La nueva tajada del agua. 23/02/08
Vuelve a resultar sorprendente, y de nuevo escandaloso, la utilización de palabras-llave para enmascarar conceptos que, estando claros en el inconsciente colectivo de los españoles bienpensantes, tratan de desviar la atención de los problemas reales que las palabras definen.
Y es que, para no hablar “del mar y los peces”, que nos podría llevar años de discusiones “bizantinas” sobre el tema, habría que empezar por definir qué es un trasvase. O más bien qué entendemos cada uno de nosotros por trasvase. Y también cómo se hacen, o cómo se deberían de hacer.
Para Izquierda Unida, trasvasar agua de un lugar a otro sólo es aceptable cuando sirva para resolver problemas puntuales, y no estructurales, relacionados con la falta de “agua de boca” en algún determinado lugar de la Península o, ya puestos, del mundo entero. Pero no estamos en eso. Los trasvases actuales no sirven para lo que dicen que sirven. El coste de las obras de estos proyectos no justifican el fin para el que presumiblemente se diseñan y así, nos vemos abocamos a un escenario perverso en el que “parece” que quienes nos oponemos a los trasvases, ya sean “minis” o “maxis” somos una pandilla de insolidarios caprichosos, que negamos el agua para beber a nuestros compatriotas murcianos, alicantinos o catalanes, sin ofrecer ninguna solución o alternativa que les ayude a “paliar su sed” y dejando además que el agua “se pierda en el mar”. ¡¡Manda huevos, que diría aquel!!. Nada más lejos de la realidad.
Veamos: Izquierda Unida no se opone a que se “trasvase” agua en cisternas, a muchos municipios ribereños que año tras año deben beber el agua que les aportan los camiones de la Diputación Provincial porque las infraestructuras hidráulicas de la provincia de Guadalajara, aún hoy, son manifiestamente insuficientes. Es trasvasar agua, pero no nos oponemos. No nos oponemos pero sí denunciamos las políticas de parche permanente a la que nos tienen acostumbrados los gestores del agua en Castilla-La Mancha. ¿A cuántos municipios de Guadalajara debemos trasvasar agua año tras año, verano tras verano, ya que las obras necesarias para acabar con este problema no terminan nunca?
Izquierda Unida no se opone a que se trasvase agua en barco, de la desaladora de Carboneras, o de cualquier otra, hacia Mallorca o hacia Barcelona. El precio de esta opción resulta menor que el coste de la obra que ahora se pretende hacer desde el Ebro a Barcelona. Porque vamos a ver: Una obra que costará 180 millones de euros para un envío de 40 hectómetros cúbicos que deberán recorrer 60 kilómetros junto a la autovía P-7, ¿Alguien en su sano juicio piensa que este trasvase, por muy “mini” que sea, va a ser “temporal”? Ni los más inocentes y conspicuos españolitos subidos a todos los guindos del Valle del Jerte nos lo vamos a creer. El nuevo trasvase proyectado ahora, y por lo que sabemos, impuesto por el PSOE desde el Gobierno de España, es un trasvase en toda regla, por muy “mini” que nos lo quieran vender.
Izquierda Unida tampoco se opone a que se trasvasen esos 40 hectómetros de agua del Segre a Barcelona a través de una tubería de plástico que se retiraría después. ¿Por qué pues no se elige esta opción que fue la que ofrecieron nuestros socios de Iniciativa por Cataluña? Pues porque el negocio de quienes están detrás de este trasvase, que no son otros más que Aguas de Barcelona (AGBAR) y quienes controlan el peaje de la Autovía (ACCIONA) por la que discurrirá enterrada (o sea nada provisional) la tubería, no están dispuestos a perder la nueva “tajada” del agua que se abre ahora en la zona urbana de Barcelona y, quien sabe si en un futuro no muy lejano, en toda Cataluña.
