A estas alturas a nadie puede extrañar o sorprender que desde Izquierda Unida mantengamos la necesaria reivindicación de modificar la ley electoral regional para hacerla más justa y democrática. No se trata de cubrir objetivos partidistas o de exculpar debilidades propias, se trata de defender y exigir que se cumplan principios constitucionales básicos y superiores del ordenamiento jurídico español y de la Carta Magna. Aunque a otros políticos les pueda sorprender, hay personas, colectivos, organizaciones sociales y formaciones políticas que valoran la necesidad de respetar principios y valores democráticos como el pluralismo político, la libertad, la justicia y la igualdad; ¡qué vamos a hacer!, somos así. Por el contrario, es evidente que algunos solo piensan en mantener a toda costa el sillón y el poder por encima de todo.

Lo verdaderamente extraño y sorprendente es que en la región sigamos sufriendo, todos los ciudadanos y ciudadanas, las consecuencias de mantener una ley electoral que imposibilita traducir en escaños los votos que consiguen las formaciones políticas alternativas al PSOE y al PP y, sobre todo, de soportar una clara discriminación entre la ciudadanía ya que unos votos tienen más valor que otros. Mientras el PP y el PSOE en Castilla-La Mancha obtienen un diputado regional por cada 22.000, IU con casi 40.000 votos no tiene ningún diputado. ¿Dónde queda el sufragio universal, libre, directo, igual y secreto? ¿Dónde está el sistema electoral proporcional que recoge como mandato la Constitución y el Estatuto de Autonomía?

Aunque no comparto el sentido de las declaraciones del excompañero y ahora Consejero de Presidencia del Gobierno regional, Sr. Valverde, acierta en señalar que es una cuestión de votos, pero es que los votos están, los tenemos, existen, el problema es el filtro al que se les somete por voluntad de los que hoy nos gobiernan. Él no es un político cualquiera y a pesar de sus obligadas declaraciones conoce bien el problema de fondo.

El déficit democrático que sufren nuestras Cortes no tiene parangón en ningún otro parlamento autonómico del país. Junto a Extremadura somos la única región bipartidista en cuanto a la composición del parlamento regional, siendo el caso de los extremeños puramente circunstancial ya que con un millón de habitantes menos que Castilla-La Mancha se eligen a 65 diputados, es decir, 18 más. En Aragón son 67 los diputados a elegir, veinte más de los 47 actuales aquí; allí hay 730.000 habitantes menos. Las comparaciones resultansangrantes, Aragón con menos extensión y menos habitantes tiene 20 diputados regionales más. Así podríamos seguir con cualquier otra comunidad autónoma. La que vivimos en Castilla-La Mancha es una situación injusta y poco democrática solo defendible y justificable para unos pocos desde la perspectiva del mantenimiento o el acceso al poder por encima de todo. Pero tampoco el poder es justificación. En otras regiones gobierna el PSOE o el PP, durante muchísimos años con mayorías absolutas históricas (Aragón, Extremadura, Andalucía...), y tienen hasta cinco formaciones políticas, porque cuentan con leyes electorales, mas proporcionales y menos injustas, que encauzan mejor las pluralidad de pensamiento de la sociedad.

Lo que esta en juego es la calidad democrática de una región, la salud democrática de Castilla-La Mancha y de unas Cortes que no representan la pluralidad política y social existente.

Daniel Martínez Sáez. Coordinador Regional de IU de Castilla-La Mancha

www.elblogdedanielmartinezsaez.blogspot.com

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Es una verdad empírica que la derecha siempre se ha opuesto y ha sido un freno contra los avances sociales, tanto en materia social, económica o de libertades públicas. La derecha española, especialmente y además con vinculaciones muy fuertes y claras, con la Iglesia católica que se ha caracterizado también siempre en frenar todos los avances de tipo científico, social y que cree firmemente que la mujer se debe circunscribir a su rol de madre y esposa. En ambos casos, como Dios manda.

La moción que llevó el PP al Pleno Municipal del pasado 27 de noviembre la podría haber firmado el propio Rouco Varela. Moción que a mí, personalmente, me puede venir muy bien a ver si así consigo, por fin, que me borren de la Iglesia ya que no me han dejado apostatar. Espero que ahora, por defender una Ley que permita a las mujeres interrumpir su embarazo sin arriesgarse a ir a la cárcel, la jerarquía eclesiástica cumpla lo que ha dicho y me excomulgue.

Esta moción del PP representa a la derecha española más clásica, más reaccionaria, más hipócrita y con doble moral, que impedía al conjunto de las mujeres decidir libremente sobre su maternidad. Pero que sin embargo miraba para otro lado cuando alguna incidencia no deseada se resolvía con un fin de semana de compras en Londres. Fin de semana al que únicamente tenían acceso muy pocas mujeres. Las que no tenían recursos para ello apechugaban con lo que viniese o se jugaban la vida con algún aborto clandestino.

Una derecha que ha ido asumiendo 30 ó 40 años después alguno de los cambios que la izquierda reivindicaba 30 ó 40 años antes de que se produjesen, antes de que se generalizasen. Y para muestra unos cuantos “botones” relativamente recientes.

La Constitución, que la derecha española no apoyó y ahora se ha convertido en su principal adalid. O la Ley del Divorcio de 1981, votada en contra por Alianza Popular y por un sector de UCD, precisamente lo que hoy es el PP. Y todo eso lo hacían mientras las “nulidades” de La Rota proliferaban entre las clases pudientes, eso sí sin que la derecha ni Alianza Popular se escandalizasen. Ni por supuesto la Iglesia, que era la que más beneficios sacaba de estos temas.

Lo que les escandalizaba es que el divorcio se democratizase y alcanzase también a quienes debían aguantar lo que fuese porque el matrimonio era sagrado y que eran, principalmente, las mujeres.

Más de 30 años después, importantes cargos del PP se divorcian con total naturalidad, como si siempre hubieran compartido esta Ley, y sin ruborizarse por su incoherencia. Y en otros ámbitos, teóricamente apolíticos, se producen “ceses temporales de la convivencia” como si les diese vergüenza decir lo que realmente es.

Lo mismo que sucede con la interrupción del embarazo. La derecha española ha tenido una actitud absolutamente reaccionaria, haciendo de palmeros de la Iglesia. En el año 1985 cuando se aprueba la actual Ley, el PP y su portavoz, Ruiz Gallardón padre, decía mantener su más absoluta repulsa desde un punto de vista ideológico, político y doctrinal. Sin embargo, y a pesar de esa posición ideológica, política y doctrinal, el PP permitió que durante ocho años de gobierno se practicasen más de 400.000 abortos en España. O como le gusta decir al PP del millón trescientos mil “seres indefensos muertos” en 24 años. Pero no olviden que 433.333 corresponden al período en que gobernó el PP.

Y si la repulsa es ideológica, política y doctrinal, lo primero que debiera haber hecho cuando gobernó el PP es derogar la Ley. Y no sólo no lo hizo, sino que ni habló del tema. Y si no lo hizo es porque priorizó sus intereses electorales frente a cualquier otros que tuviera en ese momento. O sea, pura hipocresía.

Ya está bien. Si la propuesta del PP es encarcelar a las mujeres que, tomando una de las decisiones más importantes de su vida, deciden interrumpir su embarazo, díganlo abiertamente.

La ley actual es insuficiente ya que propició, hace algunos años, actuaciones denigrantes para las mujeres que habían decidido interrumpir su embarazo y que fue a buscarlas la Guardia Civil, como en el franquismo y como en el siglo XIX.

Y hay que cambiarla, hay que ir a una Ley de Plazos porque hay que avanzar. Y el PP lo que propone es volver a medidas paternalistas y obsoletas, proponen que se tutele a las mujeres y las mujeres no necesitan ninguna tutela y menos la del PP o la de los curas, que son los inspiradores de esta campaña

Porque hoy, afortunadamente, ser madre soltera no representa, en general, un problema de rechazo social a la mujer. Y es verdad que hay que mejorar las ayudas a la maternidad pero son medidas que no están en contraposición con la interrupción voluntaria del embarazo. El derecho de la mujer a elegir libremente su maternidad la da opción a decidir si quiere interrumpir su embarazo sin dar más explicaciones. O a tener a su hijo, también, sin dar más explicaciones. Y en ambos casos, tendrá que tener un apoyo para que pueda llevar su decisión adelante libremente y sin ninguna injerencia.

Con una Ley de Plazos no se va a obligar a nadie a hacer lo que no quiera hacer. Simplemente se garantiza el derecho de la mujer a decidir. Y eso es lo más importante.

José Luis Maximiliano Romo

Coordinador Provincial de Izquierda Unida de Guadalajara

El secretario confederal de CC.OO, Ignacio Fernández Toxo, en numerosas ocasiones se ha referido a la necesidad de afrontar una profunda reforma fiscal que haga frente, a su vez, a la necesidad de financiación de las administraciones, así lo reiteró recientemente en su visita a Cuenca. Por su parte, Cándido Méndez , secretario general de UGT, ha manifestado que se hace muy necesario aportar recursos públicos para generar empleo, mantener las políticas sociales y garantizar la cohesión social. Pero son muchas más las voces, también en el mundo sindical de nuestra región, que mantienen esa misma posición. Desde IU venimos defendiendo la necesidad de una reforma fiscal profunda bajo criterios de mayor progresividad, eficacia y justicia social. Lo que está en juego es mucho, son los servicios públicos en general y con mayúsculas, es decir, reforzar nuestro sistema de bienestar, las políticas sociales y mantener un sector público fuerte.  El momento actual es clave, los finales de cada año vienen marcados por la elaboración de los presupuestos en las administraciones. Se trata de la herramienta fundamental para recaudar fondos, distribuir el gasto público, mantener y mejorar todos y cada uno de los servicios públicos y, además, demuestra aquello que los gobernantes quieren hacer por sus ciudadanos. En cuanto a los elaborados por el Gobierno de Barreda, quiero llamar la atención y pedir una profunda reflexión sobre el nivel de endeudamiento que recogen para afrontar las necesidades de financiación de los servicios públicos. La emisión de deuda para financiar gastos y el déficit presupuestario será de 1.159 millones de euros en 2010. Esto supone que un 12,06% del presupuesto de gastos se nutre de deuda pública que aumenta un 160%. En 2008 se recogían 45 millones para emisión de deuda, en dos años se ha multiplicado por 25. Pero es más, según los datos del primer semestre del año la deuda se sitúa en 4.371 millones de euros, con un nivel de endeudamiento de nuestra región que supone más del doble que la media de las demás CCAA en el último año, concretamente un 66% frente al 29%. En referencia al producto interior bruto nuestro nivel de endeudamiento se fija en el 9,4%, siendo la tercera comunidad autónoma con mayor nivel de endeudamiento tras Cataluña y Valencia. Hemos pasado de la noche al día, de no tirar de deuda a abusar del recurso. Pero esta política esconde una trampa, ¿ se pueden mantener los servicios públicos, sanidad, educación y gasto social en base únicamente al sobreendeudamiento?. La respuesta es no. La experiencia lo demuestra así, más pronto que tarde nos atornillarán con el dogma del equilibrio presupuestario y el control del déficit, entonces hablarán de privatizaciones en el sector público y nos dirán que es el mal menor o que no queda más remedio. No se pueden mantener los servios públicos solo con deuda y el futuro deterioro de la prestación de los servicios, así como su posterior privatización es un hecho a combatir hoy. No entiendo porque el gobierno de Barreda no afronta reforma fiscal alguna para dotar de fondos a las administraciones, ¿vale la misma política de contribución a las arcas públicas para los tiempos de bonanza económica y para los de crisis, paro y recesión?. Tenemos un gobierno superado y desbordado por una realidad que prefiere no afrontar o ignorar, no hagamos lo mismo los demás.

Daniel Martínez Sáez

Coordinador Regional de IU de Castilla-La Mancha

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Se acaban de cumplir veinticinco años del fatídico acuerdo de Consejo de Ministros del 30 de septiembre de 1984, que liberaba a RENFE de mantener el servicio ferroviario en aquellas líneas que no superasen un determinado porcentaje de sus gastos. Al amparo de este acuerdo, RENFE suspendía el tráfico de trenes en 914 kilómetros de vía en la Nochevieja del año 1984. El acuerdo de Consejo de Ministros garantizaba que se mantuviera la infraestructura, en previsión de su posible uso logístico y de su reapertura en caso de que desapareciese las circunstancias que motivaron su cierre. Pero lejos de ocurrir esto, las cosas evolucionaron a peor y en 1996, en un nuevo Consejo de Ministros se decidió que tras once años sin servicio y ante la ausencia de necesidades logísticas y las pocas perspectivas de rentabilidad futura, se autorizaba a RENFE al levantamiento de las vías y al inicio del trámite que le permitía disponer de los terrenos para otros fines.

    Desde Izquierda Unida de Guadalajara apostamos de forma clara por la defensa del ferrocarril frente a la carretera por ser el medio de transporte menos agresivo con el medio ambiente. Además de empeorar nuestras condiciones de vida, la carretera, con el avión y la Alta velocidad como complementos, supone un modelo más caro, gran consumidor de espacio, fragmentador de territorio, depredador de una energía que no tenemos, socialmente más injusto y claramente agresor del Medio Ambiente, del que el ser humano forma parte.

    Por otra parte, decir a la ciudadanía que las vías abandonadas se convertirán en “corredores verdes” para practicar actividades como senderismo o como carriles para bicicletas es una tomadura de pelo. Si queremos disponer de “corredores verdes” deben recuperarse las vías pecuarias que se hayan abandonadas, utilizadas por quads, motocicletas que representan un peligro para el Medio Ambiente, o las cañadas que son ocupadas total o parcialmente por cultivos, escombreras, torres de alta tensión o urbanizaciones.

    Lo sostenible y lo justo es el derecho a la accesibilidad, en el ámbito de la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, donde el transporte sostenible consigue la máxima accesibilidad que permite la libertad de movimientos y hacen valer los derechos ambientales, sociales, económicos y políticos de la ciudadanía más desfavorecida.

    Por tanto el sistema de transporte sostenible debe ser universal y público, garantizando el servicio a toda la ciudadanía y cambiando la mentalidad de utilización de los recursos disponibles.

El transporte por carretera consume cuatro veces más energía que el ferrocarril en la realización de una misma cantidad de transporte. Así mismo, en el ámbito urbano o de saturación en la circulación de las carreteras, un litro de combustible permite transportar una persona durante un trayecto de 64 kilómetros en tranvía, 48 en metro, 39,5 en autobús y 18,6 en automóvil, según los estudios realizados por la Unión Internacional de Transporte Público (UITP).

    Desde Izquierda Unida de Guadalajara vamos a transmitir la necesidad de apostar de forma clara por el transporte público sostenible, por el ferrocarril y el servicio de Cercanías que junto al transporte a pie y en bicicleta deben constituir la forma fundamental de desarrollo y de la cohesión social de nuestra provincia.

    Nuestra asamblea en El Casar está manteniendo una dinámica para impulsar la modificación del Plan de Ampliación de Cercanías hasta la provincia de Guadalajara. Los responsables del proyecto en la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias consultados, indican que no existen razones técnicas o económicas que impidan realizar esta modificación, por tanto entendemos que sólo es la falta de motivación política de nuestros representantes en los gobiernos nacional y regional lo que impide la llegada de un sistema de transporte público, social y sostenible a la provincia de Guadalajara.

    En el resto de la provincia, la promoción del transporte ferroviario de mercancías y de personas, la inversión en infraestructuras para el transporte con criterios de sostenibilidad, la cohesión social y territorial, y el desarrollo humano son razones de peso para mantener el ferrocarril como un servicio público de accesibilidad universal y de precio asequible, cuya infraestructura y servicios de transporte sean de propiedad y gestión pública.

    Este es el fin que perseguiremos en las próximas Jornadas Estatales en Defensa del Ferrocarril en las que Izquierda Unida de Guadalajara participará en la población de Lorca, en la provincia de Murcia, los días 6, 7 y 8 de noviembre.

José Palacio 

Coordinador Local de Izquierda Unida de El Casar 

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 El 27 de octubre de 1909, nacía en Guadalajara José Herrera Aguilera “PETERE”. Aquel bebé que abrió sus ojos en nuestra ciudad, con el paso de los años se convertiría en uno de nuestros principales literatos, destacó en narrativa, poesía, colaboraciones periodistas, teatro y canciones. Premio Nacional de Literatura en 1938, con el relato “Acero de Madrid”.

    Agosto, su calor, su alegría, su luz y en Diputación Provincial, en el despacho de la diputada de Cultura una placa indicaba que entrabamos en la CALLE LIBERTAD, tras el tiempo transcurrido deja de tener su valor y su sentido, pero los vetustos cortinones se abrieron para dar paso a un nuevo aire, SÍ algo se movía, y con gran ilusión empezamos a trazar las líneas de la nueva orientación de la Cultura Provincial. Queríamos recuperar para nuestra provincia su memoria, la memoria de aquellos que habían sido despojados de la historia, por pensar, decir, pintar, escribir aquello que sentían y que por su concepto de la libertad, de la justicia y de la verdad, fueron expulsados para ¡¿SIEMPRE?!, de las calles, librerías, bibliotecas, ateneos y salas de exposiciones.

    En el otoño de 2000, casi por casualidad, ¿existen las casualidades?, llegó a mis manos la primera de las muchas cartas que después he recibido y afortunadamente sigo recibiendo, del que hoy es gran amigo JESUS GALVEZ YAGÜE, profesor de enseñanza secundaria en Tarragona  y también de Guadalajara ofreciéndome la posibilidad de publicar un libro suyo: José Herrera Petere: Vida, compromiso político y literatura.

    No fue una tarea fácil, pero al fin el 31de enero de 2001 el libro lo presentamos, recuerdo nuestra emoción la de Jesús, la de Pepe, la mía y especialmente la de aquel CABALLERO que llegó acompañado con su familia y amigos desde Madrid. Me impresionó, aquella sencillez, bondad, cultura, elegancia, simpatía, su compromiso con la obra del padre, me estoy refiriendo a JOSE MIGUEL HERRERA SOLER, aquella tarde en una conversación afable me habló del legado de su padre, de que existían varias cajas en Ginebra en casa su hermano Fernando, ordenadas por su madre antes de fallecer, que no conocían ni él, ni su hermano Emilio exactamente el contenido, pero que no querían que aquello  no se perdiera. Le ofrecí la posibilidad de legar aquel archivo a la Provincia, a través de la Diputación Provincial.

    En su centenario, Guadalajara rinde homenaje a “Petere”, mi querido José Miguel, el tiempo  y la enfermedad que te arrancó de nuestro lado, no ha permitido que llegases a ver tu proyecto cumplido, pero tu hermano Emilio continuó en el punto donde lo dejaste y hoy pasea con satisfacción y orgullo por nuestras calles, periódicos y televisiones  el nombre y la obra de vuestro padre.

    Seguro que en esta semana “Petere”, Fernando y tú y quizá de nuevo Picasso estaréis dando vida a “los trompis”, y así junto a nosotros festejar que “Petere” en breve dejará de ser uno de aquellos poetas malditos para volver al pueblo del que nunca debió salir. Sé que vosotros me entenderéis si digo que “En España ya está todo preparado para que los jóvenes se enamoren de Petere”.

Ángeles Yagüe Gordo 

Diputada Provincial de Cultura en la Legislatura 1999-2003

Miembro de la Presidencia Federal de Izquierda Unida

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Tras décadas de sobre-explotación, dejadez por parte de las administraciones e indiferencia social, Las Tablas de Daimiel agonizan. Se trata de un Parque Natural único en Europa y clave para las migraciones de aves por su situación geográfica. Además, forma parte de la Reserva de la Biosfera(declarada así por la UNESCO) junto a los ríos Ciguela y Guadiana, a los Ojos del Guadiana y las Lagunas de Ruidera. Ya no existen, han desparecido el Guadiana, el Ciguela y los Ojos del Guadiana. Si no lo remediamos el siguiente paso será la desaparición total de las Tablas de Daimiel que se encuentran en una situación crítica, más cerca de su desaparición que otra cosa, solo tiene inundadas 5 de las más de 1900 hectáreas que forman parte del parque. No queremos que Castilla-La Mancha sea la primera Comunidad Autónoma en borrar del mapa un parque nacional, aunque el camino recorrido en las últimas décadas no invita al optimismo. Esta situación demuestra y es el máximo exponente del fracaso de un modelo de desarrollo y crecimiento que nos dicen sostenible pero que no es capaz de conservar aquello que ha sido seña de identidad, medio de vida y garantía de futuro, nuestros recursos naturales; el deterioro de la Tablas es nuestro deterioro. Con qué cara se habla de desarrollo sostenible y lucha contra el cambio climático si en nuestra región estamos haciendo y siendo el ejemplo de todo lo contrario. Espero que todos los castellano manchegos y todos aquellos que consideráis que podemos convivir con nuestra riqueza natural sin destruirla e hipotecar el futuro de las generaciones venideras, toméis conciencia de la importancia que tiene esta causa y la necesidad de transmitir a los responsables la obligatoriedad de administrar nuestros recursos para su conservación. Sin respuesta, lucha y concienciación ciudadana no cambiaremos el negro y oscuro  destino de nuestros espacios naturales ante la escasa o nula sensibilidad mostrada históricamente por los gobernantes de nuestro país y nuestra región. Por cierto, es más que preocupante la incapacidad de algunos “dirigentes” de nuestro gobierno regional y del PSOE(digo dirigentes) para tomar conciencia de los problemas de nuestra región, para reconocer la realidad, para asumir responsabilidades y para afrontar e impulsar soluciones mas allá del victimismo recurrente del que hacen gala. Y es que la intervención de la Caja de Castilla-La Mancha no es sino una especie de injusta persecución, pero claro, llevada a cabo por el Gobernador del Banco de España(PSOE), por el Ministerio de Economía(PSOE), por el Presidente Zapatero(PSOE) y la situación crítica de Las Tablas de Daimiel parecen ser fruto del empeño de Zapatero por secarlas; cabría concluir, por tanto, que los males de Castilla-La Mancha son fruto de un contubernio fríamente calculado y ejecutado por la derecha de nuestro país contra un gobierno y unos dirigentes, pobres ellos, que “solo” llevan gobernando nuestra región 26 años; ellos mismos están madurando la no deseable “madrilización” política de la región.

