POR UNA LEY ELECTORAL JUSTA

POR EL EMPLEO DIGNO

POR UN MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE

POR LA IGUALDAD

    Los años de crecimiento económico que ahora terminan han traído beneficios históricos para las grandes empresas multinacionales del mundo. El modelo económico predominante ha favorecido el incremento de la brecha de desigualdad entre la elite económica y la inmensa mayoría de la población trabajadora. Las desbordadas tasas de beneficios multimillonarios contrastan con los índices crecientes de los niveles de pobreza de parte de la población mundial. Todo ello se ha dado en un mundo controlado por el mercado, incapaz de redistribuir la riqueza generada, que concentra en cada vez menos manos el control energético y financiero.

    La  situación actual de la Unión Europea ampliada está también marcada por la falta de cohesión social y fiscal, y por una política económica puesta a disposición del mercado frente a la calidad de vida de las personas. La inmigración procedente de países anquilosados en guerras y desolados por la pobreza es utilizada impunemente como mano de obra barata, sin que se reconozca a sus víctimas una mínima igualdad de derechos ciudadanos. Se renuncia sistemáticamente a impulsar políticas reales de cooperación al desarrollo de los países de origen.

    El paradigma del patrón económico de la UE lo marca la Directiva del Mercado Interior de Servicios, que con la óptica liberalizadora pretende ahondar en las políticas de privatizaciones y de atomización de un sector que pretende ser dinamizado solamente a través del abaratamiento de costes laborales y la flexibilidad y movilidad de las empresas, despreciando derechos laborales y cualquier política de control de los movimientos meramente especulativos. La transposición legal de esta Directiva en nuestro país ha de realizarse durante la legislatura recién iniciada y, sin duda, marcará un proceso donde una vez más se pretenderá continuar con el recorte de derechos laborales, salariales y de seguridad en el empleo.

    El modelo productivo actual de nuestro país, tras casi década y media de elevados niveles de crecimiento económico, se ha mostrado insostenible e incapaz de redistribuir de forma continuad y equilibrada la riqueza generada. Mantiene los niveles europeos más elevados en economía sumergida, en déficit comercial y en incumplimiento de los compromisos medioambientales de Kioto, así como un endeudamiento de las familias que iguala el PIB del país.

    Es urgente un cambio estructural de modelo por otro que sea medioambientalmente sostenible y tecnológicamente avanzado, basado en una nueva industria limpia y el avance de la sociedad del conocimiento como eje vertebrador de nuevas políticas económicas con mayor valor añadido. Una economía tan financiarizada no sostiene expectativas de desarrollo social y económico para toda la población.

    La política económica de un país democrático, moderno y avanzado sólo puede girar en torno a la prioridad del pleno empleo digno, seguro y de calidad. En nuestro país, la precariedad e incertidumbre laboral pesan sobre más de diez millones de personas. Continuamos liderando las tasas más altas de temporalidad y de siniestralidad en los puestos de trabajo.

    La apuesta y coincidencia entre anteriores gobiernos de la derecha del PP y del actual Ejecutivo socialista que ahora inicia la legislatura insiste en la lógica de disminuir la presión fiscal sobre empresas y grandes fortunas, a la vez que abdica de aplicar políticas que actúen a fondo sobre la economía sumergida y el ‘dinero negro’ que circula en cantidades desorbitadas. Casi uno de cada cuatro euros forma parte del círculo del blanqueo de dinero, del fraude, de la corrupción económica y de la delincuencia de ‘cuello blanco’. La única manera de igualar los niveles de gasto social con la UE-15 es garantizar una reducción significativa de nuestra economía sumergida, así como dotarnos de un sistema fiscal justo y realmente progresivo.

    Tras meses de negar la evidencia de la crisis económica por motivos electorales, las  medidas de impulso a la actividad económica adoptada por el primer Consejo de Ministros del nuevo Gobierno de Rodríguez Zapatero son fiscalmente regresivas y socialmente injustas. Pero, sobre todo, ponen de manifiesto que el Ejecutivo socialista abdica de un cambio de modelo productivo por otro más sostenible, más justo y redistributivo, que se oriente a una modernización activa de nuestra herramienta productiva en el marco de una apuesta industrial y tecnológica.