Izquierda Unida sabe que un recurso como el agua debe gestionarse en función de la demanda, porque cuando se abren expectativas de oferta ilimitada surgen siempre problemas estructurales a medio plazo. Gestionar en función de la oferta significa no entender la fragilidad del recurso agua, y provoca además de problemas ecológicos en las cuencas cedentes, enfrentamientos cainitas entre comunidades autónomas y una especie de “psicosis colectiva” que se justifica en términos de “mi agua es mía y nada más que mía".
Estamos viviendo un nuevo capítulo del problema endémico del agua en España. En el acto que se representa hoy pretenden retorcer el tema y dar una vuelta de tuerca más, apelando a la necesidad de agua que tienen los barceloneses para no tener restricciones en otoño. Un nuevo parche que se agrietará, como la presa de Tous, más pronto que tarde.
Pero lo peor de todo, y por si no fuera suficiente, es que nos encontramos ante una nueva estrategia de privatización de los recursos públicos. Una “Nueva Tajada Del Agua” que viene a sustituir a la Nueva Cultura del Agua que apenas ha durado un par de legislaturas. Descanse en paz el programa AGUA. Y con él las esperanzas de los bienaventurados subidos al guindo, que creían que un Gobierno mayoritario del PSOE pondría las cosas en su sitio, el agua en sus cuencas, las viviendas asequibles y los servicios públicos al alcance de todos.
José Antonio López-Palacios Villaverde
Secretario de Organización y Responsable de Medio Ambiente de Izquierda Unida de Guadalajara
Hay que votar a IU para evitar que, con una mayoría de izquierdas, acaben imponiéndose políticas de derechas. 23/02/08
Recién comenzada la campaña electoral de estas Elecciones Generales, el Candidato al Congreso por IU de Guadalajara, José Luis Maximiliano Romo, se mostraba tajante en sus declaraciones. "Para evitar que, con una mayoría de izquierdas, acaben imponiéndose políticas de derechas, hay que votar a Izquierda Unida.
"Lo que en realidad está en juego en estas elecciones es si las presiones de la derecha van a tener éxito, empujando a Zapatero a pactar con CiU o si, por el contrario, la movilización de la izquierda y la presión desde la izquierda se traducen en un aumento del poder institucional de IU para marcar el rumbo de la nueva legislatura", ha asegurado Maximiliano, "frente al bipartidismo desmovilizador de los debates de televisión, hay que hacer una campaña ciudadana en la calle".
"Nuestro sistema político es parlamentario y no presidencial. El comienzo de la campaña electoral esta marcado por una política informativa que reduce el debate a una competencia bipartidista entre Zapatero y Rajoy, marginando antidemocráticamente al resto de las fuerzas políticas y amplificando el efecto antidemocrático de la Ley Electoral. Es esta "jibarización" de la política lo que produce la abstención, porque la España plural no se puede ver representada en el discurso reductor de la confrontación PSOE-PP por un supuesto centro político", ha matizado el también Coordinador Provincial de IU de Guadalajara, "la estrategia del PSOE de "girar al centro" es incompatible con la propia movilización del electorado de izquierdas, lo que hace imprescindible el voto útil a IU como principal herramienta para conseguir una participación electoral por encima del 70%".
Para el Candidato al Congreso por IU de Guadalajara, "la derecha dura dice que se abre un período de esperanza para el cambio político. Da miedo pensar en el significado real de esa afirmación. La derecha extrema pretende convocar a la esperanza desde el miedo. Hay que combatir a la derecha y sus políticas votando a aquellos que desde la primera legislatura de Aznar han sido consecuentes y firmes contra la derecha y sus políticas".
"Lo que se juega en esta legislatura es sencillo: o giro a la izquierda con una fuerte presencia de IU o manos libres al PSOE para negociar con CiU. La sociedad de izquierdas en España tiene que decidir si cambio de izquierdas a favor de los intereses de la mayoría o acuerdo con CiU a favor de los intereses particulares y las políticas neoliberales. Sólo IU puede condicionar a la izquierda la nueva legislatura y asegurar que las reformas se convierten en un nuevo cambio democrático. La reforma de la Ley Electoral es imprescindible para asegurar que se cumple el principio democrático de un hombre, una mujer, un voto", ha finalizado José Luis Maximiliano Romo.