Daniel Martínez Sáez

Coordinador Regional de IU de Castilla-La Mancha

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 El pacto, acuerdo o tratado entre personas, entidades, partidos políticos o estados u otro tipo de organizaciones, es una forma muy recomendable de sacar adelante una tarea de gobierno en cualquier institución. Se trata de adquirir compromisos y acordar determinadas obligaciones para su posterior desarrollo y cumplimiento. Del término pacto, deviene pactismo que es la tendencia a resolver determinadas situaciones políticas o sociales mediante un compromiso o pacto.

    En Castilla-La Mancha estamos asistiendo al desarrollo atrofiado del pactismo. Si tuviéramos que enumerar los pactos acordados y firmados por el Gobierno regional necesitaríamos diez artículos como este y para enumerar los participantes en los diferentes acuerdos tendríamos que hacer un master en “entramado social”, eso sí, reconozco que esta circunstancia no es mala en si misma, es decir, lo grave no es el número de pactos, es su forma de entenderlos, su contenido y su desarrollo. Analicemos las características generales de lo que podemos denominar “el pactismo castellano manchego”: Como norma general, siempre hay interesantes excepciones, los acuerdos versan sobre temas que interesan políticamente al Gobierno, se negocian con quien interesa al Gobierno regional, dependiendo de la naturaleza y la repercusión política del mismo, y el resultado final viene acotado con anterioridad por quien llama al pacto, con lo que su repercusión es muy limitada y las obligaciones para el gobierno son de cómodo cumplimiento; son negociaciones y acuerdos sesgados, limitados, mutilados de antemano y cómodos. En todo caso debemos que ser justos, hay acuerdos que aunque sean insuficientes aportan soluciones, novedades y esfuerzos ante los problemas sociales, pero igualmente muchos de ellos se utilizan como herramienta de propaganda, de cara a la galería y con exclusivo efecto mediático y electoral. Los tres últimos grandes pactos firmados, el Pacto por Castilla-La Mancha, el Pacto de la Vivienda y el Pacto Por el Cambio Climático, a grandes rasgos inciden en políticas erróneas, no resuelven las situaciones sociales o políticas que afrontan y se caracterizan por no incluir cambios sustanciales en las políticas desarrolladas por el Gobierno regional y además dejan fuera a sectores políticos y sociales que aportan propuestas, soluciones alternativas y reclaman compromisos más allá de gestos electorales(entre otros, IU y EEAA).

    Con este panorama y dada la grave crisis que atravesamos, lo que verdaderamente se está consiguiendo es que la  sociedad “articulada” de nuestra región se reconozca por un alto grado de interminable complacencia, en algunos casos sumisión, y por una clara y evidente falta de crítica y alternativa, necesaria y recomendable para la sociedad en su conjunto más allá del color político de cada uno.

    El pactismo mal entendido y mal utilizado allana el camino a unos gobernantes perpetuados en la comodidad de gobernar la segunda región menos desarrollada de España y con graves déficits democráticos, consolidando una sociedad cada vez más anestesiada y resignada a sus males y carencias.

    Y entre tanto pacto las Cortes de Castilla-La Mancha han sido capaces de sacar adelante dos leyes en ocho meses. Por cierto, ¿estarán alguna vez interesados los componentes de tantos pactos, sobre todo los dirigentes del PSOE y el Gobierno regional, en reformar la ley electoral para que todos los votos de los castellanos manchegos valgan igual?

Daniel Martínez Sáez

Coordinador Regional de IU de Castilla-La Mancha

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Hace unas semanas el presidente Rodríguez Zapatero anunciaba, sin detallarla, una reforma fiscal que calificaba como limitada y temporal, con un objetivo claro, hacer que los que más tienen aporten más a las arcas públicas para hacer frente a los gastos sociales. Con el paso de los días y salvo rectificación en el Congreso, cosa que es posible dado el grado de improvisación del Gobierno según la aceptación popular de sus medidas, hemos comprobado que esas intenciones han quedado en una mera estrategia mediática y electoral, como ya ocurrió con los famosos 400 euros. La reforma fiscal no es ni limitada ni temporal, se trata de una reforma injusta, parcial e insolidaria donde se recurre a la subida de impuestos indirectos y a castigar al 95% de los contribuyentes de nuestro país, sobre todo a los trabajadores, con la coartada de la necesidad de mantener el gasto social.

     El gasto social debe ser prioritario pero procurando su mantenimiento sobre la base de criterios de solidaridad y contribución progresiva a través de los impuestos, nunca una contribución lineal (contribuyes igual independientemente de los que ganes) que está siendo una seña de identidad de este Gobierno. El ejemplo más claro es la medida estrella que contribuyó a que Zapatero ganara las elecciones, la devolución de los 400 euros. Se implantó de forma lineal, incluso los contribuyentes que los han recibido íntegros son los que tenían una nómina mayor y se ha eliminado de forma lineal, se le quita a todos, da igual que alguna familia de verdad necesite esa ayuda. Y qué decir de la subida del tipo general y del reducido del IVA, es meter mano a más del 65% de los trabajadores que ganan mil euros o menos. Mientras tanto las grandes fortunas, las sociedades de inversión, los banqueros y otros siguen ganando la batalla en los despachos, Zapatero no se atreve con ellos, bueno, salvo en algunos discursos.

     Vamos a trabajar en el Congreso para que la propuesta de reforma fiscal sea íntegra, solidaria y justa, para que se contribuya a los servicios públicos de forma suficiente y progresiva, para que no se aumente el IVA de forma general, para que las grandes fortunas y los ricos de este país no sigan teniendo un trato de favor en las medidas tributarias, para luchar contra el fraude fiscal y para que afecte a todos los impuestos necesarios sin limitación alguna.

     Las reformas fiscales deben ser un aspecto fundamental de la política económica y de la correlación de fuerzas entre trabajo y capital. Se trata de asegurar la redistribución de la riqueza, de la dotación de los servicios públicos y de la posibilidad real de la intervención pública democrática en la economía. La bajada de impuestos como latiguillo permanente de la gran patronal y el PP y el carácter instrumental de los impuestos como expresión de la política del PSOE, en las palabras pronunciadas por Rodríguez Zapatero en su última comparecencia son expresiones y posiciones que, obviamente, no compartimos y que vamos a combatir.

     Por cierto, hay que mantener la necesidad de tomar medidas complementarias como la estricta fiscalización o supresión de la utilización de los billetes de 500 euros, conocidos popularmente como Bin Laden, con el objetivo de limitar el fraude y hacer aflorar dinero negro. 

Daniel Martínez Sáez

Coordinador Regional de IU de Castilla-La Mancha

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Este día 7 de octubre, millones de trabajador@s de toda Europa están convocados por las organizaciones sindicales mayoritarias en reclamo de la consecución de un empleo decente para tod@s.

    Sin embargo, creo que la verdadera movilización que se necesita ahora mismo es “Contra unas indecentes cifras de desempleo” que sufrimos millones de trabajador@s en toda Europa, pero especialmente en España. Lógicamente cuando se habla de un empleo decente, no se habla de la decencia de la actividad o trabajo que se desempeña, sino sobre todo de unas condiciones laborales mínimas, que permitan a la ciudadanía complementar su actividad laboral con otras actividades necesarias para un desarrollo pleno de la persona en una sociedad democrática; conciliación de la vida laboral y familiar, respeto a la libertad sindical (amenazada por la alta temporalidad irregular en la contratación), derecho a la salud, o la igualdad de salarios a igual trabajo.  

    Así que cuando hablamos desde IU, en una campaña que llevamos en marcha desde hace años, de un empleo de calidad y con derechos, lo hacemos pensando en la necesidad de establecer unas condiciones laborales mínimas; estabilidad y causalidad en la contratación, salarios dignos, acceso a la formación y la promoción, mantenimiento de salarios en situaciones de baja laboral, seguridad y salud laboral, a igual trabajo igual salario, jornada laboral, todo ello sin descuidar las obligaciones contractuales del trabajador, y lo hacemos pensando en la urgente necesidad de cambiar nuestro modelo económico y productivo.

    Pero como no podemos desligar esa decencia de un modelo social y productivo, para conseguir esa dignificación del  trabajo debemos edificar otro modelo de sociedad, y otra mentalidad empresarial. Cuando todos los días desde diversas tribunas creadoras de opinión, se trata de deslegitimar la representatividad sindical, debemos recordar el resultado de un reciente estudio sobre las principales preocupaciones de las empresas, entre ellas y claramente destacadas sobre el resto aparecen dos; necesidad de aumentar ventas y acceso a la liquidez y el crédito.

    Como verán no aparecen las principales demandas que enarbola la CEOE: reforma laboral, rebaja de cotizaciones sociales y del impuesto de sociedades, facilitar ERE´s, y otras. Sin embargo aquí nadie parece discutir la “legitimidad” de la CEOE, cuando hay un claro divorcio entre las demandas de la gran patronal y las necesidades urgentes de sus “asociados”.

    Como no hay mal que por bien no venga, curiosamente es el aumento de la economía sumergida, ya un 23% del PIB, la que está sirviendo de colchón a una conflictividad social que en condiciones normales estallaría con estas indecentes cifras de desempleo de septiembre.

    La gente está buscando refugio en el subempleo, sin derechos y garantías sociales, sin condiciones de salud laboral y sin respeto a derechos constitucionales como la actividad sindical. Igual que en la década de los 90, se crean las condiciones para un nuevo recorte en las prestaciones por desempleo, enmascarado en nuevas figuras de subsidio que fomentaran la rotación de los parados en empleos  supuestamente temporales.

    Es aquí donde echamos en falta un PACTO DE ESTADO CONTRA LA ECONOMÍA SUMERGIDA Y EL FRAUDE FISCAL, que es el que puede reconducir la economía de este país hacia un modelo social, democrático y de derecho, con un sistema fiscal justo y progresivo, que genere los recursos suficientes para sostener una SOCIEDAD DECENTE.

Miguel Ramírez Muñoz

Coordinador Provincial de IU de Ciudad Real

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El ruido siempre ha sido un problema ambiental importante para el ser humano. Los problemas de ruido del pasado no se comparan con los de la sociedad moderna. Un gran número de autos transitan regularmente por nuestras ciudades y campos. Los camiones de carga pesada con motores diesel sin silenciadores adecuados circulan en ciudades y carreteras día y noche. Las aeronaves también contribuyen al ruido ambiental. En la industria, la maquinaria emite altos niveles de ruido y los centros de esparcimiento y juegos perturban la tranquilidad.

    Si bien se considera que la contaminación acústica es principalmente un problema de "lujo" no se puede pasar por alto que la exposición es debida a la deficiente planificación y construcción de los edificios. Los efectos del ruido y sus consecuencias de largo plazo sobre la salud se están generalizando.

    A diferencia de otros problemas ambientales, la contaminación acústica sigue en aumento y produce un número cada vez mayor de reclamos por parte de la población.

    El ruido ambiental produce trastornos del sueño importantes. Puede causar efectos primarios durante el sueño y efectos secundarios que se pueden observar al día siguiente. El sueño ininterrumpido es un prerrequisito para el buen funcionamiento fisiológico y mental. Los efectos primarios del trastorno del sueño son dificultad para conciliar el sueño, interrupción del sueño, alteración en la profundidad del sueño, cambios en la presión arterial y en la frecuencia cardiaca, incremento del pulso, vasoconstricción, variación en la respiración, arritmia cardiaca y mayores movimientos corporales.

    En nuestra área medioambiental, la huella acústica afecta además, a las zonas LIC y ZEPAS situadas en nuestra provincia, donde anidan especies protegidas como la avutarda o el águila imperial ibérica.

    Los aeropuertos se encuentran cada vez más con el problema que supone la contaminación ambiental por ruido y que limita su operatividad. Una de las características que define un buen aeropuerto es el que no existan en su proximidad zonas residenciales o industriales que interfieran con la huella de ruido y así satisfacer los niveles de vida exigidos por los ciudadanos.

    Barajas no puede ser considerado un buen aeropuerto porque existen planes de urbanización residencial de las áreas próximas que impiden su crecimiento o su operatividad. Sin embargo esto no ha sido tenido en cuenta a la hora de planificar la ampliación del mismo con la nueva terminal T4. La proximidad de viviendas o incluso empresas es perjudicial, tanto para el aeropuerto como para su vecindario, ya que el problema del ruido constituye una continua pugna debido a las molestias que origina, además de obligar a las aeronaves a realizar rutas de acercamiento complicadas y con múltiples restricciones de velocidad. Por ello hay que evitar que el aeropuerto y las zonas urbanas interfieran.

    En el caso de zonas cercanas a aeropuertos sobrevoladas con frecuencia por aeronaves, es normal que la comunidad responda no solamente al ruido producido por una operación (aterrizaje o despegue) sino que también acuse el número de operaciones en un determinado espacio de tiempo.

    Hasta el momento, un gran número de aeropuertos europeos tales como Ámsterdam, Orly, Mónaco y Zurich, han tenido que promover e implantar programas de insonorización. En otros muchos se tienen problemas de impacto sonoro: Frankfurt, Copenhague, Estrasburgo y por supuesto Barajas. Por ello, el ruido es quizás el factor más importante en la planificación de los usos del suelo que se encuentra en las cercanías de los aeropuertos, evitando la interferencia de las huellas de ruido con zonas urbanas e industriales. El problema es cuando eso no se hace.

    La provincia de Guadalajara ha crecido de forma manifiesta durante los años más duros de la burbuja inmobiliaria. Los precios de la vivienda en la Comunidad de Madrid, el tráfico insoportable y la aglomeración han empujado a muchos ciudadanos a desplazarse hacia una zona donde vivir de una forma más sostenible es posible.

    Teniendo en cuenta la condición necesaria para que un aeropuerto se considere bueno, no es aceptable, que no se planifique el crecimiento de una zona que en breve se ha visto afectada por el ruido producido por un aumento sustancial de las operaciones aéreas de Barajas desde la apertura de la terminal T4.

    Cuando se planeaba la ampliación del sistema aeroportuario de Barajas, ante la presión de los pueblos de la Comunidad de Madrid, respaldados por la autoridad regional y las asociaciones de ciudadanos contra el ruido, se creó una herramienta que permitiera alejar la huella sonora, tanto de las poblaciones afectadas por las obras, como de las que se vieran afectadas por el ruido.

    Esta herramienta, llamada CSAM (Comisión para el seguimiento del Sistema Aeroportuario de Madrid), hizo posible el desplazamiento de las rutas de aproximación y despegue de Barajas, la insonorización de las viviendas afectadas por el ruido, y la suspensión de operaciones especialmente dañinas para la población afectada.

    A diferencia de los pueblos de la Comunidad de Madrid, la provincia de Guadalajara no tiene el respaldo de su gobierno regional, que no ha creado estructuras de sostenibilidad en la zona en ninguno de los aspectos claves del término: esto es, el transporte, la contaminación del aire y del suelo, el urbanismo, y por supuesto la huella acústica.

    Desde que hace casi dos años, en Izquierda Unida de El Casar tomamos la decisión de defender nuestra calidad de vida, los apoyos con los que hemos contados han sido muy pocos. En ocasiones sólo el resto del equipo de gobierno del Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Guadalajara.

    Nuestra primera lucha fue detener el POM, por considerar que, entre otras muchas cosas, no se respetaban las premisas de crecimiento sostenible.  El POM aprobado en la legislatura anterior a nuestra llegada al Ayuntamiento, permitía el crecimiento indiscriminado del término municipal, a pesar de conocerse ya, en ese momento, el Plan de ampliación del sistema aeroportuario de Barajas y los problemas de ruido que se hacían evidentes.

    La presentación de una Moción al Pleno Municipal en El Casar y de otra semejante en el Pleno de la Diputación de Guadalajara, ambas aprobadas, han sido la base de partida para defender a nuestra población de la carga que AENA ha decidido que debemos llevar: El peso del ruido desviado de las poblaciones de la Comunidad de Madrid y de las operaciones aéreas de configuración norte, tanto de día como de noche.

    Junto a estas iniciativas, y ante la desfachatez de la dirección de la empresa pública que gestiona Barajas que llegó a insultarnos diciendo que sobre El Casar sólo sobrevolaban 10 aviones diarios, también hemos emprendido acciones de protesta ciudadana, como el envío masivo de cartas a los responsables de Barajas para que instalaran un TMR que permitiera la documentación exacta del ruido padecido.

    Con un año de retraso sobre la fecha anunciada en un primer momento, en estos días se espera la instalación de la deseada infraestructura de medición del ruido, mientras seguimos esperando que el gobierno de Barreda se digne a ayudar a una de las poblaciones de las que es Presidente.

    Ante nuestra pretensión de tener un lugar propio en la CSAM, con voz y voto, que permita explicar de igual a igual al resto de los miembros de la misma los problemas de ruido que padecemos, la Junta de Comunidades no contesta, Fomento nos ignora y AENA dice que nos represente Algete, la localidad que, tras conseguir un descenso en el ruido de sus ciudadanos, no puso objeciones a que la ruta se desviara hacia El Casar, ya que en la mayoría de los mapas con los que trabaja la Comisión, la provincia de Guadalajara está en blanco, como si allí no viviera nadie.

    De la forma en que somos tratados por el Ministerio de Fomento, un claro ejemplo es que ante el Plan de Ampliación del Servicio de Cercanías para Madrid, que no está limitado a esa comunidad autónoma pues se amplia hasta Illescas en Toledo, la ampliación llega hasta Algete, situado a unos 10 kilómetros de distancia y dejando a más de 24.000 habitantes reales de nuestra población y unos 15.000 más de las zonas de influencias de la provincia sin ese servicio.

    El siguiente paso a dar será acudir al Defensor del Pueblo, que nos permita cumplir lo objetivos marcados de presencia, voz y voto; y llevar el caso de El casar a la Unión Europea por medio de nuestro representante en el Parlamento Europeo. Vivir en condiciones de calidad y sostenibilidad en El Casar bien lo vale.

José Palacio 

Coordinador Local de Izquierda Unida de El Casar

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Así nos sentimos los miembros de Izquierda Unida que, con el ánimo de dar apoyo moral al vecino agredido en sus propiedades y coartado en sus libertades, y a la moción que el PSOE presentaba, asistimos al Pleno celebrado el pasado día 29 en Galápagos.

    Empezando por lo extraño que nos resultó a los asistentes el hecho de que en un Pleno municipal modere el debate cualquier miembro del gobierno o la oposición, sin distinción, o que se debata una vez iniciadas las votaciones. Lo que realmente nos dejó sumidos en el estupor y la vergüenza ajena fue que, ante una moción de condena a la violencia y por la convivencia pacífica, que se notaba medida hasta la última coma para suscitar el consenso, el Partido Popular en lugar de dar su voto como grupo (otra curiosa particularidad del funcionamiento de los Plenos de Galápagos) en el momento de la votación y a través de su portavoz José Contera, se limitó a leer por mandato de su formación, según sus propias palabras, el siguiente comunicado: “Nosotros condenamos los actos violentos que se hayan producido en Galápagos y en toda España”. Una pirueta dialéctica esta que, si no en el fondo al menos en la forma, recuerda a aquellas que hacían algunos grupos, hoy ilegalizados, para no condenar explícitamente un determinado acto violento.

    Ante todo esto, la estupefacta concejala socialista, preguntó: “¿Entonces a favor o en contra?”. Y aunque hasta por dos veces los que estábamos presentes pudimos oír al portavoz decir que en contra, y a pesar de que ya estaba tomando nota de ello la secretaria, uno de los concejales del PP pareció no mostrarse conforme, por lo que se procedió a votación nominal, y gracias a la sorprendente libertad de voto que el PP practicó en esta ocasión y a la pequeña dosis de coherencia que el más joven de los concejales de su grupo aportó con su voto a favor, la moción fue aprobada entre el aplauso de cuantos allí estábamos. Instantes después, una de las concejalas del PP aprovechaba para lanzar un discurso demagógico y populista, mucho nos tememos que con el único fin de no quedarse ellos sin aplausos: “No hay un único vecino inocente, no, pues todos los vecinos de Galápagos son inocentes mientras no se demuestre lo contrario”. Efectivamente señora concejala, el problema es que al resto de los vecinos del pueblo no les han quemado sus propiedades por los ideales que defiende.

Francisco Riaño Campos

Secretario de Organización de Izquierda Unida de Guadalajara

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El domingo día 29 del pasado mes de marzo el Banco de España decide no dar más tregua e intervenir la Caja de Castilla-La Mancha. No pasó por alto para nadie el modus operandi de la intervención, se produjo un fin de semana y fue el Consejo de Ministros reunido de forma extraordinaria quien aprobó el Real Decreto-Ley 4/2009 que regulaba la intervención. Se hizo así porque existía una situación de extraordinaria y urgente necesidad que lo justificaba, pretendía asegurar que la entidad se mantuviera en condiciones de seguir cumpliendo con sus obligaciones. El Banco de España actuó de forma obligada y urgente ante el riesgo en el que se encontraba la Caja, decidió la sustitución de los miembros de los órganos de administración y avalar durante el ejercicio 2009 por un importe máximo de 9.000 millones de euros en garantía de las obligaciones derivadas de las financiaciones que pudieran otorgarse. Todo ello contrasta con las declaraciones del Presidente Barreda que llegó a reconocer, esa misma tarde, la inexistencia de irregularidades; dos días después conocimos que la CCM no tenía ganancias, tenía grandes perdidas que aún arrastra.

