado el martes pasado por la Comisión de Explotación del Tajo-Segura pone de manifiesto, de nuevo, por donde van las prioridades del Gobierno de España y de los dos partidos mayoritarios, el PP y el PSOE: todo el agua de Entrepeñas y Buendía es trasvasable hasta que las reservas lleguen a los 240 Hm3, que es lo que dicen las normas de explotación y que nadie dude que se aplicará en todos sus términos hasta que se llegue a esa cantidad, más allá de que sea la Comisión o el Consejo de Ministros (como así será a partir de ahora) quien tenga que aprobarlo.

    El espejismo ha durado poco. El aumento progresivo de la reserva, debido a las nevadas y a las lluvias del invierno y la primavera, había alimentado la esperanza de los ribereños que, una vez más, se ha convertido en frustración al ver como el mínimo aumento de los niveles en Entrepeñas-Buendía va indefectiblemente seguido de un nuevo envío de agua al Levante: 60 para regadío y 29,1 para abastecimiento, dicen. En este año hidrológico se ha aprobado ya la misma cantidad de trasvases de agua a Levante que en todo el año hidrológico anterior. En 2007/2008, 99,4 Hm3 para regadíos, en éste van ya 98 Hm3; en 2007/2008, 79,26 Hm3 para abastecimiento, en éste van ya 75,2 Hm3. La experiencia nos dice que al menos queda otro envío por aprobar y la lógica nos dice que ya no habría que enviar más porque si el año pasado fue suficiente con esa cantidad, para que enviar más. La lógica no funciona en lo referente a los trasvases, funciona más la lógica del ladrillo y sus consecuencias.

    Y lo de las Tablas, ¿qué?. En diciembre de 2005 se aprobó un trasvase de 20 Hm3 a las Tablas de Daimiel. Desde Izquierda Unida dijimos que era necesario hacerlo y lo apoyamos, pero decíamos que había que proceder al cierre de lo miles de pozos ilegales que secan los acuíferos 23 y 24 y que son la causa fundamental de la actual situación del Parque Nacional (¡Qué vergüenza tener así un Parque Nacional!). En junio de 2007 se hizo otro envío de 20 Hm3, que no apoyamos, debido precisamente a que no se había cerrado ningún pozo ilegal, sino al contrario. Hoy, los pozos ilegales siguen en la misma situación (Ecologistas en Acción los cifra en unos 60.000), se envían otros 20 Hm3 y hay una complacencia general al respecto, será que como es la “cuenca de Castilla-La Mancha”…, pues aquí paz y después gloria.

    Los perjudicados, de nuevo, los municipios ribereños de las provincias de Guadalajara y Cuenca que no le importan a nadie.

    La única solución posible, la modificación de unas normas de explotación con una propuesta sensata, como la que llevamos haciendo en Izquierda Unida desde hace años y que, finalmente, se acabará imponiendo si es que se quiere resolver de una vez por todas esta cuestión. Aumentar la reserva estratégica como mínimo al 20% de la capacidad, reducir a 300 Hm3 el máximo trasvasable (ahora está en 650 Hm3) y una disminución progresiva del trasvase (según se pongan en marcha las desaladoras previstas en el actual Plan Hidrológico) y llevarlo a cabo con la participación de todos los actores implicados, es nuestra propuesta. Las lamentaciones generales y las declaraciones grandilocuentes que se producen cada vez que se aprueba un trasvase no conducen a nada y sólo llevan a un enfrentamiento entre Comunidades que no sirven más que para enquistar una situación en la que los municipios ribereños llevan todas las de perder y para que los dos partidos mayoritarios compitan para ver, como decía Serrat, “quien la tiene más grande”.

José Luis Maximiliano Romo

Coordinador Provincial de IU de Guadalajara 

    Izquierda Unida pedirá en el Pleno de Diputación, que se celebrará mañana jueves, la retirada de la Medalla de Oro de la Provincia al dictador Francisco Franco, para que se revoque así el acuerdo tomado el 1 de abril de 1961 por la corporación provincial. "En ese momento, formaban parte de la misma el Gobernador Militar de la Plaza, el Obispo de la ciudad, el Subjefe Provincial del Movimiento y Alcaldes de municipios de la provincia que fueron elegidos con métodos a todas luces no democráticos", ha informado el Diputado Provincial de IU, Jesús Recuero.

    "Aún así, en Sesión Plenaria ordinaria de la Diputación del 25 de noviembre de 1966, en su punto cuarto ("Solicitar audiencia del Jefe del Estado para entregarle Medalla de Oro de la Provincia"), se insiste en la entrega de esta distinción de la provincia al dictador Francisco Franco al señalar el Acta que, y cito literal, "asimismo, dada la trascendencia del momento actual [se acababa de aprobar la Ley Orgánica del Estado] se suplique al Excmo. Sr. Gobernador Civil solicite de la Casa Civil de S.E. el Jefe del Estado la correspondiente audiencia para hacer entrega al Caudillo de la primera Medalla de Oro de la Provincia concedida por la Corporación". Cinco años después, por tanto, el dictador no había recogido la Medalla de Oro de la Provincia y no parece que la recogiera hasta su fallecimiento".

    "El 27 de diciembre de 2007 se publicaba en el Boletín Oficial del Estado la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, conocida también como la "Ley de la Memoria Histórica. Esta mención de conceder la Medalla de Oro de la Provincia por la Diputación de Guadalajara parece estar en clara contradicción con el espíritu democrático y con lo establecido en dicho artículo, que establece literalmente que "las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura", siendo éste el aval legal pertinente para poder solicitar la retirada de la Medalla de Oro de la Provincia. Por ello, esperamos que la Diputación apruebe la retirada de esta Medalla al dictador", ha comunicado el Diputado Provincial de IU.

    Cultivos transgénicos y aceite de oliva

    Por otra parte, IU llevará al Pleno provincial una Moción sobre cultivos transgénicos y ensayos con organismos modificados genéticamente. "La liberación de Organismos Modificados Genéticamente (OGM) en el medio ambiente, producto de la proliferación de este tipo de cultivos, supone un riesgo para la biodiversidad y para la salud, y puede provocar efectos imprevisibles sobre los ecosistemas afectados por dicha contaminación genética", ha manifestado Recuero, "es conocida la existencia en Castilla-La Mancha, y en toda España, de cultivos manipulados genéticamente, lo que supone un grave peligro para los productos castellano-manchegos, cuyo futuro estratégico, basado en la marca de calidad definida por la Unión Europea –indicaciones geográficas protegidas, denominaciones de origen y productos ecológicos-, es absolutamente incompatible con las malas prácticas y la, cada vez más, deteriorada imagen de los cultivos modificados genéticamente".

    "Por este motivo, solicitamos que la Diputación Provincial de Guadalajara inste al Gobierno regional a evitar el efecto que sobre la imagen de calidad de los productos castellano-manchegos y de Guadalajara pueda tener la introducción en nuestra Comunidad Autónoma de OGM y, en consecuencia: a integrarse en el Foro Comunitario de Regiones Libres de OGM para defender ante las instituciones de la Unión Europea la necesidad de que las regulaciones sobre cultivos modificados genéticamente tengan en cuentan las estrategias productivas y medioambientales de las diversas regiones de la UE; a dirigirse al Gobierno del Estado reiterando la "Propuesta transaccional al debate general, expediente 05/0507-2001, relativo a los OGM", del Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha número 17 (de 4 de mayo de 2000) de la V Legislatura, a fin de que en el ámbito de sus competencias, y en el seno de la UE, desarrolle un política que promueva el cese de las plantaciones de cultivos de OGM; a publicar los ensayos y cultivos con transgénicos en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, en los Boletines Oficiales de las Provincias, en Ayuntamientos y en las Cámaras Agrarias; y a la creación de una Dirección General de Promoción de la Agricultura Ecológica y de un Instituto de Investigación de Agricultura Ecológica, que sirvan para fomentar la producción local, la ganadería y la agricultura ecológicas".

    "Y ante la grave crisis de los precios en el sector del aceite de oliva, presentamos una petición en apoyo y defensa del olivar por su importancia económica, social y medioambiental en amplias zonas de España y de Castilla-La Mancha y, en concreto, de Guadalajara. Nuestro país es el primer productor de aceite mundial y nuestra región es la segunda productora de España. La superficie dedicada al cultivo del olivar en España supera los 2,5 millones de hectáreas. En Castilla-La Mancha ocupa alrededor de 385.356 hectáreas, lo que supone un 8,6% de la Superficie Agraria Útil y en concreto en la Provincia de Guadalajara son, aproximadamente, 1.444 hectáreas las que se encuentran implantadas de olivar, alrededor del 2´2 % de la Superficie Agraria Útil total (65.763 hectáreas)".

    "A la gran superficie que supone, también hay que unir el enorme peso económico que representa. El aceite de oliva se sitúa en el tercer puesto en importancia en la Producción Vegetal española en 2008, tras las frutas y hortalizas y el vino, aportando cerca de 2.000 millones de euros; y en Castila-La Mancha el olivar cuenta con una gran importancia social, generando alrededor de 2,6 millones de jornales, principalmente en la campaña de recolección, convirtiéndose en el centro de la actividad económica de múltiples municipios de la Región, entre los que se encuentran los de la provincia de Guadalajara", ha informado el Diputado de IU, Jesús Recuero.

    "Por ello, hemos solicitado que tanto al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino como a la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha insten a la Unión Europea a la actualización y activación inmediata del mecanismo del almacenamiento privado regulado por el Reglamento (CE) 1234/2007, de 22 de octubre de 2007 (artículo 33, por el que se establece la Organización Común del Mercado única y artículo 2 del  Reglamento CE 2153/2005, de 23 de diciembre de 2005, relativo a las ayudas al almacenamiento privado del aceite de oliva), por el que se crea una Organización de Mercados Agrícolas y se establecen disposiciones especificas para determinados productos agrícolas; protejan, especial y particularmente, al olivar tradicional, al situado en zonas más desfavorecidas, que tan importantes funciones ecológicas y sociales realiza, a través de la mejora de la rentabilidad de sus cultivadores; e insten a la Unión Europea a modificar la normativa comunitaria relativa a las mezclas de aceite de oliva y a su denominación. Y solicitar al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino que dote a la Agencia del Aceite de Oliva de la capacidad, los medios y las competencias necesarias para que realice un control pormenorizado de los datos de movimientos de aceites por parte de la industria", ha finalizado Jesús Recuero, Diputado de Izquierda Unida.

Rechazan el modelo de pago único y desacoplamiento total en ovino y caprino y apuestan por un modelo profesional de la agricultura.

   El coordinador regional de IU, Daniel Martínez, y el secretario regional de COAG, Alfonso Marín, coincidieron hoy en señalar que la situación del campo es "mala", e instaron al Gobierno a apostar por el sector y a establecer un mecanismo regulador de los precios de producción, que, entre otras medidas, contemple y regule las ayudas al profesional del campo.

   En rueda de prensa, Marín hizo un balance sobre la situación actual del campo, que calificó de "bastante mala", y recordó que sólo en el sector vacuno en el 2000 había 600 empresas lecheras, mientras que en 2008 tan sólo 329. Además, las incorporaciones al sector de la agricultura se situaron en 2006 en 481 agricultores, mientras que en 2008 la cifra descendió a 141 y del 2000 al 2008 el número de agricultores bajó de 68.700 a 54.500.

   Igualmente los precios de los productos agrícolas "bajan vertiginosamente" en estos últimos años, señaló el secretario regional de COAG, pues desde el 2007 al 2008 la cebada bajo un 42 por ciento; la uva decreció su precio en un 32 por ciento; la aceituna en un 30 por ciento. No obstante los 'imputs' subieron desde el año 2000 al 2008 en un 52 por ciento.

   A partir de estos datos, la organización ha podido comprobar la diferencia del precio de producción y de venta de algunos productos tales como la aceituna, cuyo precio es seis veces mayor de lo que se paga al agricultor; el aceite de oliva virgen se paga más del doble; en patatas la cifra es cuatro veces mayor, en cebollas se sitúa siete veces por encima; en ajos se paga cuatro veces más, y en limón el 29 por ciento más de lo que percibe el agricultor.

MECANISMO REGULADOR

   Con estas cifras --que enseñarán a los principales partidos políticos, entre ellos IU, para buscar soluciones pues "a estos precios no se puede continuar", COAG pide "que haya un mecanismo regulador donde se dejen las primas", pues "nosotros con las primas no podemos llegar a los precios de coste", sentenció Marín.

   Igualmente subrayó que "los políticos europeos se preocupan en intoxicar a la sociedad diciendo que --los 26.600 agricultores actuales-- vamos a cobrar una cantidad de millones enorme". Es por ello, que desde COAG quieren dar a conocer esta realidad, y que las partes implicadas "se pongan manos a la obra" pues "todavía puede haber alguna salvación".

   Respecto al sector del vino, Marín manifestó "que apoyamos la destilación de crisis" y pidió que se den los dos millones que están solicitando las cooperativas", como medida "de gravedad". No obstante subrayó que una de las posibles soluciones pasa por estudiar bien la vendimia verde, lo que pidió se lleve a cabo en próximas campañas.

SECTOR ESTRATÉGICO

   Por su parte, Daniel Martínez apuntó que la situación de crisis del sector agrícola y ganadero "va a peor", aunque "creemos que el campo es un sector estratégico en Castilla-La Mancha que tiene un valor añadido importante", pues muchos municipios de la región subsisten del campo.

   Así, subrayó que la agricultura "es un sector con inmensas oportunidades de futuro si se apuesta por ella desde las administraciones", con capacidad para salir de la crisis, pues actualmente el 80 por ciento de los agricultores cobran sólo el 20 por ciento de las ayudas, matizó.

   De otra parte, insistió en que de los casi 1.000 millones de euros de ayudas sólo una pequeña parte va dirigida a los agricultores y ganaderos profesionales y por ello recalcó la necesidad de cumplir, por parte del Gobierno, el compromiso de pago de las ayudas, sin las cuales "la subsistencia de las explotaciones es imposible".

   "En el futuro esperamos que se apueste por un modelo social y profesional de la agricultura y que las ayudas no se sigan dando a personas o empresas que no se dedican a la agricultura", puntualizó Martínez.

   Igualmente aseveró que desde IU y COAG rechazan el modelo de pago único y desacoplamiento total en ovino y caprino pues "consideramos que esto va en contra de los pequeños agricultores", así como las rebajas de las subvenciones de la PAG que va del 5 al 12 por ciento, ya que este sector "no puede soportar aún más la reducción de las ayudas". Asimismo, señaló, hay que fortalecer medidas de regulación de los mercados, diferenciando el precio de productor y del mercado.

   En otro orden de cosas y en relación a la Comisión Regional de la Competencia, indicó que, pese a que la situación es mala, "hay que tener un margen de confianza", a lo que añadió que "hay que hacer un seguimiento del producto", pues el perjuicio no es sólo para los productores, sino también para los consumidores.

   El coordinador regional de IU concluyó afirmando que "desde IU se está apoyando una moción en defensa del olivar y para salir de la situación de estancamiento" en la que se encuentra una de las producciones "con mucho valor añadido".

   Por su parte, el responsable de Servicios Técnicos de COAG, Rafael Juárez, insistió en que el sector alimentario no se puede dejar arbitrar por la ley de la oferta y la demanda, e instó a la Comisión del Parlamento europeo a establecer medidas que permitan percibir "precios razonables".

(EUROPA PRESS)

Izquierda Unida de Guadalajara celebrará este fin de semana una serie de actos con motivo del 78 aniversario de la prclamación de la II República Española, y que se celebrarán en la capital, en Azuqueca y en Villanueva de la Torre. "Es una conmemoración que venimos haciendo en los últimos años y que ha consistido en un homenaje en el Cementerio de la capital a la gente que luchó por la República en Guadalajara. Una gente que lleva mucho tiempo olvidada, que queremos reivindicar y cuyo olvido debemos reparar", ha dicho hoy el coordinador provincial de IU, José Luis Maximiliano.

Con los actos, la coalición también pretende reivindicar la necesidad de una  Tercera República "como una forma de profundizar en la democracia, en los valores democráticos y de la igualdad. IU es una fuerza republicana que trabaja con las reglas del juego que tenemos actualmente y que queremos, lógicamente, cambiar. Para nosotros además de unas jornadas reivindicativas, son también unas jornadas festivas", ha señalado Maximiliano.

El coordinador de IU también ha mostrado su malestar por el hecho de que las conmemoraciones coincidirán con la presencia de la extrema derecha en las calles de Guadalajara ese mismo fin de semana. La Falange ha convocado una manifestación en la ciudad el sábado, con presencia de líderes nacionales, y también hay sobre la mesa una posible convocatoria de un grupo neonazi para un torneo de fútbol sala

"Hay una convocatoria legalmente realizada, a las ocho de la tarde, y otra por la mañana que va a coincidir en horario con el acto que tenemos en el Jardinillo. Tenemos la garantía de la Subdelegada del Gobierno" de que no se van a acercar. Los actos de esta gente son profundamente xenófobos y racistas, por lo que entendemos que, más allá de la legalidad de que un partido convoque una manifestación con un lema aparentemente intrascendente, se van a estar coreando eslóganes fascistas, xenófobos y racistas. Por eso creemos que hay que tenerlo en cuenta a la hora de que se convoquen y poner alguna objecíón por parte de la Subdelegación del Gobierno, sobre todo porque ya se tienen experiencias en este sentido", ha dicho Maximiliano.

A juicio de IU, si las leyes no consiguen evitar estas situaciones, "hay que cambiarlas". "No podemos dejar que determinados energúmenos estén por las calles de Guadalajara haciendo apología y homenajes a sus héroes; uno de los cuales -Israel Galve Maldonado- intentó asesinar hace poco a un joven en Guadalajara y está en la carcel por ello", ha recordado el coordinador de IU.

"Creemos que es necesario combatir con firmeza estas ideas, y las vamos a combatir desde la política, aislando a esta gente en la medida de lo posible de la sociedad. Lo que no vamos a ir nunca es a una confrontación física con ellos, vamos a ir a una confrontación exlclusivamente política y vamos a poner todo nuestro empeño en que estas manifestaciones y actos no se lleven a cabo en la vía pública", ha concluído Maximiliano.

Actos republicanos

La coordinadora local de IU, Elena Loaisa, desgranaba los actos de esta conmemoración que contará con una ofrenda floral en el Cementerio de Guadalajara, una concentración y limonada en la Plaza del Jardinillo de la capital, un café literario en El Foro de Azuqueca de Henares, el sábado 18 de abril; y para el domingo 19 de abril, en Villanueva de la Torre, un Torneo de Ajedrez, "Jaque al rey", y una comida de afiliados, también en esa localidad.

"Izquierda Unida ha realizado este homenaje sobre tres pilares: el de recuerdo a todos estos hombres y mujeres, en su mayoría anónimos, que lucharon y murieron por defender la democracia; el reivindicativo, trabajando por conseguir la III República, con un cambio de sistema y otra forma de hacer política; y también el lúdico, para crear un espacio de convivencia entre todos con la limonada del sábado y la comida del domingo", ha dicho Loaisa.

Miguel Óscar Aparicio, de IU de Azuqueca y representante de Jóvenes de IU, ha querido destacar la necesidad de la presencia de la juventud en estos actos de homenaje "y mucho más en estos tiempos en los que los jóvenes son quizá uno de los sectores donde más se está sufriendo el paro. Los jóvenes debemos ser, además de una fuerza renovadora, una ayuda más para elaborar una política mucho más cercana a los jóvenes. Nos gustaría que participara el mayor número posible de personas en estos actos del fin de semana ya que es hora de que se conozca bien lo que fue una democracia y un verdadero régimen democrático". 

ACTOS DE IU POR LA REPÚBLICA

Sábado 18 de abril

11 H. OFRENDA FLORAL, en el Cementerio Municipal de Guadalajara.

12:30 h. CONCENTRACIÓN REPUBLICANA Y LIMONADA, en la Plaza del Jardinillo de Guadalajara.

19:00 h. CAFÉ LITERARIO, en el Foro de Azuqueca de Henares. Agustín Lozano y Enrique Alejandre presentarán sus libros:  “Guerra ha de haber” y “El Movimiento Obrero en Guadalajara, 1868-1939”.  También habrá un recital poético,   acompañado de un café.

Domingo 19 de abril

10:00 h. i TORNEO DE AJEDREZ “JAQUE AL REY”, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Villanueva de la Torre.

13:00 h. ENTREGA DE PREMIOS DEL TORNEO DE AJEDREZ, en el Restaurante Juliemi del Centro Comercial Valgreen de Villanueva de la Torre.