Por todo ello, IU hace un llamamiento a voto "valiente, unitario, insatisfecho y rebelde frente al miedo, firme frente a la derecha y para un cambio de izquierda en la política del país; un voto valiente en defensa del pluralismo político y la democracia, y en defensa de la izquierda".
Izquierda Unida propone un decálogo contra el fraude fiscal de las grandes fortunas de España. 22/02/08
"IU es la única organización que no ha entrado en la subasta fiscal y que plantea reconducir la situación hacia la progresividad de los impuestos y mejorar su capacidad de redistribución", así lo ha asegurado el Candidato de IU de Guadalajara al Congreso, José Luis Maximiliano Romo. "los estudios más fiables concluyen que la estimación de la economía sumergida en España supera el 23% del PIB, frente al 10% estimado en el promedio de los países de la Euro zona. Favorecer una actuación de Estado continuada y organizada para localizar y aflorar esa economía paralela ilícita debe ser una prioridad democrática de primer orden, a la vez para garantizar que los recursos financieros que se dejan de recaudar, puedan ser destinados a equiparar en política de gasto social a nuestro país con el de nuestros países socios, y así impulsar un Estado de Bienestar que garantice una mejor calidad de vida para toda la ciudadanía en nuestro país".
"El crecimiento económico de un país debe ir unido al desarrollo en la mejora de la calidad de vida de todos, y conseguir recursos estructurales para necesidades estructurales. Las políticas de subastas fiscales mostrada por el PP y el PSOE y sus respectivos Gobiernos auspician una mentalidad tan insolidariza como insostenible. Los últimos anuncios de eliminación del Impuesto de Patrimonio representan una expresión de regresividad e insolidaridad fiscal. Esta medida beneficiará, grosso modo a que las 35.000 personas, que declaran un patrimonio neto superior a 1,5 millones de euros se ahorrarán 711 millones de euros (un 49,32% de la recaudación total con mayor renta patrimonial de nuestro país dejen de pagar), un promedio de 23.314 euros por afortunado. En total, las arcas del Estado dejarán de recibir más de 1.400 millones de euros, recursos, que en palabras del Presidente del Gobierno serán compensados a las CC.AA afectadas, con los recursos de todos, especialmente con los tributos de los trabajadores y trabajadoras sobre quienes recae el 80% de la recaudación del Impuesto sobre la Renta", ha puntualizado Maximiliano.
"La propuesta económica que desde IU proponemos es tan posible como necesaria y representaría hacer aflorar durante la próxima legislatura más de un 10% de la Economía irregular existente en nuestro país. Muy especialmente abordaría de forma integral el potencial fraude existente, con los billetes de 500 euros, en el sector inmobiliario, el narcotráfico y el blanqueo de dinero, así como las tramas del IVA y las empresas instrumentales. Todo es posible, con la modernización y la apuesta por una acción global que potencie el papel de los recursos humanos disponibles y apostar por un mayor impulso del capital tecnológico en las administraciones tributarias y policiales de nuestro país".
"Izquierda Unida cuantifica en casi 6.000 millones de euros anuales la recaudación aproximada que el Estado recuperaría, por la localización y rastreo de los más de 56.000 millones de euros netos incontrolados en billetes de 500 euros. Y en una acción global contra la economía sumergida para acercarnos a la media de la UE, iría aflorando hasta unos 90.000 millones de euros, hoy en operaciones irregulares, con una recaudación total adicional entre 23.000 y 30.000 millones de euros para toda la legislatura", ha concluido el también Coordinador Provincial de IU de Guadalajara.
Decálogo de medidas
1.- Creación del Observatorio para la evaluación, localización, control y seguimiento de la Economía Sumergida.
2.- Extensión a todas las CCAA de Fiscalías especializadas con el delito económico .