    Después, salvada la situación de riesgo con dinero público y bajo el control del Banco de España, llegó la tranquilidad a los impositores, depositarios, trabajadores y ciudadanos en general. Que la Caja tenga futuro, veremos cual, que todos debamos actuar con absoluta responsabilidad para no perjudicar a la entidad y a sus casi tres mil trabajadores, no puede impedir que sigamos reclamando verdad, transparencia y responsabilidades por una gestión que ha llevado a la Caja al borde del abismo. No nos vale que el Gobierno regional actúe como si este gravísimo asunto no fuera con él y ejercite un grado absoluto de amnesia y desconocimiento ante los ciudadanos. Nadie se puede creer que un destacado político dirija la entidad a “cuenta y por mandato”de los dirigentes de su partido y de su gobierno y luego actúe por libre, no ha sido así. Tampoco es de recibo que los miembros del Consejo de Administración nombrados por el PP aprobarán la gestión y ahora clamen contra ella. Tenemos derecho a conocer esa gestión y exigir responsabilidades para que no se vuelvan a cometer los errores del pasado; las cajas deberían servir a los intereses generales de la región y no a otros, deben generar riqueza de manera socializada y no particular.

    Como un brazo ejecutor de un Gobierno con más de dos décadas de poder absoluto, la inversión desmedida de la CCM en el ladrillo, el amiguismo y la ambición descontrolada por hacer fortuna fácil y rápida es lo que ha acabado por llevarla a la situación actual. No se puede entender lo sucedido con la CCM sin enmarcarlo en el contexto político general de Castilla-La Mancha y en el contexto concreto de la política llevada a cabo en urbanismo durante la última década. El complicado momento de CCM es el resultado de una apuesta desde el Gobierno regional por un modelo económico especulativo basado en la burbuja inmobiliario y demasiado dependiente del ladrillo.

    Será muy interesante conocer cual va a ser el resultado final del expediente abierto por el Banco de España a los administradores de la Caja de Castilla-La Mancha.

Daniel Martínez Sáez

Coordinador Regional de IU de Castilla-La Mancha

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Andaba yo entretenido seleccionando las lecturas que pensaba “consumir” este verano, dudando si sería conveniente profundizar en algún clásico (como Gracián, o Aldous Huxley) o debía decantarme por algún “novísimo” al estilo Onfray o Fernández Durán, cuando cayó en mis manos el singular “Avance del Plan de Ordenación Municipal de Guadalajara”. Debo confesar que lo que empezó siendo una “obligación” propia del cargo que represento, mudó en profunda pasión y deseo de conocer, con la mayor profusión de datos técnicos que me fuera posible, tanto lo que opinan de Guadalajara los redactores del Plan, como lo que nuestro Ayuntamiento piensa resolver a partir del estudio realizado.

    Y es que el “Avance....”  parte de  una realidad que no puede dejar a nadie indiferente. Los redactores afirman, y constatan con datos copiosos a lo largo del texto, que Guadalajara  debe superar sus “deficiencias históricas”. ¿Quién nos lo iba a decir a nosotros: “deficiencias históricas”? ¿Cuáles serán?”... Pues no terminan de decirlo claro, pero yo creo, después de pensarlo mucho,  que la mayor “deficiencia” debe tener  que ver con el ancestral “pasotismo” de la ciudadanía por todo lo que tenga que ver con la “res pública”. No encuentro otro modo para  explicar cómo, conociendo los problemas que la ciudad tiene desde antiguo, la ciudadanía permite que se perpetren tantos atentados al patrimonio (natural, arquitectónico, cultural) como los cometidos en esta ciudad (y sin necesidad de retrotraernos a tiempos predemocráticos) desde la implantación de la Democracia en España. Veamos algunos ejemplos.

    Por el término de Guadalajara discurren 4 cañadas (75,22 metros de anchura cada una de ellas) de las cuales tres son “Reales”, 1 cordel (37,71 metros), 25 veredas (20,89 metros), 19 coladas (20,89 metros) y 14 descansaderos y abrevaderos. No me ha sido posible (aún) discernir el número total de hectáreas que la suma de esos terrenos comporta, pero sin duda serán muchos cientos. Cientos de hectáreas de terreno público que se han visto mancillados, ocupados, y “vendidos” por especuladores de todo tipo entre los que debemos incluir a las Administraciones Públicas. Y esto es así, porque a pesar del valor histórico y ecológico de estas vías (y su zona de afección  establecida en 5 metros a cada lado), determinadas infraestructuras y ciertos desarrollos urbanísticos han invadido estos espacios, hurtando a los vecinos la posibilidad de conocerlos, pasearlos y, si ello fuera posible, disfrutarlos.

    Lo mismo ocurre con el transporte. El “Avance...” dice que habrá que localizar “aparcamientos disuasorios en las principales entradas a la ciudad, donde pueda dejarse el vehículo privado y disponer una parada del transporte urbano en ellas...”, pero el Ayuntamiento se empecina en agujerear el Casco Histórico y arramblar con cualquier resto arqueológico que se encuentren en el camino para hacer aparcamientos y llenar el centro de la ciudad con coches particulares.

    ¿Y qué decir del agua? Guadalajara no tiene aún ninguna red que distribuya agua no potable por la ciudad, “para atender la demanda de riego de parques y jardines y limpieza viaria”. Esta situación que podemos ver día si, día también, cuando paseamos por los parques de la ciudad y observamos los aspersores que riegan los céspedes inmaculados que cubren una parte de los mismos, además de machacarnos el sentido común, es un torpedo a la línea de flotación de las proclamas de sostenibilidad que se realizan desde el propio Ayuntamiento. Y es que a las “políticas de sostenibilidad” les ocurre como al movimiento, que se demuestran andando. ¿No han tenido tiempo aún de leerse las “recomendaciones” que salieron de la Agenda Local 21?

    Llegados a este punto me surgió una duda de las que podrían ser calificadas de “razonable”: ¿Será la nueva empresa que ha conseguido hacerse con el Servicio de Gestión del Agua quien acometa las reformas necesarias en la red para poder contar (más pronto que tarde) con una suficiente infraestructura capaz de poder usar el agua residual (por ejemplo la que se “desperdicia” y vierte al Henares tras su paso por la Estación Depuradora de la Rambla en el SPP-13 de Guadalajara? Mi radical incredulidad me lleva a no creerlo, pero estaría encantado de poder ver la luz y “convertirme”, si en un tiempo no lejano viese baldear las calles de la ciudad con el agua que saliese de la EDAR.

    Así pues, desde Izquierda Unida recomendamos la lectura del “Avance...” y animamos a  quienes lo hagan para que nuestros gobernantes locales tengan sus despachos llenos de opiniones y sugerencias sobre la ciudad que queremos. ¡¡¡Ciudadanos: nunca es tarde, aprovechemos la ocasión!!!

José Antonio López-Palacios Villaverde
Secretario de Organización de Izquierda Unida

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Los empresarios que forman esa peculiar ONG que se llama CEOE se han ido de vacaciones: ¡¡Todos al monte!!, a ser felices y a comer perdices. Estuvieron reunidos con el Gobierno y los sindicatos dándole vueltas a dos ideas que, aunque nos puedan parecer mentira a los incautos espectadores de las atribuladas reuniones mantenidas, traslucen un trasfondo político de muy hondo calado. Y además tienen, a la pobre perdiz, no sólo mareada, sino enganchada a un montón de fármacos contra la depresión y la ansiedad.

    La perdiz en este caso es el denominado “despido libre”, que por otro lado no figura como tal en ningún texto legal, pero que forma parte sin duda del ideario oculto de todos los actores que han participado en las “negociaciones” ahora suspendidas.

    Con el ánimo de aclarar un poco las cosas (que ya me gustaría) traté de saber las diferentes “modalidades” de despido que existen en España, y me encontré con un galimatías para iniciados que, a la postre, me dejó la hipótesis de la que partía mucho más confusa que cuando no sabía nada.

    En España se puede despedir a un trabajador por tantas cosas que lo que parecen querer los empresarios no es que el despido sea “libre”, que ya lo es, sino que sea “gratis”. Vamos  que no les cueste ni un solo euro y sea rápido y sin tanta “burocracia”.

    Hoy, las modalidades para despedir a los trabajadores completan un escenario en el que cabe casi todo: causas de fuerza mayor, despido colectivo, despido disciplinario, despido por causas objetivas, dimisión del trabajador, incumplimientos contractuales del empresario, el mutuo acuerdo, las causas establecidas en el contrato, la terminación de la duración pactada o la realización de la obra o servicio objeto del contrato, la muerte o gran invalidez, incapacidad permanente o absoluta del trabajador..... o del empresario. En todos estos casos, el empresario tiene la “libertad” de despedir a quien se le antoje, incluso caprichosamente si así lo desea de veras, pero en determinados supuestos no le saldrá “gratis”, y pudiera ser que  además le  saliera “caro”. Incluso “muy” caro. Y ese es, a mi juicio, el  “quiz” de la cuestión. Lo que los empresarios quieren, en este asunto, es poder despedir “gratis”, y por los motivos que sea, a quien se les antoje en cualquier momento.

    No tengo ninguna duda sobre la obligación que tienen los empresarios de ganar dinero, (incluso “mucho” dinero) aunque quizás deberíamos empezar a pensar en fijar un “salario máximo interempresarial” que se opusiera al “salario mínimo interprofesional”. Pero ello no puede ser (o no debería poder ser) a costa de reducir costes laborales. Y si es cierto que sin empresarios un país no puede avanzar en estos tiempos que corren, o avanzará más lentamente, no es menos cierto que sin trabajadores tampoco.

    Dicen que los comedores sociales de ciertas ONGs están desbordados en estos tiempos de crisis, y debe ser verdad pues ni siquiera el Gobierno lo niega. Pero por otro lado no es menos cierto que la flota de aviones privados que poseen los “mandamases” de las grandes empresas españolas no se ha visto reducida con la crisis. Y no es menos  cierto que hoy, que se siguen cerrando empresas, incluso aunque den beneficios, como AVICU, estos empresarios no hacen cola en las filas de parados que buscan un plato caliente que les permita seguir haciendo cola en las oficinas del INEM.

    Así pues, deberíamos ser capaces de llamar a las cosas por su nombre. Porque cuando los empresarios dicen que ellos no quieren que el despido sea “libre”, tienen razón. ¡¡Ya es libre!!. Lo que quieren es que sea gratis o, en el peor de los casos, que lo pague el Estado. Ese es el debate ideológico que ahora está enmascarado. El Gobierno tiene la obligación de desenmascararlo, porque el desenmascarador que lo desenmascare, buen desenmascarador será.

José Antonio López-Palacios Villaverde
Secretario de Organización de Izquierda Unida

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Pudiera parecer que la situación actual de Guadalajara, en lo que tiene que ver con la extinción de hipotéticos incendios forestales que puedan producirse en la provincia, ha mejorado en los tres últimos años, como consecuencia directa de la catástrofe ocurrida a partir de una barbacoa al pie de la Cueva de los Casares en Riba de Saelices.

    Sin embargo, y según denuncian la mayor parte de los sindicatos con representación en el sector forestal, la realidad parece contradecir los anuncios propagandísticos que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha realiza puntualmente.

    ¿Cómo se entienden, si no es así, las denuncias que el Comité de empresa de GEACAM (empresa pública de Gestión Ambiental de CLM) realiza un día si y otro también, a propósito de la situación laboral de los que tienen encomendada la tarea de sofocar las llamas en los montes, cuando éstas se produzcan?.

    Los sindicatos denuncian bloqueo en la mesa de negociación, incumplimiento de acuerdos pactados, la creación de mini-retenes para reducir personal (y costes), peligro por falta de personal a la hora de atacar el fuego, supresión encubierta de medios terrestres, jornada laboral de 10 horas continuadas, condiciones precarias en las bases que utilizan los retenes...... y así.

    Situación especial es la que afecta a los vigilantes “móviles” de los cuatro puestos estratégicos existentes en la provincia (Ocentejo, Buenafuente del Sistal, Tejera Negra y Sonsaz). Estos trabajadores realizan una función extraordinaria vigilando parajes y  barrancos que no pueden ser observados por los vigilantes de las torretas porque se encuentran  situados en zonas de muy difícil localización y permanecen inaccesibles a la mayor parte  de la población que transita por aquellos parajes. Pues resulta que la plantilla debería  estar compuesta por 8 trabajadores (dos por puesto), pero sólo hay 6 (falta 1 en Ocentejo y otro en Tejera Negra), y no parece que la Administración esté dispuesta a “cubrir” estas plazas, seguramente porque “estamos en crisis” y los famosos “brotes verdes” sólo han salido en los automóviles, en los Bancos, en los “Ronaldos” y en los ladrillos.

    Así las cosas, como algún vigilante móvil tenga la desgracia de pillar la gripe A, acudir a manifestarse para reivindicar sus derechos, o simplemente  romperse una pierna en el monte, en un simple y puro acto de servicio, pudiera ocurrir que aquellos lugares emblemáticos del paisaje natural de Guadalajara, catalogados todos ellos con alguna figura de protección por las administraciones regional, nacional y europea, se quedaran sin vigilancia hasta que el trabajador se repusiera de su “dolencia”. Nada parece indicar que la Administración tenga la intención de cubrir la baja y reforzar el servicio...... hasta que otra desgracia suceda y vuelva la  ceniza, la desolación y la muerte a las tierras de Guadalajara.

    Izquierda Unida sigue reclamando más medios. Más medios materiales (¿alguien entiende que estos trabajadores tengan que “machacar” sus vehículos particulares recorriendo las pistas forestales mientras vigilan el monte?) y más medios humanos (¿alguien podrá entender que al Parque Natural de la Tejera Negra se le estén escamoteando trabajadores?

Izquierda Unida exige más medios.   Más medios para las tareas de prevención y más medios para las tareas de extinción. Mejores condiciones laborales para los trabajadores encargados de sofocar las llamas y un convenio justo que reconozca la inestimable labor que realizan los trabajadores forestales. Y es que ahora que no llueve, es cuando debemos redoblar esfuerzos para no tener que acordarnos de Santa Bárbara (¡¡la pobre!!) cuando truene.

José Antonio López-Palacios Villaverde

Responsable de Medio Ambiente de Izquierda Unida

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Con el proceso de adjudicación del contrato para la gestión integral del agua (la privatización del servicio) ha quedado en evidencia una situación conocida por todos, que nadie ha querido o ha sabido afrontar hasta ahora y que estalla antes nuestras narices de una forma abrumadora: las incompatibilidades de los servicios técnicos en particular y del personal municipal en general.

        No culpabilizo al actual Equipo de Gobierno ni al Alcalde de la situación en que se encuentran los mismos, porque no es sólo su responsabilidad, pero si no toman las medidas adecuadas para resolverlo, sí que serán responsables de lo que ocurra a partir de ahora y de las graves consecuencias que tendría para la ciudad.

        La situación de funcionarios municipales que compatibilizan una actividad privada,  que está en relación directa con su actividad como tales, ha propiciado la recusación de los dos técnicos municipales que firmaron el informe de valoración de las ofertas técnicas de las diferentes empresas. Solo la aceptación de una de ellas aconsejaría, independientemente de la valoración que nos merezca la actitud de la empresa recusante, y por pura cautela, anular la adjudicación y es determinante para deducir que no se puede esperar ni un minuto más.

        La cuestión es la siguiente: si el Ayuntamiento paga a unos funcionarios que son los que tienen que informar sobre obras, proyectos y otras cuestiones que afectan a empresas con las que tienen relaciones laborales o profesionales en su tiempo libre y eso afecta formalmente a su imparcialidad y no pueden hacer su trabajo, ¿qué hacemos?, alguna medida habrá que tomar.

        Es obligación del gobierno actual y del Alcalde en particular tomar medidas para resolver la cuestión lo antes posible. Medidas tendentes a evaluar la situación (cuántos y quiénes son los funcionarios afectados), así como las consecuencias a corto medio y largo plazo y decidir sobre la forma de llevarlo a cabo. No es mucho pedir, pero el Gobierno Municipal, a tenor de lo manifestado por el Alcalde en el Pleno y a alguna medida que se ha tomado, como nombrar al técnico apartado de la valoración como miembro de la Mesa de Contratación, no parece dispuesto a hacerlo.

        En cualquier caso, los efectos de las medidas, si se tomaran, no necesariamente causarían efectos inmediatos, pero al menos sabríamos que se tiene interés en resolverlo por el bien de la ciudad y permitiría tomar las medidas transitorias que fuesen necesarias. No hacerlo supone que nos estemos preguntando permanentemente sobre qué intereses prevalecen en todo esto, que no olvidemos ha surgido en el proceso de adjudicación del contrato más importante del Ayuntamiento de Guadalajara en toda su historia.

        Preocupan también los argumentos del Alcalde, cuando pretende comparar la situación con otros funcionarios no pertenecientes a los servicios técnicos, que trabajan en otras empresas o tienen la suya propia, en un intento de desviar la atención de lo fundamental. Es verdad que formalmente pueden incurrir en incompatibilidad, pero no es lo mismo que un peón municipal tenga una empresa de reparaciones, por ejemplo, a que un técnico de alta cualificación tenga otra en la que hace trabajos relacionados con su actividad municipal, para empresas que podrían concurrir a concursos públicos en el Ayuntamiento, que tendrá que informar y en las que en la mayoría de los casos están en juego intereses muy sustanciosos, desde todos los puntos de vista. Habrá que abordar todas las incompatibilidades pero habrá que empezar por las más importantes y las que más perjuicios pueden causar al Ayuntamiento.

        Esta situación no admite más demora. No querer afrontarla puede deparar importantes y nefastas consecuencias en el futuro (ya lo está haciendo), tenemos una ocasión de oro para resolverlas, pero quien tiene que tomar la iniciativa, el Alcalde Antonio Román, no lo hace. Él sabrá el porqué.

José Luis Maximiliano Romo

Concejal – portavoz de IU

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Casi cuatro años ya desde aquel desgraciado 16 de julio de 2005. Ese día, y en un acto de servicio que no les pagaremos nunca, murieron 11 trabajadores del retén contra incendios asentado en Cogolludo. Los trabajadores intentaban sofocar unas malditas llamas que se habían desbocado por el Desfiladero de Los Milagros, a partir de la barbacoa que la Junta de Comunidades había autorizado al pie de la Cueva de los Casares, en el municipio de Riba de Saelices. Las llamas se llevaron también más de 12.800 hectáreas de bosques y matorrales, y una buena parte de los recuerdos y la cultura de miles de vecinos y visitantes de los pueblos afectados.

    Es verdad que los pinares del Ducado de Medinaceli tenían un índice de igniscibilidad muy elevado. Es verdad que hacía mucho calor ese día (y los anteriores). Es verdad  que el viento sopló con más fuerza de lo "habitual" durante esa mañana. Es verdad que el monte estaba reseco y con mucha maleza acumulada. Todo eso, que es verdad, ni puede ni debe utilizarse ahora como argumento para "justificar" la muerte de 11 trabajadores. Porque, si eso era así de irremediable: ¿Cómo es posible que se mandase entrar a ese grupo de trabajadores a esa zona del incendio? ¿Se volvió loco todo el mundo en ese instante?

    Ayer, la Juez de Sigüenza emitió un Auto que pone fin (por fin) a la fase de instrucción. En ese Auto no hay cabida para muchas especulaciones, por más que el Consejero diga (y está en su derecho de decirlo) que se "castiga más a los que intentaron sofocar el incendio que a los que prendieron la barbacoa". Pero a mi juicio, los "castigados" en este asunto, si descontamos a los trabajadores muertos, son los familiares y amigos de las víctimas. Esos que, "sin comerlo ni beberlo" se encontraron de pronto con un familiar menos, con un amigo menos.

    No quisiera estar en el pellejo de ninguno de los imputados. Estoy convencido de la  "buena voluntad" de todos ellos y, por alguno que conozco, sé del suplicio que han pasado, ellos y sus familiares, en todo este tiempo. Pero la justicia se ha pronunciado y ha dejado claras las responsabilidades de unos y de otros. Y aunque la resolución no sea firme, lo manifestado en el Auto por la juez resulta de una gravedad apabullante.

    Esperemos que no se repitan sucesos como este en el  futuro. Para ello se requieren más  medios materiales y humanos en todo lo que tenga que ver con el manejo de nuestras masas forestales. Trabajos de silvicultura en el invierno, trabajos de control durante el verano. Izquierda Unida lo dijo en su momento: Debe mejorar la coordinación en la lucha contra los incendios forestales; hay que incrementar el número de agentes y formarles profesionalmente; hay que ampliar la flota de helicópteros y otros medios de pronto ataque; es necesario fijar protocolos fijos y específicos de actuación contra el fuego; es necesario agilizar los Fondos de Solidaridad para crear puestos de trabajo fijos en el medio rural; sería conveniente crear un Fondo de mantenimiento forestal para todos los municipios con masas forestales de interés. Y así.

    Sabemos que cuando un incendio cobra determinadas proporciones es muy difícil de apagar, pero sabemos también que el mejor incendio es el que no hay que apagar, el que  se apaga pronto, el que no se produce.  

   José Antonio López-Palacios Villaverde.

Responsable de Medio Ambiente de Izquierda Unida

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Los últimos 20 años del siglo XX resultaron fundamentales para conseguir que un nuevo fantasma, disfrazado de "progreso", recorriera Europa. La totalidad de los Gobiernos, la inmensa mayoría de los medios de comunicación, y una buena parte de los ciudadanos del continente (y del mundo mundial) se creyeron la falacia dominante del: "crecer es vivir mejor"  y asumieron como buena la ecuación: "crecimiento es igual a desarrollo".