    Un gobierno que se diga realmente de izquierdas y progresista tiene la obligación política de favorecer, con medidas legales y presupuestarias, la corrección de las profundas desigualdades que genera este modelo de crecimiento en los sectores sociales más desfavorecidos.

    La ausente política industrial, las sucesivas privatizaciones y los insuficientes niveles de gasto en Investigación, Desarrollo e Innovación perfilan un futuro muy alejado de las necesidades presentes y futuras de nuestra sociedad. Lo que sí se favorece así son las políticas de deslocalización empresarial e industrial, con las consecuentes dramáticas e irreparables de la pérdida de empleo, como ya se está padeciendo desde el proceso inicial de la desaceleración económica y la actual crisis.

    Ante el deterioro y el ataque que los servicios públicos vienen sufriendo desde distintas administraciones de nuestro país hoy es urgente reivindicar el mantenimiento y reforzamiento de su  calidad. Esto debe ser así en la Sanidad, la Educación, la Justicia o la administración de Hacienda, garantizando un servicio suficiente, con recursos profesionales y técnicos que supongan una mejora global que constituya un servicio público avanzado, moderno y eficaz para la ciudadanía.

    Izquierda Unida mira al futuro con objetivos de solidaridad, justicia social y laboral e igualdad entre hombres y mujeres. Izquierda Unida reivindica y reconoce el papel central que le corresponde al trabajo en la sociedad y considera que hoy es posible hacer otra política de empleo más digno para todas y todos, especialmente para millones de  jóvenes y mujeres que, de no remediarlo desde la izquierda transformadora, van a ser los primeros en pagar las consecuencias de la crisis. Es posible favorecer políticas de igualdad para todos, también para los trabajadores y sus familias que vienen a buscar un empleo y unas condiciones de vida que no tienen en su país.

¡¡ VIVA EL 1º DE MAYO !!

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Foto: Julio García Bilbao

Ante la conmemoración el 14 de abril del 77 Aniversario de la Proclamación de la II República, Izquierda Unida Federal quiere expresar la vigencia del pensamiento republicano que consagraba la defensa de los derechos y valores fundamentales aún vigentes. La II República supuso el turno del pueblo. La Constitución del 31 fue el primer ensayo europeo de un régimen social democrático, un texto social, progresista y avanzado, no superado aún por los textos de las democracias occidentales.

El republicanismo no es pasado, aparece hoy como un valor social emergente, asociado a los jóvenes. Éstos se declaran mayoritariamente republicanos. El republicanismo es un pensamiento político y una opción ideológica. No supone ninguna utopía y, por ello, desde Izquierda Unida proclamamos nuestro firme y decidido trabajo en defensa de una III República que atienda a los valores de solidaridad en el marco de un Estado Federal y democrático.

La lucha por la República es un modo de materializar nuestro convencimiento por otro mundo posible. Nuestro compromiso alternativo y transformador, nuestra voluntad de cambiar este sistema encuentra en el republicanismo una expresión política concreta.

Miramos hacia el futuro, pero tomamos lo mejor del pasado. En la anterior legislatura el Parlamento aprobó la Ley de Memoria Histórica. A partir de ahora vamos a poner todo nuestro empeño en su estricto cumplimiento y en que nadie desvirtúe sus valores de encuentro, solidaridad y reconocimiento del trabajo de los hombres y mujeres republicanos que dieron lo mejor de sí mismos por la paz y la libertad de este país.

Este empeño incluirá el trabajo y la vigilancia para que se gestionen adecuadamente los cauces legales y judiciales establecidos para la anulación efectiva de todas las penas y condenas emanadas de los ilegales tribunales de la dictadura.