Jesús Recuero en su intervención El vicepresidente segundo de la Diputación y responsable del Área de Recursos Sostenibles, Jesús Recuero, ha participado hoy en el VII Plenario de Municipios de la Red de Ciudades y Pueblos Sostenibles de Castilla-La Mancha, celebrado en Puertollano (Ciudad Real), donde ha presentado una ponencia sobre la situación de nuestra provincia. En su intervención, Recuero ha explicado la existencia de dos zonas completamente diferenciadas en la provincia: el Corredor del Henares y el resto de territorio. En la primera de ellas, las líneas de trabajo propuestas en los Planes de Acción Local de la Agenda 21 apuestan por el empleo de criterios sostenibles en el desarrollo urbanístico; los programas de mejora de la eficiencia energética, y el uso de nuevas tecnologías disponibles en el sector industrial. En el resto de la provincia –que representa el 91,55% del total de la superficie total– existe una amplia masa forestal, ha destacado el vicepresidente, que actúa como “sumidero de CO2” y ofrece unos servicios ambientales como superficie productora de oxígeno, protectora del suelo, además de preservar la biodiversidad y ser un lugar de educación y recreo. “Estos elementos constituyen una oportunidad para el medio rural”, ha afirmado. Para asegurar tanto la población como el mantenimiento de estos ecosistemas, ha señalado la necesidad de trabajar en la puesta en valor de los productos del bosque, en la selvicultura, en la ganadería a través del pastoreo sostenible y en la potenciación del turismo en estas áreas. Según ha expuesto, una de las herramientas que permiten ordenar los proyectos y actuaciones para conseguir un desarrollo sostenible, es la Agenda 21 Local, a través de sus Planes de Acción Local. Recuero ha destacado que en Guadalajara todos los municipios están trabajando en el programa Agenda 21 Local en diferentes fases. Igualmente ha detallado algunas de las actuaciones llevadas a cabo, como los programas de educación con las Ecoescuelas –en el que están implicados 7.871 alumnos de 27 centros  la provincia– o de ahorro energético en edificios públicos, como el propio Palacio Provincial o auditorias de alumbrado público llevadas a cabo en varios municipios. Otras actuaciones que ha destacado son la reforestación de tierras agrarias, las buenas prácticas agrícolas y el cultivo de especies para biocombustibles. Todo ello sin olvidar la elaboración de ordenanzas municipales para favorecer la implantación de empresas respetuosas con el medio ambiente.      En el capítulo de conclusiones, los participantes en este Plenario, representantes de administraciones locales,  han aprobado una resolución que compromete la implantación de políticas locales de cambio climático, que se sustanciarán en una línea estratégica específica de los respectivos Planes de Acción Local: consumos energéticos, control de emisiones, movilidad, transporte y generación de residuos. Además, han refrendado la Estrategia Regional para la prevención del cambio climático, el Manifiesto de Ciudades por el Clima, propiciado por la Red Española de Ciudades por el Clima, y el Pacto Europeo de Alcaldes por el Clima, propiciado por la UE.      La resolución final dedica también un párrafo a la reivindicación del agua para Castilla-La Mancha como recurso decisivo para un desarrollo sostenible regional, y reitera la urgente necesidad de medidas de discriminación positiva para los Municipios gestionados a través de una Agenda 21 Local, específicamente para los pequeños municipios, que constituyen en torno al 90% del total de la Red.

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Las voces conservadoras y liberales han propuesto, una vez más, la reducción de las pensiones en España para garantizar su solvencia. Y los medios de información y persuasión del país han promovido tal mensaje

Como era previsible, las voces conservadoras y liberales (desde el Partido Popular Europeo, del cual el PP español forma parte, al Sr. Almunia, Comisario de Asuntos Económicos de la Comisión Europea, y el Sr. Miguel Angel Fernández Ordóñez, Gobernador del Banco de España) han propuesto, una vez más, la reducción de las pensiones en España para garantizar su solvencia. Y los medios de información y persuasión del país han promovido tal mensaje, haciendo suyas tales propuestas. Así, El País, en su editorial del 23 de Abril de 2009 titulado ?Pensiones en Conflicto?, apoyaba las propuestas del Gobernador del Banco de España escribiendo ?Sobre la viabilidad de las pensiones, el gobernador tiene razón? Nada más lógico (para salvar la viabilidad de las pensiones) que subir la edad de la jubilación y aumentar el número de años de cotización para calcular la pensión??. Y editoriales semejantes se han escrito en LA VANGUARDIA, EL PERIÓDICO, E L MUNDO, ABC, y en la gran mayoría de rotativos del país. La única diferencia es el énfasis que se da a cada una de estas recomendaciones, en la intensidad del apoyo al gobernador del Banco de España (y crítica, no carente de insultos, al Ministro Corbacho del gobierno español que ha cuestionado tanto el diagnóstico de inviabilidad de las pensiones como las recomendaciones hechas por el Gobernador) y a las propuestas parecidas del Sr. Almunia, y en la rapidez con que se pronostica el colapso del sistema de Seguridad Social en caso de que no se lleven a cabo las reformas que unánimemente se están proponiendo. Hay una avalancha ideológica muy acentuada para, aprovechando las crisis financiera y económica, hacer los cambios que las fuerzas conservadoras y liberales han deseado desde hace años. En realidad, en cada crisis económica, aparece una situación semejante, utilizando los mismos argumentos y en ocasiones incluso los mismos datos y cifras. El informe que la Comisión Europea ha hecho sobre la viabilidad de las pensiones en España, y que el Sr. Almunia utiliza en alguna de sus propuestas, es casi una copia del informe escrito por el Sr. David Taguas, entonces subdirector de estudios del Banco BBVA (y más tarde director de la oficina económica de La Moncloa durante el primer Gobierno Zapatero), publicado en la revista PANORAMA SOCIAL de la Fundación de Cajas de Ahorro. Tal informe, que utiliza los mismos argumentos y casi los mismos datos que los que aparecen en el informe de la Comisión Europea, motivó también una editorial favorable de EL PAÍS, titulado entonces (12.02.07) ?Augurio de crisis?.

Un análisis detallado y riguroso de la evidencia empírica que tales informes y artículos presentan en apoyo de sus tesis y propuestas muestra que tienen problemas metodológicos serios que cuestionan su credibilidad. En realidad, es sorprendente la pobreza intelectual de su contenido y laxitud y flexibilidad en la interpretación de los datos. El hecho de que algunos de los errores que reproducen estos informes, artículos y editoriales estén ampliamente generalizados en el debate actual sobre las pensiones no excusa su aparición en tales documentos. Veamos algunos errores que centran tales informes y argumentos.

NO CONOCEN CÓMO SE CALCULA LA ESPERANZA DE VIDA

En todos estos informes se asume erróneamente que el hecho de que la esperanza de vida promedio de España haya pasado de ser 76 años a 80 años en veinticinco años (1980-2005) quiere decir que el promedio español vive ahora cuatro años más. Ello no es cierto. Hay que saber qué quiere decir esperanza de vida y cómo se calcula. Supongamos que España tuviera sólo dos habitantes. Uno, Pepito, que muere al día siguiente de nacer, y el otro, la Sra. María que tiene 80 años. La esperanza de vida promedio de España sería 0 años más 80 años, dividido entre dos, es decir, cuarenta años. Pero supongamos que en un país imaginario vecino, hay también dos ciudadanos, uno, Juan, que en lugar de morir al día siguiente de nacer, como Pepito en España, vive veinte años, y la otra persona es la Sra. Victoria que tiene también 80 años como la Sra. María. En este país imaginario, la esperanza promedio de vida es de 20 más 80, dividido entre dos, es decir 50 años, diez años más que en España. Ello no quiere decir (como constantemente se malinterpreta este dato) que el ciudadano promedio de aquel país viva diez años más que en España: lo que el dato dice es que hay diez años de vida más en el promedio de aquel colectivo de dos personas sin clarificar que ello se deba a que la Sra. Victoria viva diez años más que la Sra. María (lo cual no es cierto), o que sea Juan el que vive veinte años más que Pepito. Todos los documentos que favorecen la reducción de las pensiones concluyen que la Sra. María vive diez años más, lo cual, repito, no es así. Quiero aclarar que cuando digo no es cierto, no quiero decir que estén mintiendo. Para mentir hay que saber la verdad. Y es obvio que no la conocen. Son ignorantes, no mentirosos. No saben cómo se calcula la esperanza de vida e interpretan mal su significado.

Lo que ha estado ocurriendo en España (y en Europa) es que la mortalidad infantil ha ido disminuyendo de una manera muy marcada, con lo cual la esperanza de vida ha ido aumentando, pasando de 76 años a 80 años. Ello no quiere decir, como habitualmente se asume, que el ciudadano español medio viva cuatro años más ahora que hace veinticinco años. La mortalidad por cada grupo etario ha ido descendiendo (incluyendo entre los ancianos), pero los años de vida que el ciudadano medio vive ahora no es de cuatro años más que en 1980. Calcular las pensiones en base a esta lectura errónea de los datos penaliza a la población pues asume que la gente vive más años de lo que en realidad vive.

LOS PROMEDIOS NO SON SENSIBLES A LAS DIFERENCIAS POR CLASES

Otro gran error es malinterpretar el significado de promedio Tenga en cuenta el lector que una persona se puede ahogar en un río que tiene como promedio sólo diez centímetros de profundidad. Tal río puede ir seco a lo largo de muchos kilómetros pero en algunas zonas éste puede tener tres metros de profundidad, y es ahí donde el lector se puede ahogar. Un promedio en sí no nos dice mucho si no sabemos también las variaciones del promedio. Lo dicho tiene especial importancia en el cálculo de la esperanza de vida y en la estimación de la longevidad (los años que una persona vive). Las diferencias en longevidad por clase social son enormes. Así, la diferencia en los años de vida existente entre una persona perteneciente a la decila de renta más baja del país (los más pobres) y la decila superior (los más ricos) en España es nada menos que de diez años (ha leído bien, diez años). En EE.UU. son quince y en el promedio de los países de la UE-15 son siete. Estas diferencias en longev idad se deben a que el nivel de salud de la población depende, sobre todo, de la clase social a la cual se pertenece. Un trabajador no cualificado (en paro frecuente durante más de cinco años) tiene, a los sesenta años, el nivel de salud que un banquero tiene a los setenta años. Este último sobrevivirá al primero diez años. Es profundamente injusto pedirle al primero que continúe trabajando dos (y algunos piden cinco) años más para pagar las pensiones del segundo que le sobrevivirá diez años. La insensibilidad hacia esta realidad mostrada por estos informes es abrumadora. Retrasar la edad de jubilación a toda la población trabajadora sin más, es una medida que perjudica a las clases populares para beneficiar a las clases de mayores rentas que viven más años.

EL ERROR DEL ARGUMENTO ALARMISTA: EL CRECIMIENTO DEL PORCENTAJE DE PIB GASTADO EN PENSIONES ES EXCESIVO

Este es uno de los errores metodológicos más importantes y frecuentes que aparece en el informe Taguas y en el informe de la Comisión Europea, y que ha sido reproducido en gran número de artículos y editoriales. Tal argumento indica que el porcentaje del PIB en pensiones subirá de un 8,4% en el año 2007 a un 15,1% del PIB en el año 2060, un porcentaje que estos informes señalan como excesivo, pues la sociedad en el año 2060 no podrá absorber tales gastos pues restarán recursos necesarios para otras actividades, programas o servicios a la población no pensionista. El hecho de que el porcentaje de gasto en pensiones públicas alcanzará el 15,1% en el 2060 se considera una noticia alarmante que requiere una intervención ya ahora, disminuyendo los beneficios de los pensionistas.

En este argumento se ignora el impacto del crecimiento de la productividad sobre el PIB del año 2060. Supongamos que el crecimiento anual de la productividad es un 1,5%, un crecimiento que incluso el Banco de España admite como razonable. En este caso, el valor del PIB español será 2,25 veces mayor que el PIB del año 2007. Ello quiere decir que si consideramos el valor del PIB del año 2007 como 100, el del año 2060 será de 223. Pues bien, el número de recursos para los no pensionistas en el año 2007 fue de 100 menos 8,4 (8,4 es la cantidad que nos gastamos aquel año en pensionistas), es decir, 91,6. En el año 2060 los recursos a los pensionistas serán el 15,1% de 223, es decir 33, y para los no pensionistas será 223 menos 33, es decir, 192, una cantidad que es más del doble de la existente en el año 2007, 91,6. Debido al crecimiento de la productividad, en el año 2060 habrá más recursos para los no pensionistas que hoy, y ello a pesar de que el porcentaje del PIB dedicado a pensiones es superior en el año 2060 que en el 2007. Los que alarman innecesariamente a la población olvidan un hecho muy elemental. Hace cincuenta años, España dedicaba a las pensiones sólo un 3% del PIB. Hoy es un 8%, más del doble que cincuenta años atrás. Y la sociedad tiene muchos más fondos para los no pensionistas de los que había entonces, aún cuando el porcentaje del PIB en pensiones sea mucho mayor ahora que entonces.

EL MINISTRO CORBACHO Y EL SECRETARIO GENERAL OCTAVIO GRANADOS LLEVAN RAZÓN

Quisiera señalar que estos errores son mayores. Si los hace un estudiante en el programa de Políticas Públicas en la Universidad Pompeu Fabra que yo dirijo, se le suspende. Pues bien, grandes instituciones como el Banco de España o la Comisión Europea los cometen y tienen una gran resonancia, convirtiéndose inmediatamente en dogmas de la nueva sabiduría convencional liberal. El problema es que, como cualquier dogma, se reproduce más por fe (la fe en la doctrina liberal) que no en la evidencia científica. El Sr. Almunia, el Sr. Fernández Ordóñez, el Banco de España, el BBVA, la Comisión Europea, El País, La Vanguardia, El Periódico, El Mundo, o el ABC están equivocados, y el Sr. Corbacho, Ministro de Trabajo y el Sr. Octavio Granados (que han negado que la Seguridad Social esté en peligro), llevan razón. No hay un problema grave de viabilidad en el sistema de pensiones en España, lo cual no quiere decir que no haga falta hacer cambios (como la flexibilización voluntaria en la edad de jubilación) que mejoren no sólo las cuentas sino la equidad del sistema. Pero, entre estos cambios, no debieran incluirse los sugeridos por la sabiduría convencional liberal que ha mostrado ser lo que es: la mera defensa de intereses de clase.

La causa mayor por la que varios países hayan retrasado la edad de jubilación a los 67 años no ha sido tanto el intento de retrasar tal edad legal, sino la de retrasar la edad real de jubilación, edad que en España es ya, 62,5 años, la más alta existente en la UE. Lo que debe hacerse es precisamente acercar la real a la legal, imposibilitando la práctica generalizada del mundo empresarial de utilizar las prejubilaciones como mecanismo de reducir las plantillas, hecho que afecta negativamente el tamaño de las pensiones de las personas prejubiladas. Este debiera ser el centro del debate sobre las pensiones; la utilización por el mundo empresarial (incluido en un lugar destacado la banca, la mayor promotora de que se recorten las pensiones en España) de la temprana jubilación como manera de aumentar sus beneficios. El hecho de que los medios de información y persuasión estén enfatizando lo primero ?la reducción de las pensiones- y no lo segundo ?el perjuicio que se hace a los trabajadores para mejorar los beneficios de empresarios- es un indicador más de que ciertos grupos y clases sociales en España tienen una influencia dominante en tales medios de persuasión.

Una última observación. Voces críticas tienen escasa accesibilidad a tales medios. De ahí que le ruego al lector que me ayude a distribuir ampliamente este artículo para que la población conozca que lo que se le dice por aquellos medios no se basa en evidencia empírica, sino en mera ideología, la ideología liberal que asfixia a nuestro país y domina el debate, dominio que se explica no por la fortaleza de los argumentos (que es muy floja y fácilmente demostrable que es errónea) sino por las enormes cajas de resonancia que tales voces tienen en unos forums que se caracterizan por su escasa diversidad en los puntos de vista expuestos. La democracia en España es muy, muy limitada. Y el debate sobre las pensiones lo demuestra.

Vivcenç Navarro

www.comfia.info

CHAT DIGITAL EL PAÍS 15-04-09

Los internautas preguntan a Cayo Lara

La Delegación provincial de Ordenación del Territorio y Vivienda ha devuelto el informe del Plan de Transporte interurbano (Plan Astra) del Corredor del Henares a la consultora que lo redacta para introducir «modificaciones indispensables en las líneas más largas», según explicó el delegado de la materia de transporte, Fernando Senesteva, a este periódico. La principal modificación es la que atañe a la ruta que transcurre entre el municipio de El Casar y Guadalajara, ya que la empresa encargada de este estudio deja fuera de este recorrido el tránsito de autobuses entre Galápagos y Guadalajara considerándolo una ruta distinta a la anterior. La próxima semana, la consultora entregará un nuevo proyecto con las correcciones requeridas por los técnicos de la Junta de Comunidades.

Como estaba previsto, Ordenación del Territorio recibió esta semana un informe con los itinerarios, las frecuencias horarias y las previsiones de viajeros de las tres líneas que compondrán el Astra. En este documento se atienden algunas de las solicitudes que previamente habían remitido los ayuntamientos beneficiarios del Plan de Transporte a requerimiento de la Delegación provincial que dirige Fernando Senesteva.
«El Plan no ha cambiado mucho respecto al inicial pero es más completo. Es verdad que sí que nos da margen a introducir las modificaciones de los ayuntamientos. Eso sí, no se contemplarán todas las modificaciones de los ayuntamientos en trazado urbano. Tenemos el compromiso de que los costes no se vayan más allá de lo previsto inicialmente. Tenemos que encajar muy bien los horarios y el número de kilómetros para que no se sobrepase ninguna frecuencia de los autobuses», puntualizó Fernando Senesteva.

MODIFICACIONEs. Las líneas que comprenden el Astra tienen como destino Guadalajara y como municipios de cabecera a Azuqueca (transitando por Quer, Villanueva y Alovera), Humanes (atravesando Mohernando, Yunquera de Henares y Fontanar) y El Casar (circulando por Valdeaveruelo, Torrejón del Rey, Galápagos y Cabanillas del Campo). La consultora encargada del proyecto también había creado otra línea de cabecera en Galápagos, principal motivación por parte de Ordenación del Territorio para devolver el Plan Astra ya que la intención es añadirlo al trayecto que parte desde El Casar.

«Esta línea es la más compleja por la incorporación de muchas urbanizaciones después de salir de El Casar. La consultora ha previsto mayor ocupación (número de posibles viajeros) que el que realmente contemplamos nosotros. Lo más conveniente es integrar también a Galápagos», concretó Fernando Senesteva.

El recorrido que seguirán los autobuses entre Azuqueca y Guadalajara, la que se espera que tenga mayor afluencia de viajeros por volumen de población de estas localidades, también incluirá retoques. El principal, atender la demanda de los polígonos industriales de Alovera y Quer, según detalló el delegado, incluyendo al menos una de las dos paradas solicitadas por estos Consistorios.

Cuando Ordenación del Territorio y Vivienda reciba el informe, la delegación lo remitirá a todos los municipios beneficiarios.

www.latribunadeguadalajara.es

Los obispos están en su derecho de realizar las campañas que les plazca, pero no con dinero público.

No soy de los que consideran que la religión es el opio del pueblo. Pienso más bien que sus distintas concreciones históricas están llenas de claroscuros. Como casi todas las realidades sociales, son ambivalentes, con efectos positivos y negativos para las sociedades. Pero, en el caso de nuestro país, la Iglesia católica se ha situado siempre entre las posturas más reaccionarias, constituyendo, especialmente en los cinco últimos siglos, un factor retardatario del desarrollo. Esto explica las fuertes tendencias anticlericales presentes en España a lo largo del siglo XIX y gran parte del XX, reacción lógica frente a la actitud eclesial de intervenir directamente en la política aliándose con las facciones más conservadoras e intentando imponer coactivamente sus creencias al conjunto de la sociedad. No otra cosa es el nacional catolicismo.

En la Transición creímos que la Iglesia, tal vez influida por el Vaticano II, había sabido aceptar finalmente el papel que le correspondía en una sociedad secularizada. Pero el espejismo ha durado poco. Vuelve a las andadas y no se resigna a perder los privilegios y, lo que es más grave, trata de convertir su credo religioso en ley civil obligatoria para todos los ciudadanos, creyentes o no. Bien es verdad que la jerarquía española se siente arropada por los vientos que corren en Roma desde la muerte de Juan XXIII. Buenos ejemplos de ello se encuentran en la intervención gloriosa que el actual Papa tuvo el otro día en África acerca de los preservativos, o la actuación que el Vaticano ha mantenido a través de Berlusconi en el caso de Eluana Englaro, colocando todo tipo de obstáculos a efectos de impedir que se cumpliese su voluntad -y la de sus padres- de no permanecer en estado vegetativo.

Ahora, los obispos españoles se disponen a dar la batalla en contra de la futura ley del aborto anunciada por el Gobierno. Su última ofensiva, la campaña de publicidad que proyectan con ilustraciones de un lince y un niño. No habría nada que objetar si la campaña estuviese orientada exclusivamente a concienciar a sus fieles acerca de la perversidad moral de todo lo que se relaciona con el sexo o a propagar su creencia de que todo aborto es éticamente reprobable. Allá ellos y sus credos. A nadie se le obliga a abortar. El problema es que pretenden que sus doctrinas se traduzcan en leyes, incluso penales, para la sociedad, y que se condene con pena de prisión cualquier aborto.