    Pero en los años que llevamos del siglo XXI, a la par que hacía aguas la burbuja financiera (y el sistema capitalista que la alimentaba) iba creciendo una idea, sembrada en los años 70 por el movimiento ecologista radical y por una buena parte de la izquierda crítica, que anunciaba ya esta crisis y avanzaba propuestas de futuro para después del "caos".

    A nadie le caben dudas sobre cómo funciona el capitalismo. Su premisa básica es sencilla: se trata de aumentar el beneficio individual, de manera rápida y trasladando las "inversiones" a las áreas del planeta donde aquel se consiga en el plazo de tiempo más corto. Así de simple.

    El modelo dio frutos mientras la economía financiera (que como todo el mundo sabe se encuentra en las antípodas de la economía real) creaba dinero a espuertas, a través de la especulación con el propio dinero, haciendo bueno el refrán que la sabiduría popular acuñó acertadamente con  la frase: "dinero llama a dinero".

    Así, el  "dinero" se multiplicaba sin que en la práctica existiese el más mínimo intercambio de materia, trabajo y energía. Pero lo curioso era que mientras "el capital-dinero" aumentaba de manera desenfrenada, el "capital-natural" disminuía a pasos agigantados, haciendo insostenible, no sólo el sistema financiero internacional, sino todo el sistema capitalista clásico que lo sustentaba. Y eso sin hablar de los "daños colaterales" que afectaban, y siguen castigando sin piedad, las maltrechas "economías" de los trabajadores de medio mundo.

    Con este panorama, las políticas de lucha contra la crisis financiera internacional se están basando en apuntalar el sector bancario mundial y facilitar la "suficiente" liquidez a los mercados para que recuperen la malherida confianza en el sistema y presten dinero con el que seguir consumiendo hasta la hecatombe final.

    Los 50.000 millones de euros que el Gobierno español quiere gastarse en comprar activos a los bancos, más los 100.000 millones que ha puesto sobre la mesa para "avalar" a la banca, son la "receta" que nuestros gobernantes han ideado para hacerse cargo de las "pérdidas" de esas entidades financieras. Así pues, y para apuntalar un poquito más el negocio, más de lo mismo.

    Pero esta crisis es también una oportunidad para el cambio de modelo. Hay que elegir entre quienes pretenden seguir dejando que unos pocos especulen con nuestros ahorros, controlen los puestos de trabajo e inviertan en sectores improductivos, con el único fin de "crecer" ilimitadamente, y quienes pensamos que, el crecimiento contínuo e ilimitado, en un planeta limitado, no es que sea sólo insostenible, que lo es, es que resulta imposible de llevar a la práctica.

    Esquilmar el capital natural del planeta para "crecer" ilimitadamente y consumir hasta el fin, es caminar al suicidio por la senda del "sálvese quien pueda". Parece llegada la hora de empezar a pensar en decrecer, con el objetivo solidario de "tener menos para vivir mejor".

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Las ciudadanas y especialmente las jóvenes están de enhorabuena. Por fin, dentro de tres meses podrán recurrir sin cortapisas a la píldora del día después si otras medidas o los métodos anticonceptivos, entre los que evidentemente no se encuentra este tratamiento farmacológico, no han sido eficaces.

    En los últimos años el tema de los embarazos entre las jóvenes ha aumentado la preocupación de la sociedad sin que hasta ahora se hubiera producido una respuesta suficiente por parte de las administraciones.

    El martes 12 de mayo escuchábamos a la nueva Ministra de Sanidad anunciar que la píldora postcoital se venderá en farmacias, sin receta médica y abonando el importe íntegro de ésta. La medida es un alivio. Hasta ahora, las jóvenes castellano-manchegas, gracias a la negativa de los ejecutivos dirigidos por Bono y Barreda (con el apoyo del PP y de la Iglesia) tenían que sufrir la dificultad de obtenerla en una situación más que delicada, teniendo que ir a contrarreloj (no olvidemos que la medicación sólo es eficaz antes de trascurridas 72 horas desde el contacto sexual) a pedir cita a su médico de cabecera y, dependiendo de la orientación ética del profesional, obtener o no el medicamento. A esta incertidumbre se añadía otro inconveniente: si entre el contacto sexual y la visita al médico las consultas estaban saturadas o se cruzaba un fin de semana el problema ya no tenía solución, con lo que se incentivaba la posibilidad de que las mujeres recurriesen a una medida tan traumática y brutal como practicar el aborto como método anticonceptivo.

    Desde Jóvenes de Izquierda Unida creemos que la decisión de la Ministra de Sanidad, con ser positiva, no es suficiente. Tanto el Gobierno de la nación como los ejecutivos regionales que tienen las competencias en materia de salud deben dar un paso adelante en su compromiso con la ciudadanía en general y con los jóvenes en particular, para que quienes tengan relaciones sexuales lo hagan con plenas garantías y con plena información. Y, además, apelamos a la responsabilidad individual para que las relaciones sexuales no se banalicen y sean seguras, porque mil campañas informativas no son suficientes si caen en un fondo de incomprensión y de falta de rigor por parte de quienes las reciben o por aquellos que moralmente están obligados a difundirlas.

      Por eso y siendo conscientes de que algunas personas hacen un uso inadecuado de la píldora postcoital al considerarla un anticonceptivo sin serlo, exigimos a quienes competa lo siguiente:

    Que se aumenten los recursos personales, materiales y económicos del programa Salud Joven, completándolo con otros proyectos que amplíen la educación sexual en centros de enseñanza. Además, que se cree una red de centros de Planificación Familiar y de Centros Jóvenes de Salud que atiendan los trastornos de la salud propios de los jóvenes. En definitiva, se trata de hacer de la prevención, la responsabilidad, la formación y la libre orientación sexual algo prioritario en la educación de los jóvenes.

    Desde luego, el nivel económico de cada uno no puede ser una diferencia a la hora de tener la suficiente seguridad sexual para evitar embarazos no deseados y el contagio de infecciones de transmisión sexual, para lo que es indispensable el uso de anticonceptivos. Por ello, proponemos que éstos se consideren artículos de primera necesidad y por lo tanto se reduzca o se elimine el IVA de su precio. Además, pensamos que los anticonceptivos deben ser subvencionados para jóvenes hasta tener precios simbólicos y que se puedan conseguir cómodamente en máquinas dispensadoras en lugares públicos frecuentados por jóvenes.

    Pese al avance que supone el anuncio del Ministerio de Sanidad, se hace del todo necesario que una vez se haya creado con celeridad la mencionada red de centros de Planificación Familiar y Centros Jóvenes de Salud, éstos suministren de forma gratuita, sin tabúes, confidencialmente y con los controles sanitarios adecuados “la píldora del día después”.

    Dicho todo esto, ahora nos tocará escuchar las barbaridades de los que se oponen a esta decisión y que afirman sin rubor que el preservativo es un agravante en el contagio del SIDA. Desde luego, ante el Gobierno se presenta una nueva oportunidad para demostrar su compromiso por la separación entre la Iglesia y el Estado.

Edgar Fernández San José

Coordinador de Jóvenes de Izquierda Unida de Azuqueca de Henares

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    La Constitución Española (artículo 27.1) asegura que todos los españoles tenemos derecho a la educación y, además, (artíulo 27.4) que la enseñanza básica será obligatoria y gratuita.

    ¿Qué pasa pues en (y con) el Colegio privado "Luz de Yebes", situado en ese lugar tan bonito de Castilla-La Mancha que llamamos Valdeluz? Veamos. Cuando se empezó a construir esa "maravillosa" ciudad de Valdeluz, al socaire del TAV y a ocho minutos de Madrid, ¡¡eso decían!!, e independientemente de lo que muchos de nosotros pensábamos (y dejamos por escrito) sobre tan pintoresca "ciudad", dos asuntos surgieron con fuerza en el  inconsciente colectivo de los ciudadanos de Guadalajara. El primero tenía que ver con un campo de golf y con el agua necesaria para regarlo, que decían iba a ser agua "reciclada". El segundo, que no era nada baladí, venía a colación por el tema educativo.

    De lo del "agua reciclada" para regar el campo de golf de Valdeluz mejor no hablar. Ya insistiremos sobre ello en otra ocasión. Vayamos pues al tema educativo que tan "de moda" parece estar últimamente en la prensa provincial a raíz de las supuestas declaraciones del Alcalde del municipio instando a los padres a cometer un fraude de ley e incitándoles (supuestamente) a que se empadronasen en Yebes, aunque fuera de mentira.

    Si uno se tomara la molestia de comprobar la propaganda que emitieron los gestores de ese Colegio privado cuando iniciaron sus andanzas por la zona, verá de inmediato cómo lo que "vendían" los dueños del Colegio, en la copiosa publicidad que hacían de él, eran fundamentalmente dos cosas: en primer lugar (porque el Colegio era privado), exclusividad, y en segundo lugar (y derivado de lo anterior) "calidad" educativa. "La educación de calidad llega a Guadalajara" decían tan ufanos, sin importarles para nada los esfuerzos cotidianos de miles de profesores (en colegios públicos y concertados) que un día sí, y otro también, están desempeñando su trabajo (a veces con pocos recursos materiales y muchos alumnos en las aulas) con la mayor dedicación posible dentro y fuera del aula, para conseguir que la educación sea de "calidad". ¿Hasta que llegaron ellos no había calidad de enseñanza en Guadalajara? Que no nos tomen el pelo.

    Pasado el tiempo, y como prueba palpable del fiasco en el que se ha convertido esa "ciudad", aquel Colegio privado que iba a tener capacidad para 1.600 alumnos, trató de buscar amparo en el dinero público, a través de los conciertos educativos, cuando las expectativas de "exclusividad" saltaron por los aires tras el "pinchazo" de la burbuja inmobiliaria que arrastró a las promotoras que vendían casas en Valdeluz. Y es ahí  donde estamos ahora.

    Las pocas familias que residen habitualmente en Valdeluz ni son suficientes para "alimentar" las expectativas educativas (y de negocio) de un Colegio privado, ni lo son para garantizar los ingresos mínimos de sus cooperativistas. Con este panorama, a la Delegación Provincial de Educación de la Junta de Comunidades se le plantea un problema doble. Si hay alumnos suficientes para construir un Colegio público (o un IES), debería hacerlo; como sucede en cualquier otro pueblo de nuestra provincia. Pero la "Ciudad Valdeluz" no es un "pueblo" por lo que, en puridad, no tiene ninguna obligación de hacerlo. Pero por otro lado, los niños que viven ahí tienen derecho a estar escolarizados en el municipio donde residen y es por eso que la Delegada de Educación comunicó a todos los afectados su intención de buscar salidas, en próximos cursos, para los alumnos de la ESO.

    Pero el tiempo pasa y por lo que parece las gestiones no avanzan. A mi juicio el "problema" es de "concepto". Que un grupo de personas arriesguen su dinero (con la intención de ganar más de lo invertido en un plazo razonable) es digno de admiración y merece un cierto respeto. En cualquier caso, ¡¡allá ellos!! Pero en esta ocasión  no es esto lo que sucede. Porque lo cierto y verdad es que la "idea" original de construir un Colegio privado en Valdeluz se le ocurre a un señor, Alfonso Ferrón del Río, que tiene una empresa, Alfedel, y que piensa que será un buen negocio levantar un Colegio privado en una "ciudad" que llegará a los 30.000 habitantes un unos pocos años. Así pues no estamos hablando de "educación" sino de "negocio". Y esa es la parte preocupante del asunto, confundir educación con negocio. Porque si el "negocio" va bien, miel sobre hojuelas; pero si va mal, se intenta presionar a las Administraciones Públicas para que acudan en su auxilio y evitar así un posible "conflicto" social.

    Quizás el Sr. Ferrón debiera dar explicaciones a los cooperativistas y al AMPA del "Luz de Yebes" sobre los motivos por los que "su negocio" no ha marchado tan bien como se esperaba y quizás, amén de buscar nuevos socios (cooperativistas) para el Colegio "Luz de Yebes", debiera aportar soluciones que no pasaran por inyectar dinero público en un negocio que, como se puede leer en su web, está "especializado en las distintas fases de la promoción inmobiliaria y la gestión de centros escolares, hasta haber convertido Alfedel en una de las empresas promotoras de espacios educativos de calidad más importantes del momento". ¡¡Menuda gestión!!

    Porque resulta que, a la postre, siempre que pasa lo mismo sucede igual. Cuando la empresa va bien, los beneficios se quedan en la empresa, pero cuando no hay beneficio, se socializan las pérdidas y se buscan argumentos utilizando el manido "bien común" para chantajear a los padres y a las Administraciones Públicas. ¿Estamos ante una estafa educativa en Valdeluz? El tiempo lo dirá.  

José Antonio López-Palacios Villaverde

Responsable de Organización de Izquierda Unida

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El día 26 de marzo del presente año, a instancias de Izquierda Unida, el Pleno de la Diputación Provincial de Guadalajara aprobaba, por unanimidad,   una propuesta por la que la Corporación provincial mostraba “su rechazo a cualquier tipo de prospecciones, investigaciones o explotaciones de mineral de uranio en la provincia de Guadalajara”.

    Con esta propuesta, los diputados de la Institución entendían que así se preservaría la salud de los habitantes de la zona afectada, y otros de zonas limítrofes al área de explotación. Igualmente, se valoraba que la explotación que pudiera producirse iba en contra de las potencialidades, tanto naturales como turísticas de la comarca, que se verían arruinadas en caso de que  se siguiera adelante con la intención de sacar el uranio a la luz.

    A partir de ese momento, los pronunciamientos de diferentes Instituciones, incluidos algunos Ayuntamientos de la zona de Calatayud, han seguido el rumbo marcado por la Diputación provincial y han mostrado su rechazo a la posible explotación de las reservas de uranio que existen en la comarca de Mazarete, incluyendo Aragoncillo.

    La posición de Izquierda Unida en lo concerniente a la energía nuclear es bien conocida desde siempre. Estamos en contra de las centrales nucleares y, por consiguiente, de la explotación del mineral que suministra el “combustible” para ellas. En esto, al menos nosotros, no tenemos contradicciones sospechosas. Porque veamos: ¿Se puede ser contrario a la explotación de la minería del uranio y ser favorable a la energía nuclear? O: ¿Puede uno estar en contra del ATC (Almacén Temporal Centralizado) y estar a favor de que se sigan produciendo residuos nucleares? Para nosotros, ni se puede ni se debe. El ciclo del uranio responde a una lógica unívoca: primero se extrae el mineral, después se reprocesa, luego se “enriquece”, más tarde se “quema” en centrales nucleares y, por último, se almacena durante miles de años intentando que no “perjudique” a nadie. Que no contamine a nadie.

    Pero, ¿quién lo puede garantizar? Ningún gobierno, de ningún país, ha sido capaz hasta ahora de impedir accidentes en el ciclo del uranio, ni los EEUU (recuerden el caos que  se produjo en Harrisburg  por el accidente en Three Miles Island) o la catástrofe de la central ucraniana de Chernobil, cuyos efectos perniciosos aún perduran en una buena parte de Europa.

    Los casos de fallos en centrales nucleares, instalaciones de todo tipo y transportes  de combustible gastado se cuentan por decenas, así que: “quien evite la ocasión evitará el peligro”. Oponiéndonos a que se extraiga el mineral de uranio nos garantizamos que no se incrementarán las toneladas de residuos radiactivos. Esa es la lógica con la que trabaja Izquierda Unida y que  quisiéramos trasladar al conjunto de la ciudadanía

    Para Izquierda Unida, oponerse a la extracción del mineral de uranio es oponerse a la utilización de la energía nuclear y oponerse a que se sigan produciendo residuos radiactivos que, más pronto que tarde, deberemos almacenar. ¿O es que no queremos residuos en Guadalajara y sí los queremos en Albacete, Toledo o Cuenca?

    Las declaraciones interesadas, de personas y partidos, que pretenden estar en  los dos lados de la trinchera nuclear no son admisibles, porque no cabe tibieza en este asunto.

    Los ciudadanos de Guadalajara deben conocer con claridad las posiciones, favorables o contrarias, al ciclo nuclear. Izquierda Unida es una fuerza antinuclear. ¿Qué es el PP? ¿Qué piensa  el PSOE? Que lo digan ellos.

José Antonio López-Palacios Villaverde

Responsable de Medio Ambiente de Izquierda Unida

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  Para la mayor parte de los ciudadanos de este planeta, Ray R. Irani será seguro un perfecto desconocido. Pero para Lawrence Ellison, con el que muchos de nosotros tampoco hemos cenado nunca, se trata sin duda de un  personaje de leyenda al que hay que  abatir. Verán por que lo digo. Resulta que Ellison cobró, en el año 2008, la nada desdeñable suma de 48.402.977 dólares, algo a todas luces extraordinario en estos tiempos de crisis que nos abruman y que debería  servir de “orgullo” al citado caballero, pero resulta que Irani, en el mismo ejercicio, cobró mucho más que el bueno de Ellison. Vamos que a Irani le pagaron 60.167.849 dólares (y eso que le habían “rebajado” el sueldo un 22,49 % con respecto al año 2007), sin contar la suma por la ejecución de opciones sobre acciones concedidas en ejercicios anteriores, que si se sumaran, arrojarían unas ganancias de 223 millones de dólares en este año.

    Así pues, cuando hablamos de crisis mundial, debemos ser cautelosos. Al menos hay dos personas en el mundo que no se pasarán las horas en las interminables colas del paro que se pueden contemplar en la mayor parte de las capitales europeas. Bueno, realmente hay más de dos, porque si sumamos los sueldos de los 45 mayores ejecutivos de los que trabajan en Wall Street, la cifra resulta espectacular: nada más y nada menos que  ochocientos treinta y seis millones doscientos sesenta y tres mil novecientos cuarenta y siete dólares.

    Para entender en su justa medida estas cifras, quizás sería bueno “compararlas” con el Producto Interior Bruto (PIB) de algunos países que manejan cifras inferiores. Por ejemplo, Guinea Bissau manejó, en ese mismo año, 368 millones de dólares, Seychelles 768 millones, Gambia 802 millones, Liberia 810, y así otros cuantos países de los que llamamos “pobres”.

    ¿Es posible acabar con la pobreza extrema de algunos países y al mismo tiempo pagar esos sueldos a ciertos ejecutivos? A mi juicio no.

    ¿Y qué pasa en España? Pues en España pasa más de lo mismo. Los ultra ricos, o sea, los españoles que atesoran entre 1 y 10 millones de euros son 107.465 ciudadanos. Otros 154.132 tienen un patrimonio de entre 500.000 y 1 millón de euros (vamos que juntos suman 443.362 millones de euros). O por decirlo de otra manera: los 265.549 ricos que viven en nuestro país, poseen más riqueza (en euros) que Dinamarca, con un PIB (en dólares) de 311.905 millones; Grecia, con un PIB de 314.615 millones; Austria 373.943 millones; Noruega 391.498 millones e incluso Suiza, que “a pesar” de situarse en el puesto 21 (de 180 países) del ranking mundial, su PIB “sólo” alcanza los 423.938 millones de  dólares.

    Así pues, y teniendo en cuenta que el número de ricos aumentó en España un 24 % durante el 2006, se puede concluir que la riqueza de unos cuantos, al menos en España, no es sinónimo ni de mayor bienestar para la mayoría, ni de pleno empleo en España ni en Europa. Y ahora, que tanto la CEOE como el Partido Popular, claman a favor del despido libre (o casi) y de la rebaja de impuestos para las grandes fortunas y los grandes  empresarios, resulta chocante la tibieza del Gobierno a la hora de tomar medidas contra la crisis. Chocante y contradictorio, porque si alguno piensa que dándoles más dinero a “los ricos” van a solucionar esta crisis sin precedentes en la democracia española, quizás deberían explicar las razones por las que, a pesar del incremento de grandes fortunas en España, el paro, la precariedad laboral  y la angustia de más de un millón de familias cuyos miembros no tienen ninguna prestación, sigue aumentando. 

    No vale pues con decir sólo que estamos en crisis y echar balones fuera como si se tratase de una maldición divina de la que nadie tiene la culpa. Esta crisis tiene nombres y apellidos. Personas y gobiernos que no hicieron nada, salvo enriquecerse, en las épocas de bonanza económica porque pensaban que el “sistema” les iba a amparar siempre. Y, por lo que estamos viendo hasta hoy, parecen tener razón.

    Desde Izquierda Unida pensamos que lo que está en crisis es el propio sistema; el sistema capitalista. Un sistema que se basa en la explotación de las mayorías (personas y países) por las minorías de esos mismos países a los que esquilman y empobrecen.

    Quizás ha llegado la hora de cambiar el sistema y al menos, como sucede con el salario mínimo interprofesional, empezar a pensar en fijar un “salario máximo interejecutivos” que por lo menos maquille las desigualdades existentes en la actualidad. Con el mismo sistema será imposible. Preparémonos para el cambio.

José Antonio López-Palacios Villaverde

Responsable de Organización de Izquierda Unida

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Incomprensible, indignante, increíble. Se acaban los  calificativos para definir la sensación que me invade cundo esta mañana me he desayunado leyendo en la prensa que otra menor había puesto fin a su vida, que había decidido terminar con una existencia de desamparo a pesar de estar en un recurso que en teoría debía garantizar su protección.

    Me pregunto cómo sería su vida para saltar de una furgoneta en marcha y terminar con todo. Llevo algunos años trabajando como educador con menores y creo que un menor no decide terminar con su vida así como así.