El primer fundamento del republicanismo está basado en el desarrollo de los derechos ciudadanos básicos de Libertad, Igualdad y Fraternidad. Libertad desde el concepto de garantizar las condiciones materiales para que la persona tenga autonomía. Igualdad desde la extensión de esos derechos a todas las personas. Fraternidad desde el concepto de solidaridad y conciencia de clase.

Libertad, igualdad y fraternidad constitucionalizan a las personas. Los ciudadanos ya no pueden ser mercantilizados. El republicanismo democrático significa universalizar para todos la libertad.

Su segundo fundamento consiste en apostar por un orden social dependiente de la responsabilidad ciudadana. Debemos afrontar el secuestro de lo político en el actual sistema de representación. Debemos afrontar la fractura entre representantes y representados. Un sistema realmente democrático debe dotarse de una Ley Electoral proporcional y justa que haga valer en la práctica el principio irrenunciable de ‘un hombre, una mujer, un voto’.

El republicanismo cívico, con gran tradición política, enlaza con lo más innovador de nuestra sociedad actual: la impugnación a nuestro actual modelo social. Por ello, es preciso establecer un nuevo renacimiento de la democracia. Un nuevo renacimiento cuyo fin es la repolitización de la sociedad.

Apostamos por el republicanismo como compromiso ético por el interés de todos: la virtud cívica, el derecho y deber de estar informado, la tolerancia, el respeto a la pluralidad y la confianza en la acción colectiva para cambiar las cosas.

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La fecha simbólica del 8 de marzo se convierte cada año en un nuevo recordatorio de la lucha por reivindicar la calidad de vida social, laboral, económica y política de las mujeres. Sirve de recorrido sobre las diferencias históricas entre mujeres y hombre, en el ámbito tanto público com privado.

La conmemoración del Día Internacional de las Mujeres representa un hito en el camino que nos renueva a las mujeres y hombres de Izquierda Unida en el trabajo por reforzar y acrecentar derechos para las mujeres, para relizar políticas de igualdad concretas a los problemas reales.

Los compromisos adquiridos en las distintas leyes de: Ley Integral contra la Violencia de Género, la Ley para la Autonomía Personal y Atención de la Dependencia, o la aprobación de la Ley de Igualdad Efectiva entre mujeres y hombres, tiene que tener efectividad real de inmediato que no se está cumpliendo.

Por eso denunciamos:

Un año más que a pesar de estas leyes las mujeres aún hoy cobramos un 28,8 % menos que los hombres, aún siendo el 60 % de mujeres licenciadas universitarias, y como no, seguimos liderando los contratos temporales.

Un año más que la mujeres en España seguimos manteniendo la tasa de paro más alta de la Unión Europea.

Un año más que en el 83 % tenemos que suplir nuestros esfuerzos, la falta de recursos sociales para la atención de las personas dependientes directamente de las administraciones.

Un año más que sufrimos las más dramáticas consecuencias de la violencia con muertes, maltrato de género, laboral, sindical, social.

Un año más que las mujeres somos objeto de campañas desleales a nuestros derechos laborales, sociales, de igual trato, no sexistas, etcétera, manteniendo un estatus de desigualdad con relación a los hombres en todos los campos.

Un año más que se nos utiliza para imagen de publicidad institucional y electoral.

Un año más que dependemos de la opinión y decisión de la Iglesia y el Estado.

Un año más que las leyes no se están aplicando en la medida necesaria.

Por ello, Izquierda Unida insta a los otros partidos políticos que concurresn a las elecciones generales del 9 de marzo de 2008 a que abandonen la subasta y el mercadeo de promesas electorales, poniendo a la mujer como objeto para la obtención del voto. Les decimos ¡¡basta ya!!. Y les insta y requiere a que promuevan acciones para hacer efectiva la igualdad real entre mujeres y hombres en los distintos ámbitos de la vida social, laboral, política y económica. Nosotros nos comprometemos a ello.