La cerrazón mental de los obispos españoles llega incluso a la condena de la ley de reproducción asistida. Reprueban el nacimiento del pequeño Javier, destinado a salvar la vida de su hermano Andrés, con el argumento de que ese embrión se ha seleccionado entre otras posibilidades. La respuesta del secretario de la Comisión Episcopal, monseñor Camino, cuando le interpelaron sobre el caso es enormemente significativa del mundo en el que se mueven los obispos: "Los problemas morales no se pueden plantear ad hominem", dijo. ¿Pero de qué otra forma se plantean las cuestiones éticas? en cada hombre concreto y en circunstancias concretas.

Lo más grave, con todo, es que la Iglesia cuenta con financiación pública para sus actuaciones. Por mucho que se intente disfrazar tras el procedimiento de la crucecita en la declaración del impuesto sobre la renta, los recursos que Hacienda transfiere a los obispos son públicos. Los ciudadanos que señalan la casilla de la Iglesia están disponiendo de un dinero que ya no es suyo, puesto que es parte de la cantidad que, según la legislación fiscal, les corresponde aportar a las cargas de la comunidad, entre las que en ningún momento deberían incluirse los gastos de una Iglesia. Los obispos repiten una y otra vez que ya no depende del presupuesto del Estado, sino de los fieles. No es verdad. Sería cierto si los creyentes aportasen una cantidad adicional. Pero ése no es el caso.

Los obispos están en su derecho de realizar las campañas que les plazca, pero no con dinero público. Es difícil creer que la Transición se ha completado cuando se mantienen privilegios como éste.

Juan Francisco Martín Seco
Estrella Digital

Apuesta por "rescatar la participación pública en el sector energético" y defiende una "Europa más fuerte"

El secretario general de UGT, Cándido Méndez, reclamó hoy una "mayor" protección también hacia la clase trabajadora ante la actual crisis económica, de forma que se defienda "al unísono" tanto a las personas en paro, como a los 16,5 millones de españoles que cuentan con un empleo.

En una asamblea de delegados de UGT celebrada hoy en el Palacio de Congresos de Santiago de Compostela, Cándido Méndez también recalcó la necesidad de que la capitalización bancaria con recursos públicos sirva para que el Estado "se quede con las entidades financieras" cuando éstas recuperen su solvencia. "Hay que entrar para quedarse", aseveró ante más de 2.000 representantes de UGT.

Bajo el lema 'A crise. Respostas e propostas de UGT --La crisis. Respuestas y propuestas de UGT--', Méndez expuso sus tesis, entre las que advirtió de que, "ante el riesgo de recortar los derechos y poner en riesgo los servicios sociales", es preciso "proteger" a los trabajadores, que "son los que sacarán de la crisis" a los estados.

En este sentido, censuró que se genere un clima de "inseguridad" laboral o que "el líder del principal partido de la oposición y el presidente de la patronal pretendan un 'shock' social" con sus apelaciones a una huelga general.

A este respecto, justificó que los paros de ámbito estatal que se promovieron en la época de Felipe González (3) o José María Aznar (1) se fundamentaron en políticas "abaratamiento del despido y en una clara agresión" a los derechos de los trabajadores, tras lo que argumentó que "ahora no se da" esa circunstancia. Así, concluyó que de la política del conservador, que favoreció la especulación, se derivó la crisis actual. "De esos fangos, vinieron estos barrizales", ilustró Méndez.

"HORA DE LA POLÍTICA PÚBLICA".

Tras proclamar que es "la hora de la política pública" y que el este sector generó en 2008 más de 114.000 empleos en enseñanza, sanidad y servicios de la Ley de Dependencia; el secretario general de UGT avisó de que "no se puede permitir" que el dinero de los contribuyentes sirva para salvar a las entidades financieras y que "después de pagar, no se puedan quedar porque molestan".

Al hilo de esta cuestión, puso de manifiesto que otro de los sectores estratégicos para la economía del país (además del público) es la energía, de la que lamentó su "privatizaron" cuando gobernaba el PP. Por ello, abogó por "rescatar la participación pública en el sector energético".

Asimismo, propuso un "esfuerzo tecnológico" para superar la crisis y "cambiar el rumbo" de la economía. Para hacerlo, basó sus propuestas en "más tecnología, más formación, más industria y más servicios públicos".

MANIFESTACIÓN MAYO

Durante su intervención, consideró que en este momento echa de menos que se hubiese aprobado la Constitución Europea, puesto que se "necesita más Europa y más fortaleza" de sus instituciones políticas. A su juicio, la UE "está agotada políticamente y armada con recursos económicos del neoliberalismo", por lo que justificó la defensa de un marco constitucional en este ámbito para poder tomar decisiones.

"Debemos saber que ningún país va a salir por sí solo de la crisis", avisó Cándido Méndez, tras lo que recordó que el próximo 14 de mayo tendrá lugar en Madrid una movilización convocada por la Confederación Europea de Sindicatos, en la que también participa CC.OO., y que aglutinará a delegados sindicales de Francia y Portugal para reclamar la acción de las instituciones europeas.

Habrá otras manifestaciones centrales europeas en los días siguientes, de forma que tendrán lugar en Bruselas (15 de mayo) y en Berlín y Praga (16 de mayo).

Cándido Méndez aprovechó su intervención para reclamar que en la próxima reunión del G-20, que será el 2 de abril, los grandes líderes mundiales "no se queden en grandes palabras y pasen a la ofensiva sin contemplaciones contra los paraísos fiscales y regulen los mercados financieros".

Europa Press

El ex presidente Reagan fue capaz de llevar a cabo una involución neoliberal a favor de una minoría rica. Se puede aprovechar esta crisis para enderezar la economía desde los valores éticos.

Los ejecutivos de la aseguradora AIG, rescatada de la quiebra con dinero multimillonario del Estado, piensan repartirse 165 millones de dólares como sobresueldo? ¡como premio por su gestión! El gobierno de Obama descontará esa cantidad del dinero que aún ha de entregar para salvar la empresa. A partir de tal desvergüenza, no sorprende el fracaso del sistema financiero ni la desaparición de cientos de miles de millones de dólares, ni la economía real en recesión, ni la peor crisis económica jamás sufrida.

Las crisis son consustanciales al capitalismo. Treinta y cuatro de diversos calibres desde 1854, con desempleo castigando a los ciudadanos con mayor o menor intensidad, según nos cuenta nos cuenta el escritor y analista Tariq Alí. Pero más allá de las contradicciones insolubles del capitalismo, esas crisis económicas de diversa hondura tienen mucho de derrumbe moral. Los desastres no suceden sólo por causas económicas y financieras que se dirían ?técnicas?, sino por la desaparición de valores éticos que impulsan conductas predadoras.

José Luis Sampedro, escritor y economista, nos recuerda ?con qué facilidad ha surgido dinero de debajo de las piedras para ayudar a los bancos culpables de la crisis. Si se hubiera pedido para curar el SIDA en África o para educación no hubieran aparecido ni diez mil dólares ni aún habiéndose constituido treinta comités internacionales. Es una muestra de en qué situación estamos?. Una prueba de la ruina moral en la que hemos caído.

La próxima cumbre del G20 es el foro para decidir cómo enfrentar la crisis. Los desacuerdos entre las grandes potencias económicas sobre como relanzar la economía no auguran nada bueno. Buenas intenciones, profesiones públicas de unidad, estímulos fiscales, regulación y control... Todo está muy bien, pero ¿qué tal recuperar la ética en la economía y en la política económica? Nadie ha propuesto hasta ahora restaurar principios y valores cuya ausencia nos ha conducido al desastre.

Aunque haya sido diáfano que la avaricia nunca es buen motor de la economía y que los mercados no pueden regularse a sí mismos (han de ser vigilados y regulados con mano férrea), precisamente porque la codicia, ostentación y derroche no pueden ser los motores de quienes manejan el mundo financiero. Como nos ha dicho recientemente José Luis Sampedro, ?la idea misma del desarrollo económico es una degeneración. La degeneración de las ilusiones de la razón?.

Más allá del desacuerdo entre las grandes potencias económicas, y sabiendo que tan importante como las propuestas prácticas es la rehabilitación de valores y principios, deberíamos tener en cuenta lo dicho por Rahm Emmanuel, jefe de gabinete de Obama: "Nunca se debe desaprovechar una crisis". Si, como nos ha recordado el Nobel Paul Krugman, Reagan aprovechó la crisis de 1987 para cambiar todo en beneficio de la minoría rica, la involución neoliberal, ¿por qué no aprovechar esta crisis para enderezar profundamente el rumbo que nos ha llevado al desastre? Restaurando principios éticos, de solidaridad, de justicia y de respeto al medio ambiente, al planeta, por encima de la codicia, el crecimiento incesante y el derroche.

En los últimos años, tras el hundimiento del imperio soviético y la miserable victoria del capitalismo en su nefasta versión neoliberal, se sintieron con crudeza sus peores consecuencias: veloz derrumbamiento de la economía argentina, aumento de los pobres, mayor empobrecimiento de países ya empobrecidos y crecimiento astronómico de la desigualdad entre países y entre clases en los países, entre otras. Pero también surgieron respuestas.

Protesta en Seattle y en todas las ciudades donde se reunían las elites económicas, nacimiento del Foro Social Mundial, oposición global al pensamiento único (el dogma del consenso de Washington), movimientos populares sociales en Argentina, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Paraguay?, concienciación política de las grandes ONG? Un desafío constante al desorden neoliberal. Los movimientos sociales en América del Sur se han concretado políticamente y han elegido una mayoría de gobiernos progresistas en la región, gobiernos que desafían la desregulación, la libertad absoluta del capital, la privatización como panacea y la acción depredadora de las empresas transnacionales.

Es un buen modo de empezar a cambiar las cosas, pues está demostrado que sin acción ni presión desde abajo, no hay cambios por arriba que merezcan tal nombre. Aprovechemos la crisis para cambiar las cosas.

XAVIER CAÑO TAMAYO Periodista y escritor
Solidarios

Contundente informe del relator de Derechos Humanos

Perdida la batalla de la imagen, Israel puede afrontar ahora serios contratiempos legales. Naciones Unidas arremetió ayer con inusitada dureza contra la desproporcionada fuerza militar empleada en Gaza. Si el relator para los Derechos Humanos, Richard Falk, centró un informe en la ilegalidad de la guerra desatada en diciembre, otros altos funcionarios del organismo internacional detallaron en informes presentados ante el Consejo de Derechos Humanos casos específicos de violaciones graves de la legislación humanitaria. Falk, profesor de Derecho en la Universidad de Princeton, al que Israel prohibió el acceso a la franja, es contundente: "Si no es posible distinguir entre civiles y militares, lanzar un ataque es ilegal y constituiría un crimen de guerra de la mayor magnitud según la legislación internacional. (...) El confinamiento obligatorio de la población en zona de combate debe ser considerado un crimen de lesa humanidad".

Radhika Coomaraswamy, subsecretaria general de Naciones Unidas, que visitó el territorio palestino después del ataque israelí, explicó el informe presentado ayer. "Se recibieron informaciones diariamente sobre las violaciones, demasiado numerosas para enumerarlas", aseguró. Entre ellas, la utilización de niños como escudos humanos durante el avance de las tropas israelíes en el centro de Gaza, el derribo de edificios con una mujer y un niño en su interior o el bombardeo de una casa en la que se había obligado a permanecer a los civiles. Son sólo algunos ejemplos.

"La mierda está empezando a salir", comentaba a este diario el domingo el activista israelí Yehuda Shaul, al frente de la ONG israelí Breaking the Silence. (Rompiendo el Silencio). Las informaciones sobre las atrocidades perpetradas durante la guerra que provocó la muerte de 1.400 personas -casi mil civiles, más de doscientos policías y similar número de milicianos-, que devastó la infraestructura económica, destrozó cerca de 5.000 viviendas, 235 escuelas, ocho hospitales, y que dejó sin techo a decenas de miles de personas bullen a borbotones.

A veces son los propios soldados israelíes los que han denunciado cómo se mató a ancianas indefensas y a niños, y relatado el desprecio de muchos uniformados por la vida de los civiles.

La ONG israelí Médicos por los Derechos Humanos denunciaba ayer que los "militares no sólo no rescataban a familias heridas, sino que impidieron a equipos médicos atender a los heridos". Dieciséis médicos o personal de ambulancias murieron a balazos. "Es un reflejo de lo que consideramos órdenes de los mandos a los soldados", afirmó Zvi Bentwich, miembro de esta organización.

No es frecuente que el jefe del Estado Mayor del Ejército, Gaby Ashkenazi, hable en público. Lo hizo el domingo por la noche para explicar que las Fuerzas Armadas están investigando las denuncias. "Si hubo incidentes como los descritos, fueron aislados", dijo. En Israel existe preocupación por los efectos que puedan derivarse de eventuales denuncias por crímenes de guerra. Son varios los generales y dirigentes políticos que no pueden viajar a Reino Unido por temor a ser detenidos.

J. M. MUÑOZ
El Pais

La crisis no la han generado los aumentos de salarios

¿Quién pagará la crisis? Es una pregunta retórica. A estas alturas del drama, ya es bastante evidente que los efectos de la situación económica los estamos pagando los trabajadores y las trabajadoras. Nos ha llegado al buzón de casa la factura de años de espectaculares beneficios empresariales sin reinvertir en innovación ni formación; en el extracto bancario aparecen los números rojos de la miopía de unos dirigentes políticos que nunca han visto la necesidad de tener estrategia industrial. Sin vergüenza, los especuladores que han hecho fortunas en el mercado inmobiliario ahora se llevan las manos a la cabeza para decir que era cuestión de tiempo que el espejismo se deshiciera. Y, por si faltaba algo, la banca da lecciones de austeridad sobrevenida al por mayor cuando pontifica que en este país se tiraba demasiado largo, que el nivel de endeudamiento familiar no se sostenía. Pero, ¿quién regalaba hipotecas a 35 años? ¿Quién estimulab a el consumo añadiendo a la cuota la letra del coche y de las vacaciones? Son ellos los responsables de la cultura financiera y de consumo que tenemos en este país. ¿Cómo? ¿Que no te lo puedes permitir? Claro que sí... tranquilo, ya lo pagarás. Y tanto que nos lo están cobrando.
El problema es que todo ha cambiado, y aquello que antes era una operación financiera segura, de golpe se ha convertido en un riesgo terrible. Sus criterios sobre la solvencia se han restringido brutalmente. Como si el corazón, tras sufrir un infarto, no se atreviera a bombear la sangre y latiera una vez al minuto. Conclusión: sin riego no hay vida, al menos en el libre mercado. El sistema necesita adrenalina inyectada. Parecía que los 150.000 millones en avales que puso en circulación el Gobierno tendrían el mismo efecto. No ha sido así. De momento, todo continúa parado. Y, mientras la cosa está así, no faltan los oportunistas que han encontrado en la crisis el escenario idóneo para lograr sus objetivos de siempre. Porque esto es lo que está intentando la patronal CEOE.
Cuando más necesitamos la concurrencia del espíritu emprendedor, resulta que nos encontramos con los empresarios de siempre. Los que piden incentivos y mejoras fiscales para animar la creación de ocupación, pero son los primeros a la hora de alargar la mano cuando, de los impuestos de los contribuyentes, en su mayoría trabajadores, llegan bonificaciones económicas para la contratación de personas en paro. Exigen abaratar el despido, pero saben que es gratis despedir a un trabajador con contrato temporal. Exigen inversiones en infraestructuras a la Administración y líneas de crédito de fondos públicos, pero, en muchos casos, su responsabilidad social corporativa no llega más allá de comprar las camisetas de un equipo de fútbol sala.
Eso sí, se arrogan el papel de víctima y piden responsabilidad a los sindicatos por plantear demandas extemporáneas, como el mantenimiento del poder adquisitivo, sobre todo de aquellos que ganan menos, aquellos que no llegan a los 1.000 euros o los sobrepasan por poco. Cada empresa es cada empresa y merece un trato específico, dependiendo fundamentalmente del compromiso que ponga encima de la mesa la propia dirección. Sin embargo, justo es decir que vienen tiempos difíciles, tiempos de conflicto, y los trabajadores y las trabajadoras nos debemos preparar para defendernos. Han sonado los avisos. La economía no da señales de reactivación inmediata. La patronal presiona al Gobierno con reformas del mercado de trabajo. Y el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no pasa por su mejor momento, pendiente de resolver escenarios complejos y agobiado por un cuadro macroeconómico preocupante y por unos datos de paro descontrolados. Los gobiernos deben generar confianza. Queremos ver c ómo ponen todos los medios para proteger los puestos de trabajo y cómo se priorizan también las políticas sociales para aquellos que han perdido el trabajo y necesitan garantías de que, cuando se acabe la prestación de desempleo, tendrán el cojín de la Renta de Ciudadanía que aprobó el Estatut de Catalunya. Por eso, hace falta que nos dejemos sentir. Conviene que recordemos, para quien lo haya olvidado, que la crisis no la han generado los salarios, ni tiene una raíz industrial. Los trabajadores nos debemos movilizar contra los que intentarán que la salida del túnel se haga con cargo a los derechos laborales.

Josep Maria Álvarez, secretario de UGT de Catalunya
El Periodico

El Consejo de Estado recomienda al Gobierno aumentar en 50 el número de parlamentarios y reducir de dos a uno el mí­nimo por provincia  ¿ Remite al Ejecutivo el infome sobre la reforma de la Ley ElectoralAumentar de 350 a 400 el número de diputados en el Congreso; reducir de dos a uno el mí­nimo que se eligen en cada provincia; sustituir el sistema D  ¿Hont para la atribución de escaños y que los españoles residentes en el extranjero no puedan votar en elecciones municipales. Son éstas las principales recomendaciones del Consejo de Estado al Gobierno para afrontar la reforma de la Ley Electoral, según un informe al que ha tenido acceso la agencia Efe. El máximo órgano consultivo del Estado ha remitido ya a La Moncloa el documento que se le solicitó el pasado mes de junio con motivo de los trabajos de la subcomisión que en la Cámara Baja estudia las reformas necesarias de la LOREG (Ley Orgánica del Régimen Electoral General). En él, propone medidas como la reducción de la representación a un diputado por provincia y el aumento a 400 del número de integrantes de la Cámara Baja, una vieja reivindicación de IU prevista en la Constitución, y a la que siempre se han opuesto los nacionalistas. Con el fin de mejorar la proporcionalidad, el Consejo expone también la sustitución de la fórmula D  ¿Hondt por otra distinta, y señala que el denominado método Hare serí­a, según las simulaciones realizadas, el que aportarí­a la mayor proporcionalidad. A ese objetivo contribuirí­a también el hecho de que en el escrutinio de los votos, los restos sobrantes de los partidos en cada provincia (es decir, los sufragios que no han servido a las respectivas candidaturas para obtener escaños) se contabilicen de forma conjunta para la atribución de escaños adicionales. El informe advierte de que el aumento de la proporcionalidad del sistema electoral determinará el acceso al Congreso de partidos que en la actualidad no tienen representación parlamentaria. Asimismo, precisa que no es improbable que una modificación de la legislación electoral pueda originar, en función de las expectativas creadas, ciertos cambios en la intención de voto de los electores por el previsible trasvase del denominado voto útil desde los partidos mayoritarios a otros más pequeños. Y también ve factible que, dada la mayor facilidad para obtener representación, el número de candidaturas electorales se incremente, lo que llevarí­a a una mayor fragmentación parlamentaria,  «aunque no necesariamente excesiva  ». El Consejo de Estado considera además,  «cuando menos, discutible  » que los españoles residentes en el exterior puedan votar en las elecciones municipales que se celebran en España, y, por ello, propone abrir un  «debate sosegado sobre la posibilidad de revertir esa decisión  ». Y es que entiende que no forman parte de la población del municipio en el que pueden votar ni son vecinos del mismo a cualquier otro efecto que no sea el electoral. En cuanto al voto de éstos en las elecciones generales, señala que la creación de una circunscripción especial para ellos requerirí­a una reforma de la Constitución. No es ajeno tampoco el Consejo al debate sobre el voto en urna de los residentes en el extranjero, aunque subraya la complejidad de esa opción, ya que implicarí­a que en cada demarcación consular de los 168 paí­ses en los que viven españoles, hubiera 52 urnas para las elecciones al Congreso y otras 59 para las del Senado, amén de millones de papeletas con las candidaturas, por lo que se exigirí­a una  «logí­stica desmesurada  ». El propio informe señala que el análisis de las ventajas e inconvenientes del voto en urna en el exterior no ofrece un resultado claro.