    No quiero usar este tema para hacer política pero sí quiero reflexionar sobre unos cuantos interrogantes que me asaltan en este momento. ¿Ahora qué? ¿Quién asume la responsabilidad? ¿Para qué ha servido el informe del Defensor del Pueblo donde se denuncian las malas prácticas de los centros de O´Belen como Casa Joven, centro en el que residía de manera interna la joven fallecida? ¿Para cuándo las instituciones públicas se quitarán la venda que les ciega y se decidirán a cerrar los centros de menores que esta fundación gestiona? ¿Cuántos jóvenes deben suicidarse en Casa Joven o en el Picón del Jarama para que se investigue el funcionamiento de estas instituciones? ¿Quién tiene la culpa?

    Desde luego, los responsables no pueden ser los educadores que trabajan en turnos maratonianos por salarios ínfimos que están muy lejos de compensar las responsabilidades que deben  asumir. ¿Cuándo se va a analizar la inestabilidad de la plantilla laboral de estos centros?

    Desde mi punto de vista hay una responsabilidad manifiesta de las administraciones que asumen la tutela de menores sin conocerlos y que, sin tener en cuenta el informe del defensor del pueblo, mandan chavales a centros de protección o reforma que están bajo sospecha de graves irregularidades.

    También es culpable de esta situación la sociedad en la que vivimos, la sociedad de las prisas, de los niños llave y del tome mi hijo y edúquelo que yo no tengo tiempo. Esta sociedad que ya no cree en la educación y que la ha devaluado hasta el límite.

    Otro culpable de esta situación es la política social del beso y de la foto que se olvida de lo realmente importante que es desarrollar acciones claras de carácter social. Existe una falta de criterio a la hora de conveniar los centros de menores y de financiar proyectos, dándose el caso de centros que funcionan con remanentes porque las partidas destinadas no acaban de llegar nunca.

    Es doloroso estar cerca de los chavales y pensar que para mucha gente no valen nada y que los recursos que deberían protegerles se convierten en infiernos.

    Pido como medida cautelar que los usuarios y los educadores de los centros de menores gestionados por la fundación O´Belen sean reubicados en otros centros.

    Espero que se haga justicia, que las muertes de jóvenes en centros de menores no se repitan y que los responsables sean cesados de manera inmediata.

Valentín Garrido Martín

Responsable de Movimientos Sociales de IU de Azuqueca de Henares 

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   El trasvase aprobado el martes pasado por la Comisión de Explotación del Tajo-Segura pone de manifiesto, de nuevo, por donde van las prioridades del Gobierno de España y de los dos partidos mayoritarios, el PP y el PSOE: todo el agua de Entrepeñas y Buendía es trasvasable hasta que las reservas lleguen a los 240 Hm3, que es lo que dicen las normas de explotación y que nadie dude que se aplicará en todos sus términos hasta que se llegue a esa cantidad, más allá de que sea la Comisión o el Consejo de Ministros (como así será a partir de ahora) quien tenga que aprobarlo.

    El espejismo ha durado poco. El aumento progresivo de la reserva, debido a las nevadas y a las lluvias del invierno y la primavera, había alimentado la esperanza de los ribereños que, una vez más, se ha convertido en frustración al ver como el mínimo aumento de los niveles en Entrepeñas-Buendía va indefectiblemente seguido de un nuevo envío de agua al Levante: 60 para regadío y 29,1 para abastecimiento, dicen. En este año hidrológico se ha aprobado ya la misma cantidad de trasvases de agua a Levante que en todo el año hidrológico anterior. En 2007/2008, 99,4 Hm3 para regadíos, en éste van ya 98 Hm3; en 2007/2008, 79,26 Hm3 para abastecimiento, en éste van ya 75,2 Hm3. La experiencia nos dice que al menos queda otro envío por aprobar y la lógica nos dice que ya no habría que enviar más porque si el año pasado fue suficiente con esa cantidad, para que enviar más. La lógica no funciona en lo referente a los trasvases, funciona más la lógica del ladrillo y sus consecuencias.

    Y lo de las Tablas, ¿qué?. En diciembre de 2005 se aprobó un trasvase de 20 Hm3 a las Tablas de Daimiel. Desde Izquierda Unida dijimos que era necesario hacerlo y lo apoyamos, pero decíamos que había que proceder al cierre de lo miles de pozos ilegales que secan los acuíferos 23 y 24 y que son la causa fundamental de la actual situación del Parque Nacional (¡Qué vergüenza tener así un Parque Nacional!). En junio de 2007 se hizo otro envío de 20 Hm3, que no apoyamos, debido precisamente a que no se había cerrado ningún pozo ilegal, sino al contrario. Hoy, los pozos ilegales siguen en la misma situación (Ecologistas en Acción los cifra en unos 60.000), se envían otros 20 Hm3 y hay una complacencia general al respecto, será que como es la “cuenca de Castilla-La Mancha”…, pues aquí paz y después gloria.

    Los perjudicados, de nuevo, los municipios ribereños de las provincias de Guadalajara y Cuenca que no le importan a nadie.

    La única solución posible, la modificación de unas normas de explotación con una propuesta sensata, como la que llevamos haciendo en Izquierda Unida desde hace años y que, finalmente, se acabará imponiendo si es que se quiere resolver de una vez por todas esta cuestión. Aumentar la reserva estratégica como mínimo al 20% de la capacidad, reducir a 300 Hm3 el máximo trasvasable (ahora está en 650 Hm3) y una disminución progresiva del trasvase (según se pongan en marcha las desaladoras previstas en el actual Plan Hidrológico) y llevarlo a cabo con la participación de todos los actores implicados, es nuestra propuesta. Las lamentaciones generales y las declaraciones grandilocuentes que se producen cada vez que se aprueba un trasvase no conducen a nada y sólo llevan a un enfrentamiento entre Comunidades que no sirven más que para enquistar una situación en la que los municipios ribereños llevan todas las de perder y para que los dos partidos mayoritarios compitan para ver, como decía Serrat, “quien la tiene más grande”.

José Luis Maximiliano Romo

Coordinador Provincial de IU de Guadalajara 

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La situación del empleo en nuestra provincia es desastrosa. Con casi 16.000 parados, Guadalajara ha incrementado cerca de un 85% su número en un año y eso que todavía no se han contabilizado algunas situaciones de hecho que podrían elevar todavía más la tasa de desempleo.

    Las empresas punteras en Guadalajara, que constituían una parte fundamental de su tejido productivo, están siendo desmanteladas por sus propietarios. Así se manifiesta la crisis económica del capitalismo en esta provincia, donde además del drama personal que supone para cada uno de esos 16.000 parados, está el drama social de la pérdida de empleos que serán de difícil recuperación en el futuro.

    Aquellos que provocaron esta crisis económica, la banca y el gran capital, están tratando ahora de salir indemnes de la misma, a costa de las capas más desfavorecidas de la población, fundamentalmente los trabajadores, que son los que van a sufrir sus peores consecuencias y quienes más se empobrecerán en términos absolutos y relativos.

    Entretanto, no se toman medidas políticas para detener esta sangría y paliar los efectos de la crisis en los trabajadores. Los gobiernos autonómico y central asisten a la crisis económica como si de un castigo divino se tratase, como si no hubiese más remedio que aceptar los cierres de empresas rentables y como si no hubiese posibilidad de rechazar los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), que pululan por doquier incluso en empresas con beneficios. La lista en Guadalajara es muy preocupante. A la desintegración de AVICU hay que sumar expedientes en TUDOR, NESTLÉ, IBEROFON, BORMIOLI (la antigua CRIVISA), así como despidos que afectan al 80% de la plantilla en HISPAFER y el cierre encubierto como “traslado” a Barcelona de HITECSA (perdón si me dejo alguna). Como no se han tomado las medidas adecuadas, la pérdida de empleo en estas empresas, alguna de las cuales se van a contabilizar pronto en las estadísticas oficiales, puede llegar a los mil empleos directos y esto sin contar lo que está ocurriendo en la pequeña y mediana empresa.

    Mientras los gobiernos parecen mantener la equidistancia, la patronal exige medidas para abaratar los despidos, para dotar de mayor flexibilidad todavía a un empleo ya precario e incluso algunos (la patronal del metal en Guadalajara) plantean no cumplir lo firmado, sin rubor y con toda la naturalidad y desvergüenza del mundo.

    La apuesta de la izquierda tiene que ser la contraria: fomentar el empleo de calidad, destinar recursos públicos a evitar su destrucción y facilitar la protección social a quienes lo pierdan. Eso es lo más urgente y hay que tomar medidas en esa línea. Pero hay que ir más allá. El modelo económico imperante (el capitalismo) no tiene entre sus prioridades garantizar el bienestar de la mayoría, sino mantener los privilegios de quienes controlan la riqueza y por ello la apuesta por un nuevo modelo económico es obligada. Un modelo de crecimiento sostenible desde el punto de vista económico, social y ambiental que priorice el bienestar de la mayoría de la población sobre cualquier otro valor.

    La situación en Guadalajara en materia de empleo es la más grave de toda la región y una de las peores de España. Desde la izquierda, deberíamos ir pensando en organizar una respuesta contundente frente a los cierres y expedientes continuados de empresas que constituyen una agresión al conjunto de la sociedad. Una respuesta unitaria y conjunta, que inicialmente podría ser una movilización ciudadana para exigir medidas que eviten el desmantelamiento del tejido productivo en Guadalajara y que debería tomarse de forma inmediata, la situación no admite demora. Después ya veríamos, todas las posibilidades están abiertas.

José Luis Maximiliano Romo. Coordinador Provincial de IU de Guadalajara

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El Concejal del Partido Popular, D. Lorenzo Robisco, casi siempre miente, y cuando no lo hace, casi nunca dice la verdad.

    Viene esto a colación por la carta que envía a D. Alberto Rojo, Delegado Provincial de Industria y Medio Ambiente de la JCCM en Guadalajara en la que, amparándose en una contestación que le hacemos desde el Área de Recursos Sostenibles de la Diputación Provincial, aporta sólo la parte de los datos que le conviene, tergiversa otros datos, realiza conjeturas un poco más adelante, tilda de "ilegal" una decisión de la que él mismo fue promotor y consentidor y pretende seguir con el "erre que erre" contra el Consorcio para intentar consolidar su intento de emborronar el trabajo que, a su pesar, estamos realizando casi todas las Administraciones (menos la que él representa por delegación del Alcalde de Guadalajara) para gestionar un servicio público que es vital, tanto desde el punto de vista social, como desde el medioambiental.

    Y parece mentira que siga con "su carrete" cuando, desde el propio Consorcio se le han dado todas las facilidades posibles (como no podía ser de otra manera) para que vise y revise cuantos "papeles" (8.000  fotocopias en las últimos semanas) quiera. Desde la Institución Provincial se le ha contestado a todo lo que ha pedido pero, empecinado en su desvarío, sólo quiere sembrar sombras de duda y sospecha sobre todo "quisqui" que se le cruce en el camino, incluida la empresa adjudicataria, abrazado como una lapa al "calumnia que algo queda" y a la máxima latina de "Una mentira que se repite mil veces se convierte en verdad", aunque sea mentira.

    Porque lo cierto y verdad  es que cuando suma lo hace mal, pero no es porque no sepa sumar (eso, como el valor en la "mili" se le supone), sino por mala fe y animadversión a las Instituciones que gestionamos el Consorcio de Residuos y la Planta de Transferencia de Torija.

    Nadie le ha dicho al Sr. Robisco que "el volumen útil ocupado por los RNPs (Residuos No Peligrosos) es del 55%” y sin embargo él lo afirma. ¿Con que fin? Con el de  "justificar" después que esos residuos provienen del sector industrial.

    El Sr. Robisco parece no saber que el volumen de RNPs, es muy elevado debido a su baja densidad (aprox. 0,25 Tn./m3 en 2008 y aproximadamente 0,40 Tn./m3 3n 2006 y 2007), mientras que en los rechazos de RSU se acercan a 1 tn./m3. Por lo tanto un menor peso en Tn. de RNPs genera un mayor volumen de ocupación.

    Por otro lado, y en lo que se refiere al volumen de RNPs, el detalle de la evolución año a año, indica que la mayor acumulación se produce en el año 2008, con un volumen de 118.487,80 m3. Este gran número de residuos es consecuencia del cierre del vertedero de Guadalajara, como muy bien sabe el Sr. Robisco (ver cuadro adjunto) que fue quien pidió al Consorcio "el favor" para que se admitieran transitoriamente estos residuos en la planta de  Torija. Esta petición se hizo  en la reunión que mantuvo él mismo con el Consorcio, la UTE, CESPA y en  presencia del anterior Delegado de la Junta y su Jefe de Servicio, el 5 de noviembre de 2007.

    Por otro lado, siendo  verdad que el Ayuntamiento de Guadalajara y la Mancomunidad Vega del Henares realizan recogidas municipales en los polígonos industriales, que son trasladados a la Planta de Torija, no es menos cierto que los RNPs de origen industrial que fueron aceptados transitoriamente (y de manera extraordinaria por petición expresa del Ayuntamiento de Guadalajara), en la Planta de Torija, dejaron de ser admitidos en la  Planta desde el pasado 15 de octubre de 2008, una vez que el Diputado Delegado del Área de Recursos Sostenibles, D. Jesús Recuero, dio por concluído el período transitorio de admisión.

    Por lo tanto, en ningún caso se puede sacar como consecuencia, sino todo lo contrario, lo que como conjetura incluye el Sr. Robisco en el último párrafo de su exposición, cuando quiere "entender" que "se está realizando un vertido de RNPs de origen industrial (que no son asimilables a urbanos,  no se olvide) en el vertedero de RSU de Torija". Es pues absolutamente falso que en la actualidad se estén gestionando residuos industriales en la Planta de Torija.

    Así pues, y como el Sr. Robisco ha tenido acceso a todas las Actas, tanto las de la Comisión de Gobierno, como las de las Asambleas celebradas, cabe suponer que o no se las ha leído con atención o miente. Y en cualquiera de los dos casos tergiversa los datos porque lo único que parece preocuparle es demostrar que en el pasado "las cosas" se hicieron mal, olvidándose del trabajo presente y olvidando sobre todo que este servicio, que mejora sin duda la calidad de vida de todos los habitantes de la provincia de Guadalajara, está lleno de futuro. Pero eso al Sr. Robisco no le interesa. 

[Ver datos]

José Antonio López-Palacios

Responsable de Medio Ambiente de Izquierda Unida de Guadalajara

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En el Pleno Municipal celebrado el pasado 30 de enero, los representantes de los ciudadanos de Guadalajara, por unanimidad, instaban a la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha a que equipare el precio de la vivienda protegida en nuestra ciudad, con el del resto de las capitales de la región.

        En octubre de 2007, se aprobó una moción similar con la abstención de los concejales del Partido Socialista, que no suelen apoyar las iniciativas críticas con el Gobierno Regional, aunque perjudiquen los intereses de los guadalajareños.

        En esta ocasión, la injusticia es tan evidente que estos concejales han apoyado la iniciativa de Izquierda Unida aunque contradiga la opinión del Gobierno Regional, que no debería volver a hacer oídos sordos a una petición tan justa. Un gobierno que en el año 2006 decidió penalizar especialmente a la ciudad de Guadalajara incrementando el precio de la vivienda protegida en nuestra ciudad hasta en un 44%, muy por encima de otras ciudades y pueblos de la región, que también sufrieron importantes incrementos. Los intereses de los promotores inmobiliarios pesaron más que los de los ciudadanos en la toma de esta decisión.

        Como en aquel momento la construcción de viviendas protegidas era prácticamente nula y los precios de la vivienda libre eran tan caros, dicho incremento no tuvo mucha repercusión social, a pesar de la campaña que Izquierda Unida inició a raíz de esa subida salvaje, que culminó con la entrega de varios miles de firmas exigiendo al Gobierno Regional la anulación de las medidas que provocaban el incremento brutal de los precios. El Gobierno regional ignoró esas peticiones y mantuvo los criterios y las modalidades de vivienda protegida que posibilitan unos precios abusivos.

        Ha sido ahora, con la promoción de 577 viviendas en Guadalajara cuando las medidas que entonces tomó el Gobierno Regional se han mostrado con toda su crudeza. Lo anterior, unido a la bajada que están experimentando los precios de la vivienda libre, ha hecho que los ciudadanos empiecen a preguntarse qué clase de viviendas protegidas tenemos, que en algunos casos pueden ser más caras que las viviendas libres y que además están frenando la bajada de precios en las viviendas libres, que sería lo que compensase, en términos sociales, los abusos anteriores.

        Ahora bien, las causas que han originado la situación actual hay que atajarlas para que el acceso a una vivienda protegida sea asequible a la mayoría de la población. La solución pasa por eliminar los municipios de precio máximo superior, que pueden incrementar el precio de la vivienda hasta en un 60%; también hay que suprimir las modalidades de precio tasado, que pueden llegar a costar hasta 300.000 euros y las viviendas de iniciativa público (VIPP), ambas modalidades dirigidas a rentas de más de 55.000 euros anuales (9,2 millones de las antiguas pesetas); y hay  que fijar los precios de las viviendas protegidas tomando como principal referencia la renta salarial media de los ciudadanos de Castilla-La Mancha, unos 18.000 euros brutos. En el mantenimiento de estas condiciones (salvo lo relativo a las VIPP), que no favorecen precisamente al ciudadano medio de esta región, están de acuerdo los dos partidos mayoritarios. Tomen nota.

Fdo: José Luis Maximiliano Romo

Concejal – Portavoz de Izquierda Unida

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Las calles de Cantalojas estan cubiertas de nieve, la cual se hiela y hace intransitables las calles del pueblo, haciendo que incluso circular con un turismo dentro del pueblo sea una odisea y un peligro. Además, aunque la carretera que comunica el pueblo con otros pueblos este limpia, a veces no se puede acceder a esta fácilmente si no es con todo terreno, ya que las calles del municipio estan intransitables.

    Llevamos desde finales de noviembre con el suelo cubierto contínuamente de hielo y han sido numerosas las caidas de vecinos. El acceso al Centro Médico ubicado en la Calle Mayor, el acceso a la panadería y tienda del municipio, el acceso a la Casa Tutelada, por donde transitan nuestros mayores, y el resto de las calles del pueblo se encuentran intrasitables.

    Me gustaria denunciar especialmente el peligro que supone para nuestras personas mayores el tener una caída y ,como no, el resto de vecinos que tampoco estan exentos de caerse. Al ser un municipio pequeño, la gente no suele denunciarlo, pero aproximadamente un 16 % de la población ha sufrido alguna caída .

    Ante esta situación, el Equipo de Gobierno de Cantalojas, encabezado por Angel Moreno, dice que no se puede echar sal en las calles porque se deterioran. Lo cual es indignante ya que a estos gobernantes les preocupa más la conservación del suelo que la integridad física de sus vecinos.Desde IU propusimos habilitar algún vehículo municipal con una cuchilla para quitar la nieve sin que se deteriorase el suelo. Propuesta que fue desestimada al igual que se desestiman todo tipo de propuestas que pretenden cambiar a mejor la vida del pueblo.

    El alcalde de Cantalojas no es un alcalde que se preocupe del bienestar de sus vecinos, es un alcalde que únicamente se preocupa de pasear por las calles de Guadalajara y pueblos de la provincia su condición de diputado. Ante esta situación, me pregunto qué puede hacer por la provincia alguien que ni siquiera se preocupa por su propio pueblo.

Jorge Molinero. Concejal de IU en el Ayuntamiento de Cantalojas.

Vecino de 94 años caminando por la Calle Mayor de Cantalojas

Coche todo terreno con cadenas para circular por la Calle Mayor de Cantalojas

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Las consecuencias de la crisis económico-financiera se están haciendo sentir en el conjunto de la sociedad española. La parte que nos toca a Guadalajara, la estamos padeciendo con 12.000 parados y con problemas y conflictos en diferentes empresas de la provincia. Todos ellos tienen su importancia y afectan gravemente, además de a las familias que son las más perjudicadas, al entorno social y territorial donde se desarrollan: a todos nosotros y nosotras.

Todos los problemas y conflictos existentes en la actualidad tienen una misma raíz que es el modelo imperante. La economía de libre mercado o capitalismo, se está demostrando incapaz de sostener el bienestar general, porque la propiedad privada de los medios productivos y el beneficio ocupan el punto máximo en la escala de valores, son la máxima prioridad, muy por encima de la cohesión y el bienestar social de la mayoría.

En Guadalajara, tenemos a día de hoy un conflicto muy grave y muy serio. Los trabajadores y trabajadoras de AVICU, llevan tres meses sin cobrar que aparte del drama personal que esto representa para ellos, lo es también para su entorno social y geográfico, la provincia y ciudad de Guadalajara. Cuatrocientos puestos de trabajo directos y otros tantos indirectos, son muchos para una ciudad de algo más de ochenta mil habitantes o para una provincia  de doscientos mil. No nos lo podemos permitir.

El problema fundamental es que se prioriza el derecho individual del empresario a la propiedad, frente a un derecho colectivo, el de los trabajadores y el de su entorno. Mientras las normas estén como están, es muy complicado resolver el grave problema social que se cierne sobre estos trabajadores y sus familias y también sobre la ciudad de Guadalajara, que ya conoce los efectos de estas crisis cíclicas. Por eso es fundamental el cambio de prioridades y el cambio del modelo social, porque si se mantiene el actual, únicamente pondremos los parches que éste prevé, pero no se va a evitar la liquidación de una empresa productiva que acabará con sus trabajadores en el paro y con los empleos y la riqueza que genera para la ciudad y provincia.

Es lógico que los trabajadores y sus representantes busquen resolver el problema concreto dentro del marco legal actual, porque es lo que necesitan en este momento, pero si este marco legal no contempla una intervención pública, que salve los puestos de trabajo y los empleos para recuperar la actividad en una empresa rentable, habrá que cambiarlo. Porque no es justo para el conjunto de la sociedad ni para los trabajadores afectados que una empresa rentable y con futuro que sostiene ochocientos empleos se vaya a pique por un empresario que está utilizándolos como moneda de cambio.