Izquierda Unida manifiesta que: El aumento de riqueza de unos cuantos es el empobrecimiento de unos muchos; en especial las mujeres, ya que sufrimos la mayor bolsa de pobreza que existe por el desempleo y los contratos temporales, junto con la asunción de los cuidados a las personas dependientes e hijos, renunciando a nuestros propios empleos. Por lo cual, la educación en igualdad y la justicia social permitirán que nos desarrollemos como personas libres, sin el sometimiento de unos sobre otros.

Para una mayor igualdad reivindicamos y lucharemos por conseguir:

    - Plan de regeneración de empleo digno y estable para las mujeres trabajadoras basado en la igualdad social y salarial.

    - Empleo Decente, Digno, Estable y Seguro para todas y todos.

    - Duplicar las partidas destinadas a Ley de Igualdad de Género y la Ley de Violencia de Género.

    - Desarrollo Integral de la Ley de Dependencia-

    - Equiparación de las ayudas y bonificaciones generales de las familias monoparentales con familias numerosas.

    - Dotación necesaria para el Fondo de Alimentos para hijos de padres separados.

Así mismo, queremos manifestar nuestra preocupación por los recientes atentados contra la seguridad jurídica de mujeres y profesionales en el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en el marco de la legalidad vigente, solicitando a la Administración competente asegure la protección y el ejercicio de los derechos sociales y reproductivos legalmente establecidos, con la demandada Ley de Plazos.

A la vez, seguimos demandando una mayor eficacia y refuerzo en recursos y coordinación de las medidas puestas en marcha por el Gobierno y las distintas Administraciones Públicas para eliminar la terrible lacra social de la violencia.

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Los abajo firmantes, miembros del Consejo Político Provincial y Local de Guadalajara, Diputada Provincial, Alcaldes, Concejales y militantes de Izquierda Unida de Guadalajara, ante las manifestaciones realizadas por algunos miembros de éste órgano, referidas a la actuación de nuestro compañero Victorio calles, Concejal del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, en lo tocante a un expediente sancionador iniciado por el anterior Alcalde de Azuqueca, queremos manifestar nuestro apoyo al concejal y a la forma en que ha resuelto un conflicto heredado del anterior Equipo de Gobierno del PP.

Ni podemos ni debemos consentir que ciertos militantes de Izquierda Unida, en vez de trabajar por la Organización que les acoge, se aprovechen de sus “cargos orgánicos” para cuestionar las decisiones que toman los cargos públicos elegidos democráticamente por los ciudadanos, en unos casos, y por la Organización en otros, aireando además en la prensa, sus discrepancias cada vez que consideran que la ocasión les favorece.

Victorio Calles ha resuelto bien un problema que dejó el PP. Lo ha resuelto dialogando con los sindicatos, con el propio trabajador y con sus compañeros de Izquierda Unida. Lo ha resuelto además sin atender a la presión de quienes cobijados bajo el paraguas de “los críticos” buscan la complicidad de históricos militantes del sindicalismo que  no tienen más “información” del asunto que las endogámicas proclamas pseudorevolucionarias que se transmiten de unos a otros.

Queremos animar a todos nuestros cargos públicos a que sigan desempeñando su labor como hasta ahora. Queremos que sientan nuestro apoyo y nuestro compromiso con su trabajo político y social. Queremos que sepan también que tienen todo nuestro afecto y reconocimiento por la dedicación a la tarea política de mejorar las condiciones de vida de sus vecinos, y de cuantos necesitan de su presencia en las instituciones, para cambiar el modelo social girando a la izquierda. Sin ellos, este cambio no será posible; con ellos, más pronto que tarde, se conseguirá.