Se ha creado una asociación cultural en Torrejón del Rey bajo el Nombre de Asociación Cultural Francisco de Quevedo de Torrejón del Rey. El próximo viernes a las 19:00 se presentará en el Restaurante Casa Pedro de Torrejón del Rey con la colaboración de poetas, escritores y cantantes en directo.

www.fdqtorrejon.es

Fomentará que las compañías privilegien, en un momento de contratación "escasa", a los trabajadores que puedan aportar "su mochila de prestaciones sociales" frente a los que ya la han agotado y siguen sin empleo

El secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, criticó hoy la medida planteada por el Gobierno para incentivar la contratación de trabajadores en paro que perciban prestación a través de la bonificación de cotizaciones a la Seguridad Social, al considerar que es "discriminatorio" para el resto de trabajadores sin empleo que no perciben estos subsidios.

La medida, que forma parte del paquete que mañana prevé aprobar el Consejo de Ministros, implicará que las empresas que contraten a estos trabajadores podrán bonificarse del 100% de la cuota empresarial a la Seguridad Social, hasta alcanzar un máximo equivalente al importe de prestación que el parado tuviera pendiente de recibir a fecha del contrato.

Para Toxo, esta iniciativa tiene una lógica "perversa", porque fomentará que las compañías privilegien, en un momento de contratación "escasa", a los trabajadores que puedan aportar "su mochila de prestaciones sociales" frente a los que ya la han agotado y siguen sin empleo o quienes quieran entrar en el mercado laboral.

Esta es una de las críticas del sindicato a las medidas planteadas por el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, y a las que el Gobierno prevé dar el visto bueno mañana. El líder de CC.OO. confió en que el Ejecutivo "rectifique" y no aplique unas iniciativas que tildó de "inadecuadas".

Asimismo, el secretario general de la organización rechazó la bonificación orientada a fomentar la contratación a tiempo parcial, puesto que recordó que el hecho de que este tipo de contratos sea escaso en España "no es porque esté escasamente bonificado, sino por las características que tienen, asociados a salarios bajos y que obligan a estos trabajadores a buscar un segundo contrato para tener un sueldo digno".

Sin embargo, Toxo reconoció que algunas de las medidas propuestas por Corbacho van en la buena dirección, como es el caso de la línea de créditos del ICO a medianas empresas, de la que dijo que debe llegar con celeridad para evitar la destrucción del tejido productivo en España.

Europa Press

Toxo calificó como "cortoplacistas y de coyuntura" las medidas anunciadas por el presidente, que "previsiblemente" serán aprobadas en el Consejo de Ministros de este viernes

El secretario general de Comisiones Obreras (CCOO) Confederal, Ignacio Fernández Toxo, rechazó el paquete de medidas anticrisis anunciado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, "un paquete de medidas que ni son originales ni resuelven los problemas de la economía española, fundamentalmente el mantenimiento del empleo", según puso hoy de manifiesto durante la clausura del VII Congreso de la Federación Estatal de Actividades Diversas del sindicato.

De esta manera, Fernández Toxo calificó como "cortoplacistas y de coyuntura" las medidas anunciadas por el presidente, que "previsiblemente" serán aprobadas en el Consejo de Ministros de este viernes, y puso como ejemplo de esas medidas, a su juicio "ineficaces", las nuevas bonificaciones para contratar trabajadores.

"Ese no es el problema, ya existen bonificaciones. Tenemos un problema de diagnóstico de la crisis que ni el Gobierno ni la patronal reconocen. El problema de la economía española no está en los costes del factor trabajo, sino en la transformación de un modelo económico que no es sostenible", dijo.

También auguró una grave situación social de cara a los meses de septiembre y octubre, cuando se prevé unos 4 millones de parados en España. Asimismo, indicó que actualmente, de los 3 millones y medio de parados, un millón no cobra ayudas por desempleo.

EN ESPAÑA ES FÁCIL DESPEDIR

Además, censuró las peticiones de la patronal de abaratar más los despidos. "En España ya es muy fácil despedir. A veces ni es necesario. Lo que pasa es que están intentando llevarse los recursos de los trabajadores para crear excedente empresarial. Pero lo intentan con mentiras para adornar una ideología que ya ha fracasado", insistió.

Sobre el empleo, el secretario general de CCOO propuso un "Pacto de legislatura por la economía y el empleo en el que se contemplara la incentivación de la economía, la transformación del modelo económico actual para derivar en un nuevo modelo de base tecnológica, el sostenimiento de la protección social y la verdadera conexión del sistema educativo con el mundo de la empresa".

Fernández Toxo insistió en que el problema en España es la temporalidad y la mala calidad del trabajo. "España está catorce puntos porcentuales por encima de la media de la Unión Europea en empleo temporal. Hemos generado mucho empleo de bajísima calidad, empleo precario, y se está derrumbando como un castillo de naipes", aseguró.

NUEVA EJECUTIVA

La segunda jornada y clausura del séptimo Congreso de la Federación Estatal de Actividades Diversas de CCOO cerró hoy sus puertas con los resultados de la votación que daban paso al nombramiento formal de la nueva Ejecutiva que dirigirá la Federación durante los próximos cuatro años.

En este sentido, los nuevos miembros son: Jesús Fernández Béjar, como Secretario General, y los miembros de la Ejecutiva: Francisco Javier Usero Villar, Marina Tarrio González, Enrique Castillejos Martín, Palmira Maya, Rafael Del Barrio, Yolanda Carrillo, Rafael López, Jesús Martínez Dorado, Elena Vidal, María Isabel Rodríguez, Juana Mancilla, Francisco Javier Lledó, Remedios Toboso, Miguel Cejudo, María Jesús Gallardo y Adela Jiménez.

Europa Press

Resulta sorprendente, en esta situación de crisis económica, la intensa actividad que se desarrolla en esta finca para adecuarla a campos de práctica de golf. La finca de El Encín destinada, en principio a investigación agraria y forestal por la Comunidad de Madrid, es escenario en estas fechas de una actuación insostenible ambiental y socialmente. Este ímpetu que se observa en El Encín, no se aprecia en otros ámbitos que supongan la mejora de la calidad de vida de sus conciudadanos.

    El descabellado proyecto de crear estas instalaciones elitistas y carentes de la menor utilidad social afecta a los recursos naturales de Guadalajara, esencialmente el agua. En la actualidad la incertidumbre de disponibilidad de este bien escaso es afrontado por el Gobierno de Esperanza Aguirre con una huida hacia adelante en la que hemos visto una demagógica campaña de “Madrid necesita más agua”, con lo que amenaza a sus territorios vecinos con la demanda de más recursos hídricos.

    Izquierda Unida de Guadalajara valora negativamente el despilfarro de recursos económicos de estas instalaciones (12 millones de Euros, o sea  1.996.632.000 pesetas), la desaparición de decenas de puestos de trabajos de investigación  (de 80 potenciales a sólo 20), el uso vergonzoso de magníficas tierras te aluvión de la vega del Henares… entre otros aspectos.

    Las obras que se realizan en los embalses de Guadalajara, trasvase de Alcorlo a Beleña, no pueden tener como finalidad surtir de agua a proyectos de este tipo ni a desarrollos urbanísticos devoradores de recursos. Como tampoco nos parece inocuo el proyecto de embalse en la zona de la madrileña localidad de Puebla de la Sierra, que observaría una conducción de doce kilómetros para trasvasar agua de El Vado a este embalse.

    Izquierda Unida de Guadalajara denuncia estos proyectos depredadores del Gobierno de Esperanza Aguirre y se une a las demandas de grupos y entidades sociales que piden la suspensión de los mismos.

ENTREVISTA: Econonía global JUAN SOMAVIA Director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

Juan Somavia (Santiago de Chile, 1941) lleva 10 años al frente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con sede en Ginebra -acaba de ser reelegido como director general por cinco años más-, y mantiene viva su vocación de "activista social", de "luchador por la democracia" y de "alguien que cree que hay que cambiar la sociedad". Declaración de principios poco habitual en los tiempos que corren. Somavia ha estado recientemente en Lisboa, en la octava reunión regional de la OIT para Europa y Asia Central. Habló de la crisis, se distanció del discurso imperante y reivindicó la "Agenda de Trabajo Decente", que ha convertido en el lema de la organización que preside.

En una entrevista concedida a EL PAÍS, el director general de la OIT reflexiona sobre los antecedentes de la crisis económica y subraya que "el tema central es el crecimiento de la desigualdad y la reducción del porcentaje de los salarios en el PIB", y critica "la visión ideológica de la economía, que sostiene que la desregulación siempre es la mejor política y que nos ha llevado a los problemas del sistema financiero". "Esta visión", añade, "sobrevaloró el mercado, infravaloró el papel del Estado y devaluó la dignidad del trabajo".

Pregunta. ¿Y los bancos?

Respuesta. La crisis ha mostrado cómo el capital se fue al sector financiero. Los bancos preferían prestar dinero a organizaciones oscuras antes que ayudar a crear una empresa. Hay que restablecer el equilibrio entre la misión reguladora del Estado, la capacidad de generar riqueza del mercado y la voz de la sociedad, los individuos, las familias, los trabajadores. Ésta es una crisis de la que ya había alertado la OIT.

P. ¿Preocuparse por los damnificados de carne y hueso de la crisis no es clamar en el desierto?

R. Parte de la crisis es una crisis ética. Una de mis tareas como director de la OIT es llamar la atención sobre el impacto en el empleo y en la gente, sobre las necesidades de lo social, para que se escuche al mundo del trabajo. Hace 45 años que me dicen que estoy clamando en el desierto, pero en todo este tiempo hemos visto el fin del apartheid y la llegada de Mandela al poder en Suráfrica, nos deshicimos de Pinochet en Chile, se ha producido una evolución en América Latina hacia un mundo que se expresa con mucha mayor libertad... Creo en la persistencia.

P. Dentro de la persistencia que usted menciona está el papel preponderante que otorga a Europa. ¿Y Estados Unidos?

R. Creo en el destino de Europa, complejo, difícil, que ha logrado construir progresivamente un sistema de búsqueda de equilibrios, que son los que la globalización ha tratado de destruir, sin lograrlo del todo. Hay un reequilibrio hacia la llamada economía social de mercado. De una manera o de otra, Europa ha conseguido mantenerlo. No saldremos de la crisis por la vía de lo que ocurra en un solo país. No hay duda de que si EE UU no sale hacia delante es un gran problema, pero no el único. El peso de la economía europea es muy importante. No hay que olvidar tampoco a India y China.

P. La OIT prevé 50 millones de parados más para este año. ¿Hasta dónde podemos llegar?

R. Lo hemos dicho a comienzos de 2009. Esto es lo que puede ocurrir si las políticas de los Gobiernos no funcionan bien. Es una proyección realista, pero no alarmista.

P. Ha mencionado usted dos ideas para llenar el actual vacío político e institucional: una nueva carta de gobierno económico coherente y sustentable y un nuevo consejo económico y social global.

R. La carta es una indicación de que la gente comienza a pensar qué viene después. Es interesante ver que ya hay consenso en señalar que la Agenda de Trabajo Decente formará parte de eso y que los valores de la constitución de la OIT forman parte de ella. Todo bajo una óptica de Naciones Unidas, con el objetivo de ir recogiendo los valores principales para asegurar una mayor estabilidad en el futuro. Esa mayor estabilidad exige un reequilibrio entre el papel regulador del Estado, la creación de riqueza del mercado, la sociedad y la gente. He mencionado la idea de un consejo de seguridad económico y social que sea lo suficientemente compacto como para ser eficiente, lo suficientemente representativo como para ser legítimo y lo suficientemente abierto como para ser responsable. Es un proceso en marcha.

P. ¿Hay consenso en el mundo y en los países del G-20 de que hay que avanzar en esa dirección?

R. Creo que no, porque la gente está concentrada en la crisis. Pero cuando uno conversa individualmente con los líderes es distinto. Resulta que cuando Angela Merkel dice "la carta" está pensando en el futuro, o conversas con Lula o con el primer ministro de Australia y hablan de estos temas como temas de futuro. Sarkozy ha dicho varias veces que necesitamos un nuevo orden mundial... Creo que el tema está sobre la mesa. Obviamente, lo urgente es que el sistema financiero vuelva a funcionar por la vía del crédito. Hay que lograr un equilibrio entre lo económico, lo social y el medio ambiente, donde los ejes son bastante sencillos: inversión productiva, primar la economía real en contra de la especulación, empleo como elemento central que da estabilidad, y dar al empleo la dignidad que tiene. En esta crisis nos olvidamos de las tres cosas: nos fuimos por la especulación, devaluamos la dignidad del trabajo y mire cómo tenemos el medio ambiente y el cambio climático.

FRANCESC RELEA
El Pais

Las causas de la destrucción de empleo hay que buscarlas en la crisis financiera y el modelo productivo español, no en los costes laborales

La secretaria de Empleo y Migraciones de CCOO, Paloma López, ha salido al paso de las declaraciones realizadas ayer por el Gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordoñez, en las que propone reformas urgentes del mercado de trabajo para abaratar el despido, y ha precisado que ?las causas de la destrucción de empleo hay que buscarlas en la crisis financiera internacional y el modelo de crecimiento de la economía española que limita nuestra capacidad de intervención, dado el excesivo endeudamiento que ha generado y la fuerte concentración de inversiones en operaciones inmobiliarias con elevada inflación?. Paloma López aclara que ni los salarios ni los costes laborales, que siguen estando por debajo de la media europea ?incluyendo las indemnizaciones por despido-, son responsables de la creciente y sostenida destrucción de empleo.

CCOO considera inaceptable que Ordoñez, como sus antecesores en el Banco de España, recurra siempre a las mismas recetas independientemente del ciclo económico por el que traviesa el país. ?Las iniciativas sugeridas, primero por la patronal madrileña, que de inmediato hizo suyas la CEOE, y ahora por el Gobernador del Banco de España, constituyen una alteración gratuita del diálogo social y son tan inoportunas como imprudentes?, afirma Paloma López.

En opinión de la secretaria de Empleo y Migraciones de CCOO, los esfuerzos de los interlocutores sociales y del Gobierno han de centrarse en detener la destrucción de empleo, incentivando la inversión pública en infraestructuras físicas, telecomunicaciones y recursos humanos, imprescindibles para el cambio de modelo productivo, favoreciendo la circulación del crédito por parte del ICO y de las entidades financieras, y garantizando la protección a las personas desempleadas.

Paloma López, advierte que CCOO no se quedará parada si alguna de estas propuestas pudiera abrirse camino, y emplaza al Gobernador del Banco de España a que ?el mismo empeño que sugiere para abaratar el despido, lo demuestre para exigir a las instituciones financieras que activen, con las garantías necesarias, la concesión de crédito a las Pymes y a las familias para sacar adelante sus proyectos empresariales y personales?.

CCOO

La escasez de capacidad adquisitiva de las clases populares ha creado un problema grave de insuficiente demanda, responsable del escaso crecimiento económico. Y los exuberantes beneficios de la banca han derivado primordialmente de inversiones especulativa.
Vicenç Navarro

La gran polarización en la distribución de la renta, con disminución del porcentaje que las rentas del trabajo representan del total de la renta nacional (a costa del incremento de las rentas del capital, y muy en particular el capital financiero?la banca) ha sido la causa ?como lo fue también de la Gran Depresión de principios de siglo XX- de las crisis económica y financiera actuales. La escasez de capacidad adquisitiva de las clases populares ha creado un problema grave de insuficiente demanda, responsable del escaso crecimiento económico. Y los exuberantes beneficios de la banca han derivado primordialmente de inversiones especulativas, creándose el complejo -capital financiero-inmobiliarias-construcción- responsable de los elevados precios de la vivienda, incrementándose todavía más el gran endeudamiento de las clases populares.

Una de las causas más importantes de la crisis económica y financiera actual que apenas ha salido en los medios de información ha sido la polarización en la distribución de las rentas que ha ocurrido desde los años ochenta en la mayoría de los países de la OECD a partir de la revolución neoliberal iniciada por el Presidente Reagan en EE.UU. y por la Sra. Thatcher en Gran Bretaña. Durante el periodo 1980-2005 hemos visto en estos países la desregulación de los mercados laborales y financieros, el aumento de la regresividad fiscal (con políticas fiscales claramente favorables al mundo empresarial y a las rentas superiores), la privatización de los servicios públicos, y el desarrollo de políticas monetarias que han favorecido al capital financiero (los bancos) a costa del mundo productivo, dando prioridad al control de la inflación sobre el estímulo económico. Tales políticas han sido promovidas a nivel mundial por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco Mundial, y a niv el europeo por la Comisión Europea (cuyos Comisarios de Economía y Asuntos Monetarios han sido los guardianes de tal ortodoxia liberal inscrita en el Pacto de Estabilidad que ha dificultado el incremento del gasto público), y por el Banco Central Europeo (cuyas políticas de control de la inflación se han realizado a costa del crecimiento económico y de la creación de empleo). Como resultado de tales políticas ha habido en la mayoría de países de la UE un aumento del desempleo (mayor en el periodo 1980-2005 que en el periodo anterior 1950-1980 cuando las políticas existentes eran de corte keynesiano) y un descenso muy marcado de las rentas del trabajo como porcentaje de la renta nacional, descenso especialmente notable en los países de la eurozona, que fueron los que siguieron con mayor celo tales políticas. En el promedio de los países de la eurozona, las rentas del trabajo pasaron de representar el 70% de la renta nacional en 1992, a un 62% en el año 2005. En España, tal descen so fue incluso mayor. Las rentas del trabajo pasaron de representar el 72% al 61% de la renta nacional durante el mismo periodo. Este descenso de tales rentas (medidas por la masa salarial) es la mayor responsable de la caída de la demanda (causa mayor de la crisis económica).

Ahora bien, ¿por qué ocurre la crisis ahora y no antes? Para responder a esta pregunta tenemos que entender la otra cara de la polarización de rentas. La disminución de las rentas del trabajo como porcentaje de la renta nacional se ha hecho a costa de un crecimiento muy acentuado de las rentas del capital, y muy en especial del capital financiero. Este era, por cierto, el objetivo de las políticas neoliberales. Este crecimiento de las rentas superiores significó, sin embargo, un aumento del ahorro más que del consumo. Los ricos, al tener tanto dinero, necesitan menos para consumir y ahorran, poniendo el ahorro en bancos. De ahí que el aumento del dinero a los ricos no estimula el consumo (que es lo que se necesita) sino el ahorro y la inversión. Ahora bien, ¿dónde invierten los ricos y los bancos? (España es uno de los países con mayor número de millonarios que existen, pero que no declaran su renta). Lo hacen donde pueden sacar más beneficios. Durante estos años invirtieron no tanto en la economía productiva (donde el descenso de la demanda estaba mermando los beneficios), sino en actividades especulativas como las inmobiliarias, donde los beneficios alcanzaron dimensiones exuberantes. El complejo ?capital financiero - especulación inmobiliaria ? industria de la construcción?, fue durante estos años el motor del desarrollo económico tanto en EE.UU. como en España (y en Gran Bretaña), facilitado en España, cuando no estimulado por las políticas fiscales del Estado, tanto central como local que favorecieron la propiedad. Los precios de la vivienda subieron astronómicamente y las clases populares tuvieron que endeudarse hasta la médula. Recuerden que durante varios años, las empresas constructoras y la banca españolas iban a comerse el mundo. Pero se pasaron de rosca: construyeron en exceso y la burbuja estalló. Ahora el complejo ?bancario-inmobiliario-construcción? tiene en sus manos nada menos que 1.6 millones de viviendas que no se venden, siendo l a demanda real de sólo 220.000 unidades. Y el problema es incluso mayor pues los bancos saben que el precio de las viviendas que tienen es un 30% superior al que tal demanda determinaría. De ahí la enorme resistencia a dar créditos, pues la banca está encima de un volcán que está explotando no sólo como consecuencia del incremento de la morosidad sino también por el descenso del precio de sus activos.

Hubiera sido mejor que la banca (y las cajas) hubieran invertido más en áreas de clara necesidad social (en lugar de construir siete veces más viviendas de las que el país necesita). Y que el Estado hubiera estado dirigido por mentalidades menos liberales y más keynesianas, estimulando otra política crediticia, menos favorable a la especulación y más favorable a la producción de bienes y consumos necesarios.

¿Cuál es la solución? La derecha propone reducir los impuestos como manera de estimular la economía, lo cual se ha demostrado una y otra vez, que tiene un impacto estimulante menor, pues las clases populares, enormemente endeudadas, utilizan los fondos extras para pagar sus deudas. Más eficaz es conseguir el aumento de las rentas del trabajo (que se consumen casi en su totalidad) y el descenso de las rentas del capital, a través de políticas redistributivas; y aumentar inmediatamente la demanda a través del gasto público excesivamente bajo en España (una de las causas de su baja productividad), creando empleo en obras públicas y en servicios públicos como sanidad, escuelas de infancia, servicios domiciliarios y otros servicios que están claramente subfinanciados.