La actuación de las Administraciones competentes cuando tienen problemas los poderosos, suelen ser inmediatas. Cuando los promotores inmobiliarios se quejaron a Barreda, éste hizo un plan de viviendas VIPP con garantía de compra y se pusieron en marcha los procedimientos para hacer las modificaciones legales pertinentes. Cuando la banca lo ha requerido se han inyectado ¡cincuenta mil millones de euros! y se constituirán avales por ¡cien mil millones!. Creemos que los trabajadores de AVICU, en este caso, se merecen al menos la misma celeridad e interés con que se ha actuado en los otros casos. Seguramente no harán falta tantos recursos y habrá muchas más garantías de recuperarlos.

José Luis Maximiliano Romo. Coordinador Provincial de IU

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Una de las razones principales por la que el Ayuntamiento de Guadalajara ha decidido privatizar el servicio del agua es la necesidad de financiación municipal para acometer las inversiones y el gasto corriente que genera la actividad del Ayuntamiento.

La financiación se concreta en un canon inicial y otro anual. Tras conocer el Pliego de Condiciones que regirá el concurso, el primero podrá llegar a 15 millones de euros y se abonará en tres plazos en los primeros dos años y el segundo lo abonará en cada uno de los ejercicios presupuestarios y consistirá en un porcentaje de los ingresos, entre el 3 y el 8%. Además, la empresa deberá hacer una propuesta de inversión en el ciclo integral del agua, que puede llegar a los 10,3 millones de euros que, en teoría, no se repercutirán en la tarifa.

En los dos primeros casos, esos cánones que tiene que pagar la empresa van a incrementar ostensiblemente los costes de la gestión del agua. Dicho de otro modo, la empresa no va a regalar ese dinero al Ayuntamiento. Ese dinero lo vamos a pagar todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de Guadalajara. Pero, ¿cómo se traducirá esto en nuestros bolsillos? Siguiendo la nueva lógica del gobierno municipal (cuando estaban en la oposición hablaban de congelar la tasa del agua, aunque subieran los costes de dicho servicio) los costes del agua hay que repercutirlos en el recibo y los cánones que la empresa va a pagar al Ayuntamiento, van a ser parte de esos costes.

El canon inicial, si finalmente se fija en 15 millones de euros, supondrá una cantidad a amortizar anualmente de unos 960.000 euros (incluyendo intereses) y el canon anual sobre los ingresos del servicio, si finalmente llega al 8% será de unos 393.000 euros anuales, sobre los ingresos actuales. No obstante, Carnicero y De las Hera han afirmado que pueden llegar a recaudar 700.000 euros por este concepto, lo que supone ingresar 8.750.000 euros al año, 3,8 millones de euros más que en la actualidad (un 77,55%). Los ingresos del servicio, hoy por hoy, se producen única y exclusivamente por la tasa. Si esta afirmación de los máximos responsables municipales fuese verdad, nos podemos echar a temblar. El incremento del recibo estaría, incluso, por encima de lo que habíamos calculado inicialmente.

Con el dinero del canon inicial se arreglarán calles, se harán pistas deportivas, centros sociales y otras inversiones, no necesariamente ligadas al ciclo integral del agua, y con el dinero del canon anual se podrá pagar gasto corriente, se podrá dar subvenciones a entidades afines, etc...

Por tanto, como el dinero de los cánones se repercute en el recibo, con el mismo vamos a pagar las pistas deportivas, los centros sociales, así como otras inversiones, aunque no tengan nada que ver con el ciclo integral del agua, su mantenimiento y otros gastos corrientes. Y esto es lo más injusto de todo. Porque el precio del agua es el mismo para todos los ciudadanos y, en el caso de repercutir estas inversiones y gastos en el recibo del agua, estamos haciendo lo mismo que si se financiase con impuestos indirectos, que son aquellos que todos los ciudadanos pagamos por igual, sea cual sea el nivel de renta.

Pero es que, además, durante el periodo que dure la contrata la empresa adjudicataria hará inversiones en la red. No todas las va a pagar ella. El propio pliego establece que la financiación será a cargo del Ayuntamiento, de agentes urbanizadores y las que oferte la empresa que, de alguna manera, se van a repercutir también a los ciudadanos, porque no me creo que la empresa las regale sin más. Es decir, con el dinero que van a dar al Ayuntamiento, no se van a llevar a cabo inversiones relacionadas con el ciclo integral del agua sino que éstas serán sufragadas directamente por la empresa y repercutidas a todos nosotros de la forma más injusta posible: el recibo del agua, por mucho que el Equipo de Gobierno se empeñe en negarlo.

El Gobierno Municipal del PP va a imponer, por la vía de los hechos, una injusticia fiscal que a modo de eslogan resumiríamos así: ¡A la financiación municipal por el recibo del agua!

José Luis Maximiliano Romo. Concejal Portavoz de IU en el Ayuntamiento de Guadalajara

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Un magnífico ejemplar de cedro del Himalaya, cedrus deodara, que había logrado levantarse de forma majestuosa  en la Plaza de Moreno, frente al Palacio de la Diputación, ya no existe. En el mismo entorno hay ejemplares de la misma especie que, por fortuna, no parece que vayan a correr la misma, mala, suerte que el antes citado.

Ha sido talado el pasado jueves. No crean que los operarios de jardinería han procedido de forma inadecuada. Ni mucho menos. El pobre ya había fenecido muchas semanas antes. Se mantenía orgullosamente en pie, secas todas sus ramas con ese color ocre de unas ramas sin savia. Nada era verde en aquel ejemplar. Sus vecinos hermanos muestran verdes las hojillas puntiagudas de las plantas coníferas.

Podemos decir que, como muchos árboles urbanos en su misma situación, constituía en potencia un serio peligro para con los transeúntes y habituales de la tranquila plazoleta. Su muerte, entendemos que prematura al compararla con los otros cedros, quizás tenga que ver con una obra que se realizó, en su momento, en aras de la limpieza y mejor imagen de Guadalajara. Justo a escasos centímetros del tocón que queda, podemos ver las bocanas de los enterrados contenedores para los residuos sólidos urbanos, residuos que nos inundan en los hogares y en cualquier centro de actividad humana.

Ahí radica, entendemos, el problema y origen de su muerte. Al procederse al vaciado del suelo en la zona próxima al cedro, las miles de raíces que buscaban alimento en el subsuelo desaparecieron o fueron dañadas de forma irreversible. Logró sobrevivir meses a estas  heridas -subterráneas-, pero heridas mortales.

Este cedro quizás tenga el recuerdo de algunos que le conocimos y no será un árbol desconocido, parafraseando el título de soldado desconocido. Miles de otros pasan sin pena ni gloria a mejor vida por obra y gracia de actuaciones humanas poco respetuosas con estos seres, vivos también como nosotros, los superiores mortales.

Cuando vemos en muchas ciudades, también en márgenes de carreteras, como se abren y cierran zanjas pasando a escasa distancia de los troncos de cientos de esos árboles, sabemos que pueden haber sido heridos de muerte. No vemos la herida subterránea, pero pronto lo denotará y el proceso, variable en su duración pero inexorable, se cumplirá como ocurrió con este cedro del Himalaya de la Plaza Moreno, pero sus vecinos parece que gozan de buena salud para suerte de ellos y de los transeúntes.

Juan García Vicente

Asesor Medio Ambiente. Grupo IU Diputación Provincial de Guadalajara 

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Durante el debate sobre el cambio de modelo de gestión del servicio de agua en el Ayuntamiento de Guadalajara, sacamos a relucir un nuevo elemento al que nos habíamos referido anteriormente de forma tangencial (cuando hablamos de grupos de presión) y que por prudencia no quisimos reiterar, a pesar de ser un elemento fundamental que ha pesado mucho en la decisión de privatizar el agua, tanto o más que la cuestión de la financiación municipal, de la que hablaré próximamente.

La decisión de sacar este tema en el Pleno fue porque pudimos constatar en un diario económico de tirada nacional lo que inicialmente sólo sospechábamos, en una información que hacía referencia a la existencia de un grupo de presión, un lobby. Ya no eran sólo las afirmaciones del concejal de Izquierda Unida, que podían sonar a interesadas, era la denominación que el prestigioso diario daba a ese grupo de empresas, y de cuyo contenido se deducían varias cosas: que el agua se va a encarecer, que la intención es controlar la totalidad del “ciclo integral del agua”, que la constitución de ese grupo de presión obedece a ese interés y que la función del lobby, no es otra que presionar para conseguir el control (un lobby no es una ONG). Todos sabemos, además, que los intereses de las empresas que integran los lobbys son los mismos que defiende tradicionalmente la derecha. Por tanto, no sería de extrañar que la decisión del gobierno municipal de Guadalajara obedezca más a una consigna proveniente de otros ámbitos, que a una decisión autónoma.

Las declaraciones del presidente del lobby, Ángel Cajigas, no dejaban lugar a dudas: “El precio es uno de los más bajos de nuestro entorno europeo y si nos atenemos a la nueva política europea que nos pide la recuperación integral de los costes, habrá que modificar las tarifas”. O sea, que si lo aplicamos al caso concreto de Guadalajara, el agua va a subir y mucho, por más que el Alcalde de Guadalajara se desgañite afirmando lo contrario en los colegios, en los Centros Sociales, en los medios de comunicación o en el Pleno Municipal. Miente y él lo sabe.

Pocos dudan hoy de lo que va a pasar (al menos doce mil lo tienen claro). Si se privatiza el agua, los costes se van a disparar y se repercutirán en el recibo, y no lo dice sólo el concejal de Izquierda Unida, sino también la prensa especializada que pone en boca del Presidente de la Asociación Tecnológica para el Tratamiento del Agua (ATTA), lobby que engloba a las principales empresas del sector que “el precio del agua es muy bajo y que tiene que subir para recoger todos los costes”.

Quedó el Alcalde en que en esta semana la oposición iba a conocer el Pliego de Condiciones por el que se va a regir la adjudicación del servicio del agua en Guadalajara. Pues bien, estamos al final de la misma y no sabemos nada. Si fuera mal pensado, podría acabar diciendo que la causa del incumplimiento del alcalde es que el pliego de condiciones no ha pasado el examen del lobby que en Guadalajara, viene de su mano, de la mano del Alcalde del Partido Popular, Sr. Román. Pero a mí, no me gusta pensar esas cosas.

José Luis Maximiliano Romo.

Concejal Portavoz de IU en el Ayuntamiento de Guadalajara

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En estos días hemos asistido a diversos debates públicos sobre cuestiones muy importantes para la ciudad y sus vecinos y vecinas. Uno de ellos es recurrente y se produce todos los años: la financiación del Ayuntamiento de Guadalajara, las Ordenanzas Fiscales para 2009.

Respecto a esto hay que destacar el cinismo del Partido Popular que prometió en su programa electoral una “política fiscal moderada”. Como no se ha definido en el propio programa que es eso (la política fiscal moderada), uno recurre a las actuaciones que, antes de editar el programa, ha llevado a cabo quien lo propone. En ese sentido, durante toda la legislatura anterior, el PP ha estado pidiendo de forma muy vehemente, la congelación de tasas como el agua, el alcantarillado y la recogida de basura y la bajada del IBI en un 15%, por lo que hay que pensar  que es eso lo que entiende el PP por “política fiscal moderada”.

Esa política que planteaba el PP por boca del Sr. De las Heras, que es el que sabe de esto y que le ha “dejado el muerto” a otro para que defienda lo indefendible, es todo lo contrario a lo que ha aprobado el gobierno municipal en los dos últimos ejercicios.

Ahora, el concejal de Hacienda, riza el rizo diciendo que ellos cumplen su programa y que la política fiscal es moderada (el alcantarillado sube un 29 %, la recogida de basura un 12 % y el IBI un 6,9 %). ¡Menos mal que se han moderado! Para justificarse explican que hay una diferencia entre impuestos y tasas, que en la anterior legislatura se subieron más los impuestos que en ésta y que las tasas deben cubrir por Ley el coste del servicio.

Esto último, cantinela que se repite también desde otros ámbitos diferentes al político, es absolutamente falso. Una cosa es que se tienda a que las tasas cubran la totalidad del servicio que financian, pero la Ley no dice eso. La Ley de Haciendas Locales establece que: “el importe de las tasas por la prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación realizada.”

Como se ve, las tasas pueden no cubrir el coste del servicio. Se puede dar el caso de que el coste del servicio se dispare tanto en un año concreto, que no se repercuta en ese mismo año a los ciudadanos, sino que se haga paulatinamente en varios ejercicios, como ha planteado Izquierda Unida que hay que hacer con el alcantarillado y la recogida de basuras. Justificar el incremento brutal de algunas tasas diciendo que por Ley se está obligado a repercutirlo a los ciudadanos, es una falsedad que conviene aclarar, para que nadie se llame a engaño.

Son aquellos que teorizan que con menos impuestos se pueden mantener los mismos servicios, porque no se atreven a explicar a los ciudadanos la necesidad de los impuestos y las tasas, los que prometen bajarlos cuando están en la oposición y una vez en el gobierno,  los suben sin ningún pudor y se excusan en causas externas y en una legalidad inexistente para justificar sus incumplimientos programáticos.

José Luis Maximiliano Romo. Concejal Portavoz de IU en el Ayuntamiento de Guadalajara

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Por alusiones, me veo obligado a contestar la carta al director firmada por D. Juan Francisco Sánchez. Portavoz del PP del Ayuntamiento de Torrejón del Rey. En esa carta, el Portavoz del PP me acusa injustificadamente de “no aclarar a los medios que cubren las informaciones de Torrejón del Rey, que IU no forma parte de la Corporación Municipal”. Una vez más, el PP de Torrejón del Rey hace una interpretación torticera e interesada de la realidad; no sabemos si por un problema de asimilación de conceptos a la hora de leer o con la intención manifiesta de pervertir la verdad y acallar a Izquierda Unida. En cualquier caso se les nota bastante nerviosos para con una formación que, como bien dice este señor, no tiene representación en el Ayuntamiento.

El Señor Juan Francisco debería informarse mejor. Este no es el único medio, ni electrónico ni en papel, que se ha hecho eco de nuestra nota de prensa. Desde Izquierda Unida de Torrejón del Rey nunca nos hemos atribuido facultades que no tenemos, muy al contrario, en todas nuestras notas de prensa jamás nos hemos referido a nuestra Asamblea Local como Grupo Municipal, ni a mi mismo como representante en el consistorio... ni muchísimo menos como concejal. Es más, en nuestras notas de prensa nos quejamos de que “ninguno de los grupos municipales con representación” eleve a Pleno las Mociones que hemos presentado y que seguiremos presentando. Y que, en cualquier caso, lo hacemos no como grupo municipal sino amparados en el derecho constitucional de petición conforme lo establecido en el artículo 1 en relación con el 3 de la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición. Cree el ladrón que todos son de su condición, y de esta forma el Señor Juan Francisco ve en lo que es un simple error humano de trascripción en un medio de nuestra nota de prensa, una teoría conspiranoica de las que tanto gustan en el PP.

Todo esto no impide, por mucho que le duela al Portavoz del PP, que yo mismo sea el Representante de Izquierda Unida en el Municipio, que no en el consistorio, porque así lo decidieron mis compañeros de la Asamblea Local, que son quienes deben hacerlo. Para mayor abundamiento, le diré que si lee atentamente nuestra última nota de prensa, dejamos claro en uno de sus párrafos que “ESPERAMOS QUE LA CIUDADANÍA TOME BUENA NOTA PARA LAS PRÓXIMAS ELECCIONES MUNICIPALES Y COMPRENDA QUE IZQUIERDA UNIDA DEBE TENER REPRESENTACIÓN EN EL AYUNTAMIENTO”, creo que con esto sobran más comentarios.

En definitiva, entiendo que al señor Juan Francisco le moleste que una fuerza política sin representación en el Ayuntamiento esté aireando sus medias verdades y haciendo una oposición crítica y constructiva con propuestas claras desde la calle. Pero en esta carta creo detectar, además de esa molestia y el nerviosismo que conlleva, una intencionalidad de manipular a la opinión pública en nuestra contra, y de imponer a medios como este, la censura de nuestras iniciativas intentando desacreditar a Izquierda Unida  y bajo la amenaza velada de hacer lo mismo con su periódico si sigue haciéndose eco de nuestras Notas de Prensa.

Resulta, en cualquier caso, lamentable que recurran a tan vergonzosas maniobras, en un vano intento de perpetuar en el tiempo un obscurantismo político que viene siendo tónica habitual desde hace años en el municipio, haciendo lo posible porque todo quede en casa y limitando la participación ciudadana en la vida pública y en los debates importantes del municipio tanto como política o legalmente les sea posible. Plenos Ordinarios de 5 y 6 horas cada tres meses que si se anuncian es con suerte uno o dos días antes, sin exponer el orden de día y perdido en un rincón del más escondido tablón de anuncios de que dispongan son un buen ejemplo de ello. ¡¡Albricias!!, el último Pleno, el 15 de octubre, lo avisaron por primera vez mediante sistema de alerta por SMS justo el día antes. ¿Habrá tenido algo que ver, que varios miembros de nuestra asamblea se hayan dado de alta recientemente en este sistema?.

De muestra bien vale un botón. Lo último es que a pesar de que Izquieda Unida forma parte del Foro de la Agenda 21 Local, se nos ha denegado “de viva voz” el acceso al informe de Agenda 21 que recientemente ha recibido el Ayuntamiento, (anunciado así por el propio Alcalde en el último Pleno), con la excusa peregrina de que “no es definitivo”. Veremos si por escrito también tienen la poca vergüenza de denegarnos el acceso al mismo.

En cuanto a nuestra propuesta en torno al IBI, puede calificarla de irresponsable, irreal e incoherente si quiere, pero para hacerlo, como es costumbre en todos los problemas para los que no encuentran solución (que son la inmensa mayoría), vuelve a buscar culpables fuera de su propio municipio. Cuando no son otros municipios, es la Diputación y cuando no la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o el Gobierno de España. Es igual, este es su argumento para todo, argumento con el que como los malos estudiantes, siempre hay otro culpable para sus propios fracasos.

Desde luego, para irreal e irresponsable, la política de futuro del PP de Torrejón del Rey que basó en un P.O.M. que propone la construcción de 17.000 viviendas en solo 15 años y del que pretendía sacar los beneficios que tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, del que ya en Mayo de 2007 les veníamos alertando, y que ahora que se revela irrealizable, tiene que buscar la financiación con el IBI u otros medios, como por ejemplo la subida del agua… aunque esto último será otro capítulo.

Espero señor director, y señores lectores, que se me conceda por alusiones esta réplica, y confiando en su segura profesionalidad, no se dejen ustedes embaucar ni manipular por este señor, que lo único que busca es acallar una oposición crítica que le viene desde la calle.

Francisco Riaño Campos. Coordinador Local de Izquierda Unida de Torrejón del Rey

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Afortunadamente Torija puede empezar a respirar de forma mas agradable, por fin se ha dado la razón a los moradores de este municipio alcarreño que de forma continuada han venido denunciando los malos olores generados en la Planta de Residuos Sólidos Urbanos y que acoge la basura de toda la provincia.

    La semana pasada se despachaba la prensa provincial anunciando que la Junta ha invertido un millón de euros en dicha Planta, así lo referían en una visita a la misma, realizada por la Presidenta de la Diputación, y acompañada entre otros de Jesús Recuero,  que es el Diputado responsable del Área de Recursos Sostenibles provincial.

    Sin duda, la inversión realizada es muy importante y servirá para minimizar los olores pestilentes que de vez en cuando se expandían no solamente por Torija, sino también olía mal en las poblaciones cercanas.

    Conocemos que se ha utilizado la tecnología mas avanzada en esta materia, y los trabajos han consistido en cerrar mediante tarima flotante la balsa de lixiviados que son los líquidos derivados de la fermentación de las basuras, y que a su vez,  cuando esta balsa lo precise, estos líquidos, altamente contaminantes,  se deben llevar a una depuradora; así mismo también se ha instalado una cubierta metálica en la nave de afino, nave donde está el compost que es la fracción de materia orgánica, para evitar no sólo  la transmisión de olores, sino también las partículas que se generan durante las labores propias del tratamiento de las basuras.

    Como se evidencia por las obras realizadas, esta planta inicialmente no se construyó de forma correcta, de ahí los problemas y las críticas que se hicieron y hoy podemos afirmar desde Izquierda Unida de Torija, que tantas veces ha denunciado este problema, viendo como a los cuatro años de su funcionamiento, que no solamente nosotros teníamos razón, sino también se justifican las protestas de los vecinos y vecinas cuando se quejaban de estos malos olores. Afortunadamente, el tiempo nos ha dado la razón, y esta Planta en estos momentos es “menos chapuza”, porque poco a poco se va reparando inyectando dinero para dejarla en las mejores condiciones, pudiendo afirmar a día de hoy,  que los vecinos de Torija hemos recibido el asunto con una cautelosa alegría y el tiempo nos irá diciendo. Ahora bien, lo que se exige desde Izquierda Unida de Torija a las diferentes Administraciones afectadas en el tema, es que no se vuelva a engañar a los ciudadanos, y se diga la verdad en cuanto al estado de las instalaciones o de las obras.

    En esa misma visita, el Diputado Jesús Recuero responsable del Área de Medioambiente, anunciaba que la recogida selectiva de las basuras estará implantada y funcionando al “cien por cien” antes del 2011, y a Izquierda Unida de Torija, nos parece importantísimo, siendo una decisión muy acertada que precisamente este municipio sea y sirva como proyecto “piloto” para implantar la recogida selectiva integral y sirva también  de ejemplo como municipio de buenas prácticas en esta materia, para después extenderlo a todos los de la provincia.