José Luis Maximiliano Romo, Coordinador Provincial de IU y miembro del Consejo Político Provincial de IU

Elena Loaisa Oteiza, Coordinadora Local de IU y miembro del Consejo Político Provincial y Local de IU

José Antonio López-Palacios, Responsable de Organización y Medio Ambiente de IU y miembro del Consejo Político Provincial de IU

Mercedes Cardín, Diputada Provincial de IU, Concejal de IU en el Ayuntamiento de Cabanillas del Campo y miembro del Consejo Político Provincial de IU

Julián Atienza, Alcalde de IU en La Toba y miembro del Consejo Político Provinical de IU

Ricardo de Diego, Concejal de IU en el Ayuntamiento de Marchamalo

Juan Manuel Monasterio, Concejal de IU en el Ayuntamiento de Molina de Aragón y miembro del Consejo Político Provincial

Antonio Redondo Tejedor, Responsable del Area de Juventud de IU y miembro del Consejo Político Local

Andrés Salinas, Concejal de IU en el Ayuntamiento de Tórtola de Henares y miembro del Consejo Político Provincial

Emilio Alvarado, Concejal de IU en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares

Angeles Yagüe Gordo, miembro del Consejo Político Provincial 

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Por la Dignidad, Solidaridad y Compromiso a los Derechos Fundamentales de las personas con VIH/Sida

Volvemos a conmemorar el Día Mundial del Sida, son más de 26 años de historia de una pandemia que afecta a cerca de 40 millones de personas y ha terminado con la vida de más de 25 millones, transformando de manera particular la realidad social y demográfica en los países en vías de desarrollo.

Los avances en los tratamientos son un hito en la sociedad occidental; prueba de ello es una mayor longevidad y calidad de vida y retraso en el desarrollo de la enfermedad donde existe una asistencia y acceso sanitario adecuado. Paradójicamente, la falta de acceso a estos mismos tratamientos aumenta la diferencia existente entre las sociedades del primer y tercer mundo. El Sida afecta la esperanza de vida de países del África subsahariana, donde cerca de 20% de la población está infectada. 7 de cada 10 fallecimientos por Sida se producen en esta área donde sólo reciben tratamiento una de cada 5 personas que lo necesitan.

Si bien es cierto que ha disminuido la mortalidad gracias a los tratamientos, en nuestro país se calcula que se producen 3.500 nuevas infecciones al año mientras aumenta el número de infecciones de transmisión sexual, un indicador preocupante sobre la práctica de sexo más seguro. Anualmente fallecen unas 1.500 personas con VIH, siendo el fallo hepático la principal causa. Esto es debido a la alta tasa de infección del virus de la hepatitis C en este colectivo y a la peor evolución de las hepatitis.

A la actual situación se suman recientes estudios que muestran con estupor que el

rechazo y la discriminación continúan. Si hay un aspecto a destacar de esta enfermedad es el prejuicio y estigma que conlleva, derivando en una discriminación sistemática entre hombres y mujeres, niños y niñas. Esto origina ocultación, la cual revierte negativamente en el estado de salud de las personas. El prejuicio y el miedo pueden influir de manera determinante en el retraso del diagnóstico y propicia la propagación de la infección. La lección no es nueva, tiene siglos, pero parece que no aprendemos de nuestro pasado. En general, la experiencia de las personas que se han hecho visibles ha sido positiva, fomentando con ello el cambio social requerido digno de mucha valentía.

Lamentablemente, ser portador o portadora del VIH continúa siendo un serio problema para acceder al trabajo, a la libre circulación, a una vivienda digna, e incluso, a recursos públicos, situación que se agrava cuando se trata de personas con mayor vulnerabilidad, bien sea por razón de etnia, procedencia, sexo o forma de vida. La población migrante, homosexual, transexual, la privada de libertad o que ejerce la prostitución; usuarios y usuarias de drogas, personas bajo el umbral de la pobreza todavía viven situaciones de estas características.

Las situaciones de discriminación se agravan aún más en el caso de las mujeres; ser mujer portadora del VIH puede llegar a suscitar auténticas situaciones de estigmatización, exclusión y discriminación específicas.

La contribución económica de las Administraciones Públicas en materia de VIH/Sida se ha visto incrementada notablemente en los últimos años, lo cual ha permitido dar continuidad o emprender acciones precisas; sin embargo se hace necesario crear o revisar los mecanismos oportunos para que las políticas en este sentido se dirijan de manera más específica y eficaz a la normalización de la enfermedad ante la sociedad, por un trato sin diferencias de las personas con VIH, contribuyendo de manera determinante al cambio social deseado y necesario en términos de justicia social.