Vicenç Navarro

www.comfia.net

Durante estos años de políticas neoliberales se ha dicho que había que moderar los salarios para que así las empresas tuvieran beneficios y pudieran crear empleo. La secuencia parece lógica pero no es cierta. Estos días acabamos de ver nuevos ejemplos de su falsedad:

Día 28 de enero: El Banco Santander anuncia un beneficio neto atribuido de 8.876 millones de euros en 2008.

Día 9 de febrero: El Banco de Santander remodela su banca de consumo y prescindirá del 30% de su plantilla.

Las empresas desean que los salarios sean bajos pero para tener más beneficios por la vía más cómoda de ahorrarse costes de personal no para crear más empleo.

Lo han conseguido en los últimos años y ahí están las desigualdades que se han ido agrandando. Pero ese incremento en los beneficios no necesariamente deriva en más empleo. En los últimos decenios hemos podido comprobar que una gran parte de los beneficios se han destinado a la especulación financiera o inmobiliaria, de modo que no han llevado consigo la inversión productiva que podían haber generado. Otras veces, puede ser que se apliquen a nueva inversión, pero tampoco está asegurado que esa inversión cree puestos de trabajo, ya que puede estar dedicada a incrementar el capital fijo, la tecnología, ...

La presunción de que salarios más bajos dan lugar a más beneficios, los mayores beneficios a más inversión y ésta a más empleo es eso: una presunción.

La realidad es que los salarios más bajos producen otros efectos: por un lado, las empresas tienen más beneficios y más poder, lo que les permite imponer condiciones más favorables en sus relaciones con los trabajadores. Por otro, tienen un efecto paradójico y perverso. Si una empresa logra salarios más bajos, reduce sus costes y puede obtener más beneficios. Pero si eso lo hacen todas las empresas (como ha ocurrido en los últimos años) lo que sucede es que disminuye la demanda potencial total que hay en los mercados puesto que ésta depende en gran medida de la capacidad de compra de los trabajadores. El propio Henry Ford lo decía: "todos los capitalistas del mundo somos insuficientes para comprar todas las mercancías que producimos".

Esto es lo que ha hecho que bajo el neoliberalismo de los últimos años el crecimiento potencial de las economías haya sido tan bajo y que se haya creado mucho menos empleo y más precario.

Los economistas que defienden la tesis de que hay que moderar los salarios para crear empleo parten de un presupuesto erróneo: consideran a los salarios solo como un coste cuando en realidad son también una componente de la demanda y un factor decisivo de la productividad (por eso cuando más bajos son las economías suelen ser también menos productivas, menos competitivas y más empobrecidas e empobrecedoras).

Pero no se trata de un simple error teórico: da la casualidad de que ese "olvido" es lo que permite divulgar como científica una tesis que solo beneficia al capital.

La paradoja es que los capitalistas podrían ganar más dinero si pagaran salarios más elevados a sus trabajadores porque de esa forma tendría a su disposición mercados más amplios (basta con comprobar la parte tan grande la humanidad que está fuera del mercado de bienes y servicios) pero si lo hicieran perderían poder. Y sin poder en manos de los empresarios lo que estaría en peligro no sería el beneficio sino el propio capitalismo y los privilegios de los capitalistas y de quienes de viven de ellos y a su servicio.

Es por esa misma razón que tampoco les conviene que haya pleno empleo aunque con éste pudieran ganar más: porque con empleo asegurado los trabajadores tienen más poder y pueden poner en cuestión la jerarquía y la injusticia de base sobre la que se sostiene el capitalismo.

Y también por eso ha estado de moda decir en los últimos años que para crear empleo lo que hay que hacer es flexibilizar las relaciones laborales. Lo que tampoco es verdad: quieren flexibilizarlas también para tener más poder, pero no porque sea necesario para obtener más beneficio o para ser más competitivos.

Lo acaba de decir muy claro uno de los mejores conocedores de los mercados laborales, el Premio Nobel de Economía Robert Solow: "España necesita tecnología, no flexibilidad laboral".

Los empresarios saben muy bien todo esto. Saben que lo que de verdad necesitan es poder y es por eso que se han cuidado, sobre todo, de quitárselo a los trabajadores, por ejemplo, consiguiendo domesticar a muchos sindicatos.

Y es también por todo ello que el neoliberalismo esté coincidiendo con una pérdida paulatina de pulsión democrática en todas nuestras sociedades.

Lo que indica que lo que habría que hacer es crear las condiciones para que los trabajadores tengan más poder y evitar que se concentre cada vez más en manos del capital.

Juan Torres López es catedrático de Economía Aplicada (Universidad de Sevilla).

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La patronal CEOE afirma que no firmará ningún nuevo Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva si éste no está acompañado de "una reforma laboral integral"

El Gobierno y los sindicatos ya pueden darse por enterados: la patronal CEOE no firmará ningún nuevo Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva si éste no está acompañado de ?una reforma laboral integral?. Es decir, que, según los empresarios, un eventual acuerdo salarial tendría que recoger, como mínimo, un nuevo recorte de la indemnización en el despido improcedente del trabajador. De lo contrario que ni el Gobierno ni los sindicatos cuenten con la patronal.

Éste es el mandato que, en este ámbito, recibió ayer el presidente de CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, cuando la Junta Directiva aprobó el acta de la reunión anterior, celebrada el pasado 21 de enero.

El documento, al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, dice que el Comité Ejecutivo [previo a la Junta Directiva] ha decidido lo siguiente ?sobre la posición a adoptar en el marco del Acuerdo Nacional para la negociación colectiva y sobre el aumento máximo de salarios a acordar: la necesidad de una negociación globalizada, en la que ha de pretenderse una reforma laboral integral?.

Es decir, incluyendo la flexibilización del despido, de acuerdo con las constantes reclamaciones de los empresarios. La última, de la patronal madrileña CEIM, que en realidad es de la misma CEOE, con un contrato indefinido con una indemnización de veinte días por año trabajado ?ver información en esta misma página?.

En segundo lugar, y en consecuencia con este primer punto, CEOE ha decidido ?que no se firme el acuerdo de convenios, salvo que su clausulado sea razonable y que se intente por todos los medios que su vigencia sea a largo plazo?.

Precisamente, el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, pidió ayer una ?reforma urgente del mercado laboral?, para que la economía pueda volver a crecer por encima del promedio europeo cuando pase la crisis. En una intervención en una jornada, organizada en Zaragoza por la Federación de Usuarios de Cajas, el gobernador culpó a la indemnización por despido de que en España el paro sea ?estructuralmente más alto? que en el resto de países, y que crezca más en momentos de crisis. El hecho de que parte de la ayuda al desempleo dependa del último salario ?desincentiva?, según Ordóñez, la movilidad laboral así como la contratación de nuevos trabajadores.

En consecuencia, el gobernador señaló también que los mecanismos de ajuste laboral de la economía española ?no funcionan de forma adecuada al favorecer el desempleo y provocan efectos perjudiciales sobre la productividad?. Aunque Fernández Ordóñez señaló que la del mercado laboral no es la única ?reforma estructural? que la economía española debe abordar, ?sí es la más importante para recuperar los niveles de productividad de los últimos años y volver a crecer tan positivamente?.

Curiosamente, tanto el cambio de estrategia de la patronal en la negociación con los sindicatos como las importantes declaraciones de Fernández Ordóñez sobre el despido introducen más presión sobre el Gobierno. El pasado martes, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, reiteró ante el Congreso de los Diputados que no hará ninguna reforma laboral ni social ?que no cuente con el respaldo de la patronal y de los sindicatos?.

Qué cambio laboral pretenden los empresarios

En el mensaje de CEOE, por ?reforma laboral integral? debe entenderse la posibilidad de alcanzar sus propuestas más ambiciosas. Es decir, algunas de las siguientes: un recorte de la indemnización por despido improcedente hasta los veinte días por año de trabajo, con un cuantía máxima de 12 meses de salario.

Actualmente, la compensación por este tipo de despido está en 33 días por año de trabajo, hasta una cuantía máxima de dos años de salario, si se trata del contrato salido de la reforma laboral de 1997, o de 45 días por año en la empresa, si es el contrato indefinido ordinario.

Directamente relacionado con esta cuestión, los empresarios desearían suprimir el permiso administrativo para el despido colectivo, lo que, a su juicio, agilizaría la toma de decisiones de las compañías. Otra cuestión que busca la patronal desde hace tiempo es tener mayor flexibilidad en la movilidad laboral, tanto geográfica como funcional y, relacionado directamente con este último punto, está la pretensión de flexibilizar el contrato a tiempo parcial.

En el capítulo de costes, y junto al recorte de la indemnización por despido, los empresarios quieren una rebaja de las cotizaciones sociales en todos los contratos. En consecuencia, CEOE piensa que la negociación del acuerdo de convenios puede embarrancar o, incluso derivar en otra cosa, si consigue sentar al Gobierno con la reforma laboral.

M. Valverde / M. Romani
Expansion

Izquierda Unida de Torrejón del Rey, publicó recientemente el Nº2 de su boletín informativo, y monto sendas mesas en el mercadillo de las Castillas y del Capirote donde estubo repartiéndolo y hablando con sus conciudadanos.

Puedes descargar aquí el Boletín Nº2.

Recientemente la universidad de Alcalá de Henares ha remitido al Ayuntamiento su propuesta de Plan de Acción Local en el marco de la AGENDA 21. Fruto de del estudio del informe sobre la auditoria de sostenibilidad y los debates llevados a cabo en el foro de la Agenda 21 Local de Torrejón del Rey, en el que Izquierda Unida, presentó un documento con 80 propuestas para la elaboración de este plan.

En este documento se presentan las distintas actuaciones derivadas del análisis conjunto de la Auditoría de Sostenibilidad de Torrejón del Rey y de la aportación de los Foros Ciudadanos celebrados en el municipio. Se trata de una síntesis de las necesidades del mismo y de las prioridades de sus ciudadanos, que marcarán las líneas de desarrollo económico, social y ambiental de Torrejón del Rey. El eje vertebrador de todo el proceso de la Agenda 21 Local es precisamente la elaboración y la ejecución del Plan de Acción Local.

Izquierda Unida al tener conocimiento de la recepción de este plan, solicitó por escrito al ayuntamiento copia del mismo, hace más de un mes, El ayuntamiento en este caso y hasta la fecha ha optado por el silencio administrativo, del mismo modo que tampoco a informado al resto de componentes del Foro de la Agenda 21, ni a los vecinos de la llegada de ese plan de acción.

Al revisar el Plan de acción, comenzamos a entender por que el Ayuntamiento lo esconde. El motivo es simple, el Plan de Acción Local propuesto por la Universidad de Alcalá de Henares muestra una altísima coincidencia con las propuestas presentadas por Izquierda Unida y otros miembros del foro en su momento. Ante lo cual mucho nos tememos que el Ayuntamiento busque dejar morir el proceso de la Agenda 21 Local por inanición.

Ante este panorama, Izquierda Unida se ve en la obligación de realizar el ejercicio de  transparencia política que el propio ayuntamiento se niega a realizar, y por tanto ha puesto a disposición de todos los ciudadanos, copia digital de la auditoría definitiva de Torrejón del Rey y del Plan de acción Local remitidos por la Universidad de Alcalá en esta página WEB.

Puedes descargarlo haciendo CLICK Aquí.

También pueden solicitárselo a cualquier miembro de la asamblea Local de Izquierda Unida en Torrejón del Rey, enviando un mail a:  torrejondelrey@iuguadalajara.org , o por correo ordinario a I.U. de Torrejón del Rey.

C/ Arcipreste de Hita, 1 - 19001 Guadalajara

Esperamos que nuestro trabajo sea de utilidad en la construcción de un Torrejón del Rey, Mejor y más sostenible.

IU de Torrejón del Rey edita y reparte un tríptico denunciando la contradicción del PP frente al IBI, Denunciando el incendio en el Torote, y exigiendo una solución inmediata para la financiación local.

DESCARGA EL TRÍPTICO HACIENDO CLICK AQUÍ

    Desde hace más de 30 años los ayuntamientos del Estado español han venido reclamando una solución justa en materia de financiación, solución que lejos de acercarse se ha ido demorando de un modo inexplicable en el tiempo. Desde el inicio de la democracia en nuestro país todas las fuerzas políticas han incluido entre sus compromisos electorales, mejorar la financiación municipal, y siempre la FEMP ha planteado como prioridad resolver el marco competencial y de financiación de los ayuntamientos.

    Lejos de avanzar en la mejora de la financiación, en estos años,  se han producido decisiones y hechos que han ido agravando la situación hasta límites insostenibles. Los ayuntamientos, ante la dejadez de otras administraciones , han ido asumiendo competencias impropias que se están financiando con recursos municipales cuando deberían ser financiadas por otras administraciones , si a ello unimos una financiación insuficiente e injusta, un modelo desigual , confuso y parcial,  decisiones como la retirada del IAE sin la compensación oportuna por parte del Estado y la creciente demanda social de servicios ,podemos concluir que se ha llegado a una situación realmente limite.

    Una situación que en muchos casos lleva a los gobiernos municipales con poca imaginación, a buscar la solución fácil y rápida a traves del IBI, tasas de Agua o Basura, etc... lo que a la postre hace recaer la presión directamente sobre el ciudadano.

    Los ayuntamientos, los pueblos y  las ciudades, han sido auténtico motor de cambio en nuestro país en los últimos 30 años, pueden y deben ser espacios de convivencia e integración y son sin ninguna duda el primer lugar al que acuden los ciudadanos buscando solución a sus problemas, unas  veces de competencia municipal y la mayoría de veces de competencia de otras administraciones.

    Izquierda Unida considera fundamental que todas las leyes estatales o autonómicas que entrañen la imposición de nuevos gastos a los ayuntamientos o la ampliación de los mismos, deberán regular la forma en que se proveerá de los oportunos recursos económicos y su fecha de puesta en marcha.

    No se puede relegar de nuevo ni la autonomía de los municipios ni la financiación al acuerdo sobre la financiación autonómica. Tenemos unos gobiernos locales con competencias cada vez más extensivas, pero con una financiación cada vez más precaria.

    Por este motivo Izquierda Unida de Torrejón del Rey ha presentado, el pasado día 6 de noviembre, al Ayuntamiento, una moción para que exija a las distintas instituciones, abrir la participación de los Ayuntamientos en los ingresos de las comunidades autónomas y del Estado, con objeto de cumplir el mandato constitucional de suficiencia financiera de las corporaciones locales.

DESCARGA AQUÍ LA MOCIÓN SOBRE FINANCIACIÓN LOCAL

"La necesidad más urgente que debe ser atendida es asegurar la protección social a los desempleados"
Cándido Méndez

Hay que reactivar el consumo, frenando la destrucción de empleo y manteniendo el poder de compra de los salarios. Con ello contribuiremos a que la economía reaccione y a asentar con firmeza el crédito y la solvencia internacional de nuestro país.

A finales del 2008 se trataba de evitar que el sistema financiero se colapsara, ahora hay que engrasar para reactivar la maquinaria económica. Las entidades financieras deben asumir su responsabilidad y recordar los esfuerzos que el pueblo español hizo en la década de los ochenta para impedir el colapso del sistema financiero de nuestro país. Hemos reiterado nuestras demandas al Gobierno para que exija a las entidades financieras responsabilidad social y observamos con preocupación la lentitud en la toma de decisiones.

La principal preocupación de UGT es el empleo: que hoy no se destruya y que mañana sea de calidad y con más valor añadido. Por ello estamos trabajando en el marco del diálogo social, cuya importancia se reafirma en estos momentos, para conseguir que el crecimiento de nuestra economía sea equilibrado y duradero, basado en la mejora de la competitividad y el refuerzo de la cohesión social, evitando la reproducción de crisis como la que estamos sufriendo.

Pero hoy hay necesidades urgentes que deben ser atendidas y la primera sin duda es la de asegurar protección social a los desempleados. Por ello estamos proponiendo medidas para ampliar los mecanismos de protección por desempleo, incluyendo a los trabajadores afectados por ERE y que hayan agotado su derecho a prestación, dada la previsible evolución de la situación económica.

Las políticas públicas son decisivas para contener el parón de la actividad económica. La coordinación de las administraciones es inexcusable si queremos que los recursos que se están invirtiendo logren su propósito de frenar la destrucción de empleo y que las redes de protección social funcionen con eficacia.

UGT está firmemente convencida que estas y otras iniciativas, junto a las políticas de reactivación puestas en marcha por el Gobierno, contribuirán a que nuestro país supere esta situación. Haremos todo lo que esté en nuestra mano para que así sea.

Cándido Méndez - Secretario general de UGT
La Vanguardia

La actual socialdemocracia está impulsando un falso keynesianismo: el Estado, con el dinero de todos, salva bancos y empresas, pero la propiedad, y con ella la capacidad de decidir, queda en manos privadas

La crisis ha recuperado dos de los elementos esenciales del keynesianismo: el papel central del Estado para que funcione el mercado y el recurso al déficit para salir de la depresión. ¿Vuelve un Keynes triunfante, después de que a finales de los 70 hubiese sido desplazado por el liberalismo a ultranza de un Friedrich von Hayek, o un Milton Friedman?

En los años 50 y 60, en "la edad de oro del Estado de bienestar", pocos se hubieran atrevido a dudar de que la prosperidad que se vivía, en contraste con lo ocurrido en los años de entreguerras, no se debiera a un keynesianismo que, paradójicamente, no hubo necesidad de poner en práctica. Cuando en 1974 estalla la crisis -el detonador fue la guerra árabe-israelí, que cuadriplicó los precios del petróleo- hubo que enfrentarse a la conjunción de tres males -recesión, inflación y desempleo-, sin que las fórmulas keynesianas dieran los resultados esperados. El premier laborista, James Callaghan, llegó a manifestar en septiembre de 1976: "Estamos acostumbrados a pensar que podemos escapar a la recesión y aumentar el empleo rebajando los impuestos y aumentando el gasto. Lo digo con la mayor sinceridad, esta opción ya no existe, si es que alguna vez existió, porque el resultado ha sido siempre una mayor inflación. Y cada vez que esto sucede aumenta el nivel medio de desempleo".

En vez de empeñarse en mantener a cualquier coste el pleno empleo, el Gobierno laborista trató de crear las condiciones adecuadas para que el mercado desplegase una mayor eficiencia. Importa poner énfasis en que fue el laborismo el que enterró el keynesianismo, al aceptar la preeminencia del mercado, la contención monetarista y una "tasa natural" de desempleo. Asoció el pleno empleo con el estancamiento y la pobreza que traería consigo una sociedad más igualitaria y solidaria. Había que elegir entre igualdad y pobreza o riqueza y desigualdad. Entre 1945 y 1950 los laboristas montaron el Estado de bienestar basado en el pleno empleo, pero también lo clausuraron cuando se desprendieron del keynesianismo entre 1976 y 1979.

Conviene recordar que la máxima preocupación de Keynes era cómo conseguir el pleno empleo de los recursos disponibles, tanto humanos como de capital. Un paro crónico, incluso masivo en momentos de crisis, constituía a sus ojos el punto más débil del capitalismo, que a la larga no podría durar si produjese un desempleo perpetuo. Pese a las restricciones a las libertades individuales, el socialismo tendría la ventaja de garantizar trabajo para todos.

Al mostrar que la inversión no está ligada al ahorro, sino a las perspectivas de ganancia, Keynes critica el supuesto equilibrio entre producción y consumo que había constatado la economía clásica, en función de la cual el desempleo desciende si bajan los salarios y en general los costos de producción. Keynes recalca que si se bajan los salarios, al encogerse la demanda global, se obtiene el efecto contrario: más paro. Además, una política de achicamiento de los salarios no sólo es poco razonable, es que ni siquiera resulta factible. Bajar los salarios, con los conflictos sociales que comporta, sólo se lograría en un régimen autoritario que hubiera suprimido, entre otras, la libertad sindical.

Sin embargo, en los últimos lustros se ha defendido como política de empleo el ajuste a la baja de los salarios, favoreciendo el despido libre, aunque en la mayor parte de los países de nuestro entorno, pese a las presiones neoliberales, no se haya pasado de meros amagos. Ningún gobierno está dispuesto a provocar una sarta de conflictos sociales apoyando una reducción seria de los salarios nominales. De que desciendan ya se ocupa el paro... y la inflación de que bajen los reales.

Keynes fue muy consciente de que la apertura a los mercados internacionales lleva un alto riesgo para el pleno empleo, lo que explica su empeño en mantener las economías nacionales bajo un control estricto. En primer lugar, había que impedir, si fuera preciso incluso con medidas proteccionistas, que la apertura al exterior arrasase la industria básica establecida. "¡Hace mucho tiempo que no soy un librecambista, y no creo que nadie lo sea ya en el viejo sentido de la palabra!". Importa retener que el modelo keynesiano, en determinadas circunstancias y por un tiempo limitado, reclama medidas proteccionistas para garantizar el pleno empleo.