    Advertimos y animamos, como no podía ser de otra forma, al Consorcio de Residuos,  responsable de este novedoso e interesante proyecto al que Izquierda Unida de Torija va a estar muy atento, no solo porque era una propuesta que llevábamos en nuestro Programa Electoral, sino porque es la forma adecuada y necesaria desde el punto de vista ecológico y medioambiental para tratar este tipo de residuos, ahora bien, en primer lugar es necesario apostar por él, realizar una planificación correcta,   destinar las partidas presupuestarias necesarias y sobre todo hay que contar con los vecinos y vecinas, pues sin ellos esta experiencia no puede funcionar.

    Por otro lado,  y si hay una implicación responsable de los ciudadanos en el sentido de que la separación de los residuos que generamos en nuestros domicilios se hace correctamente, facilita sin lugar a duda más y mejor el reciclaje, con lo que se ahorra de esta manera costes a las empresas explotadoras de los mismos, consecuencia por la cual,  las tasas e impuestos no tendrían por que encarecerse.

    Así mismo y en relación a todo esto, nos parece necesario expresar que con la llegada del Diputado responsable del área de Medio Ambiente se ha iniciado un camino que no tiene marcha atrás, sirva de ejemplo este gran   impulso realizado en materia de residuos, pudiendo constatar que Izquierda Unida puede participar del Gobierno en la Diputación a través y en estos momentos de Jesús Recuero,  y defender e impulsar sus propios proyectos o propuestas políticas como es el caso que nos ocupa.

    Hoy vemos con una cautelosa esperanza que Torija  puede recuperarse desde el punto de vista medioambiental, y ser un lugar mas habitable y con la calidad de vida que hace años tenía y que  nunca debió perder.

Izquierda Unida de Torija

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Hemos asistido, en los últimos años, a un proceso de convergencia en Europa que, como se ha demostrado, no ha servido para apuntalar la economía, a pesar de lo que se nos ha jurado y perjurado. Lo que está ocurriendo ahora, avala lo que hemos estado defendiendo desde la izquierda: que el proceso de construcción europea que se estaba llevando a cabo, de espaldas a los ciudadanos y basado en la libre circulación de capitales (a costa incluso de limitar los de las personas), tenía un destinatario único: los intereses económicos de los más poderosos, dicho de otro modo, del capitalismo.

    Los llamamientos para llevar a cabo una construcción europea basada en la universalización del estado de bienestar, con servicios públicos y de calidad, con un trabajo fijo y con derechos, con un acceso asequible a una vivienda digna, con pensiones públicas aseguradas, con los sectores estratégicos controlados por el Estado y no por las multinacionales, etc... Todos ellos cayeron en saco roto, no estaba en la agenda que la construcción europea se hiciese con esos parámetros, sino todo lo contrario. Por ello, la izquierda europea nos opusimos a la aprobación de la Constitución europea y al Tratado de Lisboa, que no sólo no los garantizaban, sino que eran los instrumentos que los más ricos necesitaban para seguir consolidando y aumentando sus privilegios.

    Las últimas actuaciones de los poderes públicos europeos no hacen sino ratificar que el proceso de construcción europea que ha triunfado hasta el momento es el de la Europa del capital frente a la Europa social. La directiva Bolkestein, la de la ampliación de la jornada laboral hasta 65 horas, la directiva de retorno, entre otras, muestran la verdadera cara de la construcción europea, que fía la consecución de la Europa social a la consolidación de la Europa del mercado.

    Los acontecimientos actuales han demostrado que no es posible construir la Europa social sobre la base del mercado. No es posible que sobre el objetivo fundamental del mercado, el beneficio (inmediato si puede ser), se construya la Europa social (el Mundo social). Uno y la otra son la antítesis. Esto es lo que tenemos que aprender los trabajadores, que somos la inmensa mayoría de los ciudadanos europeos.

    Ahora, cuando el fracaso del sistema se ha evidenciado en el mundo rico y afectará de forma más dura al mundo pobre, los poderes públicos han acudido al rescate. No había recursos para construir la Europa social, pero sí los hay para auxiliar a aquellos que han propiciado esta situación, para sanearlo y que vuelvan a las andadas. No es de recibo que estos recursos sirvan para eso. Esos recursos deben contribuir a sanear la economía sí, pero no para volver al mercado, que es la causa de la situación actual. Esos recursos deben servir para que los Estados tengan un control real de la economía, para crear un sector público bancario fuerte que vele por los intereses de la inmensa mayoría social, para crear un sector público empresarial fuerte, que controle los sectores estratégicos de la economía, y todo ello para hacer posible la Europa social: una Europa en la que todos tengamos los mismos derechos, una Europa en que tengamos el trabajo asegurado, una Europa con unos servicios sanitarios y educativos de calidad, de carácter público y universalizados. En definitiva, una Europa que tenga como objetivo fundamental el bienestar de sus ciudadanos y que sea capaz de exportarlo al resto del mundo, liderando ese proceso.

    Es posible hacerlo si el billón y medio de euros que se va a poner encima de la mesa para salvar el mercado se utilizase para ello. Es el momento de exigirlo.

José Luis Maximiliano Romo. Coordinador Provincial de IU de Guadalajara

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El Partido Popular prometió en su campaña electoral llevar la Feria al otro lado de la autovía. A un sitio que ellos llaman recinto ferial, cuya obra costó más de 4,2 millones de euros (709 millones de las antiguas pesetas), que “construyó” la empresa ACS y por la que percibió, como parte del pago, una parcela cerca de donde hoy se ubica un importante Centro Comercial, valorada en 600 millones de las antiguas pesetas (3,6 millones de euros). Hoy, ese recinto se revela como absolutamente inútil para el fin para el que se construyó, sobre todo tras la construcción del citado Centro Comercial. Se puede decir que 709 millones de pesetas se han tirado a la basura.

Tanto es así, que el Equipo de Gobierno Municipal se está planteando, sobre todo después de los últimos acontecimientos, si traslada o no la feria de septiembre a este lugar. La concejala de seguridad decía el otro día que dependería de los informes técnicos, el Concejal de Festejos asegura que sí, y el Alcalde guarda un silencio sepulcral al respecto.

Los dos trágicos acontecimientos ocurridos hace unas semanas, que tuvieron como escenario el cruce de Cuatro Caminos y la pasarela peatonal de acceso al Centro Comercial Ferial Plaza, han dejado en evidencia dos cosas: la primera, el deficiente sistema de seguridad de la obra, que permitió al suicida acceder a la pasarela; y la segunda, lo que puede ocurrir cuando los ciudadanos quieran acceder masivamente a ese lugar, si finalmente se pone allí la feria.

En cuanto a la pasarela, parece que lo más evidente es que hay que aumentar las protecciones, las medidas de seguridad tanto para los peatones como para los vehículos que circulan por la autovía, como así se ha anunciado ya. Ahora, deberíamos saber cuánto va a costar, quién lo va a pagar y cuánto se va a retrasar la finalización de la misma. Hay que recordar que antes de dar la licencia de apertura del Centro Comercial el Alcalde juró y perjuró que no habría licencia si no estaban todos los accesos terminados. Después claudicó y dio la licencia sin estar terminadas las obras, pero garantizando éstas con importantes avales. Tras el incumplimiento también de este plazo, poniendo como excusa las heladas de diciembre, se anunciaron sanciones que todavía no hemos visto y que ya veremos en que quedan, ahora que hay que negociar la protección de la pasarela. Ya veremos si se acaba definitivamente a finales de febrero, como ha anunciado el Concejal de Obras.

En el mejor de los casos, para las ferias se contaría con cuatro accesos al nuevo “recinto ferial”, si es que se trasladan finalmente allí: Cuatro Caminos, la prolongación de la calle Sigüenza, la pasarela si está terminada y el puente-prolongación de la calle Salvador Dalí (que habrá también que proteger). Durante el fin de semana de la feria se han medido picos de aforo al recinto ferial de casi 60.000 personas en la tarde noche. Como el acceso rodado al mismo será poco menos que imposible, la mayoría de la gente acudirá andando desde la ciudad. Por tanto, cada acceso sería utilizado aproximadamente por unas 15.000  personas en los momentos de más asistencia al recinto, muchas de las cuales no estarán en las mejores condiciones. Unas, atravesando la zona de Cuatro Caminos y muchas de ellas, pasando por dos puentes sobre la A2. En cualquier caso, preocupante. Esos accesos no son lo más apropiado para el movimiento de tanto personal.

El Alcalde tiene una difícil papeleta: ha estado toda la legislatura anterior exigiendo, con el estilo habitual del Partido Popular, el traslado del Ferial. Durante la campaña ha sido uno de sus ejes básicos. El año pasado prometió a los vecinos de la calle del Ferial que se lo llevaría de allí en 2008. Ahora, tendrá que elegir entre “mantenella” o “enmendalla”. Esperamos ansiosos su decisión.

José Luis Maximiliano Romo. Concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Guadalajara

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El Partido Popular de Guadalajara quiere soplar y sorber al mismo tiempo. Soplar en Diputación y sorber en el Ayuntamiento. (Coplilla popular que ya circula por los mentideros de esta ciudad).

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El martes día 18 de diciembre se celebrará el pleno extraordinario para votar la moción de censura presentada por PSOE e IU. Esta moción se ha presentado porque el PP en seis meses no ha superado la prueba de la gobernabilidad sobretodo por una cuestión importante, que ataña al bienestar de los ciudadanos y ciudadanas de Azuqueca, y es que no han sido capaces de hacer prácticamente nada. Esto lo ha venido denunciado y demostrando el Grupo Municipal de Izquierda Unida y lo hicimos público a través de nuestro periódico “La Izquierda”. La gestión del PP en el Ayuntamiento en estos seis meses, se puede resumir con los siguientes argumentos: Desgobierno; Descoordinación; Falta de Iniciativa; Incumplimiento de Promesas Electorales Claves; Imprudencia y Promesas Vagas.

En este punto quiero recordar a personas, como el Alcalde de Guadalajara, el señor Román, que el PP fue el partido más votado en Azuqueca, pero que no consiguió mayoría absoluta. En consecuencia, hay más concejales de la oposición que del gobierno y que la moción de censura es legítima y legal, recogida en el Titulo III, artículo 197, del capítulo IX, de la Ley de Régimen Electoral General. Lo que ocurre, es que al PP le duele haber perdido otra vez en Azuqueca, que siempre ha sido un pueblo mayoritariamente de izquierdas. Y me parecen impropias las palabras de un dirigente político como el señor Román, que además es senador, que diga que se va a continuar con el "régimen". Pues bien, como no podría ser de otra forma el único régimen que hay en Azuqueca es el democrático, afortunadamente, al igual que en Pastrana, por ejemplo, bastión de la derecha desde siempre y bello pueblo, donde al igual que en Azuqueca existe un régimen democrático, amparado en la Constitución. La única diferencia es que Azuqueca sociológicamente ha sido un pueblo progresista y de izquierdas, tradicionalmente, mientras que Pastrana sociológicamente ha sido un pueblo conservador.

Otros comentarios que he escuchado por la calle, es que el Pleno lo convocan a las 12 de la mañana para que la gente de derechas o del PP no pueda ir al Pleno. Pues bien, como no podría ser de otra forma, los grupos de la oposición han cumplido todos los requisitos legales para realizar la moción de censura que se recogen el la Ley de Régimen Electoral General. En primer lugar, el pleno no lo convocan los grupos de la oposición, por que no están en el gobierno, pero tampoco lo puede convocar el alcalde, sino que lo convoca el Secretario del Ayuntamiento, tal y como marca la Ley. Y éste queda convocado en los siguiente diez días hábiles a las 12 de la mañana tal y como se recoge en nuestro ordenamiento jurídico.

Por tanto la moción de censura no solo es legal, y tan legítima como el gobierno que ha habido hasta ahora, sino que precisamente se realiza por que el gobierno municipal del PP, se ha dedicado a prometer mucho y a no hacer nada, argumentando que el Ayuntamiento estaba en bancarrota, cosa que debería sonrojar a aquellos que lo dicen, por que ni falta que hace decir, que es una manipulación más de las suyas.

Eso sí y ahora me dirijo a los votantes de izquierdas, el PP saco 10 concejales por que cuando la gente se queda en su casa y aumenta la abstención, estadísticamente favorece siempre a la derecha. Ahora, además de gobernar, los partidos de izquierda, deberían buscar explicaciones a esa abstención, a buen seguro haya muchas explicaciones, que dejaremos para otro momento. En todo caso, ahora el nuevo gobierno municipal de Azuqueca debe de mostrarnos que mereció la pena hacer la moción, y estoy seguro de que así será. En otras palabras, más hacer y menos hablar.

"Actuar es fácil, pensar es difícil; actuar según se piensa es aún más difícil." J.W. Goethe

Iñaki Mañas García. Vecino de Azuqueca y militante de I.U.

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Se acabó una etapa. Comienza un nuevo ciclo. Las bases de Izquierda Unida han hablado y Gaspar Llamazares ha cosechado un respaldo mayoritario. Ya no hacen falta intérpretes de la voluntad general. Los números son explícitos; ahora toca respetar la voluntad de las personas que militan en IU, como tanto han reclamado algunos.

El proceso de primarias en IU ha significado un importante avance en los cauces de participación interna y el modelo de democracia de nuestro proyecto político. Se trata de una apuesta que demuestra, una vez más, nuestra forma de actuar, nuestra forma de hacer política, un modelo diametralmente opuesto al de los grandes partidos, convertidos exclusivamente en máquinas de poder peligrosamente semejantes. Comparten demasiados intereses y no siempre cercanos a los de la gente que dicen representar.

Las mujeres y los hombres de Izquierda Unida de Asturias han participado en estas primarias en un porcentaje muy elevado. Somos la tercera federación de IU en número total de votos. Los asturianos y asturianas hemos sido protagonistas de la victoria de Gaspar Llamazares. Como no podía ser de otro modo, los comunistas asturianos han sido fundamentales en estas primarias. El apoyo ha sido explícito.

La victoria de Llamazares supone también el respaldo incuestionable de las bases de IU a la política que ha desarrollado a lo largo de esta legislatura. IU es una izquierda exigente e influyente. Capaz de alcanzar acuerdos que han significado avances muy importantes para la sociedad española. IU ha sido decisiva en la configuración de la Ley de la Dependencia como derecho subjetivo. IU ha sido esencial para garantizar recursos que permitan poner en marcha una auténtica red pública de escuelas infantiles de 0 a 3 años. IU ha sido fundamental para que hoy sea posible una ley de la Memoria Histórica que es un primer paso para poner fin a un olvido injustificable y lamentable. Son sólo tres ejemplos que resumen una conscientemente silenciada labor parlamentaria de los diputados y diputadas de IU. No han ocupado grandes titulares pero han sido decisivos en la victoria de iniciativas parlamentarias de izquierdas que benefician a la gran mayoría de nuestra sociedad.

Y todo esto con cinco diputados en el Congreso. Con esta fuerza hemos conseguido importantes avances. El resultado de las primarias supone un claro mensaje de la militancia de IU: es hora de poner fin a las luchas cainitas que nada aportan y sólo persiguen erosionar el liderazgo de Gaspar. Ahora toca centrarnos en lo realmente importante: la propuesta política hacia la ciudadanía, las alternativas ante los problemas reales: un sistema fiscal que beneficia a los que más tienen con un PSOE que defiende el tipo único, un mercado laboral basado en la temporalidad y la desigualdad salarial, toda una generación de jóvenes condenados a sobrevivir con setecientos euros mensuales; los precios de los alimentos básicos que protagonizan una escalada sin precedentes, un sistema energético diseñado por las oligarquías económicas de las que los socialistas no quieren ni oír hablar, un mercado de vivienda que cada día excluye a más personas...

Es hora de abordar los problemas reales, de ofrecer soluciones desde la izquierda, de estar con la gente, con sus dificultades, de escuchar. Es el momento de la Política, con mayúsculas. Y para ello será imprescindible la implicación de la sociedad.

En unos meses, la sociedad española tendrá la ocasión de expresar su voluntad mediante las urnas. Será la oportunidad de demostrar que hay otra forma de gobernar, que se puede hacer política de otra forma. Y no son meras palabras, son hechos, porque en Asturias lo hemos demostrado. Cuando Izquierda Unida formó parte del Gobierno autonómico se demostró que había consejeros que lejos de estar encerrados en sus palacios tenían las puertas de su despacho abiertas de par en par, recorrían Asturias, estaban al lado de la gente, convertían sus promesas en hechos y no derrochaban los recursos públicos (el dinero de todos). Estos últimos cuatro años, nuestra presencia en el Gobierno constituye nuestro aval. Somos una fuerza política de la izquierda transformadora que es capaz de abordar los problemas de la gente, de poner en marcha políticas dirigidas a mejorar el bienestar social, a extender la cooperación entre los pueblos y a garantizar derechos sociales y ciudadanos. El cambio es posible.

Jesús Iglesias

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Estimado Vicepresidente:

Le dirijo este escrito a propósito de las poco acertadas declaraciones que ha realizado sobre la reunión de IU con el PP, ya que gracias a la ley del embudo electoral que aprobó su partido, no tenemos ningún diputado en las Cortes que le pueda expresar estas opiniones en directo, a pesar de que tenemos casi 40.000 votos mientras que cada diputado de su partido está elegido por unos 22.000.

La acusación que hace al PP de juntarse con los extremistas de IU y de que hay un matrimonio de conveniencia, es un claro intento, por su parte, que además no coincide con su exquisita educación, de hacer una maniobra típica de distracción a la ciudadanía, con estas tonteces, para que no se hable del fondo de la cuestión como es el vergonzoso déficit democrático en las Cortes de Castilla-La Mancha y que los ciudadanos se pregunten el por qué el Tribunal Superior de Justicia ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional sobre la ley electoral, por si se han vulnerado los derechos fundamentales de la ciudadanía.

No hace falta que le explique que ideológicamente estamos más lejos del PP que vd., y su partido. Pero la racionalidad del pensamiento y nuestras convicciones democráticas, nos llevan a reunirnos con quien libre y soberanamente no parezca oportuno sobre todo para hablar de la democracia que sus ley electoral le usurpa a una parte importante de ciudadanos y ciudadanas de Castilla-La Mancha. 

¿O es que pretende vd. controlar también y hasta cuestionar con quién se tienen que reunir los partidos en Castilla-La Mancha? ¿Es que los “extremistas” de IU, dejamos de serlo cuando apoyamos alcaldías del PSOE como en Toledo o Albacete y tantas más, y nos convertimos en “extremistas” cuando dirigimos escritos al PP y PSOE, que su partido ni se ha dignado en contestar, solicitándoles una reunión para hablar de justicia electoral en Castilla-La mancha?.

¿No se da vd. cuenta, Sr. Lamata, que con estas calificaciones pierden credibilidad su educación y sus buenas maneras?.

Le invito, Sr. Lamata, a que deje de hacer intoxicaciones tan infantiles y acepte la reunión que le hemos pedido desde IU para que nos explique, porqué predica la igualdad de los ciudadanos ante la ley y aprueba y aplica una ley para que su voto en las urnas, el de Vd.,  tenga más valor que el de un votante de Izquierda Unida.

Le invito Sr. Lamata a que nos reunamos para intentar un acuerdo decente, también con el PP,  por el que Castilla-La Mancha se equipare a las Comunidades Autónomas de nuestro nivel en la representatividad democrática en sus Cortes, y dejemos de ser la vergüenza en el conjunto del Estado de estar en entredicho hasta en el Tribunal Constitucional por mantener una Ley Electoral que sólo tiene la finalidad de perpetuarles eternamente en el poder absoluto en Castilla-La Mancha.

Cordialmente,  

Cayo Lara Moya. Coordinador Regional de IU.

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Acabamos de pasar el 12 de octubre y el Sr. Rajoy y su Partido Popular, se han propuesto que todos los ciudadanos y ciudadanas hagamos exhibición pública de nuestro “nivel de españolidad”. ¿Por qué? ¿Qué quiere ganar el PP con esto? ¿Quizá allanarse el camino a la Moncloa? Pues bien vamos a ir en este país como lo consiga, si quien nos dirige es una persona que ha hecho de la confrontación, la crispación social y el nacionalismo excluyente, del “estás conmigo o estás contra mí”, su proyecto político. Es, como mínimo, para echarse a temblar.

Aquí en Guadalajara, su máximo responsable, nuestro Alcalde el Sr. Román (corbata con banderita española incluida) ha decidido invertir el dinero público (de todos) en moqueta, mástil y bandera, para hacer “como Dios manda” una jura de bandera y podamos así, todos los guadalajareños de a pie, demostrar nuestro amor a la patria. Un acto en el más puro estilo de una derecha nostálgica de tiempos pasados.

El PP ha decidido, sin el más mínimo rubor, autoerigirse en único defensor de la Constitución y apropiarse de sus símbolos. Convendría, antes que nada, recordarles que su homólogo en el momento de la redacción y aprobación de la Constitución, Alianza Popular, no la votó a favor.

Yo, por mi parte y aún pecando de ingenuidad, prefiero seguir pensando que hay cosas que no son propiedad de nadie, y lo son de todos, y que nos gusten o no, representan a una democracia que costó muchos años de lucha y sufrimiento conseguir, y a una Constitución que propugna como valores principales, el pluralismo político, el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones, la libertad, la igualdad, la participación social y la no discriminación por razón alguna... En fin, a una España plural, heterogénea y tolerante.

Estoy convencida de que los españoles y españolas seguimos apostando por estos valores, por una España donde la libertad sea una realidad y no un eufemismo, por una España donde quepamos todos y todas, mal que les pese a los señores del Partido Popular.

Por todas estas razones, y algunas más (sigo prefiriendo una República), YO NO IRÉ A BESAR LA BANDERA.