Esta situación nos exige lanzar un mensaje a la sociedad y a sus responsables políticos, en el que reivindicamos:

1. La Educación para la Salud y Afectivo-sexual como prioridad para la Prevención en el ámbito escolar. La educación es una de las herramientas básicas

para el cambio así como una oportunidad para deconstruir prejuicios.

2. El derecho a una asistencia sanitaria sin diferencias, y que para ello la Ley de Cohesión del Sistema Sanitario sea efectiva, adaptada a las necesidades de cada hombre y mujer, independientemente del lugar donde resida, haciendo hincapié en las especificidades de las mujeres y su derecho a recibir atención especializada en igualdad de condiciones; velando para que la población VIH o coinfectada con el virus de la hepatitis y con necesidad de trasplantes de órganos sólidos puedan acceder a ello como cualquier ciudadano o ciudadana, cumpliéndose los protocolos establecidos; apoyando la reproducción asistida y el derecho a la maternidad y paternidad de las personas con VIH; procurando y articulando los mecanismos necesarios para que la cirugía reparadora en casos de lipodistrofia o lipoatrofia llegue a los afectados y afectadas con equidad.

3. La igualad de condiciones para las personas con VIH privadas de libertad a la hora de recibir asistencia específica: no gozar del libre movimiento no puede ir en

detrimento de la igualdad de acceso al Sistema Sanitario, así como debe respetarse su derecho a recibir las prestaciones por Pensión No Contributiva o las Rentas Mínimas de Inserción si su situación social o de salud así lo requiere.

4. El acceso al trabajo de las personas con VIH y a una capacitación digna, acorde a sus necesidades e intereses, sin ser estigmatizadas y discriminadas por su

condición. Para ello solicitamos cambiar la calificación de la infección por VIH, considerada “infecto contagiosa”, por “infecto transmisible”. El uso que le damos a las palabras y al lenguaje no es banal y la utilización de palabras como “infecto contagiosa” todavía implica la negación del acceso a recursos socio- asistenciales, vulnerando de forma flagrante y reiterada derechos fundamentales.

5. La revisión y mejora de las políticas dirigidas a la población migrante, colectivo

al cual se considera de difícil acceso, en materia de prevención y asistencia de VIH, intentando conocer más sus necesidades y prioridades, haciéndoles partícipes desde un principio de las acciones de las cuales son protagonistas.

6. El impulso de campañas publicitarias de sensibilización y prevención, contundentes y periódicas como en otros problemas de salud que afectan masivamente a la sociedad, contando con las entidades que trabajamos en este ámbito. Creemos que sería una acción más que importante para tratar de erradicar el rechazo social detectado.

7. En un día como hoy no olvidamos los lugares menos favorecidos y, por tanto, los más afectados, donde la pandemia hace estragos y el acceso a los servicios sanitarios y a los tratamientos sigue siendo, en algunos casos, una quimera. Apoyamos la labor de las Administraciones Públicas a favor de estos países e instamos a que no caigan en el olvido.

8. Señalamos la importancia de fomentar el diagnóstico precoz de la infección por VIH, como medio para facilitar el acceso a los tratamientos y herramienta que permita desarrollar estrategias de prevención individuales eficaces. De igual forma, destacamos la importancia de posibilitar el acceso al diagnóstico precoz del virus del papiloma humano, tanto para hombres como para mujeres.

9. Reclamamos a todos los partidos políticos, responsables de la Administración Pública Estatal, Autonómicas y Locales, que unan sus esfuerzos por encima de las diferencias ideológicas, que contemplen dentro de sus planes de trabajo estrategias concretas para trabajar en pro de la erradicación del estigma y la discriminación, y por el trato adecuado de las personas con VIH/sida, en ámbitos como el sanitario o laboral, donde se refleja más este tipo de actitud.