Keynes no sólo plantea, si fuese preciso, volver al proteccionismo, sino que pone en tela de juicio la prerrogativa exclusiva del empresario de decidir en qué y cuándo invierte su dinero, algo que atañe a la esencia misma del capitalismo. La aporía intrínseca del sistema radica en que no puede mantener el pleno empleo sin garantizar previamente las inversiones de la manera más conveniente para la economía nacional, y no simplemente para el interés del inversor. Y no hay "mano invisible" que haga converger el interés general con el egoísmo individual. Keynes fue claro: "Creo que una socialización bastante completa de las inversiones será el único medio de aproximarse a la ocupación plena".

Mantener el pleno empleo exige una mayor inversión, pero la privada aumenta o disminuye según sea la eficiencia marginal del capital, que, en todo caso, debe fluctuar por encima de la tasa de interés. Pese a que muchos la consideren la única opción posible, en el fondo nada tan opaco y vacilante como la inversión privada para eliminar el paro. Nadie invierte para crear puestos de trabajo, por mucho que una monserga constante insista en que la inversión privada es el factor principal para reducir el paro. En vísperas de elecciones, los partidos prometen bajar los impuestos para aumentar los beneficios de las empresas, lo que, dicen, redundará en inversiones que creen puestos de trabajo, como si hubiese una relación directa entre cuantía del capital disponible y monto de las inversiones. Se invierte para maximizar unos beneficios que, como expectativas verosímiles, han de vislumbrarse en el horizonte, y que son mayores cuanta menos mano de obra haya que emplear.

La socialización de las inversiones es parte integrante de una política keynesiana de pleno empleo, punto en el que la socialdemocracia no se atrevió nunca a ser consecuentemente keynesiana. Por el bien de la economía de mercado no habría otra salida que socializar las inversiones, es decir, suprimir la iniciativa individual, justamente, el elemento más propio y constitutivo del capitalismo.

Las dos recetas que ofrece Keynes para garantizar el pleno empleo -proteccionismo y socialización de las inversiones- no encajan en el capitalismo en su forma liberal primigenia, pero mucho menos la primera en la época de la globalización y la segunda cuando se ha hundido el movimiento obrero.

Pero también resulta innegable que "los principales inconvenientes de la economía en que vivimos son su incapacidad para procurar la ocupación plena y su arbitraria y desigual distribución de la riqueza y los ingresos". Dos cuestiones centrales que Keynes trató de encauzar, pero con la experiencia del último medio siglo ha quedado bien claro que, lejos de haberse resuelto, se han agravado muchísimo.

¿Vuelve Keynes? En la crisis que ha desencadenado la total desregularización, los dueños de los bienes financieros y de producción necesitan dinero público en cantidades ingentes. Amenazan con que, de no recibirlos, podría ocurrir que se derrumbase el sistema. Pero aun en situación tan extrema, de ningún modo están dispuestos a asumir el más elemental de sus principios, a saber, que el que pone el dinero adquiere la propiedad y decide. El Estado, con el dinero de todos, estaría obligado a salvar bancos y empresas, pero la propiedad, y con ella la capacidad de decidir, debe quedar en manos privadas.

Pronto se oirá otra vez la cantilena de que el Estado es bueno para subsidiar y, si las cosas se ponen mal, incluso tiene que hacerse cargo de las cuantiosas deudas acumuladas, pero ya se sabe, es un pésimo gestor. No habría alternativa a la actividad libre de la empresa privada, aunque, mientras no lo pueda evitar, está dispuesta a soportar un cierto control público.

La relectura que se hace de Keynes para justificar el enorme endeudamiento público que conlleva las ayudas a bancos y grandes empresas contradice por completo las intenciones de Keynes. Lo más grave es que la socialdemocracia de nuestros días haga suya esta interpretación.

IGNACIO SOTELO El Pais

"Los trabajadores somos conscientes de que será necesario cambiar muchas cosas" Ignacio Fernández Toxo

Los graves problemas de la economía española no se deben exclusivamente a la crisis financiera internacional, sino a haber apurado los márgenes de un modelo de crecimiento caduco. Los trabajadores somos conscientes de que será necesario cambiar muchas cosas, pero nuestra prioridad, por encima de cualquier otra, será atender las demandas de los asalariados, especialmente las de aquellos y aquellas que la crisis y un modelo de crecimiento injusto han expulsado del mercado de trabajo.

En primer lugar, los poderes públicos yal frente de ellos, el Gobierno, deben atender a las personas que se quedan sin trabajo, extendiendo la cobertura de prestaciones - un millón de personas en el paro no han generado derecho a la prestación por la precariedad de sus contratos-;urge reformar los Servicios Públicos de Empleo para que activen su función de intermediación en el mercado de trabajo y ajusten su política de formación a las necesidades reales del tejido productivo, y finalmente, aprovechar la grave crisis económica para ir avanzando hacia un nuevo modelo de crecimiento con fuerte presencia de bienes y servicios de mayor valor añadido, que necesita de voluntad política, pero también de inversiones en infraestructuras físicas, telecomunicaciones y recursos humanos, además de persistir en el camino de la investigación y desarrollo y la política educativa, imprescindibles para el cambio de modelo productivo.

Saludamos la iniciativa del Gobierno de destinar 8.000 millones de euros en un fondo de ayuda a los ayuntamientos para proyectos de obra pública, que ayudará a crear empleo, pero que por el carácter excepcional de la ayuda, será empleo temporal. En cualquier caso, sería imprescindible que tan importante iniciativa económica se destinara a obra e infraestructura pública, y no a "actividades diversas", que tanto gustan a ciertos ediles.

Por último, en cuanto a la compra de activos a las entidades financieras por parte del Gobierno, CC. OO. cree que el uso de recursos públicos para incrementar la liquidez de bancos y cajas ha de hacerse con contrapartidas precisas: que abaraten el precio del dinero yque con el rigor necesario circule el crédito entre pymes y familias para estimular el empleo y el consumo.

Ignacio Fernández Toxo - Secretario general de CC. OO.
La Vanguardia

En el Pleno Municipal celebrado el pasado 30 de enero, los representantes de los ciudadanos de Guadalajara, por unanimidad, instaban a la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha a que equipare el precio de la vivienda protegida en nuestra ciudad, con el del resto de las capitales de la región.

        En octubre de 2007, se aprobó una moción similar con la abstención de los concejales del Partido Socialista, que no suelen apoyar las iniciativas críticas con el Gobierno Regional, aunque perjudiquen los intereses de los guadalajareños.

        En esta ocasión, la injusticia es tan evidente que estos concejales han apoyado la iniciativa de Izquierda Unida aunque contradiga la opinión del Gobierno Regional, que no debería volver a hacer oídos sordos a una petición tan justa. Un gobierno que en el año 2006 decidió penalizar especialmente a la ciudad de Guadalajara incrementando el precio de la vivienda protegida en nuestra ciudad hasta en un 44%, muy por encima de otras ciudades y pueblos de la región, que también sufrieron importantes incrementos. Los intereses de los promotores inmobiliarios pesaron más que los de los ciudadanos en la toma de esta decisión.

        Como en aquel momento la construcción de viviendas protegidas era prácticamente nula y los precios de la vivienda libre eran tan caros, dicho incremento no tuvo mucha repercusión social, a pesar de la campaña que Izquierda Unida inició a raíz de esa subida salvaje, que culminó con la entrega de varios miles de firmas exigiendo al Gobierno Regional la anulación de las medidas que provocaban el incremento brutal de los precios. El Gobierno regional ignoró esas peticiones y mantuvo los criterios y las modalidades de vivienda protegida que posibilitan unos precios abusivos.

        Ha sido ahora, con la promoción de 577 viviendas en Guadalajara cuando las medidas que entonces tomó el Gobierno Regional se han mostrado con toda su crudeza. Lo anterior, unido a la bajada que están experimentando los precios de la vivienda libre, ha hecho que los ciudadanos empiecen a preguntarse qué clase de viviendas protegidas tenemos, que en algunos casos pueden ser más caras que las viviendas libres y que además están frenando la bajada de precios en las viviendas libres, que sería lo que compensase, en términos sociales, los abusos anteriores.

        Ahora bien, las causas que han originado la situación actual hay que atajarlas para que el acceso a una vivienda protegida sea asequible a la mayoría de la población. La solución pasa por eliminar los municipios de precio máximo superior, que pueden incrementar el precio de la vivienda hasta en un 60%; también hay que suprimir las modalidades de precio tasado, que pueden llegar a costar hasta 300.000 euros y las viviendas de iniciativa público (VIPP), ambas modalidades dirigidas a rentas de más de 55.000 euros anuales (9,2 millones de las antiguas pesetas); y hay  que fijar los precios de las viviendas protegidas tomando como principal referencia la renta salarial media de los ciudadanos de Castilla-La Mancha, unos 18.000 euros brutos. En el mantenimiento de estas condiciones (salvo lo relativo a las VIPP), que no favorecen precisamente al ciudadano medio de esta región, están de acuerdo los dos partidos mayoritarios. Tomen nota.

Guadalajara, 8 de febrero de 2009

Fdo: José Luis Maximiliano Romo

Concejal – Portavoz de Izquierda Unida en el Ayto. de Guadalajara.

El hambre no responde a una falta de alimentos, sino a un mercado y una agricultura que tienen como prioridad el comercio y no la alimentación.

Cuando los grandes productores agrícolas de la Nueva España anticipaban una mala cosecha, cerraban bajo llave sus almacenes para inducir a la escasez y, con esto, disparar los precios. Mientras se enriquecían, la población gastaba casi el total de sus ingresos en alimentos y medicinas por enfermedades relacionadas con el hambre. Como se frenaba el consumo de bienes manufacturados, los fabricantes y comerciantes despedían a sus trabajadores para sortear la crisis.

Han pasado casi 250 años, pero la especulación alimentaria sigue vigente. El hambre se ha globalizado no por falta de medios, sino por falta de voluntad política. Así lo denuncian el director general de la FAO (organismo de la ONU para la alimentación y la agricultura) y varios jefes de Gobierno, además de organizaciones de la sociedad civil.

El aumento de los precios de los alimentos el último año ha provocado el aumento del hambre en el mundo, que casi 1.000 millones de personas padecen. En España, la campaña ?Derecho a la alimentación, urgente?, afirma que no se puede desvincular la crisis alimentaria de la coyuntura económica de crisis, de los desastres del clima y de la crisis energética causada por la actividad del hombre.

Todas tienen su origen en el actual modelo de desarrollo, fundamentado en el crecimiento económico salvaje y en la ?liberalización? de la economía. Sobre todo, en los mercados y la agricultura que no tienen como prioridad el derecho de las personas y los pueblos a la alimentación, sino el comercio.

El hambre en el mundo no está provocada por falta de alimentos, sino por la supremacía que tienen los intereses comerciales de la economía neoliberal y proteccionista de los países del primer Mundo sobre uno de los derechos más elementales del ser humano.

Se repiten frases como ?Para que haya ricos tiene que haber pobres?, ?es ley de la naturaleza?, ?la ley del más fuerte?, etc. Pero los hechos demuestran que el hambre no es un mal inevitable del destino ni un mal menor.

Se trata de enfocar la alimentación como un derecho humano y no sólo desde el también necesario aumento y mejora de la producción agrícola. Una mayor producción de arroz, de maíz y de trigo no garantiza por sí sola que los países empobrecidas del planeta puedan pagar los precios que dictan ?las reglas del mercado? para esos alimentos de subsistencia que necesita su población. En varios casos, estos países abandonaron el campo para adaptarse a los ajustes estructurales dictados por el Banco Mundial para subsanar deudas externas.

En los años ?60 y ?70 Estados Unidos y algunos países europeos dieron subsidios masivos a sus agricultores, lo que llenó el mercado de alimentos baratos que hundieron la agricultura de los países empobrecidos. Más de treinta años después, los excedentes de producción agrícola se siguen volcando en los países del Sur, ahogados por la deuda y por la falta de alimentos que ya no pueden pagar.

Las ayudas al desarrollo para fomentar la productividad del campo en los países del Sur tienen corto alcance. Aunque pudieran volver a sus economías de subsistencia, tendrían pocas posibilidades de exportar sus productos por el proteccionismo y la imposibilidad de competir con productos subvencionados del Primer Mundo.

Si la población asciende a 9.000 millones para 2050, la producción de alimentos se tendrá que duplicar, como sostiene el director general de la FAO. En ese sentido, el enfoque de Jeffrey Sachs para la erradicación del hambre muestra una visión de conjunto al incorporar la salud y la educación en los programas de ayuda para evitar que se alcance esa población y, sobre todo, el planteamiento de que ?cuantos más hijos, mejor?. Por eso se habla de cooperación para un desarrollo endógeno ?que nazca de los propios pueblos ?, sostenible, global y equilibrado. El apoyo en materia agrícola, acompañado de programas de salud, de maternidad responsable y de educación, aportaría ese equilibrio. Sin olvidar que no se puede dar en caridad lo que se debe en justicia. Por eso, las organizaciones internacionales deben denunciar los subsidios y dialogar para un sistema comercial más justo y más humano.

CARLOS A. MIGUÉLEZ MONROY
Solidarios

El reconocido economista norteamericano Dean Baker destruye analíticamente los mitos en boga sobre la relación entre mercados y regulación.

El extraordinario colapso financiero de los últimos meses se ha venido describiendo como el testamento del fracaso de la desregulación. Y lo ocurrido es de hecho el testamento de un fracaso ? el fracaso de las políticas públicas. Culpar a la desregulación es un error. 

En general, los debates políticos sobre la desregulación se han enfocado erróneamente hacia disputas sobre la extensión de la regulación, donde los conservadores se asume que prefieren menos regulación mientras los liberales prefieren más. Pero en realidad los conservadores no necesariamente quieren menos regulación, ni los liberales de izquierda quieren necesariamente más. Los conservadores apoyan regulaciones que hagan que la renta se quede en las clases altas, mientras que los liberales de izquierda apoyan la regulación que promueva la igualdad. "Menos" regulación no implica mayores desigualdades, ni es tampoco cierto lo contrario.  

Encuadrar los debates en términos de más o menos regulación no es sólo impreciso; ello además sesga enormemente la discusión a favor de las posiciones conservadoras, cuando se caracteriza a una estructura muy intrusiva de, por ejemplo, reglas y patentes sobre derechos de reproducción, como si fuese el libre mercado. Durante las últimas dos décadas en el reino de las finanzas y los seguros, las llamadas a la desregulación han sido tapaderas para normas descaradamente pensadas para favorecer los intereses corporativos. Y los últimos cambios en las leyes sobre bancarrota, aclamados por los conservadores, requieren mucho más presencia del gobierno en la economía. 

Las proclamas ideológicas falsas han copado el debate público sobre la regulación y nos han cegado ante la gran variedad de opciones sobre las que en realidad podemos elegir. Sin esas proclamas, ¿qué sería lo que guiase la política regulatoria? ¿Qué tipo de alternativas tendríamos? 

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Las patentes y la protección de los derechos de reproducción son buenos ejemplos de políticas gubernamentales oscurecidas en este debate. Son mecanismos de regulación, no el "libre mercado". 

No importa que llamemos "propiedad" a las patentes o al copyright, ni siquiera que tengamos una cláusula en la Constitución que autorice al Congreso a garantizar patentes y copyrights. Imaginemos que se diese a los trabajadores de la industria automovilística un derecho de propiedad sobre su puesto de trabajo, un derecho que incluso pudiesen vender. ¿Diría nadie que ese derecho sobre un puesto de trabajo es parte del libre mercado?

Las patentes y los copyright son protecciones garantizadas por el gobierno y diseñadas para un propósito público específico, como señala la Constitución: "para promover el Progreso de la Ciencia y de las Artes útiles". Pero garantizar derechos de propiedad intelectual es sólo uno de los muchos mecanismos para llevar a buen término ese importante bien público. Si las patentes o los copyright son o no la forma más efectiva de promover las artes y las ciencias es una cuestión empírica. Y la respuesta puede variar según las distintas circunstancias sociales y económicas.  

Sin embargo, no podremos tener una discusión seria sobre los relativos méritos o desventajas de las patentes y los copyrighthasta que no reconozcamos que se trata de políticas públicas y no de rasgos intrínsicos del mercado. Los debates tanto sobre las patentes como sobre los copyright se han visto enormemente distorsionados por el hecho de no ser capaces de reconocer esa obviedad. 

En el caso de la protección a las patentes, las disputas suelen aparecer en relación a la prescripción de medicamentos. Si los medicamentos se vendieran en un libre mercado (es decir, sin la protección de las patentes), la inmensa mayoría de ellos se venderían por solo unos dólares. Wal-Mart y otras cadenas de grandes almacenes que venden medicamentos están ofreciendo genéricos por menos de 10 dólares por receta ? sabemos que estos medicamentos pueden producirse de forma segura y venderse provechosamente a precios bajos. 

Los medicamentos que están disponibles como genéricos no se diferencian químicamente de sus contrapartidas de marca, que suelen venderse por cientos de dólares cada receta. La única diferencia es que éstos últimos disfrutan de un monopolio garantizado por el gobierno. Las patentes son pues una política gubernamental que de hecho sube los precios de los medicamentos en más de un mil por cien respecto al precio de un mercado libre. 

Reconocer esto debería ser el punto de partida de cualquier debate sobre qué políticas llevar a cabo. La siguiente pregunta es si esta política destinada a apoyar la innovación es el mejor mecanismo para financiar la investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos. Lo que está claro es que no es el único. 

El gobierno podría, por ejemplo, sostener la investigación farmacéutica mediante un sistema de precios mediante el cual compra patentes sobre medicamentos y luego los pone a disposición del público de manera que los medicamentos recién desarrollados podrían ser producidos y vendidos como genéricos.  

Cuando dejamos de lado la ideología, vemos como se trata de un debate entre dos estrategias para mantener los precios de los medicamentos bajos.  

Alternativamente, el gobierno podría pagar por la investigación inicial y hacer de todos los descubrimientos y patentes algo totalmente público. De hecho ya gasta 30 mil millones de dólares al año financiando investigación biomédica a través del Instituto Nacional de Salud (NIH, por sus siglas en inglés ? N. del T.), una cantidad al menos tan grande como la que la industria farmacéutica sostiene que invierte en su propia investigación. Las innovaciones del NIH son muy respetadas, y casi todos los observadores coinciden en que, en términos generales, el dinero está muy bien gastado. Mientras que el NIH se centra en la investigación básica (lleva a cabo también algo de investigación farmacéutica en las últimas etapas, incluyendo test clínicos), no hay a priori ninguna razón por la cuál el gobierno no pueda simplemente doblar su compromiso con la investigación biomédica para así reemplazar la que actualmente se sostiene mediante patentes monopolísticas. 

Pero puede que el gobierno quiera usar un sistema distinto para fomentar el desarrollo de nuevos medicamentos. Puede que elija establecer un pequeño grupo de contratistas principales, que posteriormente externalizarían el uso de los fondos para investigación y así minimizar la interferencia política en su utilización. Independientemente de la estructura que vaya a tomar el programa en cuestión, la expansión de la financiación pública directa es claramente posible. 

Habría así también un gran beneficio social además del de reducir el precio de los medicamentos al de su coste marginal. Eliminar las enormes rentas monopolísticas derivadas de las patentes sobre medicamentos acabaría con los incentivos de las compañías farmacéuticas para meter en el mercado como sea productos que no son especialmente beneficiosos, e incluso perjudiciales. Ni habría incentivos para ocultar descubrimientos científicos que sugieran que un medicamento no funciona demasiado bien. Aún más, al hacer de dominio público todos los descubrimientos, de modo que los científicos puedan rápidamente aprovechar la investigación de otros, el proceso de innovación farmacéutica posiblemente se acelere.   

Si un sistema de adquisición pública de patentes o de financiación pública directa sería preferible al actual sistema de patentes es lógicamente algo debatible; pero lo importante es que las patentes son solamente un mecanismo entre los muchos que pueden potenciar la investigación farmacéutica. Y uno que requiere garantizar enormes rentas monopolísticas a las grandes empresas del sector. 

Es importante dejar claro que las patentes son de hecho una forma de regulación, pues ha habido muchas ocasiones en las que la regulación de los medicamentos se ha convertido en un tema importante, y se ha acusado a los que desearían una caída de los precios como enemigos del libre mercado. Por ejemplo, las actuales presiones para que Medicare (institución parecida a la Seguridad Social española ? N. del T.) negocie menores precios para los medicamentos que compra como parte de sus prestaciones médicas, es considerada ampliamente como una interferencia en el libre mercado. Incluso el New York Times y otros medios de comunicación muy respetados suelen presentar la cuestión de Medicare ? precios negociados como un debate entre defensores del libre mercado contra partidarios de la intervención estatal. Pero cuando dejamos de lado la ideología, vemos como se trata de un debate entre dos estrategias reguladoras para mantener bajos los precios de los medicamentos.