3.- Creación de un cuerpo especial de policía fiscal bajo responsabilidad del Ministerio del Interior.
4.- Creación de un Registro de billetes de 500 euros.
5.- Creación de un Registro Administrativo de Contratos de Compraventas de inmuebles.
6.- Incremento de recursos humanos y técnicos con Medidas organizativas en las administraciones tributarias.
7.- Apuesta por la creación de Consorcios Tributarios entre las Agencias Tributarias Autonómicas y la Estatal.
8.- Recuperación del tratamiento fiscal de las sociedades patrimoniales.
9.- Inhabilitación temporal de los Administradores y Consejeros que hayan sido declarados responsables de fraudes tributarios o sociales.
10.- Restringir la aplicación del Régimen de Estimación Objetiva del IRPF (módulos), a empresas que destinan sus bienes y servicios al consumidor final, para evitar la emisión de facturas falsas.
Injerencia clerical en la escuela (21/02/2008)
Para los obispos, el colegio es una prolongación de la parroquia y su función es hacer cristianos, no ciudadanos cultos y responsables. Urge revisar la situación de los profesores de Religión, contraria a la laicidad del Estado y sus instituciones.
Del 14 al 16 de febrero se celebraron en Madrid las 48ª Jornadas Nacionales de Vicarios y Delegados de Enseñanza, cuyo tema ha sido la enseñanza de la religión católica en la escuela. Es posible que les sirviera de guión la carta que, a modo de felicitación de las Navidades, dirigió el delegado episcopal de Enseñanza de la diócesis de Cartagena-Murcia a los profesores de Religión de la región. La felicitación navideña era únicamente una formalidad o, si se prefiere, una excusa, para recordar a estos docentes, en tono aparentemente suave en la forma, pero amenazante en el fondo, las obligaciones contraídas como profesores de Religión para con la diócesis y el obispo.
El delegado episcopal les recuerda que es la Iglesia quien los elige y los llama, quien los envía, cual misioneros, a evangelizar y quien, si se diere el caso, podría destituirlos. La función que les encarga y que han de cumplir escrupulosamente como condición necesaria para seguir en sus puestos es "prestar un servicio a la Iglesia" y "enseñar la doctrina de la Iglesia". La enseñanza de la religión católica es, a su juicio, "una ocasión estupenda" para manifestar con fuerza la adhesión al obispo como prueba de pertenencia eclesial y de comunión eclesial, hoy más necesaria que nunca, matiza.
ESTÁ CLARO que, para los obispos, la escuela es una prolongación de la parroquia, una sucursal de las instituciones eclesiásticas, que la clase de Religión es un acto catequético y que la función de la escuela es hacer cristianos, no ciudadanos cultos y responsables. ¿Cabe mayor confesionalización de un espacio público y mayor desnaturalización de una institución laica como es la escuela?
El eclesiástico murciano no oculta que es otra institución quien contrata a los profesores, pero se olvida citar el nombre. ¿Olvido freudiano? Esa institución es el Estado. Somos todos los ciudadanos y ciudadanos, creyentes y no creyentes, quienes pagamos con nuestros impuestos a los profesores y profesoras de Religión. Y son los obispos los que los seleccionan, los nombran y los cesan. La operación no puede resultar más rentable para la Iglesia católica.
El delegado episcopal reconoce que los profesores de Religión católica son "un colectivo de trabajadores", pero enseguida matiza que se trata de "un colectivo bastante singular". Es un matiz nada inocente. Con ello les está diciendo que no gozan de los mismos derechos que el resto de los trabajadores y que pueden ser despedidos si se desvían del guión fijado por el obispo. Y así es, de hecho. Cada vez es mayor el número de despidos de profesores de Religión católica porque la jerarquía eclesiástica les retira la confianza. Los profesores de las distintas disciplinas gozan de plena libertad de expresión. Los profesores de catolicismo, empero, se ven sometidos a la permanente censura de quienes los nombran. Sobre ellos pende la espada de Damocles de la ortodoxia. Hasta su vida personal y religiosa está sometida al control de la autoridad eclesiástica que, cual Gran Hermano, vigila todos y cada uno de sus comportamientos: desde la asistencia a misa los domingos, hasta la afiliación sindical y política, y el ejercicio de la sexualidad.