Elena Loaisa Oteiza. Coordinadora Local de IU de Guadalajara

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El Consejo de Ministros aprobó el viernes un trasvase a Murcia de 69 Hm3, 37,6 Hm3 para consumo humano, según dicen. En principio nada que objetar si es verdad que se destina a este fin, pero cuando analizamos los antecedentes nos crea serias dudas que el destino sea el que se dice. En el último año hidrológico, que acabó el 30 de septiembre, se han aprobado trasvases a Murcia para consumo humano por una cantidad de 135 Hm3. El trasvase establece un máximo para abastecimiento de poblaciones de 110 Hm3 por cada año hidrólógico, por lo que esta claro que se ha rebasado el máximo legal. Una población como la de Murcia con 1.370.000 habitantes, a razón de 250 litros por habitante y día consumiría 125 Hm3 de agua al año. Pues bien el agua trasvasada durante el año hidrológico que ha terminado en septiembre representa un consumo de 285 litros por persona y día. 

La cada vez mayor demanda que se produce en Murcia nos lleva a cuestionar el verdadero destino del agua. Si se trasvasa una cantidad de agua suficiente para abastecer sin problemas a una población de casi 1.500.000 habitantes cuando en Murcia viven 1.370.000, si finalmente se envían 31,4 para regadío, si se anuncian urbanizaciones en Murcia con campos de golf, piscina y otras instalaciones similares, y si además el Presidente de la Comunidad de Murcia dijo en su día que el agua no la quería para regar lechugas, es lógico pensar que una parte de esa agua no va a los campos, sino al ladrillo. Es lógico pensar que si determinadas comunidades de regantes venden el agua a los regantes murcianos porque les es más rentable que regar sus campos con ella, ¿por qué no va a ser más rentable que algunos empresarios agrícolas murcianos la revendan después a los promotores inmobiliarios? El modelo de desarrollo urbanístico que se está produciendo en Murcia, además de insostenible es insolidario. Insostenible porque no se basa en sus propios recursos: Murcia no tiene agua suficiente ni para tantos regadíos, ni para tantos campos de golf, ni para tantas urbanizaciones. Insolidario porque no duda en detraer recursos a otros territorios para hacerlo 

De cualquier forma las legítimas protestas de todos los agentes afectados en nuestra provincia por los trasvases no fructificarán mientras no se modifique la normativa del trasvase, principal causa del problema. Recordemos que son trasvasables como máximo al año 600 Hm3 al Levante y 50 a La Mancha en base a las normas actuales de explotación y por ello es una cuestión prioritaria deshipotecar al Tajo de esta carga.             En Izquierda Unida tenemos una propuesta para ello: aumentar la reserva estratégica como mínimo a un 20 % de la capacidad total, descontando el efecto de los lodos; deshipotecar de forma inmediata 300 Hm3  y la totalidad de trasvase cuando se pongan en marcha las desaladoras, utilizar el agua de los embalses de cabecera para abastecimiento en caso de emergencia, para fomentar el desarrollo sostenible de la zona y para mantener un caudal ecológico en el Tajo suficiente que contribuya, junto con otras actuaciones, a mantenerlo más limpio en todo su recorrido.             De no atacar el fondo de la cuestión, cada vez que se produzca un trasvase repetiremos la consabida letanía de lamentos a la que estamos acostumbrados y esperaremos pacientemente a que se produzca el próximo.  

José Luis Maximiliano Romo. Coordinador Provincial de Izquierda Unida.

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Que los colores se han hecho para satisfacer todos los gustos, lo sabemos y aprendemos desde niños. Lo explicaban siempre los abuelos a partir de un viejo refrán que pretendía contentar a todos, independientemente del “gusto” que tuvieran. Pretendían conseguir, de esa manera, que nadie  pudiera quedar insatisfecho por no tener ningún color favorito. “Para gustos, los colores” se decía, y todo el mundo se sentía feliz con tan sencilla y  rotunda confirmación.

De este modo, el  refrán resultaba integrador, democrático, universal.

Ocurre lo mismo con los sabores: Dulces, salados picantes, agrios, afrutados con mil frutas, ahumados o incluso insípidos, los sabores  también son “democráticos” (a nadie le amarga un dulce) y sirven de excusa además, para formar Clubs de Gourmets y otras asociaciones variopintas, como la de los amigos del  percebe, o los amantes del jamón de Jabugo, que tampoco están de más.

Sin embargo el olor es otra cosa. El olor no es democrático. El olor es discriminatorio, perverso, excluyente en según que ambientes. Marca diferencias irreconciliables entre los seres vivos, agrede sin piedad nuestras pituitarias, da bofetadas a unos y a otros, arremete contra los muy delicados (o los muy exigentes), cataloga y vincula oficios, profesiones, territorios, países y hasta clases sociales. ¿Huelen igual los ricos y los pobres?.

Con el olor no suelen hacerse bromas. De vez en cuando, en algún arrebato de amor, o en alguna circunstancia de similar importancia, alguien (y casi siempre para justificar el socorrido regalo que le hizo ayer por su cumpleaños) le dice al otro: “que bien hueles, cariño”, pero las más de las veces los olores se intentan confundir unos contra otros, en un alarde de transformismo digno del Doctor Jekill y mister Hayde. Vamos que no queremos oler a lo que olemos y nos embadurnamos con potingues diversos para modificar los naturales y ecológicos efluvios que periódicamente producimos.

Es, lo que ocurre en Valdeluz. Resulta que la gente quiere vivir en el campo, pero sin su olor. Hay pues que quitarle el olor al campo. O en su defecto cambiárselo. ¡¡Nada de abonos malolientes en nuestros campos!!, que  para eso está la química. Hay que abonar la física con la química y prescindir de la ética, que ya estamos en el siglo XXI.

Que un agricultor quiere abonar sus campos con estiércol (bendito seas estiércol), pues se le abre un expediente. ¡¡Qué se habrá creído el muy estúpido!!. Con lo que me ha costado a mi conseguir el dinero suficiente para realizar esta inversión inmobiliaria en Valdeluz, para que venga ahora un campesino a fastidiarme con sus abonos de mierda (nunca mejor dicho, ni traída la expresión). Me quejaré al concejal de ¿Guadalajara? Y que le ponga las pilas a este desaprensivo agricultor.

Pero, a estas alturas de la vida: ¿A quién se le ocurre abonar sus campos con los excrementos de otros bichos?. ¿Habrase visto tamaño despropósito?. Así nos van las cosas en España… Y así.

Desconozco los detalles del “montón” de estiércol acumulado en el poblado de Villaflores, pero espero que los guardianes de las “esencias administrativas” no la emprendan contra quienes quiere seguir abonando sus campos con estos maravillosos productos que salen de los intestinos de los herbívoros.

Cambiar de lugar de residencia es magnífico si a uno no le obligan a hacerlo,  y puede permitírselo. Abandonar  la ciudad para ir a vivir  al campo es una opción digna de consideración y que merece un respeto, incluso incentivos financieros, si el objetivo final fuera volver a poblar una parte de nuestros núcleos rurales abandonados a su suerte durante  muchas décadas pasadas. 

Pero de eso a  fumigar el campo con perfumes va un abismo. Al final el esperpento no consistiría sólo en vivir en un llano llamado Valdeluz, sino en vivir en un campo llano, con olor a Chanel nº 5.   

José Antonio López Palacios

Responsable de Medio Ambiente de Izquierda Unida de Guadalajara               

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Que la “capa” que forma el ozono alrededor de la Tierra resulta vital, para que los humanos podamos  aguantar un poco más de tiempo en este planeta, no es tema de discusión entre las personas medianamente informadas. 

De ahí que cuando esta “capa” de gas situada en la estratosfera  empieza a resquebrajarse, debido fundamentalmente a la acumulación de otros gases que, de manera harto irresponsable, producimos los humanos, empiezan a saltar las alarmas, entre los científicos comprometidos con el desarrollo sostenible; los políticos que desean aplicar las medidas que harán posible tal desarrollo, pero que necesitan unos votos que nunca llegan a ser suficientes;   los ecologistas que piden más compromiso de unos y otros y las gentes bien informadas que no alcanzan, alcanzamos, a comprender los motivos por los que seguimos  produciendo unos gases tan nocivos para  nuestra salud y para la  del propio planeta.

Conviene saber, no obstante, que hay “dos ozonos”. Por decirlo de manera sencilla, uno “bueno” y otro “malo”. El “bueno” o estratosférico es el que  nos protege de las radiaciones ionizantes que provienen de nuestro sol, y el “malo” o troposférico, es el resultado no deseado de la combinación de los gases que producen las industrias, el tráfico y otras actividades contaminantes, con los rayos solares.

 El ozono troposférico resulta nocivo y peligroso para la salud, por lo que es necesario extremar las precauciones para que sus concentraciones periódicas no pongan en peligro las expectativas en cuanto a la calidad de  vida de las personas y  la salud de las plantas  y animales que habitan con nosotros. 

 Y es que el ozono, como si de un Guadiana gaseoso se tratase, aparece y desaparece al compás de la incidencia solar sobre la atmósfera que nos toca respirar. Y como, además, este gas ni se ve, ni se huele, ni se saborea, resulta especialmente conveniente que sean las Administraciones públicas, quienes se preocupen por tenernos puntualmente informados, no vaya a ser que algún día de estos salgamos a la calle y recibamos por sorpresa un “ozonazo” de órdago que nos deje  patidifusos sin saber cómo ni por qué.

Porque lo más sorprendente de este enemigo invisible es que no se manifiesta allí donde se produce la contaminación genérica que todos conocemos, sino que aparece en lugares alejados de las zonas emisoras de contaminación, incluidos parques nacionales, islas paradisíacas o dehesas asilvestradas.

Es precisamente esto  lo que ocurre con frecuencia en la ciudad de  Guadalajara que padece altas concentraciones de ozono troposférico  provenientes de las zonas industriales del Corredor del Henares y de la Comunidad de Madrid.

En Guadalajara hay dos estaciones de control que dependen de la Junta de  Comunidades, una en la capital y otra en Azuqueca. Además, el Mº de Medio Ambiente gestiona otra en Campisábalos. Es necesario informar puntualmente a la población sobre las concentraciones de ozono troposférico en nuestra ciudad sabiendo que hay tres umbrales básicos: entre 120 ug/m3 -180 ug/m3; entre 180 ug/m3 – 240 ug/m3 y de 240 ug/m3 en adelante.

 Ningún umbral o nivel de contaminación es aceptable’ o ‘recomendable’. Lo ideal sería el umbral cero. Hay que seguir exigiendo, como hace la OMS que los niveles de este ozono “malo” sean reducidos a su mínima expresión. La presión que ejercen los grupos industriales ligados al  sector del automóvil debe ser contestada para impedir que sus intereses primen sobre la salud de los habitantes del planeta.

Izquierda Unida pide:

1.- Una información adecuada de los niveles de ozono en las ciudades donde existan estaciones de control,  conectando los datos  con pantallas informativas en la calle y en  las entidades  administrativas que dispongan de ellas.

2.-  Que sean lugares de especial atención informativa los espacios en los que se practiquen actividades deportivas, los hospitales y los centros educativos.

3.- Que la Junta de Comunidades realice mediciones puntuales en las zonas del Corredor del Henares limítrofes con la Comunidad de Madrid para conocer de inmediato los niveles de ozono troposférico.

4.- Que la  página web de información de la calidad del aire, que depende de la Consejería de Medio Ambiente,  sea de acceso sencillo y ágil para que todos los ciudadanos interesados puedan disponer en tiempo real de una  información comprensible.

José Antonio López-Palacios Villaverde
Responsable de Izquierda Unida de Guadalajara.

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Los promotores de campos de golf en cualquier sitio, y al precio que sea, atacan de nuevo. Hay quien dice, además, que ha llegado la hora del golf en Guadalajara porque el agua que albergan nuestros embalses está “lejos de los límites que prohíbe el trasvase“ y porque también se ha olvidado ya la sequía de los años 2005 y 2006.

 ¿De verdad se ha olvidado ya la sequía de esos años?

 Y: ¿Quiere esto decir que existe una vinculación entre las sequías y los campos de golf? ¿Es (o debe ser) la sequía un condicionante a la hora de instalar campos de golf en zonas áridas? ¿Qué es una zona árida? ¿Puede ser que una zona árida (como Almería) pueda disponer de más agua (y por supuesto muchos más campos de golf) que una zona menos árida como Sigüenza? Por otro lado: ¿Es Valdeluz una zona húmeda, seca, semiárida o árida?

Ahora resulta que el gerente de Alcarria Golf Valdeluz olvida seguramente el hecho fundamental del agua, porque ni es su problema ni le importa, y además porque puede que pase de todos nosotros.

En Valdeluz no hay agua. Ni para un campo de golf ni para los miles de personas que presumiblemente habitarán las viviendas que languidecen allí a la espera de que alguien las compre.

¿Era necesaria --¿qué es necesidad?-- una  ciudad en ese lugar?  Para nosotros NO. ¿Es necesario un campo de golf en un lugar carente de agua? Para nosotros NO. ¿Merece la pena crear un problema social y ambiental para luego intentar buscar una solución que, de facto, hipotecará el futuro de las generaciones venideras? Nosotros decimos que NO. ¿No sería mejor pensar antes y mejor las cosas para no tener que buscar soluciones “in extremis” después? En Izquierda Unida pensamos que SI.

Según los datos del Boletín Hidrológico del Ministerio de Medio Ambiente, la presa de La Tajera, que es la que regula los caudales del Tajuña está, este año, en los niveles más bajos de su historia (12 hectómetros en julio de 2007). ¿De verdad no les preocupa la sequía?  A nosotros SI.

Es de ahí de donde se saca el agua para  regar  el campo de golf de Valdeluz. No de la depuradora virtual (porque no existe) de la que nos hablan, y de la que no nos enseñan planos, ni dan cifras del volumen de agua “reciclada” que supuestamente debería producir.

Nos quieren seguir engañando con el señuelo de la riqueza que crean los campos de golf. Pero en sus balances no cuentan las “externalidades” necesarias para su construcción, mantenimiento y explotación de los mismos. La herencia que dejan a los municipios en los que se asientan será, en muchos casos, imposible de resolver. Cuando los vecinos de Yebes, Horche, o los propios de Valdeluz no tengan agua que llevarse a la boca, y vean como los aspersores de ese campo de golf  riegan a cualquier hora las verdes praderas que caprichosamente dicen necesitar los golfistas para jugar, veremos la respuesta que darán los alcaldes a sus enfadados vecinos.

La irresponsabilidad de quienes permiten desarrollos urbanísticos, con campos de golf o sin ellos, sin tener en cuenta las consecuencias insostenibles que para el entorno tendrá su actuación, no debe pasar desapercibida para los ciudadanos de a pie ni para los medios de comunicación. El agua es hoy un recurso cada vez más escaso y debemos ser conscientes de ello para priorizar el uso que queremos hacer de él. Es necesario impedir que se siga consumando el despilfarro de agua en campos de golf.

Gastar agua de boca para regar campos de golf es una irresponsabilidad de tal magnitud que Izquierda Unida nunca dejará de cuestionar. En ello estamos.

José Antonio López-Palacios Villaverde

Responsable de Medio Ambiente de  Izquierda Unida

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 “Si los técnicos de la Junta dan un informe favorable, el campo de golf se hará”, dice (y se queda tan “pancho”) D. Francisco Domingo, Alcalde de la ciudad de Sigüenza. Vamos que para qué nos vamos a molestar nosotros y el resto de los ciudadanos (y otros muchos  técnicos)   en opinar cualquier  cosa. Todo se reduce, en palabras del alcalde de Sigüenza al informe “favorable” de “unos”  técnicos.

Y entrecomillo lo de “unos”, porque  técnicos (haberlos, haylos)   hay muchos, y además los hay para todos los gustos. Por ejemplo los técnicos de Izquierda Unida, tras estudiar el terreno en cuestión y los informes que hasta hora han caído en nuestras manos, hemos opinado que el campo de golf que se pretende instalar en el paraje conocido como “El Montecillo”, es un  “ecologicidio”  de primera magnitud.  Y algunos  técnicos de Ecologistas en Acción, o de Greenpeace, o de muchas Universidades de Castilla-La Mancha y de España seguro que opinarían lo mismo que nosotros si se les preguntase. Algunos ya lo están haciendo, y no sobre el golf en particular, sino sobre la ubicación de muchas de estas instalaciones en terrenos inapropiados para esta práctica deportiva.

 Es como si en Alaska se empeñaran  en  celebrar esas  carreras de camellos tan bonitas y vistosas (que además dejan muchos dinares en las arcas de los  estados correspondientes)  que habitualmente  se pueden ver  en los desiertos de  Túnez, Mauritania  o Sudán. Seguro que “técnicamente” sería posible transportar mil millones de toneladas de arena del desierto del Sáhara hasta los  helados puertos del Círculo Polar,  pero a nadie, en su sano juicio,  se le ha ocurrido tal desatino porque la empresa resulta ecológica, social  y culturalmente ruinosa, aunque económicamente pudiera resultar rentable que los lapones y los esquimales practicasen un deporte tan “exótico”  en sus helados territorios.

 Vamos que tenemos una opinión contraria a la que manifiestan los “técnicos” que ha contratado la empresa Segontia Golf que es quien pretende construir el “polémico campo”.

Se trata una vez más, y ya verán como no va a ser la última, de un  disparate. Los técnicos, como no puede ser de otra manera, deben realizar su trabajo con profesionalidad y entregarlo a tiempo a quienes deben tomar las decisiones políticas de hacer, o no hacer, un campo de golf , una urbanización  determinada, o cualquier otra actuación urbanística que sea. Pero enmascarar las decisiones políticas  que uno quiere tomar (¿o no quiere Ud. construir el campo de golf, Sr. Alcalde?) y esconderse tras los informes de los técnicos, es un despropósito que  deja  a los políticos sin margen de maniobra y su trabajo “vacío de contenido”. ¿Para qué queremos entonces al  Alcalde si cuando hay que tomar decisiones trascendentales para la conservación de un territorio, estas se reducen al informe favorable o desvaforable  de unos técnicos?

Los Alcaldes no pueden estar sólo para lo que les gusta. Vestirse de príncipe del Renacimiento (o de Señor del Castillo)  en las fiestas de Sigüenza es un detalle que hay que tener en cuenta a la hora de votar. Pero  además deben tratar de  defender los valores ambientales de su tierra, que son otros que los del desarrollo sostenible y el bienestar de todos los vecinos de sus municipios. Sr. Alcalde,  no se  esconda tras los papeles y los informes de algunos técnicos. Yo me ofrezco, por cada informe favorable que emitan unos  técnicos,  a enviarle al Ayuntamiento de Sigüenza dos informes desfavorables de otros tantos “técnicos”……..Ah Sr. Alcalde, un día quedamos y le presento a un montón de ecologistas que viven, trabajan y veranean en la maravillosa ciudad de  Sigüenza. Verá como también se puede aprender de ellos.

José Antonio López-Palacios Villaverde

Responsable de Medio Ambiente de  Izquierda Unida              

Por fin el Partido Popular ha desvelado el lugar donde van a ir las Ferias de este año. Y las ferias irán en el recinto ferial, no en el Paseo del Ocio, en el SP10 (junto al Hotel Meliá y lo que será el Corte Inglés), sino en la calle del Ferial, donde llevan realizándose casi toda la vida.

El Partido Popular se ha pasado la legislatura anterior criticando al Equipo de Gobierno por no llevar el Ferial al otro lado de la autovía, en el espacio que ellos “habilitaron” cuando gobernaban. Hay que recordar que por la “habilitación” de este espacio para recinto ferial, la empresa ACS nos cobró la friolera de 709 millones de las antiguas pesetas (608 pagados con terrenos municipales y 101 en metálico) en el año 2002. Ya entonces, en Izquierda Unida dijimos que éste no era el lugar más adecuado y que el diseño y la disposición lineal del “recinto ferial” no eran los más apropiados y denunciamos que quien más ganó en la operación fue la citada empresa.

Las razones que el concejal Jaime Carnicero ha aducido para mantener las ferias en la calle Ferial son prácticamente las mismas que las que el anterior gobierno planteó: los accesos, la falta de otros servicios y de espacio. Y la falta de espacio no es sólo debida a las obras de El Corte Inglés, sino también al propio diseño del recinto ferial, que es lineal y poco apropiado para ese uso. Esto ha sido reconocido de forma implícita por el Sr. De las Heras, primer Teniente de Alcalde y concejal de urbanismo, cuando en una entrevista a un conocido medio local publicada el 1 de julio dice que hay que “ampliar el sector 10 para agrandar el recinto ferial”. O sea, que es pequeño.

La conclusión a la que llegamos es la siguiente: Se gastaron casi 4.300.000 euros en un recinto que no sirve para nada porque es pequeño y que ahora hay que agrandar, que no tiene accesos adecuados (los que hay previstos a día de hoy tampoco lo son) y al que, de momento, no se pueden llevar las ferias, cosa que ahora reconoce el Partido Popular, después de cuatro años de estar manteniendo lo contrario.

Ahora habrá que explicar cuanto va a costar la ampliación del futuro recinto Ferial que ha anunciado el Sr. De las Heras (¿otros 4.300.000 euros?) y como se va a financiar. Pero lo único cierto y verdad es que este año las ferias van al ferial, pero al de la Calle Ferial , lo demás son sólo excusas. Lo cierto y verdad es que durante estos años, el Partido Popular ha estado prometiendo, en este y otros temas,  lo que sabía que no podía cumplir, manipulando a la opinión pública faltando a la verdad o con verdades a medias y engañando a los ciudadanos. Ha estado haciendo lo que mejor sabe hacer: mucha demagogia.

José Luis Maximiliano Romo

Concejal Portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Guadalajara