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Ocurre algo parecido con los copyright, aunque en este caso el derroche económico es incluso mayor y las medidas reguladoras incluso más perversas. En la era de Internet, casi cualquier material impreso o grabado ? música, películas, libros, video juegos ? puede ser transferido instantáneamente a cualquier lugar del mundo y con un coste casi nulo. Sin embargo, en vez de dejar a la gente que se beneficie totalmente de esta tecnología, el gobierno ha lanzado un rocambolesco despliegue de nuevas leyes y restricciones diseñadas para hacer más difícil, y legalmente más arriesgado, el pasarse material que esté sujeto a copyright. 

Así como con las patentes farmacéuticas, los copyrightcumplen una función pública importante. Proveen un incentivo para la producción de trabajos artísticos y creativos. Pero para proteger los copyright, el gobierno ha puesto en marcha un agresivo régimen de sanciones para incluso las transgresiones más pequeñas. Por ejemplo, una mujer de Minnesota tuvo que afrontar una multa de más de 200 mil dólares por permitir que la gente se descargase música de su ordenador. Se ha dicho a las universidades que pongan vigilancia en las residencias para asegurarse de que los estudiantes no estén bajándose material protegido por copyright, y se las ha animado para que den clases dónde se enseñe que está mal hacer copias no autorizadas de material con derechos de reproducción. 

El gobierno ha prohibido repetidamente la producción de varios tipos de hardware hasta que ha sido posible instalar protecciones para evitar la copia de material protegido con copyright. Ha impedido el desarrollo de software que pueda romper las protecciones de copyright. En una ocasión un científico ruso que trabajaba en el campo de la informática fue arrestado por el FBI después de dar una conferencia en la que describía una forma de sortear un tipo de protección de copyright. 

La lista de medidas gubernamentales extraordinarias que se han llevado a cabo para proteger la protección del copyrightes interminable. Y sorprendentemente, dichas medidas nunca se describen como una forma de intervención reguladora. Se tratan como medidas necesarias para proteger la legalidad del copyright. Sin embargo, así como las patentes no son la única forma de fomentar la innovación, un monopolio garantizado por el estado mediante una extensa legislación y muy duras penas no es la única forma de fomentar la creatividad. 

Una gran cantidad de trabajo artístico y creativo ya se lleva a cabo gracias a mecanismos que no dependen de la protección que brindan el copyright. Las fundaciones privadas son una alternativa de financiación muy importante, así como los fondos más reducidos de programas estatales como el National Endowments for the Arts and Humanities. Las universidades y sus facultades posiblemente sean ya la mayor fuente de financiación que no depende de los copyright. A los profesores se les exige llevar a cabo investigación y publicarla además de su actividad lectiva normal. 

Es fácil imaginar sistemas para aumentar el apoyo al trabajo creativo y artístico que no estén dentro del régimen de copyright. Por ejemplo, sería posible diseñar un pequeño crédito impositivo para quienes o bien apoyen directamente actividades creativas o bien contribuyan a organizaciones que lo hagan. El crédito podría aplicarse después de las deducciones por donaciones sin ánimo de lucro o caritativas. Incluso un crédito impositivo muy modesto por ejemplo de 100 dólares por persona ? de modo que los contribuyentes pudiesen asignarlo a un artista, escritor, músico, o productor cinematográfico que eligieran ? posiblemente fuese suficiente para financiar todo el trabajo actualmente sostenido mediante copyright. 

Pero siendo honestos, rara vez ninguna de la partes argumenta en contra de la regulación como tal. La verdadera cuestión es qué estructura toma la regulación y su impacto en los resultados económicos, especialmente la distribución de la renta. 

Las alternativas al copyright son viables y probablemente mucho más eficientes que el propio sistema de copyright. Y remplazarían un gigantesco despliegue de medidas coercitivas que pueden ser perfectamente vistas como una intervención innecesaria  del gobierno en la economía. 

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Un último ejemplo de excesiva regulación estatal, y nunca tratado como tal, es el proyecto de ley sobre insolvencia que aprobó el Congreso en 2005. Dicho proyecto de ley endureció sustancialmente las condiciones que se imponen a la gente para acceder a la protección que conlleva declararse insolvente, haciendo de ella una opción mucho menos atractiva. 

El debate público sobre el proyecto de ley se plasmó en una caricatura de liberales vs. conservadores que distorsionó totalmente lo que realmente se estaba dirimiendo. La posición liberal se decantaba por una cierta compasión hacia la gente que se declara insolvente; se basaba en estudios que mostraban como una gran mayoría de las personas que se arruinan no es porqué hayan despilfarrado y acumulado deliberadamente enromes deudas en su tarjeta de crédito, sino más bien porque les han pillado malos tiempos debido a la pérdida de su empleo, a haber caído enfermos o a que se ha roto su familia. Quienes se oponían pues a endurecer las condiciones sostenían que esta gente necesita y merece el respiro que la declaración de insolvencia permite. 

La posición conservadora se centró en cambio en la responsabilidad individual. Nadie le fuerza a uno a endeudarse; la gente voluntariamente elige hacerlo. Todo el mundo sabe que los imprevistos ocurren. Aquellos que ahora pidan la protección de la insolvencia deberían haber tomado precauciones. 

Esta versión del debate sobre la reforma de las regulación de la insolvencia les resultó sin duda coherente a aquellos que se inclinan por aceptar que a la gente le va bien o mal debido en gran medida a sus propias acciones, pero lo más importante es que oscureció la verdadera cuestión a la que se dirigía el proyecto de ley: ¿en qué medida debe el gobierno hacerse cargo de las facturas impagadas de la gente? En esta historia quién está buscando la ayuda del gobierno son los acreedores, no los deudores. 

Bajo la anterior ley sobre insolvencia, los acreedores podían reclamar casi todos los activos de sus deudores y en algunos casos incluso tenían derechos sobre los futuros ingresos. La nueva ley amplió muchísimo esos derechos sobre los ingresos futuros de los deudores. Ello significa que el gobierno estará en el futuro mucho más metido en la tarea de gestionar deudas de lo que lo ha estado hasta ahora, posiblemente controlando los salarios de millones de personas insolventes que aún deban algo a sus acreedores (para aquellos que se preocupan por los incentivos negativos que producen los impuestos, vale la pena poner de manifiesto que deducir una cuantía de la nómina para pagar a los acreedores produce el mismo tipo de desincentivo al trabajo). 

Además el razonamiento sobre la responsabilidad individual podría aplicarse por igual a los acreedores como se hace con los deudores. Una parte importante de llevar bien un negocio implica saber cuándo conceder crédito. Nadie obligó a nadie a conceder créditos a aquellos que luego se declararon insolventes. Sencillamente juzgaron mal al dar crédito a personas a las que era arriesgado hacerlo. ¿Por qué debería el gobierno ayudar a quienes no supieron cuantificar bien los riesgos de dar créditos? La batalla ideológica sobre el proyecto de ley resultó ser una distracción. Era en realidad un esfuerzo por involucrar más al gobierno en ayudar a los bancos. Así de simple. 

Los otros casos en los que su puede esperar que la posición conservadora implique una mayor presencia del gobierno en la economía que la posición liberal abundan. Durante años, Ben and Jerry's Homemadeha estado afrontando intentos de los gobiernos estatales para prohibirles que etiqueten los productos lácteos como libres de hormona del crecimiento bovina recombinada (rBGH). Algunos grupos de presión asociados con la industria lechera sostiene que el etiquetar como "libre de rBGH" implica que las hormonas bovinas del crecimiento son dañinas, lo que no ha sido dictaminado por la Food and Drug Administration (organismo federal que regula el control sobre alimentos y medicamentos ? N. del T.). Obviamente, Ben and Jerry's Homemadeno está tratando de impedir que sus competidores sostengan que sus helados son innocuos. Está tratando de decir la verdad sobre sus propios helados. 

En el mismo sentido, el Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés) recientemente prohibió a una industria de envasado de carne que analizase sus propios productos por si tenían la enfermedad de las vacas locas. La empaquetadora había intentado hacer analizar privadamente toda su materia prima, mientras que el USDA comprueba sólo el 1% de todas las reses. Pero el USDA, diciendo que si en un caso se analizaba todo el stock ello iba a llevar al público a cuestionar la seguridad del resto de la carne, tomó medidas para impedirlo.  

Pero siendo honestos una vez más, ninguna de la partes vuelve a argumentar en contra de la regulación como tal. La verdadera cuestión es de nuevo qué estructura toma la regulación y su impacto en los resultados económicos y la distribución de la renta. 

Volvamos a la cuestión de la crisis financiera con eso en mente. Durante las décadas que han precedido el colapso financiero, la regulación destinada a proteger el público y garantizar la estabilidad del sistema financiero se debilitó ostensiblemente, pero el sistema estaba (y está) bastante lejos de ser desregulado. 

La regulación clave que sigue en pie es la doctrina del "demasiado grande para hundirse". En esencia, lo bancos y otras instituciones financieras tomaron enormes riesgos con una garantía implícita de que sus acreedores podrían contar con la protección de gobierno si las cosas iban mal. Para todos excepto para los acreedores de Lehmann Brothers y los principales accionistas de Fannie Mae y Freddie Mac, dicha creencia resultó ser correcta. 

Esta concesión partidaria no es desregulación. Si los que han estado fijando la política financiera las últimas décadas hubiesen estado realmente interesados en la desregulación, habrían garantizado a los mercados financieros que las instituciones financieras que hiciesen malas inversiones se quedarían de patitas en la calle y que a sus acreedores se les habría acabado la suerte. La Reserva Federal y el Tesoro habrían advertido que los inversores estaban actuando bajo su propia cuenta y riesgo cuando depositaban su dinero en Bear Stearns, AIG y compañía. 

En cambio en un contexto de "demasiado grande para hundirse", la eliminación de restricciones al apalancamiento (a los bancos de inversión se les permitió un ratio de endeudamiento de 40 a 1 sobre su capital, comparado con el 10 a 1 que se les permite a los bancos comerciales), y la relajación de otras medidas preventivas (el valor nominal de los credit default swap o CDS, un nuevo tipo de derivados, creció más de 70 billones, con "b", de dólares en un mercado casi totalmente desregulado), dieron básicamente a los bancos carta blanca para apostar con el dinero de los contribuyentes. 

Los bancos hicieron exactamente lo que predice la teoría económica. Asumieron grandes riesgos, hipotecándose ellos mismos hasta el cuello comprando activos muy cuestionables, sabiendo que iban a seguir ganando durante tanto tiempo como siguiese creciendo la burbuja inmobiliaria. Y lo hicieron con la complicidad servicial de los fondos de pensiones, los hedge funds y el resto de inversores, porque sabían que el gobierno les iba a rescatar si las cosas iban mal. 

La desregulación puede ser una posición de principio sostenida por aquéllos que realmente creen en el libre mercado. Pero en Wall Streetlo que se quería era una regulación parcial y partidaria, que les proveyese de una enorme manta de protección estatal sin costes ni condición alguna. Nadie de Citigroup, Goldman Sachs o J.P. Morganfue nunca al Congreso a pedir explícitamente que se acabase con la doctrina del "demasiado grande para hundirse". Y mientras mucha gente en Wall Street perdía su trabajo cuando estalló la burbuja, las decenas o centenares de millones de dólares que ganaron los altos ejecutivos de los bancos durante los buenos tiempos son suyos y están a buen recaudo. Incluso habiéndose colapsado el mercado, la gran mayoría de ellos estén posiblemente mejor de lo que habrían estado si hubiesen trabajado honestamente durante la última década. 

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Si el auténtico debate es sobre el tipo más que la extensión de la regulación, ¿entonces por qué siempre se plantea en términos de lo segundo? Para los conservadores, la respuesta es obvia. Muchos americanos comulgan con la idea del libre mercado y tienen una fuerte aversión hacia el gobierno. La fe en el gobierno va y viene, incluso en las épocas más liberales. Casi siempre va a ser ventajoso pues asociar una posición política con el libre mercado. 

No es tan claro por el contrario porqué los liberales iban a aceptar tan amablemente una caricatura de sus posiciones tan perjudicial. La respuesta requiere horadar un poco más a fondo en qué implicaciones tienen su postura respecto a la naturaleza y resultados de la dinámica económica. Como los conservadores, los liberales generalmente aceptan que la gente triunfa gracias a sus habilidades y trabajo duro, con una pequeña dosis de suerte de por medio. La principal diferencia entre las visones liberal y conservadora de la economía es que los liberales están dispuestos a creer que mucha gente tiene que afrontar serias dificultades para salir adelante, y no tiene de hecho las mismas oportunidades que quienes provienen de un entorno con mayor riqueza. Los liberales suelen también sentirse culpables por esa diferencia en las oportunidades de la gente, y por ello apoyan medidas políticas que ayuden a reducir esa brecha y mejoren las condiciones de aquellos que están peor. Sin embargo, muchos liberales siguen aceptando la proposición básica de que la distribución de la renta se decide fundamentalmente en el mercado, y no mediante decisiones políticas como las patentes, los copyrights o las leyes sobre insolvencia. 

¿Pero que ocurriría si aceptas la idea de que casi la totalidad de la economía se encuentra moldeada por multitud de decisiones políticas que podrían cambiarse fácilmente? Los banqueros de inversión se hicieron inmensamente ricos porqué el gobierno les proporciona el refugio de la doctrina del "demasiado grande para hundirse" pero no les impone a cambio ninguna regulación preventiva seria. Bill Gates se hizo increíblemente rico porqué, a través de patentes y copyrights, el gobierno le está dando un monopolio sobre los sistemas operativos que usan (o usaban) el 90% de los ordenadores del mundo. A los médicos se les paga bien porqué, al contrario que otros trabajadores menos politizados, disfrutan de protección ante la competencia internacional. Y lo mismo ocurre con los abogados y otros profesionales altamente remunerados. Los altos salarios dependen menos de la pericia o el trabajo duro y mucho más de la habilidad para estructurar el mercado laboral de formas que los trabajadores de la industria textil o los conductores de taxi no pueden.  

Hay una larguísima lista de requisitos legales para la profesionalización en diversos trabajos (y muchos de los cuales nada tiene que ver con mantener los estándares de calidad) que hace difícil para los profesionales de fuera venir a trabajar a EEUU. Mientras que acuerdos comerciales como el NAFTA (North American Free Trade Agreement) han sido diseñados explícitamente para eliminar las barreras institucionales que obstruyan la inversión en los países en vías de desarrollo y potenciar la libre circulación de mercancías que llegan de vuelta a EEUU, no ha habido ningún esfuerzo comparable para reducir o eliminar las barreras que impiden a los profesionales altamente cualificados de esos países venir a ejercer en EEUU. Algunos profesionales ambiciosos de los países en desarrollo se las arreglan para sortear esas barreras, pero sus homólogos de los EEUU siguen gozando de mucho mayor grado de protección ante la competencia internacional que los trabajadores menos cualificados. 

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El planteamiento de menos-o-más regulación sostiene la premisa de que hay ahí fuera y a priori un mercado desregulado, y de que algunos de nosotros queremos reinar en dicho mercado desregulado mientras otros preferirían dejarlo como está. Esta visión es consistente con la idea de que las grandes desigualdades de renta aparecen como resultado de las fuerzas del mercado. Pero como ilustran los anteriores ejemplos, nadie está en realidad hablando de un mercado desregulado ? más bien estamos todos hablando de a quién va a beneficiar la regulación. La distribución de la renta no ha precedido nunca a la intervención del gobierno. 

El estado está siempre presente, llevando los beneficios en distinta dirección dependiendo de quién está al mando. Aceptar esta caracterización de la realidad económica ofrece un punto de partida político mucho más adecuado para hablar de una regulación progresista. Después de todo, los conservadores quieren también la gran mano estatal metida en el mercado. Sencillamente se trata de que los beneficios fluyan luego hacia los de arriba. 

Esta visión comprehensiva de la regulación pone en el punto de mira todo el tinglado, incluidos los altos salarios de muchos de los que sostienen posiciones liberales. ¿Quieren los liberales realmente que todo el mundo pida el mismo trato y se quiten por tanto las barreras comerciales para servicios médicos o legales como hacemos con las de los tejidos o los coches? Los liberales sacan también tajada de la ofuscación que implica el debate en términos de más-o-menos regulación. 

Con todo, la catástrofe producida por la desregulación parcial y partidaria de la industria financiera, junto con una larga lista de regulaciones fracasadas en otros ámbitos de la economía, va a llevar sin duda a un importante replanteamiento de la política regulatoria en los próximos años. Queda por ver si este replanteamiento irá o no más lejos del debate habitual. Sabemos que cuando salgamos de la actual crisis la economía estará extensamente regulada. La pregunta es, ¿para beneficio de quién?  

Dean Baker es codirector delCenter for Economic and Policy Research.

El Foro de Belém sugiere corregir el neoliberalismo con economía responsable

Oded Grajew podría ser el héroe del círculo de Davos. Creó un imperio a partir de una pequeña empresa, la Grow Juegos y Juguetes. En 1987 fundó el Pensamiento Nacional de las Bases Empresariales, que cambió el chip de los ejecutivos brasileños y ayudó a convertir al país en una potencia exportadora.

Sin embargo, este empresario modelo que nació en Tel Aviv hace 60 años es el gurú del Foro Social Mundial. Además, su aportación al "otro mundo posible" no es ideológica. Se llama Instituto Ethos, incentiva la gestión socialmente responsable de las empresas y de él depende el 35% del PIB brasileño. Las 1.367 compañías adscritas se rigen por criterios sostenibles.

Nuevo camino

El sociólogo portugués Boaventura de Souza, se jactaba hace unos días en Belém de que el diagnóstico del capitalismo de Davos "coincide con el del Foro estos años". El propioGrajew destacaba que "el colapso financiero confirmó las previsiones del foro".
La receta de la responsabilidad social seduce al Foro y a los empresarios

Sin embargo, las soluciones del altermundismo no acaban de cuajar; o no se escuchan o no ha encontrado un mecanismo para que se apliquen. El sociólogo Gilson Caroni denunciaba en el Jornal do Brasil que el mundo ha estigmatizado al Foro Social como "unWoodstock de los trópicos". Sus propuestas históricas (tasa Tobin, condonación deuda externa...) se ignoran. Y sólo este año, el repóker rojo de los presidentes latinos (Morales, Chávez, Lugo, Correa y Lula) se ha mostrado unido en el carro del Foro. El sociólogo español Miguel Romero, una de las voces históricas del Foro, es más autocrítico. "O surge en Belém una iniciativa internacional o el Foro se extinguirá", afirma a Público.

Pero la receta de Oded Grajew,todo un eslabón perdido entre ejecutivismo y el altermundismo, es especial. Encandila al Foro y a los empresarios. Y no despierta los recelos de la apisonadora nacionalizadora de Hugo Chávez.

De hecho, muchas de las soluciones a la crisis made in Belém van en esa dirección. "Capitalismo en palabras de Oded con responsabilidad social". El Pacto contra el trabajo esclavo del Instituto Ethos (un sello que presionó a grandes empresas a no comprar productos con mano de obra esclava) es toda una referencia, y el modelo que el Foro social propone a los empresarios del mundo. ¿Línea blanda anticapitalista? Puede ser, pero más viable que las recetas anticrisis del ala dura de la antiglobalización.
El ala dura de los movimientos quiere nacionalizar los bancos privados

Porque la línea hard core del Foro apuesta por la destrucción total del capitalismo. La propuesta de Joao Pedro Stedile, líder de Movimiento de los Sin Tierra (MST), va en esa dirección: fomentar la economía comunitaria sin capitalismo financiero. Soberanía alimentaria, resumiendo. El economista Nelsivaldo Bargas apunta que "la solución pasa por la autogestión entre consumidores y productores".

Y es que la línea dura, en Belém, ha sido mayoritaria. Ha sugerido sin complejos la nacionalización de la banca privada. Antonio Martins, de Le Monde Diplomatique Brasil, presentó una propuesta para prohibir los créditos especulativos, reducir el mercado financiero o desmantelar los paraísos financieros. Y el indio Amit Sengupta, de la Red Científica del Pueblo de India apostó por una "ciencia que no esté orientada sólo al mercado". Danielle Mitterrand, viuda del ex presidente francés, pidió la "nacionalización de bienes y servicios básicos", otra petición masiva del Foro.

"Contra todo prognóstico, Woodstock parece haber vencido", apunta Gilson Caroni. ¿Pero quien dará el recado a Davos si Lula fue silbado en Belém y Chávez o Morales no son bien recibidos en el club de los ricos? Oded Grajew empresario modelo, gurú social ya se postula como candidato.

El Público

www.comfia.net

Los técnicos de Hacienda presentan una demanda contra la rebaja de impuestos del Gobierno a directivos de los bancos

Los técnicos de Hacienda (Gestha) presentaron ayer una demanda ante el Tribunal Supremo para recurrir la rebaja fiscal «de 25 puntos porcentuales», del 43% al 18%, para los directivos y socios de bancos y cajas de ahorros sobre los rendimientos mobiliarios obtenidos en sus propias entidades financieras.