¿EXAGERACIÓN?, Los hechos son tozudos al respecto. Ha habido profesores y profesoras que han sido despedidos por no ir a misa los domingos, por irse de compras con los compañeros, por estar afiliados a sindicatos y partidos políticos que no son del agrado de los obispos, por vivir en pareja sin estar casados, etcétera.
Tres son las actitudes que deben cumplir los enseñantes de Religión y Moral católicas, según la misiva del delegado episcopal de Cartagena: comunión eclesial, pertenencia eclesial y adhesión al obispo. Ni una palabra acerca de los contenidos objetivos a impartir en materia de Religión. Ni una indicación sobre la pedagogía activa y no directiva. Ni una referencia a la función docente de los profesores de Religión como miembros de la comunidad educativa. Ni una mención, tampoco, a los derechos de los docentes: tan solo tienen deberes. Lo único que importa es la fidelidad a la Iglesia. Y, como telón de fondo, la amenaza de cese, en caso de incumplimiento de las orientaciones diocesanas.
Después de leer la carta, me hice una pregunta compulsiva que ahora traslado a los lectores: ¿en qué se diferencia, en materia religiosa, la escuela de la España democrática de la escuela del nacionalcatolicismo?
URGE DAR UNA respuesta a esta situación, que es contraria a la laicidad del Estado español y de sus instituciones. Respuesta que consiste en revisar los acuerdos del Estado con las distintas confesiones religiosas que justifican la enseñanza de la religión confesional en la escuela. Lo que dudo es que haya voluntad política para hacerlo. Para ello es necesario, ante todo, distinguir con total claridad entre la catequesis, que debe impartirse en las instituciones religiosas, y el estudio científico de las religiones como fenómenos religiosos y culturales, que puede y, a mi juicio, debe hacerse en la escuela. Me sorprende que los políticos no tengan clara esta distinción, que es tan elemental, o que, al menos, no estén dispuestos a ponerla en práctica.
Juan José Tamayo: Director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones de la Universidad Carlos III de Madrid.
El Periodico
Los arboles y el frenopático (11/02/2008)
De sopetón, de repente, a contrapelo, sin comerlo ni beberlo, por sorpresa y como a traición, el pueblo de los árboles ha entrado en política en España. Todo él, no sólo la familia de las Pináceas, ni la tribu de las Quercíneas, ni las innumerables especies de Rosáceas. El pueblo en su conjunto, en su totalidad, en su inmensidad.
Los árboles son los seres vivos más grandes y más longevos de cuantos habitamos el planeta. Ni las ballenas son mas grandes ni las tortugas tienen una esperanza de vida, en condiciones normales, mayor No es extraño que causen admiración y respeto a cuantos se acercan a ellos con curiosidad y espíritu aventurero. Su historia explica en parte la historia de la Humanidad. Las primeras grandes cacerías, los primeros poblados, las primeras grandes guerras, las primeras catedrales, los libros de bolsillo, la prensa escrita, no hubieran sido posibles sin el concurso de los árboles.
Los desencuentros con los árboles han sido también históricos, pero hoy (por ayer) el pueblo de los árboles ha alcanzado por fin la categoría de sujeto político.
Dice el PP que va a plantar, si gana las elecciones, 500 millones de árboles. Nada más y nada menos que 500 millones, sin especificar ni donde, ni como, ni cuales, ni por qué.
¿Quién no estaría contento y feliz con tan inusual promesa electoral? Los ecologistas, los naturalistas, los ecólogos, los ingenieros de montes, los agentes forestales, los ganaderos, los madereros, los agricultores, los bomberos, la sociedad en su conjunto debería estar feliz y contenta.