Terminamos este manifiesto reivindicando el liderazgo del movimiento asociativo en la prevención y en la defensa de los derechos fundamentales de las personas con VIH, como establece ONUSIDA en la campaña de 2007. Las entidades que trabajamos en el ámbito del VIH/Sida estamos dispuestas a dar continuidad a nuestra labor por conseguir cambios que favorezcan a las personas con VIH, proclamando más Dignidad, más Solidaridad y más Compromiso.

“Una de las grandes enseñanzas que hemos adquirido de la epidemia de VIH es que no podemos esperar que las personas, aunque conozcan los modos de transmisión del VIH, cambien su comportamiento más íntimo para protegerse a sí mismas y proteger a los demás del VIH; de la misma forma que tampoco podemos esperar que las personas que viven con el VIH sean tratadas con dignidad, compasión o respeto. Ahora sabemos que, más bien a la inversa, lo que debemos hacer es capacitar y apoyar a las personas para que, en el contexto de la epidemia, puedan protegerse a sí mismas y proteger a los demás ya sea de la infección por el virus o del estigma y la discriminación asociados al mismo, y de las graves consecuencias de padecer una enfermedad relacionada con el SIDA”.

Dr. Peter Piot, Director Ejecutivo de ONUSIDA, Julio de 2006.     

El siglo XXI avanza al mismo ritmo que las cotas de violencia contra las mujeres. Nuestras reivindicaciones y propuestas no se ven reflejadas en las políticas que el gobierno adopta. A pesar del fracaso evidente de la mal llamada “Ley Integral” y de la escasa trascendencia social de la Ley de Igualdad, el Gobierno del PSOE no está dispuesto a rectificar ni una coma. Las mujeres les “importamos” tan poco, que a estas alturas y, a pesar de los balances y estadísticas, siguen dirigiéndonos discursos vacíos de contenido y con nula plasmación presupuestaria.

Es nuestra obligación revisar los asuntos pendientes de este gobierno con las mujeres, porque nuestros derechos más elementales siguen siendo una aspiración.

- Los salarios de las mujeres en trabajos de igual valor siguen siendo mucho más bajos que los de los hombres.

- Persisten los despidos por razón de sexo.

- Los empleos siguen segregados por sexos.

- Prosigue la explotación sexual de las mujeres.

- Nuestra imagen sigue siendo utilizada como señuelo comercial.

- Los materiales educativos mantienen la reproducción de estereotipos sexistas.

- El aborto aún no es libre y gratuito.

- La Humanidad sigue con parte de la Historia oculta porque no se refleja nuestra contribución.

 

Por eso, desde Izquierda Unida seguiremos demandando y trabajando por:

- Un Pacto de Estado contra la violencia contra las mujeres.

- Que se actúe contra la violencia de manera transversal y coordinada en todas sus manifestaciones, enfocándola como expresión de la discriminación, de la situación de desigualdad y de las relaciones de poder que los hombres ejercen sobre las mujeres.

- Que los medios de comunicación públicos y privados estén obligados a transmitir una imagen de las mujeres libre de estereotipos sexistas.

- Que se desarrollen programas integrales de actuación dirigidos a mujeres en situación de marginación, exclusión social.

- Que no se discrimine a las mujeres inmigrantes en situación irregular, víctimas de la violencia o de las redes de trata de seres humanos, cuya denuncia supone la apertura simultánea de un expediente de expulsión.

- Que se reconozca institucionalmente la aportación de las mujeres a lo largo de la Historia en el desarrollo sociocultural, académico, investigador y político.

- Que se cree y dote presupuestariamente el Fondo de Pensiones Impagadas.

- Que se garantice la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo dentro de la red sanitaria pública y a cargo de la Seguridad Social.

- Que se adopten campañas permanentes de concienciación social y de sensibilización ciudadana.

- Que se reglamenten medidas de inspección laboral que garanticen la igualdad salarial y en el empleo.