Este diario denunció que el Consejo de Ministros había introducido este aguinaldo a los banqueros por sorpresa, de tapadillo y con retroactividad, en una disposición final del Real Decreto por el que se desarrolla la ley de medidas para la prevención del fraude fiscal.

Como ya adelantó también este diario, Gestha decidió impugnar el decreto, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 18 de noviembre, «dado que en el índice del Consejo de Ministros de ayer no incluyó la rectificación de esta rebaja».

La demanda de Gestha se basa en la «extralimitación» del Real Decreto. Los técnicos estiman que el apartado dos de la disposición final tercera, en virtud de la cual se modifica la fiscalidad de los responsables de las entidades españolas de crédito, es «ilegal» y atenta «gravemente» contra el Estado de Derecho, ya que sobrepasa lo dispuesto por la Ley del IRPF, en la medida en que un reglamento no puede modificar una ley de rango superior, al igual que el Gobierno no puede subvertir, a través de un Real Decreto, lo acordado por el Parlamento.

Asimismo, Gestha afirma que esta modificación de la fiscalidad representa un «agravio comparativo» hacia el resto de empresarios y sectores productivos por considerar que beneficia a los grandes accionistas de los bancos, los miembros de sus cúpulas directivas, así como a sus cónyuges y ascendientes o descendientes hasta tercer grado.

Asimismo, la organización añade que esta medida genera «discriminación positiva» entre las propias entidades financieras, ya que sólo afecta a los consejeros de los bancos, pero en mucha menor medida a los consejeros de las cajas de ahorros y cajas rurales, que son designados por elección o representación y que generalmente no poseen «grandes fortunas».

Finalmente, Gestha considera que esta disposición es «un tanto paradójica», ya que en la última reforma del IRPF, de 2006, todas las rentas del ahorro unificaron su tributación al 18% estableciendo una única excepción cuando las operaciones financieras se efectuaran entre personas vinculadas a su empresa, fuera entidad de crédito o no, que seguirían tributando al tipo marginal correspondiente para evitar situaciones «como a las que ahora el Gobierno da carta blanca».

Una rebaja fiscal muy selectiva

>El Gobierno decidió en un Consejo de Ministros de noviembre pasado rebajar la fiscalidad de las rentas mobiliarias de los banqueros de tapadillo y por sorpresa mediante un cambio en una disposición del decreto de medidas para la prevención del fraude fiscal.

>La reforma se hizo con retroactividad. Es decir, los rendimientos del ahorro obtenido por los ejecutivos en la misma entidad tributarán al 18%, frente al 43% anterior.

FRANCISCO NUÑEZ
El Mundo

En el primer trimestre de 2008 se vendió a Israel material bélico por valor de 1.551.833 euros, prácticamente en su totalidad destinado a las Fuerzas Armadas.

Es muy frecuente que el ciudadano de la calle se considere impotente ante acontecimientos internacionales por indignantes que le parezcan; esa impotencia se acompaña igualmente de un sentimiento de irresponsabilidad ante lo sucedido: al fin y al cabo no es su gobierno ni su ejército el que está tirando bombas contra inocentes. Si no tiene culpa y no puede hacer nada, su única opción es la resignación o, a lo más, acercarse a alguna de las manifestaciones convocadas. Pero estará equivocado, en este mundo globalizado pocas crisis se escapan a la corresponsabilidad de la comunidad internacional; el papel de los gobiernos europeos es importante y el sistema comercial y financiero del que formamos parte no es ajeno a nada de lo que sucede. Además, en democracia, los ciudadanos son responsables de las decisiones de sus gobiernos.

Una vez entendido esto, es el momento de analizar cuál ha sido el comportamiento del gobierno Zapatero y de la Unión Europea con respecto a las partes en conflicto. En primer lugar, podemos observar en el informe estadístico del Ministerio de Industria y Comercio(página 57), que España vendió a Israel armamento de Defensa por valor de 4.353.309 euros en el año 2007. De esa partida, 4.224.029 euros fueron para equipos de registro y proceso de imagen, formación de imágenes de infrarrojos o térmicos y sensores de imagen por radar. Por lo tanto, podemos deducir que los equipos militares de localización mediante infrarrojos sistemas térmicos y los sensores utilizados para alcanzar los mil muertos que hay en Gaza, el 42 % de ellos mujeres y niños según las autoridades sanitarias palestinas apoyadas por el coordinador de la ayuda humanitaria de las Naciones Unidas, se los ha proporcionado el gobierno español. Otra de las partidas vendidas, por 104.880 euros, es la destinada a ?fusiles, carabinas, revólveres, pistolas, ametralladoras, silenciadores, cargadores y visores?, más otros 36.400 euros para municiones. Por lo que algunos de esos mil muertos probablemente han sido abatidos con armas y municiones enviadas por España. A todas estas exportaciones hay que añadirles otros casi seiscientos mil euros en material calificado de doble uso, civil o militar.

En cuanto a 2008, el último informe remitido por el gobierno al Congreso revela que en el primer trimestre del año se vendió a Israel material bélico por valor de 1.551.833 euros, prácticamente en su totalidad destinado a las Fuerzas Armadas. En esta ocasión, según fuentes militares, también era para ?equipos de formación de imágenes de infrarrojos y térmicas, y equipo sensoriales de imagen por radar utilizados para la localización nocturna de objetivos? [1] , ademásde armas de cañón del tipo de fusiles, pistolas y ametralladoras.

A todo ello hay que añadir el papel de la Unión Europea, de la que España forma parte. Según las últimas estadísticas de Bruselas, en 2007 los Estados miembro autorizaron la exportación de armas a Israel por valor de 200 millones de euros [2] . Francia es, con mucho, el principal proveedor al Estado judío de armas europeas. Aunque existe un código de conducta de la UE sobre exportación de armas desde 1998, lo supervisa los Estados miembros, no Bruselas, de modo que cada país hace lo que quiere. Así, Bulgaria, Alemania, Polonia, Rumanía y Reino Unido exportaron a Israel armas pequeñas y munición. La República Checa, Alemania, Rumanía y Eslovenia suministraron a Israel "armas ligeras", esto es, aquellas que requieren de dos a tres personas para manejarlas, como bombas, torpedos o accesorios explosivos; y Bélgica, Francia y Rumanía enviaron aviones y material relacionado con ellos.

El portavoz de la Campaña contra el Comercio de Armas con sede en Reino Unido, Kaye Stearman, señaló desde su página web que ?Naciones Unidas y observadores imparciales han documentado regularmente cómo las acciones militares de Israel han violado el derecho humanitario internacional. A pesar de que el propio Criterio Consolidado de Licencias de Exportación de Armas de la UE y Nacional de Reino Unido se supone que evalúa tanto el impacto que tienen las ventas de armas en la paz, la seguridad y la estabilidad regionales, como los antecedentes de respeto de los derechos humanos del país, parece que todo esto se ignora en el caso de Israel? [3] .

Lógicamente para que Israel pueda pagar todas esas armas necesita fondos. La UE es hoy el primer socio comercial de Israel, después de firmar en 1995 un Acuerdo de Asociación Económica Preferencial que entró en vigor en el año 2000. Dicho acuerdo, aplicado en el marco de la Política de Vecindad Euro-Mediterránea, se desarrolla a través de un Plan de Acción Común aprobado por ambas partes (Israel y la Unión Europea) y renovable cada tres años. Lo curioso es que ese tratado, en su artículo 2, establece la suspensión en el caso de que una de las partes vulnere los derechos humanos y el derecho internacional. A pesar de ello, ni el gobierno español ni autoridad ejecutiva alguna europea ha puesto en marcha dicha medida. Es más, en octubre de 2006 se firmó un acuerdo de cooperación militar entre la OTAN e Israel [4] , gracias al cual militares españoles viajaron en verano de 2007 a entrenarse a Israel [5] .

Ahora veamos el papel de la diplomacia española y europea. El 12 de enero, con 917 palestinos muertos, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, denunciaba las ?graves violaciones? de Israel en Gaza, pero lo hizo con la abstención de los representantes de la UE, esos mismos que, en cambio, sí votaban las condenas a Cuba cuando las proponía Estados Unidos en la anterior Comisión de Derechos Humanos. La resolución fue propuesta por los países árabes, africanos y asiáticos y aprobada con 33 votos a favor, trece abstenciones (los países europeos, Japón y Corea del Sur) y un voto en contra (Canadá). EEUU no forma parte de ese organismo.

El texto indicaba que el Consejo ?condena firmemente las actuales operaciones militares israelíes [...] que han causado violaciones masivas de los derechos humanos del pueblo palestino y la destrucción sistemática de las infraestructuras palestinas? y también pedía que ?se ponga fin al lanzamiento de cohetes contra civiles israelíes, que ha causado la muerte de cuatro civiles? [6] , aunque advertía de que los ataques israelíes habían causado alrededor de 900 muertos y 4.000 heridos, y esto parece que no gustó a los representantes europeos.

En cuanto a acciones diplomáticas individuales del gobierno español, ni siquiera se ha considerado llamar a consultas al embajador israelí. Países como Venezuela o Jordania han retirado a su embajador en Tel Aviv o expulsado al represente israelí.

La conclusión a la que podemos llegar es evidente: los europeos garantizamos la buena salud de la economía israelí mediante un acuerdo comercial preferencial, gracias al cual le vendemos armamento y entrenamos conjuntamente nuestros militares; después, nos negamos a condenarlo en la ONU. Ahora, vayamos a mirar las fotos de los niños palestinos muertos y nuestras manos.

Pascual Serrano

La estafa supone buena voluntad por parte del estafado. Los implicados en el caso Madoff sabían a qué jugaban y por eso ahora callan.

Padecemos una intoxicación que señala a Bernard Madoff como responsable de la mayor estafa de la historia. Pero la estafa supone buena voluntad en personas inocentes. Estamos ante un caso de corrupción y de engaño a la sociedad vulnerando leyes.

Madoff montó, con su familia y otros miembros del lobby judío, una red de fraude fiscal, de “asesoría” a grandes fortunas para la desmesurada rentabilización de su dinero negro. Actuaban como una sociedad secreta y opaca. Como una mafia de soborno y de influencia en los responsables del control de las operaciones financieras y de sus efectos fiscales.

Amparándose en la crisis actual han designado al “chivo expiatorio” ritual, después de que hubieran puesto a salvo sus fortunas y las de los capos de ese contubernio.

Los “aparentemente” estafados conocían el riesgo de sus inversiones, jugaban desde paraísos fiscales y crearon “otros paraísos” dentro de sus fronteras. Gran parte de esas sumas no eran administradas por Madoff, sino desde unas misteriosas oficinas en la planta 17 del mismo edificio, con empleados aún más misteriosos que “sólo asesoraban” a los clientes y les cobraban una comisión. A ellos y a las operaciones y empresas hacia las que canalizaban esos capitales.

Llegó a haber “rentabilidades” del 40% y hasta del 100% en operaciones para hundir empresas, despedir a miles de empleados, cobrar seguros y destazarlas como a bueyes, en otras empresas que valoraban al 1000% en su negocio de hedge funds, o activos tóxicos.

Entre los “estafados” por Madoff aparece la anciana dueña de L’Oréal. La hija de Eugene Schüller tenía fuertes inversiones en los fondos gestionados por el financiero. Era la mayor inversora en un fondo cuyo cofundador, Thierry Magon, de 65 años, fue encontrado con las venas cortadas en su oficina de Nueva York, en lo que se considera un suicidio, querido o impuesto.

La empresaria Alicia Koplowitz, de padre polaco de origen judío asentado en España, habría perdido 14 millones de dólares. Otras fortunas permanecen en aterrado silencio.

La Fundación Elie Wiesel, dedicada a mantener la memoria del Holocausto judío, dice que ha perdido casi todo su patrimonio por el fraude de Madoff. La organización fundada por el premio Nobel de la Paz anunció que han perdido 16 millones de dólares. Algunos “aumentan la cifra” para conmover a nuevos donantes y mecenas.

Decenas de asociaciones de beneficencia judías apoyadas por ricos mecenas han sido afectadas por la “estafa” de Madoff. Más de treinta de organizaciones judías se reunieron en Nueva York para “decidir si existen opciones de actuar conjuntamente”, explicó Mark Charendoff, presidente de la red de mecenas judíos, entre los que figuran Steven Spielberg, Fred Wilpon, y el senador Frank Lautenbergs.

La universidad de Nueva York ha “perdido” 24 millones de dólares. La Fundación Robert Lappin, que mantiene la identidad judía entre los jóvenes, también confió sus recursos a Madoff.

El Sistema de Salud Judío de Long-Island, que opera 15 hospitales, dice haber perdido 5 millones de dólares, y la Fundación Julián J. Levitt otros 6 millones.

La Universidad judía Bersheva y muchas organizaciones equívocamente calificadas como de “charity” se beneficiaban de exenciones fiscales y realizaban actividades en defensa de los intereses del lobby judío y deI Gobierno de Israel.

En España, el organismo encargado de la supervisión de los mercados (CNMV) cifra en cerca de 200 millones de dólares la exposición “directa” de las Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) al fraude de Madoff. No habla de las indirectas ni de las camufladas. Calcula que las IIC afectadas superan las 224, pero las atribuye al “fraude piramidal”.

No ha habido tal fraude de la estúpida pirámide de Ponzi, propia de incautos. Aquí cada uno sabía en qué operaciones fraudulentas se metían. ¿O ignoraban que muchos de esos fondos financian guerras, blanquean dinero del crimen organizado, narcotráfico, trata de mujeres y de niños, sostienen movimientos fundamentalistas, especulan con petróleo y gas, y son cómplices de tráfico de fármacos perversos no admitidos en Estados Unidos? Dicen que no lo sabían, que el dinero no huele; como la banca Ambrosiana, del Vaticano, cuando se descubrió que participaba en la fabricación de anticonceptivos, de manipulación de células y en la fabricación de condones.

La Fiscalía Anticorrupción investiga la distribución de fondos de Madoff en España país y postas de los defraudadores a Hacienda, a quienes podrían acusar de cooperadores necesarios en este fraude.


JOSÉ CARLOS GARCÍA FAJARDO. Profesor Emérito de la UCM. Director del CCS
Solidarios

José Antonio García Rubio, responsable federal de Economía y Trabajo, lo valora como “una subida de miseria que demuestra como, ante la crisis, el Gobierno socialista guarda su sensibilidad para los banqueros y la escatima para los trabajadores”.

José Antonio García Rubio, responsable federal de Economía y Trabajo de IU, valora como una “burla para los trabajadores” el aumento de un 4%, es decir, 24 euros, del salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2009 aprobado hoy por el Consejo de Ministros.

García Rubio destaca que “este aumento mezquino, además de romper con uno de los principales compromisos electorales vendidos a bombo y platillo hace 9 meses por José Luis Zapatero, marca, lo que es aún más importante, una línea de política económica contraria a la que es necesaria para resolver la crisis y nos aleja aún más de Europa”.

“El SMI en los países centrales de la UE que lo tienen establecido –señala el responsable económico de IU- oscila entre 1.150 y 1.350 euros. Luxemburgo, por ejemplo, lo tiene fijado en 1.610 y Francia en 1.321. Hasta Grecia, con 681 euros en 2008, disfruta ya de un salario mínimo más alto que España.”

A su juicio, “con el aumento aprobado ahora las personas que perciben este salario continúan, prácticamente, al borde del umbral de la pobreza. Se incrementan así nuevos perfiles de pobreza del que forman parte personas con trabajo a tiempo completo, mujeres en muchas ocasiones, además de miles de familias con alguno de sus miembros en el paro y que sólo tienen como fuente de ingresos ese salario mínimo”.

Para García Rubio, “Rodríguez Zapatero y los máximos responsables económicos y de Trabajo de su Gobierno deben dejarse ya de trucos dialécticos y explicar de inmediato cómo piensan cumplir su promesa de que el SMI llegue a 800 euros en esta Legislatura. Ello implicaba una subida sostenida del 8% anual en los próximos cuatro años. Al subir en 2009 sólo el 4% el Gobierno se ve abocado a una subida de dos dígitos al menos en dos de las próximas anualidades, todo ello en medio no ya de la grave crisis que Rodríguez Zapatero se había negado a reconocer sino de una recesión palpable cuyo final sólo atisban los mismos ‘gurús’ económicos socialistas que han fallado todas sus previsiones hasta llegar a esta situación”.    

“Frente a los impresentables incumplimientos electorales del PSOE”,  José Antonio García Rubio recuerda que “Izquierda Unida tiene aprobada una alternativa que supone un aumento de 100 euros mensuales -lo que representaría 700 euros mensuales por 14 pagas o 9.800 € en cómputo anual-, para alcanzar los 1.000 euros antes de que termine esta Legislatura”.

 “Esta propuesta es posible y razonable –afirma García Rubio-, mejoraría la capacidad adquisitiva de un número significativo de trabajadores y, sobre todo, influiría en la negociación colectiva para mejorar los salarios más bajos. Ello repercutiría en su conjunto en una mejor situación salarial para millones de trabajadores. Cumplirlo implicaría no seguir haciendo los ‘regalos fiscales’ a los banqueros, a sus familias y a los contribuyentes con mayores patrimonios a los que tanto gusto ha cogido el Ejecutivo socialista”.

“El aumento de la capacidad adquisitiva de los salarios y de las pensiones -conviene recordar que la pensión media es en España 200 euros inferior a la media de la UE- es una condición necesaria para remontar la actual crisis porque contribuye al aumento de la demanda interna, especialmente de productos no importados”, explica el dirigente federal de IU.

El coordinador general de IU considera que “es inadmisible para los trabajadores que ahora les digan que ‘tiren juntos del carro’ cuando ya lo hacían en los tiempos de bonanza económica, mientras iban subidos en ese carro los especuladores"

(Ciudad Real, 25 de diciembre 2008).- El coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha valorado hoy que el mensaje de Navidad del Rey conocido ayer “se ha convertido en una sucesión de buenas intenciones con escaso contenido concreto que le hace situarse fuera del mundo y los problemas reales por los que atraviesan la inmensa mayoría de ciudadanos del Estado”.

Para el máximo dirigente de IU, “el jefe del Estado no hace mención alguna ni de las causas ni de los responsables de una situación que está provocando lo que sí es un drama real que están sufriendo más de tres millones de parados, es decir, esas 6.000 personas que cada día son despedidas del trabajo o los millones de personas hipotecadas de por vida por la ambición de unos cuantos desalmados. Tampoco se hace mención alguna a los responsables de la situación de quiebra de las pequeñas y medianas empresas, así como de miles de autónomos”.

Lara considera que “es inadmisible para los trabajadores de nuestro país que ahora se les diga sencillamente que ‘juntos debemos afrontar la crisis y tirar del carro’. Hasta ahora esos mismos trabajadores sólo han visto cómo en los pasados años de bonanza sí ‘tiraban del carro juntos’ los menos favorecidos, entre ellos los 11 millones de mileuristas que no llegan a final de mes, mientras iban subidos en el carro los oportunistas del negocio fácil, los reyes de la finanzas especulativas y un sector de empresarios sin escrúpulos que han llevado éste país a una recesión de consecuencias incalculables. A ello no ha sido ajena la complicidad de los sucesivos gobiernos de turno”.

“El discurso del Rey –detalla el coordinador de IU- se fija sólo en un lado del espejo, pero olvida otro. Por ejemplo, en educación el monarca no quiere ver a los miles de jóvenes que se manifiestan contra el Plan Bolonia en la universidad, es decir, contra la privatización y mercantilización de la enseñanza, o la falta de medios en los colegios públicos o la ausencia de centros infantiles públicos de 0 a 3 años donde los trabajadores puedan llevar a sus hijos”.

A su juicio, “el Rey alaba una Constitución, pero olvida que ésta es en buena medida virtual. Determinados poderes públicos y económicos violan sistemáticamente mandatos esenciales para la vida cotidiana de los ciudadanos como el derecho a la vivienda o al trabajo, la aconfesionalidad del Estado, la progresividad fiscal o la exigencia de que la riqueza del Estado debe dedicarse al interés general”.

“Frente a los agradecimientos formales a quienes buscan trabajo entre nosotros –señala Lara- el Rey pasa por alto que se han endurecido las medidas de retorno, de reagrupación y de regularización de los inmigrantes, alargando innecesariamente su sufrimiento, que la siniestralidad laboral sigue segando la vida de tres personas cada día, que la Ley de Memoria Histórica no avanza porque la derecha política pone trabas y al Gobierno le falta valentía democrática para desarrollarla y que tras 15 años de crecimiento ininterrumpido no se ha reducido el índice de pobreza en España, con 9 millones de pobres según el informe Foesa”.

Cayo Lara afirma también que “una fuerza democrática como la nuestra, como no puede ser de otra manera, está de acuerdo en que el terrorismo no tiene razón de ser en el Estado español y que la unidad de los demócratas es la única salida para alcanzar su fin definitivo. En ello tenemos puesto todos nuestro empeño”.