¡¡Vaya idea!!. Veamos: 500 millones de árboles en cuatro años son 125 millones al año, casi 10 millones y medio al mes, 348.000 al día, unos 14.500 a la hora., 241 por minuto. No puede ser, no quieren plantar árboles, quieren tomarnos el pelo, confundirnos con las macrocifras sabedores de que como no van a ganar las elecciones, nadie les va a pedir las cuentas de su fantasía.
La superficie total de España es algo mayor de 53 millones de hectáreas, lo que supone unos 10 árboles por hectárea. Sin entrar en ciertas consideraciones no baladíes sobre el suelo y el territorio, en los que no se puede plantar, y teniendo en cuenta la ratio de 241 árboles por minuto durante cuatro años la pregunta a responder sería: ¿Cuántos trabajadores son necesarios para acometer tan vasta y descomunal empresa? Porque para brindis al sol no necesitamos marearnos con tantos árboles. Basta con decir que se bajarán los impuestos a las grandes fortunas y se mantendrán a los jubilados y pensionistas, que se privatizarán las escuelas y los hospitales, que se expulsará de España a los emigrantes que no sean “buenas personas”, que la asignatura de religión se implantará obligatoriamente en la etapa de 0 a 3 años, que se construirán millones de viviendas destinadas al alquiler, que los campos de golf serán gratuitos para los jóvenes menores de 15 años y que se repartirá un bono de 100 euros entre las amas de casa para que lo gasten en el Centro Comercial más próximo a la localidad en la que residan.
La demagogia es lo que tiene, se empieza plantando árboles y se termina en el frenopático.
José Antonio López-Palacios Villaverde . Responsable de Organización y Medio Ambiente de Izquierda Unida.
El Número Pi (06/02/2008)
De antiguo se sabe la importancia que los números han tenido para el desarrollo de la Humanidad en su conjunto. Y aunque habría que matizar tal aserto, pues hay notables diferencias “de cajón” en algunos rincones del “conjunto”, lo cierto y verdad es que sin números, casi nada sería hoy lo mismo.
Los números se combinaron pronto con letras y dieron lugar a mágicas combinaciones que sólo entendían unos pocos iniciados. Por ejemplo 3,141592653589 (el nº “pi”) se combinó con el 2 y una R para certificar que el área (o sea la superficie) de cualquier círculo era igual a “pi” R. el cuadrado. El número “pi” resultó ser la mar de socorrido desde entonces. Se cuentan por millares las ecuaciones que ha producido “pi” desde que William Jones lo usara por primera vez en 1706. Incluso en la Biblia (I Reyes, 7,23) se puede encontrar una de las primeras referencias al dichoso numerito.
Con la democracia, y hablando en términos generales, los números se convirtieron pronto en escaños. La cuestión tenía una cierta lógica y parecía de mucho sentido común. No era cosa de ponerse a discutir una ecuación que, por sencilla, no tendría por qué levantar ningunas suspicacias. A saber: a mayor número de votos, más escaños. ¿Quién podría objetar algo a tan inusual y radical simpleza? Pues nadie que, sabiendo de números y de letras, estuviera en su sano juicio.
Pero con el tiempo, “la cosa” se fue complicando, enrareciendo, enmarañando, tergiversando y, a la postre, envenenando. Aparecieron, sobre todo en España, territorios “históricos” (¿alguno no lo es?), nacionalismos, particularidades, insularidades, hechos diferenciales… y negocio. Sobre todo mucho negocio. Y los números empezaron entonces a usarse para defender el mucho negocio de unos pocos por encima de cualquier otra consideración, por muy democrática que esta fuere o pretendiera serlo. Y así fue como se perpetró el actual desaguisado.
Veamos: ¿Cómo es posible entender que una opción política a la que han votado 417.154 personas (PNV en 2004) tenga 7 diputados y otra opción a la que han votado 1.269.532 (Izquierda Unida en las mismas elecciones) tenga sólo 5? ¿O que un grupo que ha conseguido 829.046 votos (CiU en el 2004) tenga hoy 10 diputados? Y aún más: ¿Cómo es posible que NA-BAI, con 60.645 tenga 1 diputado y PA, con 181.261, no tenga ninguno? ¿Es esto democracia? ¿No habíamos quedado que todos los votos valían lo mismo? Nuestros diputados se los llevan PP y PSOE.