No es posible atajar la violencia de género sin actuar contra la causa fundamental de su existencia: sociedades en que las mujeres seguimos siendo ciudadanas de segunda categoría.

Trabajar por la plena igualdad es la única herramienta eficaz para acabar con la violencia contra las mujeres.

¡Plena Igualdad = Violencia Cero!  

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El 28 de junio se celebra en muchos países del mundo el Día Internacional por los Derechos de Gays, Lesbianas y Transexuales. Es una fecha de celebración y de reivindicación, según los países y situaciones.

En España salimos a las calles de muchas ciudades para ambas cosas, celebrar lo que hemos conseguido hasta la fecha, y reivindicar lo que aun nos falta. La igualdad formal la hemos conseguido tras años de lucha gracias a unas reformas legislativas que dejan de discriminar a las parejas del mismo sexo, por un lado, y permiten la adecuación de nombre y sexo a las personas transexuales, por otro.

Ambas conquistas se han logrado gracias a la lucha de muchos años de los colectivos de gays, lesbianas y transexuales, y al apoyo de algunos partidos y sindicatos, y a pesar de las trabas y obstáculos que las mentalidades conservadoras de siempre han puesto, primero a la aprobación y después a la ejecución de estas reformas.

En el terreno de lo negativo tenemos que señalar y denunciar que se han defraudado una vez más las expectativas creadas por numerosas promesas hechas desde el Gobierno a los colectivo de expresos sociales, que han visto cómo se echa para atrás la aprobación de la norma que permitía indemnizar y reparar económicamente la injusticia cometida con muchas personas que fueron privadas de libertad y sometidas a tratos degradantes por la mera sospecha, muchas veces, de homosexualidad, en aplicación de las leyes franquistas de vagos y maleantes y de peligrosidad social, en vigor hasta bien entrada la democracia.

Tenemos que denunciar, asimismo, que dentro de las fronteras de la Unión Europea se sigue practicando la homofobia, la lesbofobia y la transfobia de forma abierta y grosera, sin que las autoridades europeas hagan nada o casi nada para impedirlo y sancionarlo. Nos habían hecho creer que la discriminación por razón de orientación sexual estaba prohibida en los países de la Unión, pero la realidad, sin embargo, es otra, especialmente en algunos de los países recientemente incorporados, como Polonia, donde se están produciendo atentados gravísimos contra los derechos humanos de gays y de lesbianas, promovidos desde los propios poderes públicos, sin que intervengan las instituciones europeas.

Y si nos vamos al Tercer Mundo o a países de otras órbitas culturales (la mayoría), nos encontramos con realidades auténticamente demoledoras: criminalización de las relaciones homosexuales, persecuciones y un total ocultamiento para poder sobrevivir en medio de la homofobia más hostil. Incluso sigue existiendo la pena de muerte para los homosexuales en nueve países.

Se puede decir que aquí, en nuestro entorno más cercano, la principal forma de homofobia es la que podemos denominar “ocultamiento forzoso”, un ocultamiento que tiene su razón de ser en la percepción que tienen gays y lesbianas de que la realidad que les rodea sigue siendo hostil para ellos y ellas, indicio claro y suficiente de que las cosas han cambiado pero no lo suficiente. Y aun está pendiente la inclusión de los procesos completos de reasignación de sexo entre las prestaciones gratuitas de los sistemas públicos de salud para las personas transexuales, el colectivo que padece un mayor riesgo de exclusión social.

Hay que seguir, por tanto, trabajando, para consolidar los logros obtenidos, y para hacer frente a la discriminación social, que persiste y tardará en desaparecer, dado su arraigo profundo en la mentalidad colectiva después de siglos de homofobia y transfobia. Por eso tiene pleno sentido seguir celebrando y reivindicando con ocasión del 28 de Junio, el Día Internacional por los Derechos de Gays, Lesbianas y Transexuales. Hasta que consigamos una sociedad de personas plenamente libres e iguales.

Txema Gonzalo

Coordinador Federal del Area por la Libertad de Expresión Afectivo-Sexual de Izquierda Unida

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