¿Cuánto cuesta (en número de votos) un diputado en España? La respuesta no tendría que ser muy complicada. Con una simple suma y una división cualquier alumno de nuestra ESO podría resolver el acertijo. Pero el tema se complica hasta unos límites insospechados, que harían enrojecer las mejillas de cuantos profesores de matemáticas se esforzaron por desasnarnos un poco en esta crucial asignatura instrumental. Porque por lo visto, la única respuesta posible a la pregunta: ¿Cuánto cuesta? es, de momento, pues depende. Por ejemplo, al PSOE cada escaño le cuesta 66.522 votos. Al PP 65.071. A CiU 82.904. A ERC 81.249. Al PNV 59.593.
¿Y a Izquierda Unida? ¿Cuánto le cuesta un escaño a Izquierda Unida? No se lo van a creer, pero para resolver este problema hay que aplicar el número “pi”. A Izquierda Unida cada escaño nos costó, en las pasadas Elecciones Generales, 253.906 votos. Vamos casi cuatro veces más que al PP y al PSOE. ¿Es esta la democracia participativa que quieren estos dos partidos.
Hoy, en política, los números sirven, entre otras cosas, para consolidar injusticias, para dividir a los territorios, para crear particularismos preñados de privilegios, para generar muchos más hechos diferenciales injustos. Y al final para defender el propio y particular negocio. El negocio PSOE, el negocio PP, el negocio PNV, el negocio CiU, y el negocio CC.
Es por eso que nuestros alumnos de ESO deberán estudiar más matemáticas y, sobre todo, estudiar concienzudamente las aplicaciones de “pi”. La respuesta matemática a la pregunta sobre la relación de voto/escaño para Izquierda Unida es la siguiente: Se multiplica por “pi” el número de votos que necesiten PP y PSOE y se le suman 50.000 más para redondear. Ahí tienen la respuesta. Han aprobado.
José Antonio López-Palacios Villaverde
Secretario de Organización de Izquierda Unida
Vivienda Digna Vs Partidos Mayoritarios (14/12/2007)
Durante la pasada legislatura Izquierda Unida de Guadalajara realizó el primer paso para la puesta en marcha del hasta ahora único Plan Integral de Juventud de Guadalajara.
Ningún Plan Integral será efectivo si no se realiza sobre la base de un estudio que muestre verazmente cuales son las características de los jóvenes de Guadalajara. Además de la intencionada efectividad, los datos que aporta el estudio son difícilmente cuestionables por aquellos (PP y PSOE) que acostumbran a anunciar con parafernalia medidas frente a problemas que no interesan realmente a los ciudadanos, distrayendo de este modo la atención de otros que afectan en lo cotidiano.
El estudio se realizó con entrevistas a 1.044 Jóvenes, lo que para una población de 16.744 jóvenes de entre 14 y 30 años supone un margen de error del 5%.
Tal como indica el estudio, el 74,6% de los jóvenes de Guadalajara viven con sus padres, lo que supone un 20% más que la media española. El dato pone en evidencia una vez más las políticas de vivienda realizadas tanto por PP y PSOE.
IU comparte con PP y PSOE la necesidad de una mejor información y asesoramiento hacia los jóvenes por parte de las instituciones en materia de vivienda. Es importante la puesta en marcha de medidas concretas que permitan a los jóvenes conocer entre otras cosas: cuales son los gastos derivados de la compra o alquiler de una vivienda, las ayudas públicas que ofrecen las distintas administraciones, plazos, etc.
Pero, el asesoramiento, no afronta la raíz del problema. Centrar la acción política en ello no sirve para otra cosa que para mantener el chiringuito de PP, PSOE y sus enternecedores amigos los promotores inmobiliarios, es una vez más, la estrategia de despiste.
De poco sirve crear oficinas de información, emancipación, etc., si no se toman medidas que reduzcan el precio. Porque hasta ahora lo único que pueden hacer esos servicios tan publicitados por los partidos del ladrillo (todavía no sabemos si refractario), es informar al ciudadano de que no existen viviendas a su alcance. Para eso no hacen falta oficinas, y mucho menos, ruedas de prensa y fotos con sonrisas congeladas.
El verdadero problema es el elevado coste de la vivienda en relación a los ridículos salarios de los españolitos. Desde Izquierda Unida apostamos por la puesta en marcha de medidas que persigan reducir el coste de la vivienda como principal línea de trabajo a incluir en el Plan Integral de Juventud de Guadalajara. Algunas de ellas son:
- Reducción del Módulo del VPO al menos hasta equipararlo al resto de capitales de Castilla La Mancha. (La J.C.C.M subió entre los años 2006 y 2007 casi un 50% el precio del módulo para Guadalajara). En este sentido IU realizó una recogida de firmas solicitando la bajada, además presentó el 23/11/2007 una moción en el Ayuntamiento que fue aprobada a pesar de la abstención del PSOE.
- Eliminación del tipo Vivienda de Protección de Precio Tasado por ser las más caras (hasta 300.975 € ), pudiendo ser adjudicadas a solicitantes con una renta alta (7,5 veces el IPREM, 52.416 €/año ). IU entiende que en la coyuntura actual, las viviendas de protección deben estar destinadas a quienes mas dificultades encuentran para acceder a una vivienda digna. Adjudicar viviendas protegidas a rentas altas resulta una burla hacia los ciudadanos. Tanto PP como PSOE coinciden en promover viviendas mayoritariamente por esta modalidad que debería eliminarse.
- Puesta en marcha de la empresa Municipal de Suelo y la Vivienda para promover VPO en régimen de propiedad y alquiler por parte del Ayuntamiento.
- Incremento de la VPO en régimen de alquiler bajo, en detrimento de la VPO en propiedad hasta convertir esta modalidad en mayoritaria. Esto permitiría crear un parque público de vivienda en alquiler.
- Apuesta por la Gestión pública de adjudicaciones/transmisiones de Viviendas Protegidas como el mejor método para garantizar transparencia, evitando pagos, transmisiones o adjudicaciones injustas o ilegales. En caso de venta, el adjudicatario debería realizar la venta bajo las condiciones impuestas por la administración y siempre a un integrante de la bolsa pública de demandantes.
- Adjudicación en base a los cupos fijados durante la pasada legislatura. Sea cual fuere la administración que realice el proceso de adjudicación (J.C.C.M. ó Ayto. de Guadalajara) deberá adjudicar respetando los cupos ya establecidos por el Ayuntamiento, adaptándolos a la demanda que exista en cada momento. El desinterés que muestran PP y PSOE respecto a que se respeten estos cupos por parte de cualquier entidad adjudicataria evidencia la falsedad de la polémica generada por ambos durante la pasada legislatura. IU cree que si es la J.C.C.M. quien adjudique finalmente las viviendas, este proceso se deberá hacer respetando los cupos establecidos en base a las características de las personas inscritas en la Bolsa de demandantes de vivienda. El cupo para jóvenes quedó fijado en un 84 %.
Trabajamos por la inclusión de estas medidas para reducir el precio de la vivienda, y nos gustaría contar con la complicidad de aquellos que creen que las instituciones deben defender el interés general frente al de unos pocos. La situación actual sólo es posible gracias a la desinformación a la que nos someten desde los andamios. Por ello ofrecemos en nuestra página web la posibilidad de acceder a un estudio comparativo basado en cifras oficiales donde la realidad contradice una vez más la campaña electoral permanente a la que nos someten PP y PSOE.
Antonio Redondo Tejedor
Responsable de Juventud de IU Guadalajara